Yvonne Yánez.  Tegantai, Agencia Ecologista <www.agenciaecologista.info>

Acaba de iniciar en Nueva York la discusión del borrador del “Documento Cero” (1) que saldrá de la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable Rio+20. El documento “El futuro que queremos” será la base de las negociaciones desde ahora hasta la cumbre mundial que se llevará a cabo en Río de Janeiro en junio del 2012.

En la conferencia de Rio’92, también conocida como Cumbre de la Tierra, se llegaron a varios acuerdos: La Agenda 21, los Principios de Río, y las bases para la Convención de Diversidad Bilógica y de Cambio Climático. En junio de este año, se habrán cumplido 20 años de aquella Conferencia de 1992.

El documento Borrador Cero inicia el debate global sobre la “economía verde” con miras a que se convierta en el nuevo paradigma del llamado desarrollo sustentable. El concepto ideológicamente fraguado en 1992 de desarrollo sustentable procuraba cuestionar al mal desarrollo pero en la práctica estaba reforzando el mismo modelo capitalista depredador con un tinte ambientalista. La evidencia es clara: 20 años después, el balance ecológico resulta devastador.

El Borrador Cero de “El futuro que queremos” es una pieza más en el avance del capitalismo verde y lastimosamente las Naciones Unidas se han convertido en su principal aval. En él se afianzan los principios neoliberales del crecimiento como meta, el mercado como gestor de la sustentabilidad, la adjudicación de precios sobre todo lo inimaginable y la necesidad de planes de ajuste estructural.

Además refuerza el voluntarismo, que acaba con uno de los principios de Río como es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, convierte a las corporaciones en líderes de la sustentabilidad y entrega el destino del planeta a las instituciones financieras internacionales.

El día de hoy intervino la delegación de Ecuador señalando que “es fundamental reconocer que las múltiples crisis, la financiera, económica, energética, alimentaria y climática, son síntomas de la crisis del modelo económico y de los estilos convencionales de desarrollo.  No podemos ignorar que la causas estructurales de la insostenibilidad del modelo de desarrollo actual no han sido removidas, por lo cual es inviable trabajar en propuestas de maquillaje” (2). Lastimosamente, las palabras vertidas a nivel internacional no se conduelen con las políticas a nivel nacional que profundizan el modelo que se pretende criticar.

En Nueva York, son pocas las voces que han manifestado verdaderas críticas al documento y a la propuesta que se entrama por detrás. El escenario está dado. Ahora debemos definir las estrategias para el proceso de Rio+20, que se deben tejer con las resistencias locales, con campañas a nivel nacional y alianzas a nivel internacional.

Porque se viene el lobo vestido de oveja (3).

Desde NNUU, Nueva York,

Ivonne Yánez

NOTAS:

(1) Se puede descargar el documento Borrador Cero aquí:

http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=324&menu=23

(2) Intervención de Helga Serrano, Representante del Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador en las Discusiones Iniciales sobre el Borrador Cero

del Documento Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20), Nueva York, 25-27 de enero de 2012.

(3) Alusión al texto de Edgardo Lander “La Economía Verde: el lobo se viste con piel de cordero” preparado para TNI, diciembre 2011.

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Describir la génesis del Estado es describir la génesis de un campo social, de un microcosmos social relativamente autónomo dentro del mundo social que lo engloba, en el que se juega un juego particular: el juego político legítimo. Tomemos como ejemplo la invención del Parlamento, lugar donde se debate sobre cuestiones que oponen a grupos de interés, reglamentariamente, siguiendo reglas, públicamente. Marx sólo había visto las bambalinas del asunto: el uso de la metáfora del teatro, de la teatralización del consenso, oculta el hecho de que hay personas que mueven los hilos y de que los verdaderos problemas, los verdaderos poderes estarían en otra parte. Hacer la génesis del Estado es hacer la génesis de un campo donde lo político va a actuarse, a simbolizarse, a dramatizarse reglamentariamente.

Entrar en este juego de lo político legalizado, legitimo, es tener acceso a ese recurso gradualmente acumulado que es “lo universal”, en la palabra universal, en las posiciones universales a partir de las cuales se puede hablar en nombre de todos, del universum, de la totalidad de un grupo. Se puede hablar en nombre del bien público, de lo que es bueno para el publico y, al mismo tiempo, apropiárselo. Eso está en el principio del “efecto Jano”: hay personas que tienen el privilegio de lo universal, pero no se puede tener lo universal sin monopolizar al mismo tiempo lo universal. Hay un capital de lo universal. El proceso según el cual se constituye esta instancia de gestión de lo universal es inseparable de un proceso de constitución de una categoría de agentes cuya propiedad es apropiarse de lo universal.

La cultura garantizada
Tomo un ejemplo del campo de la cultura. La génesis del Estado es un proceso durante el cual se opera toda una serie de concentraciones de diferentes formas de recursos: concentración de los recursos de la información (la estadística a través de las encuestas, los informes). de un capital lingüístico (oficialización de un dialecto que es erigido como lengua dominante, de modo que todas las demás hablas son sus formas depravadas, descarriadas o inferiores). Este proceso de concentración va de la mano con un proceso de desposeimiento: constituir una ciudad como capital, como lugar donde se concentran todas esas formas de capital, es constituir la provincia como desposeimiento del capital; constituir la lengua legítima es constituir todas las demás lenguas como dialectos. La cultura legítima es la cultura garantizada por el Estado, garantizada por esta institución que garantiza los títulos de cultura, que emite los certificados que garantizan la posesión de una cultura garantizada. El Estado se encarga de los programas escolares. Cambiar un programa es cambiar la estructura de la distribución del capital, es hacer que se deterioren algunas formas de capital. Por ejemplo, eliminar el latín y el griego de la enseñanza es condenar al poujadismo a toda una categoría de pequeños portadores de capital lingüístico. En todos mis trabajos anteriores sobre la escuela había olvidado por completo que la cultura legítima es la cultura del Estado…

Al mismo tiempo, esta concentración es una unificación y una forma de universalización. Allí donde estaba estaba lo diverso, lo disperso, lo local, está lo único. En un trabajo que realicé con Germaine Tillion, comparamos las unidades de medida en diferentes pueblos cabilas en una área de 30 km: encontramos tantas unidades de medida como pueblos. La creación de un patrón nacional y estatal de unidades de medida es un progreso hacia la universalización: el sistema métrico es un patrón universal que supone un consenso, un acuerdo sobre el sentido. Este proceso de concentración, de unificación, de integración es acompañado por un proceso de desposeimiento, ya que todos esos saberes, esas competencias que se asocian a estas medidas locales, son descalificadas. En otras palabras, el propio proceso por el que se gana en universalidad es acompañado por una concentración de la universalidad. Hay quienes quieren el sistema métrico (los matemáticos) y quienes son remitidos a lo local. El propio proceso de constitución de recursos comunes es inseparable de la constitución de esos recursos comunes como capital monopolizado por parte de quienes poseen el monopolio de la lucha por el monopolio de lo universal. Todo este proceso -constitución de un campo; autonomización de ese campo respecto de otras necesidades; constitución de una necesidad específica respecto de la necesidad económica y doméstica; constitución de una reproducción específica de tipo burocrático, específico respecto de la reproducción doméstica, familiar; constitución de una necesidad específica respecto de la necesidad religiosa- es inseparable de un proceso de concentración y de constitución de una nueva forma de recursos que pasan a pertenecer a lo universal, en todo caso a un grado de universalización superior a los que existían antes. Se pasa de un pequeño mercado local al mercado nacional, ya sea a nivel económico o simbólico. En el fondo, la génesis del Estado es inseparable de la constitución de un monopolio de lo universal, cuyo ejemplo por excelencia es la cultura.

Todos mis trabajos previos pueden resumirse del siguiente modo: esta cultura es legítima porque se presenta como universal, como disponible para todos, porque en nombre de esta universalidad se puede eliminar sin temor a quienes no la poseen. Esta cultura, que aparentemente une pero en realidad divide, es uno de los grandes instrumentos de dominación, porque están aquellos que tienen el monopolio de esta cultura, monopolio terrible puesto que no se puede reprochar a esta cultura ser particular. Incluso la cultura científica no hace más que empujar la paradoja a su limite. Las condiciones de la constitución de este universal, de su acumulación, son inseparables de las condiciones de la constitución de una casta, de una nobleza de Estado, de “monopolizadores” de lo universal. A partir de este análisis, podemos proponernos como proyecto universalizar las condiciones de acceso a lo universal. Por ende, es preciso saber cómo: ¿hay que desposeer a los “monopolizadores” para lograrlo? Claramente, no es por allí donde hay que ir a buscar.

Intercambios simbólicos
Para ilustrar lo que he dicho sobre el método y el contenido terminaré con una parábola. Hará unos treinta años en una noche de Navidad, fui a un pequeño pueblo de Béarn para ver un baile de campo. Algunos bailaban, otros no. Algunas personas, de más edad que el resto y con un estilo campesino, no bailaban, hablaban entre si, disimulaban para justificar su insólita presencia. Deberían estar casados, ya que cuando uno está casado ya no baila. El baile es uno de los lugares de intercambio matrimoniales: es el mercado de bienes simbólicos matrimoniales. Había un alto porcentaje de solteros: 50% en el rango de edad de 25-35 años. Intenté encontrar un sistema explicativo de este fenómeno: antes había un mercado local protegido, no unificado. Cuando se constituye lo que llamamos “Estado”, hay una unificación del mercado económico a la que el Estado contribuye con su política y una unificación del mercado de los intercambios simbólicos, es decir, el mercado de la compostura, de la ropa, de la persona, de la identidad, de la presentación. Estas personas tenían un mercado protegido, con base local, en el que tenían un control, lo cual permitía una especie de endogamia organizada por las familias. Los productos del modo de reproducción campesino tenían sus chances en ese mercado: seguían siendo vendibles y encontraban jovencitas.

En la lógica del modelo que he mencionado, lo que sucedía en ese baile era el resultado de la unificación del mercado de intercambios simbólicos: el paracaidista de la pequeña ciudad vecina que llegaba comportándose con arrogancia era un producto descalificante, que quitaba su valor a ese competidor que es el campesino. Dicho de otro modo, la unificación del mercado, que se puede presentar como un progreso, al menos para las personas que emigran, es decir las mujeres y todos los dominados, puede tener un efecto liberador. La escuela transmite una postura corporal diferente, formas de vestir, etc., y el estudiante tiene un valor matrimonial en ese nuevo mercado unificado, mientras que los campesinos son desclasados. Allí se encuentra toda la ambigüedad del proceso de universalización. En el caso de las jóvenes del campo que parten a la ciudad, que se casan con un cartero, etc., hay un acceso a lo universal. Pero ese grado de universalización superior es inseparable del efecto de dominación. Esta unificación del mercado tiene como efecto prohibir de facto la reproducción biológica  y social a toda una categoría de personas.

En esa misma época había estado trabajando con un material hallado de casualidad: los registros de las deliberaciones comunales de doscientos habitantes durante la Revolución Francesa. En esa región, los hombres votaban por unanimidad. Llegan decretos que dicen que hay que votar por mayoría. Deliberan, hay resistencias, hay un bando y otro bando. Poco a poco gana la mayoría: tiene tras de sí lo universal.

Hubo grandes discusiones en torno a este problema planteado por Tocqueville en una lógica de continuidad/discontinuidad de la Revolución. Sigue habiendo un verdadero problema histórico: ¿cuál es la fuerza específica de lo universal? Los procedimientos políticos de esos campesinos de tradiciones milenarias muy coherentes fueron arrastrados por la fuerza de lo universal, como si se hubieran inclinado ante algo más fuerte lógicamente: procedente de la ciudad, una puesta en discurso explícita, metódica y no práctica. Se han convertido en provincianos, en locales. Las actas de la deliberaciones se transforman: “Habiendo decidido el prefecto…”, “El Ayuntamiento se ha reunido…”. La universalización tiene como revés un desposeimiento y una monopolización. La génesis del Estado es la génesis de un lugar de gestión de lo universal y a la vez de un monopolio de lo universal y de un conjunto de agentes que participan del monopolio de hecho de esa cosa que, por definición, pertenece a lo universal.

Pierre Bourdieu
1930-2002, sociólogo
Texto inédito extractado de los cursos sobre el Estado
que dictó en el Collège de Francia entre 1989 y 1992
© Le Monde Diplomatique, nº 151, Enero de 201

http://laciudadfutura.blogspot.com/2012/01/las-dos-caras-del-estado-un-texto.html

Desde hace un buen tiempo atrás, distintos medios de comunicación nacional e internacional se han venido ocupando del gobierno indígena de Bolivia, sobre todo, intelectuales mestizos de la “clase media pequeño burgués”, vienen recreado la temática indigenista a partir de la “Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU”, con muy poca reflexión por los intelectuales kechuas, aymara o amazonenses de la hoy mal llamada América del Sur. Recientemente en el dominical de Página 7 del  8/Enero/012: Ideas Política y artes, ha consagrado una interrogante “¿Qué  significa identificarse  indígena en el país”…La condición indígena en Bolivia, un debate que no tiene fin.  En este mismo periódico, el 15 del presente mes, aparece otro comentario referido a la “hispanidad latinoamericana”, que presumiblemente de esta manera se inicia el renacimiento del espíritu de reconquista del “íbero-mestizo sudamericano”, que en próxima nota abordaremos el tema.

Considero que es importante hacer una breve mirada retrospectiva de nuestro proceso civilizatorio tiwanakota y tawantinsuyano, para alumbrar las equivocaciones imprimidas por los colonizadores del siglo XVI y sus herederos  criollo-mestizos republicanos. A la luz de los hechos etnohistóricos de hoy, se constata, que en territorio tawantinsuyano no hubo imperios, propiedad privada, ni clases sociales, que son el sustento teórico de muchos intelectuales de la derecha y la izquierda para descalificar los saberes y conocimientos de los hombres y mujeres que construyeron nuestra civilización tawantinsuyana, que no tiene parangón en el mundo. Aquí, los procesos civilizatorios de las cuatro regiones tawantinsuyanas se desarrollaron dentro de los Florecimientos Culturales Regionales (FCR), con sus propias características socio-económicas, políticas y culturales, diferentes a los Modos de Producción Europea (MP), que evidentemente tiene su propio proceso de desarrollo y evolución.

