LA CONSULTA Y LOS DERECHOS HUMANOS:Entrevista con Anaité Vargas, Directora APDH

LA CONSULTA Y LOS DERECHOS HUMANOS: los derechos no son regresivos

Entrevista con Anaité Vargas, Directora  de la Asamblea Permanente de derechos Humanos (APDH)

El jueves 6 de enero la APDH e INREDH (La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos) publicaron una declaración conjunta ´ante la fuerte campaña mediática desatada por sectores políticos afines al gobierno nacional y otros vinculados con la oposición, sobre la necesidad de reformar el código penal, endureciendo las penas y eliminando algunas garantías de los derechos,  como respuesta a la creciente inseguridad en el país´.

En la siguiente entrevista Anaité Vargas habla de estos temas en relación con la consulta propuesta por el Presidente Rafael Correa

 

GC. ¿Como ves el tema de la seguridad en el contexto de la consulta?

AV. Lo que creemos en cuanto a la consulta es que el tema de la justicia se ha politizado. En realidad debe ser un tema mucho más técnico, y cuando no es vinculante el Presidente al final es quien decide qué hacer. El problema es que en este momento la politización no permite que haya un proceso  de razonamiento sino un proceso visceral. Entonces la consulta se apunta a la captación de votos, a tener mayor credibilidad frente a la población

GC. ¿Crees que por el temor presente en la población la consulta puede resultar una amenaza para los derechos humanos?

AV.  Claro. Nuestra Constitución dice que los derechos no son regresivos, es decir no podemos regresar a un estado anterior. Si tenemos una consulta que pretende eliminar ciertos derechos, coartarlos o minimizarlos, nos pone en una contraposición entre la consulta y la constitución. Y no solo la constitución, sino los derechos internacionales. Entonces puede ser un proceso viciado. Por eso las preguntas tienen que ser tan bien hechas para no tener una respuesta conducida. Pero aunque sea una pregunta técnicamente maravillosa, si lleva a una votación mayoritaria en contra de un derecho vamos a encontrarnos en una situación grave.

Hablan en la comunicación del temor de que ciertos grupos sean pre-identificados como un riesgo para la seguridad ciudadana. Como es el caso en las favelas de Brasil donde por habitar una favela una persona es automáticamente considerado un riesgo.  ¿Hay el riesgo de que esto pasa aquí?

Ya en el Ecuador hemos vivida esta misma situación. Recordemos que Abdala Bucaram dijo que todo rockero con chompa negra era delincuente.  Entonces ya había este tipo de estigmatizaciones en el país. O por ejemplo recordemos que en Parque La Carolina se detuvo a un grupo de jóvenes negros. Es decir que por su color les vieron como posibles delincuentes.  En el país siempre hemos tenido esta clase de identificaciones. Y la gente negra siempre ha sufrido. Ahora hay otros grupos. Por ejemplo desde el año 2.000, cuando empezamos a ver un incremento importante en la población colombiana, los colombianos se convirtieron en un grupo pre-identificado. El año anterior fueron los cubanos y ahora los nigerianos. Entonces se van configurando desde la policía, desde el público y los medios de comunicación, poblaciones que se acusan de ser parte de un problema, que va mucho más allá de la nacionalidad o el origen de cualquier persona.

Ustedes opinan que basar la política de seguridad en un incremento de penas no es la respuesta

La pena de muerte en Estados Unidos no ha eliminado la delincuencia. Entonces elaborar un código penal mucho más duro no nos da ninguna garantía, ninguna, que haya una reducción de la delincuencia. Nosotros creemos que se trata de un proceso integral, es decir que necesitamos políticas públicas que no solo provengan del ejecutivo  o del Ministerio del Interior , sino que sean trabajadas como estado, con la  participación de la corte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Pueblos. Tienen que ser multidisciplinario.

Pero esto solo tiene que ver con las políticas públicas. Tenemos también el aspecto de la rehabilitación social, la que en el Ecuador no existe. No existe, así de sencillo. En las cárceles donde retenemos a la gente que han cometido algún delito o están bajo investigación relacionada a un delito …… Y también se trata del estado de las cárceles mismas. Son absolutamente inhumanas. La lógica del sistema es que una persona que entra la cárcel entra en un proceso de rehabilitación para mejorar y para salir y reincorporarse en la sociedad y no volver a cometer delitos. Pero efectivamente lo que estamos creando son escuelas de delito. La rehabilitación tiene que ser interdisciplinario. No podemos pensar que se trata solo de dar a los presos la oportunidad de aprender ser electricista o cualquier cosa va mucho más allá de pequeños tapahuecos, pequeños parches.

