OJOS QUE NO VEN (4ª. PARTE)

EL GOBIERNO DE CORREA EN LA MIRADA DE LAS IZQUIERDAS

OJOS QUE NO VEN (4ª. PARTE)

Mario Unda

La izquierda ecuatoriana en el período petrolero

El tercer período inicia con la modernización petrolera, a partir de 1972. La “siembra del petróleo” emprendida por el régimen militar, sobre todo en su primera fase, en el gobierno de Rodríguez Lara, significó un proceso de modernización capitalista de la economía del Ecuador. Se impulsó un proceso de industrialización sustentado en la sustitución de importaciones y en la presencia activa del Estado.

La vinculación con el Pacto Andino, las necesidades de la nueva producción y el consumo alimentado por el incremento de ingresos alentaron un rápido crecimiento del comercio interno y de las importaciones. La reforma agraria estimuló una relativa capitalización del agro, la transformación de la tierra agraria en suelo urbano y masivas migraciones. Una mayor circulación del dinero y el control y el asocio del Estado condujeron el crecimiento de la banca. En fin, la modernización capitalista estuvo apadrinada y financiada por el Estado.

Estos cambios trajeron cambios en la estructura de clases; modestos si los comparamos con otros países de la región, pero muy significativos si los comparamos con el momento anterior. Se produjo unaggionamentoburgués de las clases dominantes. Crecieron y se consolidaron nuevas clases medias técnicas y profesionales gracias a las reformas universitarias y al empleo estatal. Se expandió el subproletariado urbano (que luego se conocería como “sectores informales”). Y se transformó la clase obrera, sobre todo por el crecimiento del proletariado industrial y por la expansión del salario en el comercio y en los servicios; esto provocó una modificación profunda de las organizaciones sindicales.

La izquierda frente al gobierno de Rodríguez Lara y el Triunvirato

Enfrentada a un gobierno que se auto titulaba “revolucionario nacionalista”, la izquierda volvió a encontrarse con sus dilemas de siempre. El discurso de transformaciones profundas y radicales, el enfrentamiento a las oligarquías, la línea nacionalista en cuanto al petróleo y al mar territorial, la integración a la OPEP y el apoyo a la formación de la OLADE, la ley de reforma agraria y la inversión pública (vialidad, salud, educación) eran, para algunos sectores, motivos más que suficientes para respaldar el proyecto de los militares y buscar alianzas más profundas: muchos militantes de izquierda participaron en el gobierno militar de la primera fase desde puestos en el Estado o desde asesorías.

A más de lo que podía verse como “coincidencias programáticas”, el acercamiento al gobierno de Rodríguez Lara era justificado desde el temor a un contragolpe de derecha o al retorno al poder de las oligarquías. Postura que se hizo aún más fuerte después del intento de golpe del general González Alvear, coludido con grupos empresariales.

Esta, en general, fue la posición de las izquierdas reformistas (el partido Comunista y otros grupos menores, como Segunda Independencia, y la mayor parte de las dirigencias sindicales). Se tendía a pasar por alto el mantenimiento de la doctrina de seguridad nacional, el establecimiento de “tribunales especiales”, la continuidad y profundización de la legislación antiobrera que acompañó al fomento industrial de Velasco Ibarra[1], o la represión estatal y privada que perseguía a las luchas campesinas e indígenas (a pesar la vigencia de la ley de reforma agraria).

Sectores más radicales cuestionaban el proyecto por su contenido, que no iba más allá del desarrollo capitalista, y por su política frente a las luchas populares, obreras y campesinas sobre todo. No obstante, algunos de ellos no dejaban de mantener lazos y acercamientos, si bien de modo indirecto, por ejemplo, a través del Frente Patriótico, que respaldaba la política petrolera mantenida por el contralmirante JarrínAmpundia.

De esta manera, la primera huelga nacional del Frente Unitario de los Trabajadores, en noviembre de 1975, fue también, aunque no de modo explícito, un respaldo al gobierno. Pero ni lo uno ni lo otro fueron suficientes para evitar su caída en los primeros meses del año siguiente.

En cierto modo, la misma dualidad se repitió respecto al Triunvirato Militar que desplazó a Rodríguez Lara. Es verdad que su carácter conservador, el debilitamiento de las políticas reformistas y el acentuamiento de la represión (que alcanzó su punto máximo en la masacre de los trabajadores del ingenio Aztra y en la “guerra de los cuatro reales”), ubicaba a la izquierda más bien en la otra orilla; pero ciertos signos de “apertura” en el “plan de retorno” fueron suficientes para mantener ciertos vínculos.

La izquierda socialista

Las modificaciones en la estructura de clases, y la confluencia temporal de la movilización campesino-indígena, la radicalización de los estudiantes y la politización de los trabajadores jóvenes le aportaríaa la izquierda en general, pero sobre todo a la izquierda revolucionaria el vínculo con una nueva y joven clase obrera, permitiéndole desarrollar un ímpetu que no había conocido hasta entonces. Junto a ese movimiento sindical, las izquierdas socialistas pudieron haberse convertido en protagonistas de la primera resistencia al neoliberalismo (1981-84), pero el empuje de la unidad que desde abajo construían los trabajadores, a pesar de las oposiciones de los grupos que controlaban los aparatos sindicales, no fue suficiente para impulsar la transformación en la visión y en la práctica de la izquierda socialista.

Enmarcados en la lucha contra las dictaduras, esos años dorados no fueron más que el preludio de su fracaso: sin plantearse cómo remontar su fragmentación, sin saber salir de la dicotomía fácil “dictadura-democracia” y, probablemente sin haber alcanzado más que una comprensión doctrinaria del socialismo, no lograron pasar la prueba de la reinstauración de las democracias representativas en 1978-79.

[Continuará. En la próxima entrega: La izquierda frente al retorno a la constitucionalidad]

[1]Entre otras cosas, los decretos antiobreros limitaban la posibilidad de realización de huelgas en sectores públicos y privados considerados “de interés social” o “estratégicos” y dejaban al arbitrio de los inspectores de trabajo el archivo (rechazo) de los pliegos de peticiones