En 1492, el ilustre judío-cristiano Cristóbal Colón, a los primeros habitantes del continente abyayalense, los adgetivisó como “INDIOS”. Este adjetivo racista ha servido por centenares de años como instrumento de colonización hispanista y latinoamericano, como un arma eficaz para sojuzgar y despreciar a los primeros habitantes de la hoy mal llamada América Latina-Hispana. Sobre todo, ha servido para negar la identidad pluricultural de las distintas expresiones étnico-culturales del continente. En el territorio Tawantinsuyano, ocurrió la misma conducta racista de los criollos-mestizos, que con el término “indio”, implementaron toda una política colonial que llegó a institucionalizar el genocidio, el etnocidio y el terracidio, que perdura hasta la actualidad (1526-2012).

Los llamados indios, a lo largo de la historia colonial española y republicana han enfrentado violenta y pacíficamente la envestida bárbara (barbudos) de los puka kunkas españoles, por el que se hicieron propietarios del territorio, de los recursos naturales y de los hombres y mujeres kollasuyanos y tawantinsuyanos. El despojo ha sido bendecido por la iglesia católica que benefició al monarca español y sus descendientes hispanos latino sudamericanos en particular. Esta identificación obedecía a la necesidad de consolidar la expansión colonizadora del Vaticano a la cabeza del Papa Bórgia, para lo que se empeñaron en “cristianizar y  castellanizar al indio salvaje”, para acrecentar la grey de Dios y las arcas del rey.

Durante la república (1809-2012), el adjetivo “indio” se ha mantenido en la misma esencia del racismo español, alternándose con el adjetivo menos agresivo, postulado por los mestizos escribientes de la década del 30 del siglo pasado, como consecuencia de la creación de los Institutos Indigenitas Interamérica (III), que tuvo su partida de nacimiento con el Presidente mexicano Lázaro Cárdenas de México. Los criollos-mestizos latino-sudamericanos desde su posición de poder económico y político, emprendieron políticas públicas de asimilación, desarrollando el indigenismo paternalista, para amainar las rebeliones e insurgencias históricas y políticas del pueblo kechua, en contra de los terratenientes, gamonales civiles, clericales y militares que se adueñaron de las tierras comunitarias, ricas en minerales, caucho, guano de islas, gas, petróleo y otras riquezas naturales de los kechuas, aymaras y amazonenses principalmente.

Como se comprenderá, hoy día tenemos expertos que definen quién es “indio, indígena, campesino”, incluso la Nueva Constitución de Bolivia consagra estos conceptos para identificar a los pueblos y naciones descendientes de la gran civilización tiwanakota, donde no hubo indios, indígenas ni campesinos. Lo que ha existido han sido pueblos ancestrales como los lupakas, urus, pukinas, kollas de lengua kechua o aymara, como también los ashaninkas, shipibos, tupiguaraníes, takanas y otros pueblos de la amazonía kollasuyana-tawantinsuyana. Estos pueblos han definido y consolidado sus naciones como resultado de su proceso civilizatorio, que los invasores españoles y latino sudamericanos no han entendido hasta el día de hoy, de ahí que ha sido más fácil asimilarlos al desarrollo socioeconómico y político de los modos de producción clasista europeo.

Ahora bien, a partir de la institucionalización del colonialismo mental republicano observamos, como el colonialismo salvaje de la colonia y de la república han negado y niegan la IDENTIDAD PLURICULTURAL de los primeros habitantes de la civilización tiwanakota-tawantinsuyano, para imponer la identificación social como bolivianos (Bolívar), latinoamericanos, sudamericanos (Américo Vespucio), que hacen coro a las denominaciones de indio (sin dios), indígena (indigente), campesino, proletario, pequeño burgués, burgués (clasificación marxista). De otro lado, adjuntan la denominación de clase alta, media y baja (percepción burguesa) en oposición a la identificación clasista de los dogmáticos marxistas latinoamericanos. Todas estas identificaciones no responden a la definición de la identidad cultural, la pertenencia territorial y a la personalidad etno-histórica de los kechua hablantes, aymara hablantes y los plurilingües hablantes de la amazonía.

Es importante señalar que existe una gran diferencia entre “identidad” e “identificación”, sea esta cultural o territorial con conceptos asimilatorios, recreados por los intelectuales mestizos, que inconcientemente se expresan no pertenecientes a una identidad cultural. Ser latino americano por ejemplo, no es expresión de identidad cultural, mucho menos de pertenencia territorial ni personalidad etnohistórica de los kechuas, aymaras, amazonenses y de otros pueblos que habitan el territorio ancestral tawantinsuyano, hoy colonialmente denominado “Sudamérica”. Lo mismo se puede decir, de lo peruano, chileno, argentino, ecuatoriano, que son identificaciones del terracidio emergente de la guerra de la independencia de los españoles americanos del ochocientos. La república define su identidad colonial como nacionalidad y no como nación.

En Bolivia y Sudamérica no se ha iniciado aún un debate serio, sobre la identidad pluricultural, plurilingüe y plurinacional, como consecuencia de la colonización mental, instituida por los estamentos de la república unitaria. La proclamación de que: “Bolivia se constituye en Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,…” (Art. 1º de la Nueva Constitución Política del Estado boliviano). Aquí vale señalar que no se esta constitucionalizando el Estado Plurinacional, sino, Bolivia como un “Estado Unitario Social”, que no tendría mayor diferencia que el “Estado-Nación  de Derecho Positivo” de la Bolivia republicana. En consecuencia, ¿Qué diferencia hay entre el derecho plurinacional y el derecho positivo? ¿El derecho romano es sustento del derecho positivo y cuál del derecho plurinacional?, son algunas preguntas para el debate y de esta manera encontrar correctamente el carácter de la sociedad y todo lo que implica descolonizar el Estado desde el Estado. Entiendo que los “especialistas” del tema como Chivi, Alvo y Spedding nos tienen las respuestas, sin embargo, sería importante que los profesionales e intelectuales kechuas, aymaras digan su palabra, en el sentido de sí se identifican como indígenas o rescatan su identidad cultural tiwanakota-tawantinsuyano.

* PhD. Etnólogo-Antropólogo Kechua

La Paz, 16 de Enero del 2012.

El lunes 23 de enero los medios difundieron que, en el contexto de la celebración del centenario de la muerte de Eloy Alfaro, Rosa Mireya Cárdenas, Secretaria de Pueblos y ex militante de Alfaro Vive Carajo, entregará la espada de Alfaro al presidente Rafael Correa. Recordemos que en el año 1983 el grupo guerrillero sustrajo las espadas de Alfaro y Pedro José Moncada del Museo Municipal de Guayaquil, acto simbólico con el cual daban inicio a su lucha revolucionaria.  Ante esta esperada y lamentable noticia que muestra la complicidad de estos ex guerrilleros con la intención del Gobierno de auto declararse heredero de la Revolución Alfarista, es necesario hacer algunas aclaraciones.

El pasado lleva consigo un índice temporal mediante el cual queda remitido a la redención. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y como a cada generación que vivió antes que nosotros, nos ha sido dada una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. No se debe despachar esta exigencia a la ligera. Algo sabe de ello el materialismo histórico.  (tesis 2)

La reivindicación que el grupo guerrillero AVC hizo del proceso de la Revolución Alfarista y de su máxima figura el General Eloy Alfaro, no expresa una identificación con el proyecto político-económico Alfarista, reconociendo lo avanzado del mismo, sino fundamentalmente la reactualización de la dignidad de los pueblos que luchan por justicia, así como el ejercicio de la libertad, no de la burguesa, sino de aquella fundamental capacidad humana de crear y recrear mundo, siempre buscando que sea un mundo más justo donde el ser humano pueda hospedarse en un buen convivir.  La recuperación de las luchas pasadas no significa repetirlas ni terminarlas, es decir, la invocación a la gesta alfarista no significa de ninguna manera ni repetirla, ni terminar lo que quedó inconcluso.

La recuperación del pasado de lucha es un salto dialéctico, no a lo que fue, sino a lo que pudo ser y no fue, al punto exacto previo al acontecimiento, lo que no significa, por supuesto, concluir lo inconcluso. Significa asumir la dignidad, la fuerza, el deseo de justicia y  la libertad para crear otro mundo enfrentando al enemigo en su forma presente. Como bien dice Benjamín “Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido». Significa  adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro.” (tesis 6) De los peligros presentes, de los desafíos presentes no los de hace 150 años. Las promesas del progreso  basadas en el desarrollo industrial, el crecimiento económico y el dominio tecnológico de la naturaleza que era parte del proyecto Alfarista en las condiciones y los problemas actuales ya no son de ninguna manera justos ni liberadores, de hecho eso ya lo observó Benjamín hace mas de medio siglo y lo expuso en la siguiente texto.

El conformismo, que desde el principio ha estado como en su casa en la socialdemocracia, no se apega sólo a su táctica política,  sino además a sus concepciones económicas. El es una de las causas del derrumbamiento ulterior. Nada ha corrompido tanto a los obreros alemanes como la opinión de que están nadando con la corriente. El desarrollo técnico era para ellos la pendiente de la corriente a favor de la cual pensaron que nadaban. Punto éste desde el que no había más que un paso hasta la ilusión de que el trabajo en la fábrica, situado en el impulso del progreso técnico, representa una ejecutoria política. La antigua moral protestante del trabajo celebra su resurrección secularizada entre los obreros alemanes. Ya el «Programa de  Gotha» lleva consigo huellas de este embrollo. Define el trabajo como «la fuente de toda riqueza y toda cultura».

Barruntando algo malo, objetaba Marx que el hombre que no posee otra propiedad que su fuerza de trabajo «tiene que ser esclavo de otros hombres que se han convertido en propietarios».  No obstante sigue extendiéndose la confusión y enseguida proclamará Josef Dietzgen: «El Salvador del tiempo nuevo se llama trabajo. En… la mejora del trabajo…  consiste la riqueza, que podrá ahora consumar lo que hasta ahora ningún redentor ha llevado a cabo». Este concepto marxista vulgarizado de lo que es el trabajo no se pregunta con la calma necesaria por el efecto que su propio producto hace a los trabajadores en tanto no puedan disponer de él.  Reconoce únicamente los progresos del dominio de la naturaleza, pero no quiere reconocer los retrocesos de la sociedad. Ostenta ya los rasgos tecnocráticos que encontraremos más tarde en el fascismo.

A éstos pertenece un concepto de la naturaleza que se distingue catastróficamente del de las utopías socialistas anteriores a 1848. El trabajo, tal y como ahora se le entiende, desemboca en la explotación de la naturaleza que, con satisfacción ingenua, se opone a la explotación del proletariado. Comparadas con esta concepción positivista demuestran un sentido sorprendentemente sano las fantasías que tanta materia han dado para ridiculizar a un Fourier.

Según éste, un trabajo social bien dispuesto debiera tener como consecuencias que cuatro lunas iluminasen la noche de la tierra, que los hielos se retirasen de los polos, que el agua del mar ya no sepa a sal y que los animales feroces pasen al servicio de los hombres. Todo lo cual ilustra un trabajo que, lejos de explotar a la naturaleza, está en situación de hacer que alumbre las criaturas que como posibles dormitan en su seno. Del concepto corrompido de trabajo forma parte como su complemento la naturaleza que, según se expresa Dietzgen, «está ahí gratis». (tesis 11)

Esta reflexión nos permite entender que la recuperación de la memoria de las luchas que libraron las generaciones pasadas, entre ellas las que participaron en la Revolución Alfarista, solo es posible cuando somos capaces  de enfrentar los retos del presente, cuando no hay miedo de asumir la libertad necesaria para inventar otro mundo. El pasado resplandece en el presente solo en la medida en que seamos capaces de concebir nuevas relaciones humanes, de imaginar nuevas instituciones, de desplegar la existencia sin desarrollo, de construir  fuentes de energía menos dañinas, de producir para el consumo humano y no para la acumulación de capital, de recuperar la comunidad y la propiedad comunitaria, en fin, de aprender a vivir, a convivir de otra  manera, no solo entre los humanos, sino con la naturaleza.  El pasado de lucha se pierde, se lo aniquila, se lo momifica cuando en su nombre se sostiene las condiciones de opresión y explotación que hacen del mundo un mundo de injusticias.

De esto poco o nada saben los funcionarios de la Revolución Ciudadana, en eso si que coinciden con algunos ex AVC, en su incapacidad de mirar más allá de los marcos del capitalismo, en su miedo a desafiar la historia presente, y sobre todo en su disposición a obedecer las imposiciones del capital.

Parafraseando la Tesis 10 de Benjamín bien se podría decir que estos “revolucionarios” con su testaruda fe en el progreso, la modernidad y el desarrollo; con su confianza en su masa de votantes; y su servil inserción en el aparato capitalista son piezas claves en las nuevas rearticulaciones del capital regional y mundial. Esto dice de lo difícil que resulta al pensamiento de la Revolución Ciudadana una representación de la historia y de la política que ciertamente evite toda continuidad y complicidad con la historia y la política liberal burguesa. Difícil y sobre todo costosa, pues implicaría que estén dispuestos a renunciar a los privilegios que han conseguido en su calidad de funcionarios del capital y su historia de injusticias, a la que se siguen aferrando.

Está claro que la “recuperación” que el Gobierno está haciendo de la Revolución Alfarista, ahora en complicidad con los ex AVC gobiernistas, lejos se encuentra de la actualización del contenido popular y revolucionario de la misma. Sin embargo, podría ser que esta “recuperación” implique una continuación del proyecto liberal alfarista que, según han dicho, estaría inconcluso.   Pero no, ni siquiera va por allí.

