EXTRACTIVISMO Y NEOEXTRACTIVISMO: Dos caras de la misma maldición. por Alberto Acosta

ponencia

EXTRACTIVISMO Y NEOEXTRACTIVISMO: Dos caras de la misma maldición

Alberto Acosta 1

 

“− ¿Podrías decirme, qué camino he de tomar para salir de aquí? −preguntó Alicia.−Depende mucho del sitio adónde quieras ir −contestó el Gato.−Me da casi igual dónde −dijo Alicia.−Entonces no importa qué camino sigas −dijo el Gato.”

Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas

En la trampa de la maldición de la abundancia

Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia re­ciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales. Los países ricos en recursos naturales, cuya economía se susten­ta prioritariamente en su extracción y exportación, encuentran mayores dificultades para desarrollarse. Sobre todo parecen estar condenados al subdesarrollo aquellos que disponen de una sus­tancial dotación de uno o unos pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más compleja para aquellas economías dependientes para su financiamiento de petróleo y minerales.

Estos países estarían atrapados en una lógica perversa conoci­da en la literatura especializada como “la paradoja de la abundan­cia” o “la maldición de los recursos naturales”. En este contexto, incluso hay quienes han asumido esta maldición (casi) como un fatalismo tropical: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)2, en varios de sus reportes anuales y estudios técnicos ha defendido “un determinismo geográfico del desarrollo: los países más ricos en recursos naturales y más cercanos al Ecuador [a la línea ecua­torial] están condenados a ser más atrasados y pobres. (…) Aso­ma un fatalismo tropical, donde las naciones ecuatoriales parecen destinadas a la pobreza. (…) A juicio del BID, cuanto más rico sea un país en recursos naturales, más lento será su desarrollo y mayores sus desigualdades internas” (Gudynas, 2009c).

Frente a este determinismo geográfico y ecológico no queda­ría otra opción que la resignación. Sin embargo, el BID ofrece una salida. Esa salida, como sintetiza el mismo Gudynas al analizar las propuestas del BID, “es el mercado y acentuar todavía más las reformas” neoliberales.

Desde esta visión, el abordaje de los problemas y conflictos de­rivados del extractivismo se resolvería con una adecuada “gober­nanzaen el manejo de los recursos naturales. Para lograrlo están las políticas económicas de inspiración ortodoxa y conservadora, una creciente participación de la sociedad civil como observado­ra de los proyectos extractivistas, una mayor inversión social en áreas intervenidas por el extractivismo para disminuir las pro­testas sociales, al tiempo que se transparentan los ingresos que obtendrían las empresas extractivistas, los gobiernos seccionales y el gobierno central. Los destrozos ambientales son asumidos como costos inevitables para lograr el desarrollo. Al no dudarlo, éstas son aproximaciones poco analíticas, carentes de análisis his­tóricos y desvinculadas de los problemas de fondo. No hay duda de que la audacia, con grandes dosis de ignoran­cia y de una bien programada amnesia en las sociedades, va de la mano de la prepotencia.

Vale decirlo desde el inicio, esta doble maldición de los recur­sos naturales y la maldición ideológica sí pueden ser superadas, no son inevitables.

¿Qué entendemos por extractivismo?

El extractivismo es una modalidad de acumulación que comen­zó a fraguarse masivamente hace 500 años.3 Con la conquista y la colonización de América, África y Asia empezó a estructurarse la economía mundial: el sistema capitalista. Esta modalidad de acu­mulación extractivista estuvo determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las pri­meras exportan Naturaleza, las segundas la importan.

Para intentar una definición comprensible utilizaremos el tér­mino de extractivismo cuando nos referimos a aquellas activida­des que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación. El extractivismo no se limita a los minerales o al petróleo. Hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero.4

En la actualidad la cuestión de los recursos naturales “reno­vables” debe ser enfocada a la luz de las recientes evoluciones y tendencias. Dado el enorme nivel de extracción, muchos recursos “renovables”, como por ejemplo el forestal o la fertilidad del sue­lo, pasan a ser no renovables, ya que el recurso se pierde porque la tasa de extracción es mucho más alta que la tasa ecológica de renovación del recurso. Entonces, a los ritmos actuales de extrac­ción los problemas de los recursos naturales no renovables po­drían afectar por igual a todos los recursos, renovables o no.

En la práctica, el extractivismo, ha sido un mecanismo de sa­queo y apropiación colonial y neocolonial. Este extractivismo, que ha asumido diversos ropajes a lo largo del tiempo, se ha for­jado en la explotación de las materias primas indispensables para el desarrollo industrial y el bienestar del Norte global. Y se lo ha hecho sin importar la sustentabilidad de los proyectos extracti­vistas, así como tampoco el agotamiento de los recursos. Lo an­terior, sumado a que la mayor parte de la producción de las em­presas extractivistas no es para consumo en el mercado interno, sino que es básicamente para exportación. Pese a las dimensiones de esta actividad económica, ésta genera un beneficio nacional muy escaso. Igualmente gran parte de los bienes, los insumos y los servicios especializados para el funcionamiento de las empre­sas extractivistas, pocas veces provienen de empresas nacionales. Y en los países extractivistas tampoco parece que ha interesado mayormente el uso de los ingresos obtenidos.