¿Y en cuanto a la caducidad de la prisión preventiva. El problema no se resuelve con un proceso judicial más ágil?

El estado ecuatoriano reconoce el concepto de que uno es inocente hasta que se comprueba lo contrario. Y si partimos de eso, quienes son detenidos en primera instancia son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Es decir que pueden pasar seis meses o hasta un año en estado de inocencia si no se ha mostrado su culpabilidad. Entonces el derecho dice que en algún momento esa persona tiene que salir. Además, es contraproducente para el estado tener una persona metido en la cárcel cinco o seis años y que luego resulta inocente y que sigue un juicio internacional y el estado tiene que resarcir.

Este es un derecho ganado pensando en la persona inocente. Entonces no se puede decir que si una persona sale después de un año que los derechos humanos están en contra de la víctima. No. No se puede culpar a los derechos. Si la persona ha sido detenida, es por una demanda, por un delito flagrante, entonces debe seguir un proceso legal para determinar si es culpable o no es culpable, y esto tiene que ver con el sistema judicial del país. No hay vuelta que dar. No se puede decir que se están priorizando los derechos del delincuente, porque si estamos acusando la persona de ser delincuente antes de que la justicia determina que esté culpable estamos violando su derecho de ser presumido inocente.  Y el problema es que la lógica de presumir la culpabilidad está primando, a pesar de que el estado ecuatoriano con su constitución y sus leyes  dice lo contrario.

¿Entonces existe un temor de volver a la represión, a los tiempos de Febres Cordero?

No solo tiene que ver con Febres Cordero. Hay otros. Por ejemplo Bucaram, para quién todo encuentro de rockeros implicaba un acto delincuencial. Estamos hablando más bien de una suma de malas experiencias que ha tenido el país. El problema verdadero es la politización de la justicia. El momento en que la politizamos existen todas las herramientas que permiten un aumento de la credibilidad política. Y de ahí, se va a lo que sea.

Sin discrepar con este aspecto de la politización de la justicia, lo que me parece cierto, crees que a Rafael Correa le interese tanto el aumento de la popularidad? Siempre me parecía una persona que tiene una agenda que va porque va.

Creo que hay un problema de actitud desde el poder, pero detrás de esa actitud hay una asesoría estratégica. Y la asesoría dice que la población quiere algo.  Esto implica una medida inmediata, para cumplirse ahora, no una medida  largo plazo, es decir un programa de rehabilitación que implica inversión, que se cumpla a largo plazo. La población quiere algo ahora, en este momento. Entonces como medida inmediata se va a la consulta y van a llegar a la Asamblea para decir que la población ha dicho que sí, entonces vamos a aumentar las penas. Y luego el Presidente puede decir  “miren, yo cumplí”  y si no sale adelante es porque la fiscalía no lo hace, porque la corte suprema no lo hace, los otros actores no lo hacen. Pero en el imaginario de la población el Presidente sí cumplió con lo que se requería.  Y esto es un punto importante. ¿Por qué Rafael Correa y este gobierno se fija en el aumento de penas? porque en el imaginario de la población esto representa una solución.

¿Y en esto que papel han jugado los medios?

El papel ideal sería que abran un espacio de análisis más profundo. Pero en este momento lo que hacen los medios es oponerse a todo lo que dice Rafael Correa y esto no ayuda. Se trata de lo que diga el Presidente sea automáticamente malo. Y esto no da cabida a un análisis más amplio. Y no solo pasa con la labor del Presidente. Por ejemplo durante la feria taurina en Quito había una voz de protesta  contra la matanza de los toros, pero lo medios de comunicación lo pasaron por alto. No dieron espacio para un debate sobre el tema.  No es una política exclusivamente en contra de Rafael Correa es asunto de cada medio. Es decir para los medios los temas que les interesan, publican, y dejan de un lado lo demás. Entonces en este sentido perjudican el interés nacional, perjudican la posibilidad de una discusión mucho más amplia alrededor del tratamiento de un problema grave que vive el país en este momento, que es la inseguridad.