Por sobre  los discursos construidos por la Revolución Ciudadana, en los cuales afirman que su proyecto es la continuación del proyecto de Alfaro, por lo cual se autodefinen  sus herederos legítimos tal como los  ex AVC en el Gobierno que nunca comprendieron lo que se jugó en la lucha de los 80s, observemos la política real del Régimen para ver si esta auto identificación tiene  coherencia. El Gobierno ha ofrecen modernizar, industrializar y desarrollar el país, hacerlo progresar, intención que se sostiene en el supuesto de que los conflictos actuales del país, de la región y del mundo es idéntica a la de hace 150 años. Sin embargo en estos cinco años de Revolución Ciudadana lo que se ha llevado a cabo es la continuación de la re-primarización de la economía; los proyectos económicos centrales de su modelo productivo, como sabemos, son la ampliación de la frontera de explotación petrolera, iniciar la explotación minera a gran escala, la producción de biocombustibles y la venta de servicios ambientales. Actividades económicas que seguirá desarrollándose al interior de la transferencia de riqueza al capital transnacional privado, mixto y estatal. No es difícil observar que la política economía de la Revolución Ciudadana, de apertura al capital transnacional en sus actuales formas, nada tiene que ver  con una voluntad de soberanía nacional,  mucho menos plurinacional.

Algo fundamental: este Gobierne no tiene ninguna intención de llevar adelante una verdadera reforma agraria, en eso repiten el proceso Alfarista ahí, justo ahí, recupera el alfarismo.  Recordemos que la Revolución Liberal no  hizo la reforma agraria en  1895, manteniendo de esta manera el concertaje. Como dice Carlos Lasso Cueva “… traicionando los postulados antifeudales  de esa revolución tan alabada, que solo tuvo un carácter político, pero no social.”  Hoy Tampoco se hace la reforma agraria manteniendo la reconcentración de la tierra y la acumulación por desposesión.

En el campo del manejo político lo que hemos visto es la implementación de un modelo  autoritario de control político social e ideológico, que busca la eliminación de la participación política de la sociedad, vía destrucción de los movimientos sociales y sus organizaciones políticas. Esto y no a otra cosa es la criminalización de la lucha social, la persecución y los juicios contra dirigentes populares, el discurso racista, el control de la comunicación, el clientelismo basado en los subsidios, la manipulación del discurso del nacionalismo y el socialismo.

Existe además otros hechos que abiertamente contradicen el proyecto liberal alfarista, como por ejemplo: el decreto 1780, la política contra el aborto, la forma en que el presidente se refiere a las asambleístas de A.P, los discursos racistas que se han emitido desde altos funcionarios del gobierno y en varias de sus propagandas políticas, solo por citar algunos casos.
Por otra parte, muchos de los que participan en el gobierno de la Revolución Ciudadana, así como sus últimos protegidos, (Dahik), más que herederos de Alfaro  parecen ser de García Moreno, Veintimilla y Plaza. Cosa curiosa.

En definitiva, con estos ejemplos de las líneas económica y políticas que están siendo implementadas por el régimen, el gobierno de la Revolución Ciudadana, guardando las distancias propias de épocas históricas distintas, es más parecido a los gobiernos conservadores que a la de los liberales de aquella época. Se parece más al gobierno garciano que al alfarista.
Para qué decir más, con todo esto lo que se puede observar es una utilización de la figura de Alfaro y del proceso de la Revolución Alfarista, uso abusivo que produce un vaciamiento de su contenido político democrático, no se diga del contenido político revolucionario dado por el pueblo que participó en aquel proceso.

Lo triste, lamentable y absolutamente cuestionable es el juego de complicidades en el que han caído los ex AVC que ahora son parte del Régimen. Dentro del espectáculo que el Gobierno ha montado con el argumento de conmemorar los 100 años de la muerte de Alfaro, como ya se dijo, han comprometido la entrega de uno de los símbolos de lucha más importantes de la Revolución Alfarista. Basados en el argumento del Gobierno de que su Revolución Ciudadana es la continuación de la Revolución Alfarista, arbitrariamente ofrecen la espada del General Eloy Alfaro.  Pobre argumento que sin embargo implica: por un lado, el empobrecimiento del proceso alfarista, es decir de la dignidad y fuerza transformadora de la lucha de los campesinos, indígenas, negros y montubios de aquella época y, por el otro, el gratuito enriquecimiento de un proceso que nada tiene de transformador. Un proyecto que quiere aprovechar la historia de lucha del pueblo ecuatoriano para beneficio de los intereses del capital local y global.

La intención es clara: usurpar un proceso que no les pertenece ni en su dimensión histórica –Revolución Liberal- menos aún en su dimensión a-histórica  «tiempo – ahora» de la redención (Tesis 14). Ahora bien, la intención no significa que se realice, la espada de Alfaro, símbolo de la lucha del pueblo, de su tiempo de redención, nunca la van a poder usurpar hagan el show que hagan. Primero, quién dice que esa es la espada del Viejo Luchador. Segundo, la espada no es un pedazo de metal, sino un símbolo que contiene la dignidad del pueblo que se rebela y exige justicia. Ningún espectáculo mediático logrará que el Gobierno en la figura de su presidente pueda ser heredero de la lucha popular, para eso Rafael Correa tendría que ser un luchado popular, y como todos sabemos nunca lo ha sido ni lo será.

Solo el pueblo que lucha y en su lucha reactualiza las  luchas pasadas  es heredero legítimo  de la historia de las rebeliones populares y sus símbolos. Y como el pueblo que lucha es sabio nunca va a entregar su legado a quien por el contrario lo combate, lo persigue y lo criminaliza. Nunca va ha entregar su memoria histórica a los herederos de sus opresores y explotadores que hasta hoy dominan.

Referencias
Benjamín, Walter, Tesis de la Filosofía de la Historia.
Lasso Cueva, Carlos, Ecuador y sus Revoluciones Políticas

Los famosos “Acuerdos de Paz” produjeron el fin de la guerra, pero no el abordaje del conflicto social, económico y político que generó precisamente la guerra.

En la guerra civil salvadoreña aparece el diálogo desde 1982, y el gobierno de Estados Unidos designa a Philip Habib, su negociador estrella de los Acuerdos de Camp David, que amarró a Egipto a la política israelita, como su representante en las conversaciones con la guerrilla. Posteriormente designa al señor Richard Stone. Este diálogo tenía como propósito lograr la rendición de la naciente guerrilla para que se pudiera negociar.

Conviene saber que toda negociación supone diálogo, pero no todo diálogo es negociación. Esta aparece cuando se adoptan acuerdos, para empezar, el de una agenda de negociación, y se entra al juego de los acuerdos y desacuerdos, y al avance del cumplimiento de esa agenda. A esto entramos solamente después de la ofensiva militar de 1989, cuando estaban dadas las condiciones nacionales y, sobre todo, internacionales.
Los acuerdos políticos de Chapultepec no fueron acuerdos de paz, sino una serie de puntos necesarios para terminar con la guerra y otros puntos para establecer aparatos políticos vinculados con el fin de la guerra. El nombre de acuerdos de paz apareció en determinado momento sin que esto exprese la esencia de los mismos, a menos que se entienda por paz la simple ausencia de guerra.

El fin de la guerra no supuso el fin del conflicto porque éste no fue negociado. Recordemos que lo que llamamos conflicto resulta ser parte de la realidad, aunque no siempre este se convierte en guerra, a menos que se acumulen y produzcan antagonismos insuperables. Estos acuerdos políticos produjeron el fin de la guerra pero no el abordaje del conflicto social, económico y político que generó precisamente la guerra.

Pero hay algo más grave, porque llegados a este punto, se decide renunciar a la post guerra y se produce un caso que no funciona así en la historia, y una guerra sangrienta e inclemente que ha durado 20 años, pasa de inmediato a algo que se llamó paz, sin construir nada que pudiera restañar, restaurar, reparar, reconstruir, todo el tejido social, humano, psicológico, mental y material de los seres humanos involucrados directa o indirectamente. La paz, entonces, aparece como un listón de papel de china que pasa a funcionar como un adormecimiento de la combatividad del pueblo y aparece como una especie de conquista de la guerra, que era necesario cuidar y preservar, no protestando, no reclamando, porque, en caso contrario, podía regresar la guerra. Este diseño tenía un claro contenido electoral para los partidos de derecha y para el nuevo partido FMLN, que había sucedido al FMLN guerrillero, que había muerto incluso antes de que se firmaran los acuerdos.

La sola palabra guerra desaparece del lenguaje político y la palabra paz pasa a ser la red más conveniente para la captura de votos. En realidad se están sentando las bases para que la guerra civil, que terminó como negociación, se convirtiera durante 20 años en la actual guerra social que estremece a la sociedad.

El factor internacional resultó ser el decisivo para la negociación porque fue la decisión de Washington, luego del derrumbe de la Unión Soviética y la brillante ofensiva militar del FMLN en noviembre de 1989, el factor que determina el viraje, y es necesario destacar que ni la Fuerza Armada, ni las oligarquías, entendían y mucho menos respaldaban una política de negociación. Fue la Casa Blanca la que determinó abrir las mesas, en contra de la voluntad de estos sectores.

Internamente, una vez terminada la guerra, El Salvador se convierte en un laboratorio neoliberal, el más completo, total y abarcante. Por eso, durante 20 años se desmantela el Estado, se impone el reinado del mercado, se convierte al ser humano en consumidor, se aniquila la agricultura, se renuncia a la soberanía alimentaria, se convierte a la naturaleza en simple mercancía, se abre y se entrega la economía a las empresas transnacionales, se convierte la emigración en política de Estado y sostén de la economía, y así, 20 años después de los acuerdos, El Salvador se encuentra en el momento mas oscuro de su historia, siendo el país más vulnerable del mundo, el más atrasado y débil de Centroamérica, el más pobre y empobrecido, y con una democracia que solo comprende a las elecciones, pero no a la economía, ni a la política, ni a la vida de las personas. Puestas las cosas así, se puede afirmar que la situación actual resulta ser una consecuencia inevitable de toda aquella política que se diseño al fin de la guerra.

La guerra, sin embargo, produjo 2 consecuencias políticas de importancia histórica que no aparecen en los acuerdos ni podían aparecer en los acuerdos, y estos son: el fin de la dictadura militar de derecha, montada desde 1932, y el fin del papel de la Fuerza Armada como clase gobernante. Estos dos aspectos, son los de mayor profundidad e impacto en el régimen político, pero que sin embargo, no logran conmover el autoritarismo del poder político, ni la forma de hacer política de los sectores dominantes, que siguen, hasta el día de hoy, siendo autoritarios, aunque perdiendo el control de la economía del país que aparece en manos de empresas transnacionales extranjeras.

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Dos vehículos han simbolizado en la última década el sinsentido de las políticas occidentales en Oriente Medio. Uno ha sido el humvee , ese todoterreno del ejército estadounidense que logró transformar la invasión de Iraq en una campaña publicitaria para disparar sus ventas entre ejecutivos y profesionales con espíritu aventurero. El otro, la destartalada motocicleta con la que el mulá Mohamed Omar lograba escapar por las encrespadas montañas de Baghram del acoso de los chicos del Tío Sam. Diez años después, como en la vieja fábula de la liebre y la tortuga, la moto del líder talibán ha vuelto a demostrar que la paciencia y la perseverancia son más eficaces que la exhibicionista velocidad del humvee.

Por lo pronto, el dirigente religioso, por cuya cabeza la Casa Blanca llegó a ofrecer hasta 10 millones de dólares, se prepara para regresar a la escena política como interlocutor, más o menos visible, en las negociaciones con que Barak Obama confía desbloquear el callejón sin salida de esta sangría. Decenas de miles de muertos, las corruptas prácticas del aliado gobierno de Hamid Karzai , el riesgo de desintegración de Pakistán o la imposibilidad de ganar la guerra son algunos de los argumentos de peso que han llevado a los norteamericanos a considerar que la única alternativa para Afganistán pasa por un acuerdo con los mismos que antes eran presentados con la causa de todo mal: los talibanes.

Ignoro si el mulá Omar se dirige ya en su motocicleta hacia las desiertas tierras de Qatar donde su organización acaba de abrir su oficina internacional para agilizar estos contactos. Igual que ignoro también cómo estará asimilando el gobierno español el proceso abierto en Afganistán. No sé si el ex ministro Federico Trillo o la renovadora socialista Carmen Chacón , considerarán ahora inútil la muerte de los cerca de 100 militares españoles –incluidas las víctimas del Yak-42- en esta guerra que nadie quiere nombrar como tal. Tampoco sé si alguno de los generadores de opinión se habrá acordado estos días de los 10.000 civiles fallecidos desde que la OTAN invadió el castigado país.

Del mismo modo, no parece que vaya a ser fácil para Mariano Rajoy apoyar a sus aliados en las negociaciones afganas, mientras en su propia casa se enroca en el inmovilismo para no avanzar en el proceso de paz vasco. A no ser, claro, que por coherencia el presidente opte por respaldar en Asia las tesis del aspirante republicano al trono de Washington, Mitt Romney , partidario de proseguir cazando talibanes como si fueran indios de una película de Ronald Reagan . No lo creo. Al fin y al cabo, algunos consideran que la real politic no es otra cosa que el arte de saber decir digo donde dije Diego. O considerar hoy como solución lo que ayer se presentaba como problema.

Al fin y al cabo los talibanes no son los únicos que están regresado metamorfoseados en estos últimos meses. Ahí están también las grandes agencias de calificación, la Standard & Poor’s, la Fitch o Moody’s. Los talibanes del neoliberalismo financiero que hace tres años recomendaban invertir en Lehman Brothers o en hipotecas subprime hasta que sus consejos hicieron que todo estallara por los aires. Las mismas que hoy, con la misma seguridad de entonces, regresan para imponernos el burka de los drásticos recortes sociales, educativos y sanitarios, como supuesta única solución a todos nuestros males. Y lo peor es que ellas no regresan en motocicleta. Ellas viajan en apisonadora.