El extractivismo ha sido una constante en la vida económica, social y política de muchos países del Sur global. Así, con diversos grados de intensidad, todos los países de América Latina están atravesados por estas prácticas. Esta dependencia de las metrópo­lis, a través de la extracción y exportación de materias primas, se mantiene prácticamente inalterada hasta la actualidad. Algunos países apenas han cambiado unos cuantos elementos relevantes del extractivismo tradicional, al lograr una mayor intervención del Estado en estas actividades. Por lo tanto, más allá de algunas diferenciaciones más o menos importantes, la modalidad de acu­mulación extractivista parece estar en la médula de la propuesta productiva tanto de los gobiernos neoliberales como de los go­biernos progresistas.5

Algunas patologías del extractivismo

El punto de partida de esta cuestión radica6, en gran medida, en la forma en que se extraen y se aprovechan dichos recursos, así como en la manera en que se distribuyen sus frutos. Por cierto que hay otros elementos que no podrán ser corregidos. A modo de ejemplo, hay ciertas actividades extractivistas como la minería metálica a gran escala, depredadora en esencia, que de ninguna manera podrá ser “sustentable”. Además, un proceso es sustentable cuando puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes.7 Sostener lo contrario, aunque se sostenga esta posición en una fe ciega en los avances tecnológicos, es practicar un discurso distorsionador.8

La historia de la región nos cuenta que este proceso extracti­vista ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consoli­dado mentalidades “rentistas”. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta la corrupción, des­estructura sociedades y comunidades locales, y deteriora grave­mente el medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prác­ticas clientelares y patrimonialistas desplegadas, que contribuyen a frenar la construcción de ciudadanía.

Lo cierto es que la gran disponibilidad de recursos naturales que caracteriza las economías primario-exportadoras, particular­mente si se trata de minerales o petróleo, tiende a distorsionar la estructura económica y la asignación de los factores productivos; redistribuye regresivamente el ingreso y concentra la riqueza en pocas manos. Esta situación se agudiza por una serie de procesos endógenos de carácter “patológico” que acompañan a la abun­dancia de estos recursos naturales.

Empecemos con la “enfermedad holandesa”9, un proceso que infecta al país exportador de materia prima, cuando su elevado precio o el descubrimiento de un nuevo yacimiento desatan un boom de exportación. La distorsión en la economía se materiali­za en la estructura relativa de los precios. Las inversiones fluyen hacia los sectores beneficiados por la bonanza, entre los que se cuentan los bienes no transables (no comerciables en el mercado internacional), por ejemplo, el sector de la construcción. En para­lelo se produce un deterioro acelerado de la producción de aque­llos bienes transables que no se benefician del boom exportador, en tanto pueden ser importados, incluso debido a la revaloriza­ción de la moneda nacional. Luego del auge, como consecuencia de la existencia de rigideces para revisar los precios y los salarios, los procesos de ajuste resultan muy complejos y dolorosos; otra manifestación de dicha enfermedad.

La especialización en la exportación de bienes primarios −en el largo plazo− también ha resultado negativa, como consecuen­cia del deterioro tendencial de los términos de intercambio. Este proceso actúa a favor de los bienes industriales que se impor­tan y en contra de los bienes primarios que se exportan. Entre otros factores, porque estos últimos se caracterizan por su baja elasticidad de ingreso, ya que se van sustituyendo por sintéticos, porque no poseen poder monopólico (son commodities, es decir, en la fijación de sus precios funciona mayormente la lógica del mercado mundial), porque su aporte tecnológico y de desarro­llo innovador es bajo, y porque el contenido de materias primas de los productos manufacturados es cada vez menor. Esta última aseveración no desconoce el incremento masivo de extracción y exportación de recursos primarios en términos absolutos, pro­vocada, por ejemplo, por el vertiginoso crecimiento de demanda por países como la China y la India.

Adicionalmente, la elevada tasa de ganancia, por las sustancia­les rentas ricardianas10 que contiene, invita a la sobreproducción cuando los precios en el mercado mundial son altos. Inclusive en momentos de crisis se mantiene esta tentación de incrementar las tasas de extracción. El exceso de oferta, para tratar de compensar la caída de los precios, hace descender la cotización del producto en el mercado mundial, lo que termina por beneficiar a los países industrializados.11 Este proceso desemboca en lo que se conoce como “crecimiento empobrecedor” (Baghwati, 1958).