La ya endémicamente peligrosa coyuntura en el Oriente Medio se agravó esta semana con la adopción por la Unión Europea (UE) del embargo sobre las compras del petróleo y petroquímicos iraníes, acompañadas por otra tanda de sanciones contra el banco central iraní. Cuando aun no se cumple el primer aniversario de los bombardeos de la OTAN para cambiar el régimen en Libia y se ven signos de una guerra civil con los combates entre las facciones “revolucionarias” y los ataques de los simpatizantes del derrocado Muammar el Gadafi, los mismos gobernantes de Estados Unidos (EE.UU.), Francia, Gran Bretaña y otros países de la UE que reclamaron una acción rápida contra el gobierno de Trípoli están exhortando ahora a acciones militares contra Siria e Irán.

Todo esto en el contexto de la grave crisis financiera y económica que azota a la UE, con sus secuelas de desempleo y empobrecimiento masivo, y que va camino de convertirse en una “guerra monetaria” por los niveles estratosféricos de endeudamiento de Estados occidentales, en particular de EE.UU., que financia su endeudamiento gracias a la primacía del billete verde como moneda de reserva y de pago para las transacciones comerciales mundiales.

Muchos países ya están buscando una alternativa al dólar estadounidense porque es evidente que con el altísimo nivel de endeudamiento de EE.UU. esa divisa carece de un respaldo sólido a mediano y largo plazo, y por lo tanto no es una divisa de reserva confiable. Hasta el FMI planteó, hace menos de un año, que era necesario buscar una alternativa al dólar. Otros países quieren una alternativa al dólar para liberarse de las presiones y sanciones de Washington y sus aliados europeos, y para poder corregir las distorsiones en los términos de intercambio que actualmente provoca el uso casi exclusivo del dólar para el comercio mundial de materias primas.

Billete verde y oro negro

El analista brasileño Pepe Escobar, que desde hace años viene cubriendo la lucha de intereses imperialistas en los países claves por sus riquezas en hidrocarburos o porque son el transito ideal u obligado de los ductos para transportar el petróleo o el gas natural a los mercados occidentales, escribía a mediados de enero (The Myth of “Isolated” Irán, atimes.com y tomdispacht.com) que la “línea roja” en la crisis iraní no es la cuestión nuclear, sino el petróleo y los petrodólares.

Washington y sus aliados europeos quieren provocar un cambio de régimen en Irán – país que cuenta con más del 12 por ciento de las reservas globales de hidrocarburos -, para lo cual han lanzado una guerra monetaria destinada a provocar una “megadevaluación” del rial iraní mediante las sanciones decididas por el Congreso estadounidense en diciembre pasado a los bancos y empresas que hagan transacciones con el Banco Central Iraní.

Esta política, según Escobar y otros analistas, no tendrá necesariamente los resultados esperados, porque esas agresiones apuntalarán la política de “sustitución de importaciones” (que tanto sirvió en el pasado y sigue sirviendo en el presente en muchos países sudamericanos), lo que generará empleos, facilitará la exportación de productos iraníes que no son del ramo petrolero y consolidará en el mercado iraní la predominancia de China como proveedor de bienes industriales y de alta tecnología.

Irán no está tan aislado como Washington quisiera. El gasoducto Irán-Pakistán – recuerda Escobar – está en marcha y el primer ministro paquistaní Yusuf Gilani visita con frecuencia Teherán. El presidente afgano Hamid Karzay afirmó que quiere estrechar los lazos con Irán, y hasta las autoridades de Turquía, país que actúa como punta de lanza contra el gobierno sirio en estos momentos, han “señalado su rechazo a más sanciones de EE.UU. contra el petróleo iraní”, porque Turquía quiere que ser el país por el cual pase el gasoducto que “algún día” llevará el gas iraní a Europa.

Los analistas latinoamericanos, que no están sujetos al filtro mediático europeo o estadounidense, saben que la reciente gira del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad por varios países de América latina, una región donde si alguien está aislado es Washington, fue exitosa. Y en Asia, donde están los principales clientes del petroleo iraní, Teherán cuenta con al menos dos compradores fieles – India y China – que ya rechazaron participar en esa “guerra económica” lanzada por Washington y la UE.

Oro negro sin billete verde

Beijing ya está comprando petróleo con yuanes en otros países, y negociando compras futuras de crudo con su moneda en nada menos que Catar, ese pequeñísimo país del Golfo Pérsico gobernado por una monarquía absoluta que defiende absolutamente la introducción por la fuerza de “la democracia de la OTAN” en países que están lejos de sus fronteras, como Siria y Libia.

El embajador M. K. Bhadrakumar, ex diplomático de India que tuvo puestos en la ex Unión Soviética, Corea del Sur, Turquía y varios países asiáticos, y escribe regularmente en Asia Times, analiza esta semana (1) la reciente visita que el primer Ministro chino Wen Jiabao efectuó a Catar, y sus declaraciones a la prensa. Wen Jiabao dijo que su país quiere invertir en Catar para producir petroquímicos, para lo cual Beijing y Doha invertirán conjuntamente en la construcción de una refinería en China. Y también informó de que empresas chinas quieren participar en los “proyectos de infraestructura en Catar”, y que en lo tocante al gas natural ambos países están en discusión sobre “una cooperación a largo plazo, estable y exhaustiva”.

Y como subraya Bhadrakumar, el primer ministro chino dejó la sorpresa para el final, cuando se refirió a “otro punto importante”: “A fin de encarar temas de inversión, nosotros [China y Catar] necesitamos apoyo financiero. Por lo tanto llegamos a otro acuerdo, un acuerdo de cooperación que vincula las finanzas con la inversión. Catar también propuso el uso de moneda local en los pagos comerciales e incluso una tasa específica. Pienso que esta propuesta se puede estudiar”.

Unos días antes, recuerda el ex Embajador y analista, el primer ministro chino firmó un acuerdo de intercambio monetario entre su país y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por un monto equivalente a cinco mil 500 millones de dólares. Este “swap”, según la declaración del banco central de China, apunta a “fortalecer la cooperación financiera bilateral, promover el comercio y las inversiones y conjuntamente salvaguardar la estabilidad financiera regional”.

Al hablar frente a una “cumbre energética en los EAU, Wen lanzó la propuesta de crear un organismo internacional que tenga el mandato de determinar el precio del petróleo y que regularía las políticas de toda la cadena de suministro involucrando a los países proveedores, los consumidores e incluso los países de tránsito”, agrega el ex Embajador Bhadrakumar.

La introducción del yuan, el euro, la libra, el rublo y otras divisas, e incluso la propuesta de crear una “canasta” de divisas en el comercio petrolero para terminar con la “tiranía del dólar estadounidense”, es una vieja aspiración de gobernantes que en algunos casos, como escribe Pepe Escobar, terminaron siendo derrocados por intervenciones militares: En el 2000 “Saddam Hussein abandonó el dólar como la divisa para las transacciones del petróleo que Irak exportaba” y tres años más tarde EE.UU. lanzó una guerra contra Irak para efectuar un “cambio de régimen”; Muammar el Gadafi había propuesto la creación de una moneda para los intercambios comerciales del continente africano – el dinar oro -, y en marzo del 2011 “Francia, Gran Bretaña, EE.UU., Canadá, Qatar y otros países de la OTAN invadieron a Libia”, para efectuar un “cambio de régimen”.

Por eso mismo, según Escobar, dejando de lado las nuevas sanciones contra el Banco Central Iraní que tardarán meses en ser aplicadas en su totalidad e ignorando las amenazas de cerrar el tráfico petrolero en el Estrecho de Ormuz – algo improbable porque es por ahí que sale la mayor parte del petróleo que Irán exporta -, quizás la “clave principal de la crisis montante en el Golfo Pérsico proviene de este movimiento para torpedear el petrodólar como la divisa para todo tipo de intercambios”.

Irán y Rusia ya utilizan sus divisas nacionales para realizar el comercio bilateral. India acordó con Irán que los pagos por las importaciones de petróleo iraní – que suman entre 12 y 14 mil millones de dólares anuales – serán efectuados en rupias indias y que posteriormente se convertirían en una moneda denominada de manera separada. Una fuente israelí cercana a los servicios de inteligencia (DEBKAfile) afirmó esta semana que Irán e India están negociando el pago en oro como alternativa.

Lo que ex Embajador Bhadrakumar subraya es que mientras Rusia e India tienen posiciones no subordinadas a EE.UU., este no es el caso de los EAU y Catar, monarquías que constituyen piezas claves de la estrategia occidental en el Oriente Medio y un vital apuntalamiento para el reciclado de los petrodólares.

El gobierno chino “está posicionándose en medio de la línea divisoria” y fortaleciendo sus intereses en ambas riberas del Golfo Pérsico, lo cual “abre un fantástico panorama de cooperación entre China y el Consejo de Cooperación del Golfo” (CCG), comenta el ex Embajador Bhadrakumar, quien agrega que la utilización del yuan y de las divisas de los países del Golfo Pérsico en los intercambios bilaterales crea “una nueva matriz” que permite avizorar el reemplazo del dólar estadounidense como la moneda de intercambio en el comercio petrolero con los países asiáticos.

En un articulo titulado “Europe at war with Iran” el analista brasileño Pepe Escobar recuerda que nada menos que la gigantesca petrolera británica British Petroleum (BP) ha pedido al gobierno de Barack Obama ser exceptuada del sistema de sanciones contra Irán para no comprometer el desarrollo del yacimiento gasífero Shah Deniz II en Azerbaiyán, que tiene un costo de 22 mil millones de dólares y alimentará el proyectado gasoducto Nabucco, diseñado para alimentar a la UE con el gas del Mar de Caspio evitando el transito por Rusia, país que actualmente es el principal abastecedor de gas natural de muchos países de la UE.

Y añadiendo que Irán tiene una participación en este proyecto que le permite bloquearlo, Escobar ironiza sobre la “situación pos-surrealista” de la gigantesca petrolera británica BP “implorando a EE.UU. que la exceptúe de sanciones porque de otra manera se pondrá en riesgo la seguridad energética de Europa”

China, Rusia, India, Japón y otros países, entre ellos muchos de América latina, están tejiendo una serie de acuerdos bilaterales para negociar con sus propias monedas que –según Escobar –, se convertirá inexorablemente en un asunto multilateral, lo que significa que el billete verde irá lentamente siendo desplazado como la divisa de reserva a nivel mundial, “con todas las consecuencias sísmicas que esto implica”.

Nota:
1.- http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/NA24Ak03.html

- Alberto Rabilotta es periodista argentino – canadiense.

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Las compañías en internet ponen nuestros datos personales al servicio de la publicidad a medida.

Existe una relación de amor odio entre los usuarios y compañías de internet como Facebook o Google.  Por un lado, son útiles. ¿Necesita información? Google tiene más de la que usted puede procesar. ¿Quiere seguir en contacto con sus amigos? Facebook elimina la necesidad de siquiera discar el teléfono.

Sin embargo, el costo de este matrimonio de conveniencia parece ser que es nuestra privacidad.

Publicidad a medida

La semana pasada un comisionado para la ciudadanía de la Unión Europea hizo pública su preocupación sobre cómo las firmas de internet comparten información, y anunció los planes de la UE para revisar las actuales leyes de datos.

Al otro lado del Atlántico, una comisionada para la privacidad en Canadá criticó la llamada publicidad a medida.

En los Estados unidos, la Comisión de Comercio Federal publicó un informe sobre las configuraciones de privacidad de Facebook y concluyó que la red social está llevando una “injusta y decepcionante” práctica.

Ésta es una actitud bastante dura en reguladores que han sido por tiempo muy criticados por ser demasiado laxos a la hora de pedir a estos servicios que rindan cuentas sobre su privacidad.

¿Mal necesario?

Esto sugiere que en 2012 podría verse un cambio en el balance de poder entre estas compañías de internet y los ciudadanos.
Las llamadas cookies, facilitan el rastreo de nuestros movimientos en internet.

Uno de los puntos más conflictivos en nuestra relación con ellas es la publicidad, que a muchos resulta enojosa. Sin embargo, el dinero que genera esta publicidad lo convierte en el efecto secundario inevitable del uso de estos servicios en la red.

El sueño de los publicistas es disponer de toda esta información que comparte la gente a través de internet cada día. Desde las transacciones que hacemos, los pensamientos que tenemos, nuestra lista de deseos en paginas como Amazon, es para ellos una tormenta perfecta de datos.

Esta información la consiguen a menudo a través de las direcciones IP, historiales de búsqueda, compras en internet, tiempo invertido en determinadas páginas, artículos leídos y desde qué país, en ocasiones extraído de aplicaciones GPS en dispositivos móviles.

La ley Cookie
Pero los consumidores tienen poca idea de cómo estos datos están siendo empleados, dicen los expertos.
“La gente que comparte datos a menudo no lee las normas de privacidad. Tendrían que estar mucho mejor escritas ya que usualmente son largas y complicadas”, dice Viviane Reding, portavoz de la Comisión Europea para la Ciudadanía.

Reding está muy interesada en cómo las firmas de internet usan la información. La Unión Europea está trabajando actualmente en dos proyectos de ley al respecto para mejorar la situación actual.

“Los consumidores quizás no son conscientes de cómo Facebook y Google hacen dinero, pero están dispuestos a usar el servicio y no pagar por él”
Nick Stringer, director de asuntos regulatorios de la Oficina de Publicidad en Internet.

La primera es conocida como la ley “cookie” porque está específicamente dirigida a esas piezas de código que se emplean para rastrear el comportamiento en internet. Las cookies permiten, por ejemplo, que publicidad que estaba en páginas de internet visitadas con anterioridad de repente aparezcan en pantalla.

Reding también pretende revisar el modo en que las firmas de internet emplean los datos. Una nueva directiva sería aprobada en enero. La medida obligará a las compañías de internet a ser mucho más explícitas sobre la información que se comparte con las empresas de publicidad.

Facebook “anónimo”

Las página de términos y condiciones de Facebook solía ser más extensa que la constitución estadounidense. Ahora ha sido radicalmente simplificada, pero poca gente todavía se da cuenta que al aceptar están también dando luz verde para que las empresas de mercadeo tengan acceso a información sobre sus preferencias para elaborar publicidad a medida.

El sistema, dice Facebook, es completamente “anónimo”, dice la red social. Los publicistas pueden cargar anuncios en el sistema de Facebook para que los vean determinados usuarios. Por ejemplo, los que tienen edades comprendidas entre los 25 y los 35 años.

Algunos opinan que el usuario debería tener derecho a evitar que se le envíen anuncios a medida. El sistema de publicidad de Facebook conecta estos anuncios con los usuarios deseados, pero su información permanece en los servidores de Facebook.

La relación entre publicistas, el público y las firmas de internet es complicada, dice Nick Stringer, director de asuntos regulatorios en la Oficina de Publicidad en Internet.
“La información lleva al modelo de publicidad pero también necesita ser equilibrado con la necesidad de privacidad”, explica.

“La publicidad financia estos servicios de internet que usamos, por lo que debe darse un negocio. Los consumidores quizás no son conscientes de cómo Facebook y Google hacen dinero, pero están dispuestos a usar el servicio y no pagar por él”, aclaró.

Derecho a la privacidad

Pero los que abogan por la privacidad de los usuarios cuestionan que la publicidad a medida sea de ayuda. La comisionada de privacidad canadiense Jennifer Stoddart, dijo recientemente que la gente tendría que tener derecho a rechazar el recibir este tipo de anuncios.

En una charla sobre marketing y leyes en Toronto, dejó este punto claro.
“A algunos les gusta ver publicidad a medida cuando tiene que ver con sus intereses particulares. Otros no quieren verlos”, dijo.
“No puedes poner como condición de uso de servicio, el poner a disposición este tipo de información personal”

“Estos están incómodos con la noción de que sus búsquedas están siendo rastreadas, es como si les estuvieran siguiendo en un centro comercial. En otras palabras, creen que esta práctica es totalmente siniestra”.

Stoddart dijo que la práctica de ocultar este seguimiento en el apartado de términos y condiciones es “inaceptable”.
“No puedes poner como condición de uso de servicio, el poner a disposición este tipo de información personal”, expresó a la prensa durante el evento.

Stoddart destacó que los publicistas no deben recopilar estos datos o hacer uso de ellos sin el consentimiento del usuario.
En este sentido, expresó preocupación sobre cuántas firmas parecen decididas a sacar tajada del sector de la publicidad a medida.

A modo de ejemplo, mencionó una patente registrada por la firma de tarjetas de crédito Visa que combina la información sobre transacciones con otros datos de internet para generar anuncios a medida.

Perfiles sombra

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo una vez que “social” tendría que ser la configuración por defecto de la red social, pero hay mucha gente que está en contra de ello.

“La gente tiene un derecho fundamental a la privacidad, pero la cuestión es ¿tiene esta gente todavía derecho sobre su información?”, pregunta Jim Killock, director del Grupo Open Rights.

Una forma de hacer que los ciudadanos retomen el control de su información, dice Killock, es llevar a cabo un Subject Access Request (Petición de acceso del sujeto), que exige a las compañías que entreguen la información personal que han almacenado sobre un individuo.

El estudiante de derecho Max Schrems hizo justo esto. Junto con otros estudiantes, pidió a Facebook que le proporcionara toda su información personal.

Los resultados fueron varios CD con PDFs conteniendo miles de páginas de información de todo tipo, incluyendo creencias religiosas y orientación política.

Tras la experiencia, estableció una página de internet llamada “Europa versus Facebook”, para luchar en contra de lo que dice es una irrupción en datos personales.

Según él, la red social está creando “perfiles sombra”, que recopilan una excesiva cantidad de información sobre el usuario.

Schrems llevó sus argumentos a la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, eligiendo este país porque es donde se ubica la sede de Facebook en Europa. La comisión reportará sus hallazgos en enero.

Cientos de páginas hacen lo mismo

Por su puesto, el asunto no sólo afecta a Google y a Facebook, aunque, como son los jerarcas de la internet moderna, suele ser a los primeros a quienes se apunta el dedo.

Un reciente estudio llevado a cabo por el Insituto Politécnico de Worcester, en Reino Unido, descubrió que cientos de páginas de internet muy populares filtran información a terceras partes.

Stoddart critica duramente a Google y Facebook, pero a su vez alabó las medidas que han tomado en cuestiones de privacidad. Le gusta, por ejemplo, el apartado de Google que permite a los usuarios obtener la respuesta a la pregunta “¿qué sabe Google de ti?”, así como la el controlador de preferencias de publicidad, que permite editar la información que Google utilizar para elaborar anuncios personalizados.

Puede que estas innovaciones no sean suficientes como para hacernos olvidar pasados escándalos de Google, como el lanzamiento de la fallida red social Buzz que estaba vinculada a las cuentas de Gmail sin pedir permiso a los usuarios.

Sin embargo, lo cierto es que muchos llorarían si Google y Facebook se hartaran un día y decidieran cerrar sus servicios. Aunque la confianza ha sido dañada, los problemas que tenemos con ellos no son suficientes como para romper nuestra relación. No obstante, siempre querremos saber qué se traen entre manos.

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Pocas veces se ha visto tanta unanimidad en internet como en el rechazo a la ley SOPA (Stop Online Piracy Act) que está por estos días congelada en el Congreso de Estado Unidos. Pocas veces también, el ciberactivismo se ha desplegado con tanta claridad en defensa de sí mismo. Eso siempre es bueno, porque significa que esa compleja dimensión del espacio público va ganando en contenido y espesor históricos.

Pasada esa manifestación mundial en defensa del libre acceso a los productos culturales en la red, varias cosas parecen quedar más claras que antes. Por ejemplo, no se puede restaurar el quebrantado sistema de retribución económica de los creadores intelectuales y culturales obstruyendo la estructura técnica de circulación. Menos todavía, si la supuesta preocupación por los derechos de autor solo es un pretexto con miras a crear un sustento legal para intervenir los circuitos de cooperación social que tienen lugar en internet.

Recordemos que la red se origina precisamente en las idea de flujo y cooperación, por lo que cualquier ley para cortar sus circuitos es, además de un despropósito legal, un contrasentido cultural. En un sistema donde el acceso a los productos simbólicos en formato físico está restringido por su valor comercial, el acceso informal a ellos en formato electrónico es un reflejo de defensa. En otras palabras, un reclamo tangible y práctico de los derechos culturales.

Entonces, pasada la primera euforia libertaria, hay que seguir pensando en la dimensión cultural de todo esto, como ejercicio crítico, no solo para aprovecharla mejor, sino también para no comprarnos el combo completo de internet igual a información, igual a transparencia, igual a participación, igual a democracia… La cosa no es tan simple ni tan lineal.

Quiero decir, el tema no se agota en la desatinada ley gringa, sino que se expande y se vuelve más complejo en aquello que se conoce como cibercultura, esa suerte de hervidero social que se genera en la red y que tiene todos los usos imaginables, desde compartir el código fuente para mejorar colectivamente un programa informático, hasta subir al Facebook la foto del primo hermano de algún pariente lejano…

En la cibercultura es muy difícil encontrar criterios de clasificación racional y permanentes de sus prácticas y contenidos. Lo que sí existe es una serie de usos sociales, que bien podríamos llamar conductas tecnoculturales, que están ahí y se desarrollan cada vez más independientemente de nuestra valoración positiva o negativa.

Por eso, más allá del ciberactivismo planetario, vale echar una mirada de reconocimiento hacia qué es lo que defendemos cuando defendemos la libre circulación de información en la red, dibujar  una cartografía a grandes rasgos de aquello que hacemos todos los días gracias a que tenemos una herramienta que nos lo permite.

Las conductas tecnoculturales se expresan, por ejemplo, en los apropiamientos de productos simbólicos, que van desde bajar música, perfeccionar programas en software libre, hasta hacer las tareas escolares con la ayuda de Wikipedia…

También está el activismo político y cultural, que puede tener la forma de comunidades virtuales para el debate y la intervención en la vida pública; campañas sociales vía facebook y twitter, hasta la guerrilla cibernética de Anonymus…

Hay otras, como el desarrollo intuitivo de lenguajes por gente que hace música electrónica con o sin conocimientos de teoría musical; algunos que montan radios o canales de noticias muchas veces sin orientación periodística; artistas visuales que crean incluso sin formación en teoría de la imagen y, así, miles de ejemplos…

Entonces, además de la proclama de la libertad de expresión, la tarea también está en desarrollar ideas críticas respecto de esa dimensión de la cultura que ha desplazado del centro de sus valores al diálogo cultural entre diversos mediante códigos que nos acerquen y lo ha reemplazado por el valor idealizado de la comunicación.

A estas alturas no es noticia que internet ha propiciado una cultura donde lo importante ya no son los contenidos sino la divulgación. Una cultura de la comunicación por la comunicación y de la difusión por la difusión, que favorece un estado continuo de atención dispersa difícil de asimilar.

Sin embargo, también sería un contrasentido no defender esa rica -por colorida y caótica- dimensión de la cultura que tiene lugar en internet, antes que una ley permita a un juez  ordenar el cierre de nuestro poco visitado blog ante la denuncia de haber pirateado la foto del primo hermano de algún pariente lejano…

“La idea de que el libre comercio beneficia siempre y a todos, es simplemente una falacia o ingenuidad extrema más cercana a la religión que a la ciencia, y no resiste un profundo análisis teórico, empírico o histórico.”

“Mientras que sin duda una adecuada especialización y comercio entre países con similares niveles de desarrollo puede ser de gran  beneficio mutuo, una liberalización comercial a ultranza entre economías con grandes diferenciales de productividad y  competitividad, significa graves riesgos para los países de menor desarrollo relativo dada la probable destrucción de su base productiva, y, con ello, la destrucción de puestos de trabajo sin capacidad de crear nuevos empleos, todo lo cual constituye una verdadera bomba social”.

Rafael Correa (2006)[1]

Algunos antecedentes

El gobierno del presidente Rafael Correa, desde el inicio del año 2011, busca un nuevo acercamiento con la Unión Europea (UE) para, según la carta oficial del 17 de febrero, “concluir el Acuerdo Comercial Multipartes”.[2]

En ese entonces, el creciente déficit comercial global bordeó los 1.500 millones de dólares, provocado por la ausencia de una clara e inteligente concepción estratégica de inserción en la economía mundial[3], que coincidió con la finalización (temporal) de las preferencias arancelarias andinas (ATPDEA), creó las condiciones para que diversas fuerzas interesadas, dentro y fuera del gobierno, presionen para que el régimen retome las negociaciones. Al parecer aupada por determinados círculos gubernamentales, la presión mediática creció para tratar convencer a la sociedad de que esta negociación es indispensable para el país. Se exacerbó conscientemente el síndrome del atraso en relación a las negociaciones avanzadas con Colombia y Perú y, del miedo a quedarse sin TLC.[4]

Incluso se llegó al chantaje burdo: “El solo hecho de estar en la incertidumbre de renovaciones cortas (de la ATPDEA) hace que nuestros clientes busquen otros proveedores en el mundo. Peor aún si es que el Ecuador pierde por completo las preferencias, nuestra exportación se reducirá a cero”, se llegó a afirmar sin empacho alguno por parte de algún representante de los gremios de la producción.[5]

Una afirmación de ese tipo, orientada a generar angustia en la sociedad, carece de todo asidero. Téngase presente simplemente que el monto del “beneficio” de la ATPDEA -es decir los aranceles “ahorrados” por este concepto- durante los cuatro años del gobierno del presidente Correa, del 2007 al 2010, no llegó a 105 (ciento cinco) millones de dólares; una cantidad muy pequeña en relación a las exportaciones hacia los EEUU, las que, en el mismo período, superaron los 25,2 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones globales bordearon los 64 mil millones de dólares. Para ponerlo en porcentajes, el beneficio de dichas preferencias representó apenas el 0,41% de las exportaciones a los EEUU y el 0,16% de las exportaciones totales. Además, luego de que expirarán las preferencias arancelarias en febrero de 2011, las exportaciones a los Estados Unidos –en contra de esos anuncios pesimistas- crecieron, no disminuyeron. Estas preferencias fueron reestablecidas con efecto retroactivo, en octubre del mismo año.

Antes de continuar con las reflexiones relacionadas al posible TLC con la Unión Europea y sus amenazas para la Constitución de Montecristi, veamos -a vuelo de pájaro- un par de rasgos fundacionales de la nueva economía que exige el régimen del Buen Vivir, entendido como una alternativa al desarrollo y no simplemente como una alternativa de desarrollo.

Dejemos sentado desde el inicio que el Buen Vivir no sintetiza ninguna propuesta totalmente elaborada. El Buen Vivir, en realidad, se presenta como una oportunidad para construir colectivamente nuevas formas de vida. No se trata simplemente de un recetario plasmado en unos cuantos artículos constitucionales y tampoco plantea un nuevo régimen de desarrollo. El Buen Vivir constituye un paso cualitativo para disolver el tradicional concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico, así como sus múltiples sinónimos. Pero no solo los disuelve, el Buen Vivir propone una visión diferente, mucho más rica en contenidos y, por cierto, más compleja[6].

El Buen Vivir exige otra economía, una economía solidaria

El valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la solidaridad. Por lo tanto, por disposición de la Constitución del 2008, se busca una economía distinta a la actual, caracterizada falsamente por la búsqueda de la libre competencia, proceso que en realidad anima al canibalismo económico entre seres humanos y que alimenta la especulación financiera. Recordemos que al alentar la libre competencia, sobre todo desprovista de normas para regular los mercados, se propicia la concentración oligopólica o directamente la monopólica, tendencia consustancial capitalismo.

A partir de la definición constitucional de una economía social y solidaria se aspira a construir relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la suficiencia (más que la sola eficiencia) y la calidad, sustentadas en la solidaridad. Se habla de productividad y competitividad sistémicas, es decir medibles en avances de la colectividad y no sólo de individualidades sumadas muchas veces en forma arbitraria. Sin pretender ofrecer un recetario de lo que se puede hacer, son muchos los aspectos a ser considerados, algunos de los cuales se puntualizan a continuación.

El ser humano, al ser el centro de la atención, según mandato constitucional, es el factor fundamental de la economía. Y en ese sentido, rescatando la necesidad de fortalecer y dignificar el trabajo, se proscribe cualquier forma de precarización laboral, como la tercerización. El incumplimiento de las normas laborales puede ser penalizado y sancionado.

El mundo del trabajo en el Buen Vivir forma parte fundamental de la economía solidaria, entendida también como la economía del trabajo. El trabajo es la base de la economía. Por lo tanto se plantea el reconocimiento en igualdad de condiciones de todas las formas de trabajo, productivo y reproductivo. El texto constitucional representa un avance histórico al señalar que “el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía….” (art. 33); y que “el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de las labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores” (art. 325).

Este enfoque del trabajo se consolida con las disposiciones relativas a la inclusión y la no discriminación, la igualdad de género, los derechos reproductivos en el espacio laboral. Muchas de estas conquistas constitucionales pueden verse seriamente amenazadas por un TLC[7].

Entonces, si el trabajo es un derecho y un deber social, en una sociedad que busca el Buen Vivir, cualquier forma de desempleo no puede ser tolerada. El reto del Buen Vivir, que en gran medida estará asociado al tema del trabajo, tendrá que resolverse por el lugar que se otorga al trabajo humano no simplemente para producir más, sino para vivir bien. Puestas las cosas en su debido orden, el trabajo contribuirá a la dignificación de la persona.

Igualmente habrá que procesar, sobre bases de equidades reales, la reducción del tiempo de trabajo y su redistribución, así como la redefinición colectiva de las necesidades axiológicas y existenciales del ser humano en función de satisfactores ajustados a las disponibilidades de la economía y la Naturaleza. Más temprano que tarde, tendrá que darse prioridad a una situación de suficiencia, en tanto se busque lo que sea bastante en función de lo que realmente se necesita, antes que una siempre mayor eficiencia sostenida sobre bases de una incontrolada competitividad y un desbocado consumismo, que ponen en riesgo las bases mismas de la sociedad y de la sustentabilidad ambiental.

Ya no se trata solamente de defender la fuerza de trabajo y de recuperar el tiempo de trabajo excedente para los trabajadores, es decir de oponerse a la explotación de la fuerza de trabajo. En juego está, además, la defensa de la vida en contra de esquemas organización de la producción antropocéntricos, causantes de la destrucción del planeta por la vía de la depredación y la degradación ambientales, como sucede con la mercantilización de los llamados servicios ambientales.

Esta acción, por cierto, debería hacerse extensiva a todas aquellas formas de producción, como la extractivista, que sostienen las bases materiales del capitalismo. Fijarse exclusivamente en los retos globales, marginando o negando los locales es un engaño que puede provocar perversas consecuencias. Los países productores y exportadores de materias primas, es decir de Naturaleza, insertos como tales sumisamente en el mercado mundial, son funcionales al sistema de acumulación capitalista global y son también indirecta o aun directamente causantes de los problemas ambientales globales. El extractivismo[8], en definitiva, no es compatible con el Buen Vivir no sólo porque depreda a la Naturaleza, sino porque mantiene una estructura laboral explotadora de la mano de obra, a la que, por lo demás, no le asegura un empleo adecuado.

De lo anterior se desprende que la organización misma de la economía debe cambiar de manera profunda. El mercado por sí solo no es la solución, tampoco lo es el Estado. El subordinar el Estado al mercado, conduce a subordinar la sociedad a las relaciones mercantiles y al egolatrismo individualista. Lejos de una economía sobredeterminada por las relaciones mercantiles, en el Buen Vivir se promueve una relación dinámica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad. Se busca construir una sociedad con mercados en plural, para no tener una sociedad de mercado, es decir mercantilizada. No se quiere una economía controlada por monopolistas y especuladores casa adentro. Menos aún se puede mantener la economía nacional sobre determinada por las demandas y mandatos de los capitales transnacionales, algo que se agravaría si se firma un TLC. Por cierto, tampoco se promueve una visión estatista a ultranza de la economía.

Los mercados requieren una reconceptualización política, que conduzca a regulaciones adecuadas. Los mercados reflejan relaciones sociales sujetas a las necesidades de los individuos y las colectividades. Los mercados deben ser entendidos como espacios de intercambio de bienes y servicios en función de la sociedad y no sólo del capital. Es más, el buen funcionamiento de los mercados, para los fines instrumentales que la sociedad les asigna, exige que no sean completamente libres. Los mercados libres nunca han funcionado bien y han acabado en catástrofes económicas de distinta naturaleza. Sin un marco legal y social adecuado, los mercados pueden resultar inmorales, ineficientes, injustos y generadores del caos social, como sucede con frecuencia con las mal llamadas propuestas de libre comercio.

Además, de ninguna manera se puede creer que todo el sistema económico debe estar inmerso en la lógica dominante de mercado, pues hay otras muchas relaciones que se inspiran en otros principios de indudable importancia; por ejemplo, la solidaridad para el funcionamiento de la seguridad social o las prestaciones sociales, pero también en otros ámbitos como el de la alimentación, la salud o la vivienda. Similar reflexión se podría hacer para la provisión de educación pública, defensa, transporte público, servicios de banca pública y otras funciones que generan bienes públicos que no se producen y regulan a través de la oferta y la demanda. No todos los actores de la economía, por lo demás, actúan movidos por el lucro.
Por lo tanto, siguiendo el pensamiento del gran pensador norteamericano Karl Polanyi (1992)-quien dijo que“el mercado es un buen sirviente, pero un pésimo amo”-, al mercado hay que organizarlo y controlarlo, pero no asumirlo como mecanismo de dominación. Los mercados habrán de ser civilizados; esto implicará regulaciones e intervenciones estatales, tanto una creciente participación de la sociedad. Una ley para normar la competencia y erradicar toda forma de abuso oligopólico o monopólico, como manda la Constitución, es lo mínimo que se puede esperar. Pero establecer normas que atiendan preferentemente a los inversionistas extranjeros, como pretenden los TLC, es algo intolerable en una economía solidaria.

Para enfrentar la gravedad de los problemas existentes en la economía hay que desarmar las visiones simplificadoras y compartamentalizadas. No hay ni puede haber recetas, es decir un listado indiscutible de acciones a seguir; está fresco en la memoria el fracaso estrepitoso de un mundo al que se quiso organizar alrededor del mercado, a partir del recetario inspirado en el Consenso de Washington. Similar reflexión es válida si recordamos los fracasos de aquellas opciones estadocéntricas a ultranza.

Se precisan respuestas políticas que hagan posible un proceso de construcción sustentado en la vigencia de los derechos fundamentales (Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza[9]), como base para una sociedad solidaria, en el marco de instituciones biocéntricas que aseguren la vida.

Esta nueva economía consolida el principio del monopolio público sobre los recursos estratégicos, pero a su vez establece una dinámica de uso y aprovechamiento de esos recursos desde una óptica sustentable, con la necesidad de disponer de mecanismos de regulación y control en la prestación de los servicios públicos desde la sociedad. Las compras públicas ocupan por igual un puesto preferente. Las privatizaciones de los servicios públicos están prohibidas. El agua, no sólo que no puede ser privatizada, sino que constituye un derecho humano fundamental.

Igualmente esta Constitución considera las diversas formas de hacer economía: estatal, pública, privada, mixta, comunitaria, asociativa, cooperativa… desde donde se debe repensar toda la organización de la economía a partir de la sustentabilidad y la solidaridad.

La redistribución de la riqueza (de la tierra y del agua, por ejemplo) y la distribución del ingreso, con criterios de equidad, así como la democratización en el acceso a los recursos económicos, como son los créditos, están en la base de esta economía solidaria. Las finanzas deben cumplir un papel de apoyo al aparato productivo y no ser más simples instrumentos de acumulación y concentración de la riqueza en pocas manos; realidad que alienta la especulación financiera.

La Constitución propone también la construcción de una nueva arquitectura financiera, en donde los servicios financieros son de orden público. Allí se reconoce a las finanzas populares como promotoras del desarrollo y se incentiva la creación de una banca pública de fomento, como aglutinadora del ahorro interno e impulsadora de economías productivas de características más solidarias. Un tratamiento preferente reciben las cooperativas de ahorro y crédito, así como a las diversas formas de ahorro popular, también reconocidas constitucionalmente.

Esta Constitución abre la puerta también a la integración regional. Sin la integración de los países de Nuestra América, elevada a la categoría de objetivo constitucional, no hay la posibilidad de superar las actuales condiciones de deterioro social y económico existentes. Ese es un paso fundamental para que los pueblos de la región puedan insertarse con dignidad e inteligencia en el contexto mundial. Las propuestas tipo TLC van en la dirección contraria.

Acuerdo de asociación o acuerdo multipartes como sinónimos de un TLC

Haciendo caso omiso a las afirmaciones tremendistas de que sin TLC nos quedamos aislados, propias del “terrorismo económico”[10], preguntémonos ¿de qué se trata un Acuerdo Comercial Multipartes? Aclarar esta pregunta resulta vital.

Los europeos, como bloque, plantearon inicialmente a los andinos, como bloque, negociar un Acuerdo de Asociación. Esta aproximación entre bloques, como lo dejamos sentado al inicio, fracasó. Al retirarse Bolivia, que cuestionó dicho acuerdo de asociación en tanto reeditaba la lógica de los TLC, los tres países andinos restantes en la CAN recibieron la oferta de un Acuerdo Comercial Multipartes, un eufemismo para negociar bilateralmente acuerdos entre la UE y cada uno de los países andinos. Esta propuesta, hasta ahora, solo prosperó con Colombia y Perú.

El Gobierno de Ecuador propuso profundizar en otros criterios en este tipo de acuerdos. Se habló entonces de un Acuerdo Comercial para el Desarrollo, que debía agregar a las negociaciones, a más de los temas comerciales, la cuestión de la cooperación y, por cierto, aspectos políticos, como los referidos a las cuestiones migratorias. Aquí concretamente se cuestionó la Directiva del Retorno, que criminaliza la movilidad humana.

La respuesta europea al planteamiento ecuatoriano fue ambigua. Así, cuando Ecuador en el 2010 demostró el interés de volver a negociar, la UE dijo tener la predisposición para conversar dejando claramente sentadas algunas cuestiones que limitaban el planteamiento del gobierno ecuatoriano. Sobre lo político se dijo que la Comisión no tenía un mandato suficiente otorgado por el Parlamento Europeo y que otros temas debían ser negociados con cada uno de los países miembros. En lo referente a la cooperación apenas se mostró interés en revisar la forma de distribución de los recursos ya comprometidos para los próximos años.

En suma, lo que quedó abierto es retomar los diálogos en el ámbito netamente comercial/económico planteado en las diferentes mesas de negociaciones sobre inversiones, servicios públicos, propiedad intelectual, acceso a mercados de bienes agrícolas y bienes no agrícolas, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas, política de competencia, facilitación en aduanas, comercio y desarrollo sostenible, solución de diferencias… temas que fijan los límites de las negociaciones propuestas por la UE.

Vistas así las cosas, si no existe una real apertura europea para incorporar las cuestiones que tienen que ver con un verdadero diálogo político, con una perspectiva profunda e incluso estructural, sobre bases de equidad no de igualdad, el Ecuador, al entrar nuevamente en el tren de las negociaciones avanzadas por peruanos y colombianos, caería por una suerte de embudo que le conduciría inexorablemente a un acuerdo tipo TLC.

Esa parece ser la orientación que ha asumido el gobierno del presidente Correa. En la comunicación enviada el 17 de febrero del 2011 por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador al jefe negociador de la UE, se trata básicamente de los temas de compras públicas y servicios. Otros aspectos fundamentales, como la propiedad intelectual o el migratorio, no aparecen en dicha misiva. Parecería que de parte del gobierno ecuatoriano no hay conciencia o interés por este tipo de cuestiones cruciales en  este tipo de acuerdos tipo TLC. Esta es una situación preocupante.

Querer negar los riesgos que implica la negociación con la UE o tratar de decir que el Acuerdo Comercial Multipartes por definición, sin analizar sus contenidos, no implica el riesgo de un TLC significaría un elevado grado de ingenuidad o sería simplemente un engaño a la sociedad. Poco ético sería tratar de presentar al Acuerdo Comercial Multipartes como un Acuerdo Comercial para el Desarrollo.

Recuérdese lo que afirmó el comisario europeo Peter Mandelson, en la Cumbre de Presidentes de América Latina y el Caribe – Unión Europea, realizada en Lima, en mayo del 2008, cuando señaló que el pilar comercial del “Acuerdo de Asociación”, antesala fracasada del Acuerdo Comercial Multipartes, era, esencialmente, un TLC y que no aceptarían otras propuestas por fuera de ese marco. El fue categórico, cuando agregó “que quien insistiera en esas propuestas se vería excluido de las negociaciones”[11]

Esta pretensión europea, de lo que sabemos, no ha sido archivada. La propuesta comercial europea plantea exigencias tipo “OMC plus”, que van más allá de lo acordado en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto es también más complejo en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, por lo que incluso se ha llegado a hablar de un “ADPIC plus”.[12]

Estas pretensiones librecambistas han sido rechazadas, explícitamente, al menos hasta el momento. Pero parecería que hay condiciones que podrían afectar dicha convicción. Algunos personajes, inclusive dentro del gobierno, como la ministra coordinadora de la Producción, defienden abiertamente las tesis librecambistas, incluso acomodando conceptos para ocultar sus reales contenidos.

Sorprende también que en las filas del gobierno, directamente en el equipo negociador con la UE participen, al más alto nivel, personas que alentaron el TLC con los EEUU. Estos personajes, quienes hasta hace pocos años eran defensores de los TLC, sin haber cambiado para nada su posición ni sus objetivos, hablan de Acuerdo Comercial Multipartes o inclusive de un Acuerdo Comerciales para el Desarrollo, sabiendo que los contenidos de dichos acuerdos sean del tipo TLC.

El TLC, amenaza para el desarrollo
Los sectores que auspician el Tratado de Libre Comercio (TLC) omiten que los TLC son muchos más que tratados de comercio. Nada indican sobre las sumisiones geopolíticas y económicas que implican. No es tema de discusión la cuestión de las restricciones sociales y ambientales que imponen los TLC. Se obvia reconocer los impactos nocivos sobre el empleo en determinadas actividades productivas, como la agraria. Poco o nada les importa que los TLC congelen las estructuras productoras y exportadoras sustentadas en el extractivismo, impuesto hace más de 500 años con la llegada de las carabelas españolas. Y por cierto tampoco reconocen que son propuestas al servicio de los intereses de los capitales transnacionales.

En este contexto, es preciso desmontar los componentes de los que significa un Acuerdo Comercial Multipartes. Recuérdese que en este tipo de acuerdos prima la parte comercial-económica, mientras el diálogo político y el componente de cooperación se mueven bajo otras lógicas. Seguir por esta senda, sin un análisis crítico, podría fortalecer el “bobo aperturismo”, que tanto cuestionaba años atrás Rafael Correa.

Conocemos los riesgos y las amenazas de los TLC. Bastaría con rescatar los trabajos que se elaboraron cuando el Ecuador estuvo cerca de firmar un TLC con los EEUU.[13]

Ahora, de conformidad con el estudio preparado por investigadores de FLACSO – Ecuador y del CEDLAS/UNLP-Argentina[14], que se incorpora en este libro, el acuerdo entre Ecuador y la UE generaría, a nivel agregado, efectos en términos de crecimiento económico muy pequeños, alrededor del 0,5% del PIB. En términos de generación de empleo, así como de ampliación y diversificación de actividades manufactureras los resultados son por igual muy pobres. Si se excluye el banano, las ganancias de acceso al mercado serían aún menores.

Se entiende entonces, que los ganadores de este proceso serían los grandes comercializadores de banano, los mismos que, como es de conocimiento público, ni siquiera, al menos algunos de ellos, tributan de forma correcta. Hay muchos intereses económicos en juego para mantener el status quo de la “banana republic” o la “no republic”.[15] Con este acuerdo se reforzaría la posición del Ecuador como país productor y exportador de materias primas, lo que debilitaría la estrategia de desarrollo endógeno del país y por cierto mucho más las perspectivas de construir el Buen Vivir.[16]

Recuérdese que el Ecuador goza ya, desde hace muchos años del sistema general de preferencias arancelarias[17] con la UE, lo que facilita el ingreso de sus productos a dicho mercado; mientras que la UE espera con este acuerdo asegurarse un importante acceso a nuestra economía. En síntesis, la UE tiene mucho más por ganar, mientras que Ecuador pondría en riesgo su futuro.

En la actualidad, además, la UE atraviesa por una grave crisis que marcará su desenvolvimiento en los próximos años. Es importante reconocer que en Europa se quiere resolver la crisis provocada por el neoliberalismo a través de una salida neoliberal. No se puede olvidar que en la UE se ha comenzado a desmontar las leyes laborales, a menoscabar el sistema de pensiones y por cierto el control estatal sobre determinados sectores estratégicos.

En este ambiente se han consolidado otras normas neoliberales en el ámbito de la UE que tendrán repercusiones directas si Ecuador firma un TLC con dichos países. Basta mencionar dos ejemplos, la liberalización del sector servicios propiciada por la Directiva Bolkenstein, o la apertura irrestricta a los productos transgénicos, contraria al Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Si todas estas visiones neoliberales priman dentro de Europa, lo lógico será que desde allí se trate de exportarlas a otras regiones en función de los intereses europeos. Parece obvio esperar que la UE no firmara nada por debajo o al margen de su marco jurídico.

Europa, además, busca recuperar espacios de competitividad particularmente frente a China asegurándose condiciones ventajosas en terceros países. Los TLC, llámese como sea, son herramientas estratégicas para los intereses europeos. No son de ninguna manera instrumentos de desarrollo para los países atrasados, por más que se diga solemnemente lo contrario.

Amenazas de un TLC con la UE para la Constitución de Montecristi
En estas condiciones, mientras observamos expectantes el avance de las negociaciones con Europa, dejamos constancia de los riesgos que podría cernirse sobre la Constitución de Montecristi y por cierto sobre el Plan Nacional para el Buen Vivir.[18]
La embajadora del Reino Unido, Linda Cross, en entrevista a un diario ecuatoriano, reconoce que una complicación para concretar las negociaciones entre Ecuador y la UE “puede ser la Constitución, por ejemplo, donde hay preferencia para compañías nacionales en sectores estratégicos. No vale la pena entrar a cuatro o cinco rondas de negociaciones y al final que la Corte Constitucional diga que es inconstitucional. Hay que resolver este problema antes de entrar en negociaciones.” (Diario El Universo, Guayaquil, 21.2.2011).

Ver a la Constitución como un problema ratifica claramente los riesgos que se ciernen sobre la carta magna. Podríamos preguntarnos si será acaso que ya se está pensando en reformar la Constitución para adecuarla a la lógica de las negociaciones con la UE o que simplemente vía leyes se tratará de dejar insubsistentes las disposiciones constitucionales.

Teniendo la Constitución en la mano identifiquemos las principales amenazas de un potencial TLC con la UE. Tarea que también deberían asumir todos los funcionarios del Estado.

Para empezar, por el hecho de tener una nueva Constitución las cosas no cambian. Estamos conscientes que “afirmar que la Constitución es garantista y que el constitucionalismo andino es transformador, no significa en la práctica que las instituciones y el gobierno de turno sean consecuentes con los postulados constitucionalistas. No por ser garantista la Constitución significa que la realidad ha cambiado y todas las personas gozan de sus derechos” (Avila 2011).

El punto de partida para abrir estas reflexiones está, entonces, en el primer artículo de la Constitución, en donde se establece que “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”[19] Téngase presente que en “el estado constitucional de derecho, la asamblea constituyente somete a través de la Constitución a todos los poderes constituidos”. (Avila 2011).

Este es el punto de partida para entender la significación de la Constitución como marco regulador y orientador de la vida nacional. Desde esta perspectiva habría que rechazar aquella visión que ve a la Constitución como un problema. Esta, por el contrario, debe ser vista como una fortaleza para desarrollar, a partir de ella, no sólo los elementos que permitan construir el Buen Vivir, sino inclusive las bases de una concepción estratégica que permita una adecuada e inteligente participación del país en el contexto internacional, sin sacrificar sus soberanías básicas.

Es importante, en definitiva, poner en marcha los principios, los derechos, las garantías y las institucionalidades previstas en la Constitución. Eso implica apropiarse democráticamente del contenido de la Constitución de Montecristi. Los futuros acuerdos políticos, indispensables para enraizar esta Constitución, tienen como condición innegociable sustentarse en el sentido de país, aportar al Buen Vivir[20] y no sacrificar los intereses nacionales en beneficio particular de personas, gremios y corporaciones; los privilegios de unos pocos son insostenibles.

El Buen Vivir -en tanto filosofía de vida- abre la puerta para construir un proyecto liberador y tolerante, sin prejuicios ni dogmas. Este es un proyecto que, al haber sumado muchas historias de luchas de resistencia y de propuestas de cambio, al nutrirse de experiencias nacionales e internacionales, se posiciona como punto de partida para construir democráticamente una sociedad democrática.

La tarea ahora es darle vida a la Constitución para transformar estructuralmente la sociedad. Y para lograrlo habrá que identificar todo tipo de amenazas -internas y externas- que se ciernen sobre ella, como podrían ser aquellas derivadas de las negociaciones comerciales con la UE.

La Constitución como punto de partida de las relaciones internacionales

Ningún tratado puede estar por sobre la Constitución. Ningún tratado puede limitar o restringir los derechos establecidos en la Constitución. Así las cosas, ningún acuerdo puede ceder soberanía a organismos de arbitraje internacional o incautar nuestros derechos a la salud, por ejemplo. Si un tratado establece más derechos, que no es normalmente el caso de los TLC, se incorporan a los derechos reconocidos constitucionalmente.

Para empezar la reflexión hay que posicionar un artículo central del Constitución en este tema, el artículo 424:

“La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”.

En consecuencia, tal como se establece en el artículo 417, “los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución”.

En el artículo 419 se norma que la ratificación de dichos tratados,

“requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que (…) 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.”

De los tres numerales mencionados del artículo 419 se desprenden severas normas que no podrán ser descuidadas o transgredidas por los negociadores. Además, los acuerdos a los que lleguen los negociadores tienen que ser discutidos y ratificados por la Asamblea Nacional. Es decir que los negociadores e incluso el presidente de la República no pueden suscribir un TLC al margen de los límites establecidos por la Constitución de Montecristi. Estos límites constituyen, en definitiva, infranqueables “líneas rojas” para quienes defienden los intereses del país.

Es más, desde una perspectiva que ve a la Constitución como una fortaleza, habría que priorizar los puntos a discutir en las relaciones internacionales. En ese campo, como punto básico, no solo deben entrar temas económicos. Nuestro país requiere construir vínculos más profundos y duraderos, en los cuales lo económico es un aspecto importante pero no el único.

Desde esa perspectiva uno de los temas que debería estar considerado en cualquier negociación con la UE o los EEUU no puede marginar la cuestión de la migración. A más del importante contingente humano ecuatoriano en dichas regiones, recuérdese que en la Constitución de Montecristi se incorporaron principios fundamentales como son:

“la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países” (Artículo 416,6).

La Constitución es explícita en muchos otros puntos, que necesariamente deben servir de referencia para diseñar las relaciones internacionales.

Sin tratar de agotar lo previsto allí, tengamos presente disposición fundamental cuando se trate de negociar temas vinculados a la propiedad intelectual o de la salud, por ejemplo. Allí, en el artículo 421 se establece que:

“la aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no podrá menoscabar, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos”.

En la Constitución se prohíbe la vigencia de arbitrajes internacionales. En el artículo 422 se establece que:

No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privada.”

Con esta disposición no se pretende simplemente recuperar espacios de soberanía económica y por cierto jurídica. Lo que se busca es establecer un sistema que asegure una verdadera equidad para inversionistas extranjeros y nacionales. No es posible que solo los inversionistas de fuera del país gocen de la protección de esquemas de arbitraje en caso de disputas con el Estado. Esto, por cierto, implica una profunda reestructuración de la justicia en el Ecuador siguiendo lo que dispone la Constitución de Montecristi, sin “meterle la mano la justicia” como lo hace el presidente Correa.

La seguridad jurídica debe ser para todos, es decir para la sociedad en su conjunto, para las comunidades, para el Estado y sus empresas, por cierto para la Naturaleza, no sólo para el capital privado. Esta seguridad jurídica de nuevo cuño de darse a partir de la premisa de que en este país el eje es el ser humano viviendo en armonía con la Naturaleza, lógica que debe normar los acuerdos y convenios internacionales.

Desde la Constitución también se propone un nuevo sistema de comercio e inversión, así como el control internacional a las corporaciones multinacionales y la creación de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de la Madre Tierra.[21]

Volviendo al mencionado ya artículo 416, se establece que:

“Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:
1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad.
7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.
12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.
13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera.”

Hay que recordar una y otra vez que uno de los puntos cruciales dentro de un TLC es el que tiene que ver con la apertura comercial a productos alimenticios y agrarios en general. Debemos tener en cuenta que la producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la Naturaleza, tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, no puede ser tratada como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.

En el Ecuador, artículo 281 de la Constitución:

“la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente.”

Téngase presente, por igual, que la Constitución, en su artículo 284, numeral 6, dispone: “promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas.”

Allí también en el artículo 284, numeral 8, se habla de la necesidad de “adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos.”

Y en el numeral 9, se habla de “regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.”

En los TLC, como se ha visto en el caso mexicano, la apertura comercial provoca duros golpes al abastecimiento soberano de alimentos y masivas destrucciones en la estructura productiva agraria, particularmente de los campesinos. Además, México, atado al TLC con los EEUU desde hace ya más de 15 años, fue el país que mayores impactos registró durante la reciente crisis económica internacional, precisamente por la excesiva dependencia del mercado norteamericano[22].

La cuestión de la propiedad intelectual es otro asunto complejo. Con la introducción de un sistema de patentes dentro de la lógica de los TLC se podría contradecir el artículo 322 que:

“prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad.”

No se puede tampoco minimizar las amenazas de este tipo de acuerdos para la soberanía económica del país en su conjunto; tema ampliamente tratado en el capítulo cuarto de la Constitución[23]. Así, por ejemplo, los TLC, se conoce hasta la saciedad, establecen límites para que los Estados puedan utilizar las compras públicas a plenitud como una herramienta básica de la política económica, fundamental para el fomento de la producción nacional y la creación de empleo.

Si se suscribe un TLC con la UE, se correría el riesgo de afectar el artículo 288 de la carta magna ecuatoriana:

“Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”

La lista de aspectos que podrían entrar en contradicción con la Constitución es enorme. Bastaría revisar el artículo 304 relativo a la política comercial[24], o el artículo 306 que tiene que ver con el control y fomento de exportaciones e importaciones con criterios ambientales. El manejo de los sectores estratégicos, artículo 313, tampoco estaría libre de estas amenazas, si recordamos que en los TLC se busca propiciar la privatización de las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el agua[25].

En definitiva, las complicaciones derivadas de las negociaciones de un TLC con la UE podrían ser por igual múltiples para el régimen del Buen Vivir, título VII de la Constitución. Bastaría con revisar los artículos relativos a la educación (348 y 352 o 356), la salud (artículo 362), seguridad social (367), biodiversidad (artículo 395, 400, 401[26], 402, 403).

Las fortalezas de la Constitución

En síntesis recordemos los principios más relevantes que constituyen el espíritu y la letra de la Constitución de Montecristi, en concreto de los artículos anotados anteriormente, que apuntan a la configuración de los contenidos que deben orientar las políticas de integración, de comercio exterior y por cierto de inserción de nuestro país en el mundo. Es decir, es indispensable ver a la Constitución como una poderosa herramienta a partir de reconocer que

•                    La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.
•                    Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución y sólo serán legítimos si es que reconocen, promueven o protegen derechos fundamentales.
•                    La ratificación o denuncia de los tratados internacionales de comercio requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional.
•                    Los instrumentos comerciales internacionales no afectarán, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos. Si lo hacen, al ser inconstitucionales, no son aplicables.
•                    La imposibilidad de celebrar tratados internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.
•                    La independencia e igualdad jurídica de los Estados.
•                    La soberanía nacional, la integración latinoamericana y una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.
•                    La política de integración en base a la cooperación, la integración y la solidaridad.
•                    La defensa del principio de ciudadanía universal.
•                    El intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes justos y eficientes.
•                    El consumo social y ambientalmente responsable.
•                    La priorización de los productos y servicios nacionales en materia de compras públicas.
•                    El desarrollo, fortalecimiento y dinamización de los mercados internos, así como la producción nacional.
•                    La prohibición de las prácticas monopólicas y oligopólicas.
•                    La regulación, control e intervención estatales, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas
•                    La promoción de la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo.
•                    La soberanía alimentaria como objetivo estratégico del país.
•                    Políticas fiscales, tributarias y arancelarias de protección a producción nacional.
•                    Regulación bajo normas de bioseguridad del uso y desarrollo de biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.
•                    La vigencia efectiva de los Derechos de la Naturaleza.
•                    Sanción de los daños ambientales y su causa no prescribirá.
•                    Gratuidad de la salud y la educación.
•                    Rescate y vigencia de los conocimientos y sabidurías ancestrales.
•                    Desarrollo y transferencia del conocimiento científico y tecnológico.
•                    Participación ciudadana como derecho individual y colectivo, sobre todo cuando se discuten de interés nacional como sería la negociación con la UE, la misma que tiene que ser totalmente transparente.

Sería una gran miopía política y un grave error estratégico considerar que porque estos principios básicos se encuentran escritos en la Constitución la realidad ya está transformada o que ésta no puede ser amenazada por un TLC con la UE. Es más, si se avanza en la suscripción de un TLC con la UE se podría reabrir la puerta del TLC con los EEUU, algo que sería realmente intolerable.[27]

El cuestionamiento al TLC con la UE o los EEUU no cierra las puertas a otros tratados internacionales, sean bilaterales o multilaterales, siempre que éstos no constituyan la imposición de condiciones adversas al desarrollo nacional y regional, menos aún que se transformen en obstáculos para construir el Buen Vivir.

El Ecuador debe multiplicar sus esfuerzos para insertarse activa e inteligentemente en el mundo. La tarea es establecer vínculos con la mayor cantidad de economías relevantes a más de las economías vecinas, por ejemplo con China e India; así como, con economías con similares niveles de desarrollo, en las que la complementariedad lleve a beneficios mutuos. También, hay que comerciar con los mismos EEUU[28] y la UE[29], pero no bajo la lógica de igualdad de condiciones como plantean los TLC (las diferencia en los niveles tecnológicos y de competitividad con Ecuador son muy grandes); aquí caben acuerdos donde primen los aspectos de cooperación norte-sur y diálogo político, no al revés, sirviendo de “tontos-útiles” en donde los productos y servicios de los países desarrollados son los grandes ganadores Hay que buscar una sostenida diversificación de las exportaciones, no depender de pocos mercados y menos aún de uno solo. El comercio debe orientarse y regularse desde la lógica social y ambiental, no exclusivamente desde la lógica de acumulación del capital.

En este punto quizás convendría recuperar la recomendación de John Maynard Keynes (1933):

Yo simpatizo, por lo tanto, con aquellos quienes minimizarían, antes que con quienes maximizarían, el enredo económico entre naciones. Ideas, conocimiento, ciencia, hospitalidad, viajes – esas son las cosas que por su naturaleza deberían ser internacionales. Pero dejen que los bienes sean producidos localmente siempre y cuando sea razonable y convenientemente posible, y, sobre todo, dejemos que las finanzas sean primordialmente nacionales.

El ser humano es el sujeto y fin del sistema económico y de la política económica.[30] De lo anterior se desprende, por ejemplo, que un acuerdo comercial no puede poner en riesgo la soberanía alimentaria, la salud, la soberanía energética, los derechos de propiedad intelectual, las compras públicas, ni el empleo del país.

Con la crítica al TLC no se cierra la puerta a aquella inversión extranjera que puede contribuir al desarrollo nacional. Pero tampoco se acepta que toda la inversión nacional se ajusta a las necesidades de dicho desarrollo, pues, no podemos ocultar, que parte importante de la pobreza y el atraso nacionales se debe a una sistema de acumulación de capital rentístico, oligopólico e incluso oligárquico, que aún se mantiene luego de cuatro años de gobierno del presidente Correa. Ya lo dijo en el año 2006 el ahora presidente Correa:

Una verdadera política de desarrollo, en lugar del simplismo del libre comercio en función de ‘ventajas comparativas’, necesariamente implica una política industrial implícita o explícita, que promueva las industrias viables y que las proteja hasta haber logrado las economías a escala y/o externalidades positivas que les permitan competir en el mercado internacional.

Ya con la dolarización perdimos una herramienta  fundamental de política económica, los TLC nos llevarían a perder otras herramientas fundamentales, como son, entre otras, la política arancelaria y la política de compras públicas. Con esta miopía económica, no se alcanzarán los objetivos de la política económica establecidos en el art. 284 de la Constitución:

“2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional; 6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales; 7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo; 8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes.”

Concluyamos recordando nuevamente lo que manifestaba Rafael Correa en el año 2006:

“en la toma de decisiones con riesgo, todo es cuestión de probabilidades, y aferrarnos a la existencia de ‘oportunidades’, independientemente de las escasas probabilidades de éstas, es simplemente un absurdo económico.”

En este sentido, dar paso a un TLC afectando la Constitución de Montecristi, aquel proyecto de vida en común para construir el Buen Vivir, sería ir en la dirección contraria a los principios que inspiraron -al menos en una primera etapa- el proyecto de la “revolución ciudadana”.-

CITAS

*Un texto preliminar de esta artículo fue publicado en:
REBELIÖN, www.rebelión.org/noticia.php?id=122979. Feb/2011
FOBOMADE, www.fobomade.org.bo/art-1124. Abril/2011

**Profesor-investigador de FLACSO-Ecuador. Ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex ministro de Energía y Minas.

[1] Este texto se tomó del artículo de Rafael Correa: El sofisma del libre comercio, que sirvió de prólogo del libro de Alberto Acosta, Fander Falconí, Hugo Jácome y René Ramírez; El rostro oculto del TLC, Abya-Yala, Quito, 2006.
[2] Ver la carta de Méntor Villagómez, jefe negociador comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, a Gaspar Frontini, jefe negociador comercial de la UE.
[3] A principios del 2010, como una muestra más de la ausencia de una estrategia de largo plazo inclusive en el campo de la producción, se empezó a desmantelar las salvaguardias por desequilibrios de balanza de pagos aprobadas para enfrentar la crisis que empezó a fines de año 2008; estas medidas proteccionistas dieron algunos resultados positivos al alentar la actividad de algunos segmentos productivos, como el textil y del cuero.
[4] En la actualidad un 80% de la población vería con buenos ojos los convenios de tipo TLC, cuando en el año 2006 este apoyo no llegaba al 35% (Perfiles de Opinión).
[5] Ver declaraciones de Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles en Buró de Análisis Informativo, 11 de enero del 2011, http://www.burodeanalisis.com/2011/01/11/%E2%80%98si-ecuador-pierde-por-el-atpdea-las-exportaciones-se-reducirian-a-cero%E2%80%99/ Hay otros analistas, como Walter Spurrier, que afirman que la “probabilidad es que cuando se las renueve (a las ATPDEA, NdA) será por una última ocasión, en el contexto de una restructuración de la política comercial de los EE.UU. hoy en desorden, y que incluiría la ratificación del TLC con Colombia. Las opciones van reduciéndose para que el Ecuador retenga su acceso preferencial al mercado de los EE.UU.” (Ver Análisis Semanal del 3.3.2011)
[6] Sobre el tema se puede consultar en Gudynas y Acosta (2011), Acosta y Martinez (2011) o Acosta y Martinez  (2010 a, 2010b, 2010c, 2010d, 2010e.)
[7] Además, habría que tener presente que este tipo de acuerdos comerciales son esencia portadores de lo que José María Tortosa (2010) define como “maldesarrollo”
[8] “Se utiliza el rótulo de extractivismo en sentido amplio para las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, que no son procesados (o que lo son limitadamente), y pasan a ser exportados.” (Eduardo Gudynas). Sobre el tema del extractivismo se puede consultar el texto del autor (2009).
[9] Consultar en Gudynas (2009ª), Acosta (2011) y Acosta y Martinez (2011), incluso en Acosta (2008)
[10] Entendemos como “terrorismo económico” ¬técnicamente hablando- la acción de cualquier persona o institución, político o publicación, gobernante u organismo que difunde noticias u opiniones infundadas o carentes de constatación empírica que pueden llevar a la población a actitudes que hagan realidad el rumor que han corrido o que alienten la aceptación de posiciones sumisas frente a situaciones supuestamente inevitables. Esto, por ejemplo, sucedió cuando de manera irresponsable o tendenciosa se amenazó diciendo que estábamos “con un píe en la hiperinflación” para imponer la dolarización en el año 2000.
[11] Parece que ese mensaje caló en la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely. Cuando a ella se le preguntó si ¿entra en las negociaciones el tema migratorio?, ella respondió: “No se le puede pedir a los países de la Unión Europea que irrespeten sus Constituciones, así como nosotros no irrespetaremos la nuestra. No podemos ser otra cosa que recíprocos. No podemos sentar a los europeos a tratar temas migratorios, no son de competencia. Eso es utópico.” En la misma entrevista, la ministra dijo, preocupada por la pérdida de las ATPDEA, que “la situación se complica con casos como el de la (sentencia a la, NdA) petrolera Chevron que es una empresa muy importante con muchas redes de lobby entre congresistas americanos”. Diario Expreso, Guayaquil, 23 de febrero del 2011, http://www.diario-expreso.com/ediciones/2011/02/24/economia/economia/la-extension-del-atpdea-se-complica-con-el-caso-chevron/
[12] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. En este tipo de acuerdos ADPIC plus las pruebas de datos llegan a 25 años, cuando en la legislación europea están en los 15 años.
[13] A más del texto mencionado anteriormente, se podría recordar, entre otros muchos aportes, el de Alberto Acosta y Fander Falconí (editores), TLC – Más que un tratado de libre comercio, ILDIS-FLACSO, Quito (2005).
[14] Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata de Argentina.
[15] Correa, Rafael; Ecuador: de Banana Republic a la No República, Debate, Bogotá, 2009.
[16] El Plan Nacional para el Buen Vivir orienta sus contenidos hacia la generación de riqueza y redistribución bajo condiciones post-petroleras, bajo opciones que engloba bajo los rótulos de bioconocimiento y servicios turísticos (expresados, por ejemplo, bajo la metáfora de una “biópolis ecoturística”).
[17] Un SGP es un instrumento de política comercial no recíproco utilizado por los países desarrollados en su comercio con los países subdesarrollados. Su objetivo real, más a allá del discurso de que con los SGP se quiere apoyar a los países empobrecidos, es asegurarse mercados y el suministro de materias primas o productos elaborados con abundante mano de obra barata. Entre otros, los siguientes países otorgan programas SGP: Australia, Canadá, EEUU, Japón, Rusia y la misma UE.
[18] En el año 2005, gracias a la movilización popular, se paró el TLC con los EEUU. Como se afirmó en el Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011, redactado en el año 2006, como plataforma electoral del presidente Correa, “debido a los importantes efectos negativos advertidos y a la irreversibilidad de la medida, rechazamos el TLC que se está negociando con los EEUU y cuya negociación se suspendió gracias a la movilización popular, encabezada por diversas organizaciones indígenas. Alianza País agotará sus esfuerzos para inviabilizar la concreción de este tratado, visiblemente inconveniente para el país, durante el presente año y a partir de enero del 2007, desde el gobierno, rechazará cualquier posible negociación de este TLC o no lo cumplirá en el caso de que haya sido impuesto arbitrariamente al pueblo ecuatoriano.”
[19] Con el fin de comprender el alcance de esta definición se sugiere consultar el texto de Baoventura de Souza Santos (2010).
[20] Ramírez (2010), Acosta (2010).
[21] El artículo 71 expresamente reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Un paso revolucionario a nivel mundial. Otros temas importantes en esta materia se los desarrolla en los artículos 72 y 73. Sobre este tema se puede consultar en Acosta 2011, Acosta y Martínez 2009a, así como Gudynas 2009.
[22] Anótese que Chile y México tienen ya un TLC con la UE. El primero de estos países, en el tiempo de duración de este acuerdo, ha visto como disminuyó el número de sus productos agrícolas exportados a la UE, mientras que el segundo pasó de ser superavitario en el comercio de productos agrícolas a deficitario.
[23] Sobre el tema de las soberanías en plural, entre muchos otros aportes disponibles, se puede consultar en Acosta y Martínez 2010a.
[24] Véase otro artículo, el 335, que establece disposiciones para alentar el comercio justo y el intercambio económico alejadas de las lógicas perversas del mercado a ultranza: “El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.”
[25] Artículo 12: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” Artículo 314: “El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.”
[26] En este artículo “se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.”
[27] En el mencionado Plan de Gobierno del 2006 el Movimiento País o Alianza País se comprometió para “cuando seamos gobierno a asumir el mandato popular como una votación en contra del TLC y desde esa perspectiva se derogará todo tratado económico o de otro tipo que sea inconveniente al interés nacional.”
[28] Para complementar esta información téngase presente que las exportaciones de Ecuador a los EEUU representaron el 39,8% en el año 2010, y las importaciones desde dicho país el 27,8%.
[29] En el mismo año 2010, las exportaciones ecuatorianas a la UE representan un 12,9% del total y las importaciones desde la UE un 9,8%.
[30] Esto se ha tratado ampliamente en la literatura especializada, por ejemplo Coraggio (2004). En la Constitución se establece con claridad en su artículo. 283, que “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización.”

Bibliografía

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