Todo lo anterior explica por qué estos países con economías extractivistas no han podido participar plenamente de las ganan­cias que proveen el crecimiento económico y el progreso técnico a escala mundial. Esto se agudiza aún más porque normalmente los países que extraen recursos primarios no los procesan. Hay situaciones inclusive aberrantes de países que exportan petróleo e importan derivados de petróleo porque no han desarrollado una adecuada capacidad de refinación. Para colmo, gran parte de esos costosos productos refinados importados los destinan a la gene­ración de electricidad, teniendo disponibilidades importantes de otras fuentes de energía renovables, como la hídrica, la solar o la geotermia, como en el caso de Ecuador.

Otro rasgo característico de estas economías extractivistas es la heterogeneidad estructural de sus aparatos productivos; es de­cir, la coexistencia de sistemas productivos de alta productividad con otros atrasados y de subsistencia. A eso se suma la desarti­culación de sus estructuras económicas, signada por la concen­tración de la exportación en unos pocos productos primarios, la ausencia en la industria de una adecuada y densa diversificación horizontal, la casi inexistente complementariedad sectorial y la prácticamente nula integración vertical.

Este tipo de economía extractivista, con una elevada demanda de capital y tecnología, muchas veces funciona con una lógica de enclave: es decir, sin una propuesta integradora de estas activi­dades primario-exportadoras con el resto de la economía y de la sociedad. Su aparato productivo, en consecuencia, queda sujeto a las vicisitudes del mercado mundial.

En estas condiciones se cristaliza un callejón sin salida. Es im­posible aceptar que todos los países productores de bienes prima­rios similares, que son muchos, puedan crecer esperando que la demanda internacional sea suficiente y sostenida para garantizar ese crecimiento por mucho tiempo.

Lo preocupante es que los países primario-exportadores, que deberían haber acumulado parecidas experiencias a lo largo del tiempo, han sido normalmente incapaces de un manejo coordi­nado de cantidades y de precios. Como una salvedad de la ante­rior aseveración, con todas las limitaciones y contradicciones que se puedan identificar en su accionar, asoma la experiencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La volatilidad, que caracteriza a los precios de las materias primas en el mercado mundial, ha hecho que una economía primario-exportadora sufra problemas recurrentes de la balanza pagos y de las cuentas fiscales, lo que genera dependencia finan­ciera externa y somete a las actividades económica y sociopolítica nacionales a erráticas fluctuaciones. Todo esto se agrava cuando se desata la caída de esos precios internacionales y la consecuente crisis de balanza de pagos se profundiza por la fuga masiva de los capitales “golondrinos” que aterrizaron en esas economías duran­te la repentina bonanza. En este contexto les acompañan prestos los también huidizos capitales locales, agudizando la restricción externa.

El auge de la exportación primaria también atrae a la siem­pre bien alerta banca internacional que desembolsa préstamos a manos llenas, como si se tratara de un proceso sostenible; finan­ciamiento que, por lo demás, ha sido y es recibido con los brazos abiertos por los gobiernos y grandes empresarios, quienes tam­bién creen en esplendores permanentes. En estas circunstancias se acicatea aún más la sobreproducción de los recursos primarios y, a la postre, las distorsiones económicas sectoriales. Pero, sobre todo, como demuestra la experiencia histórica, se hipoteca el fu­turo de la economía cuando llega el inevitable momento de servir la pesada deuda externa contraída en montos sobredimensiona­dos durante la generalmente breve euforia exportadora.12

La abundancia de recursos externos, alimentada por los flujos que generan las exportaciones de petróleo, lleva a un auge consu­mista que puede durar mientras dure la bonanza, y es una cues­tión psicológica nada menor en términos políticos. Este incre­mento del consumo material se confunde con una mejoría de la calidad de vida. En estas circunstancias, el gobierno puede ganar legitimidad desde la lógica del consumismo, que es no es ambien­tal y socialmente sustentable, para seguir ampliando la frontera extractivista.

Esto generalmente conduce a un desperdicio de recursos. Normalmente se pasa a la sustitución de productos nacionales por productos externos, atizada muchas veces por la sobreva­luación cambiaria. Incluso una mayor inversión y un creciente gasto del sector público, si no se toman las debidas providencias, conduce a incentivar las importaciones y no necesariamente la producción nacional. En síntesis, es difícil hacer un uso adecuado de los cuantiosos recursos disponibles.

La experiencia de las economías petroleras y mineras de la región nos ilustra, y el presente nos confirma, que estas activida­des extractivistas, tal como se mencionó antes, no generan enca­denamientos dinámicos tan necesarios para lograr un desarro­llo coherente de la economía. No se aseguran los tan esenciales enlaces integradores y sinérgicos hacia delante, hacia atrás y de la demanda final (en el consumo y fiscales). Mucho menos se fa­cilita y garantiza la transferencia tecnológica y la generación de externalidades a favor de otras ramas económicas del país.

De la anterior constatación se deriva una clásica característi­ca adicional de estas economías primario-exportadoras, incluso desde la colonia, que es su carácter de enclave: el sector petrolero o el sector minero, así como muchas actividades agrarias, fores­tales o pesqueras de exportación, normalmente están aisladas del resto de la economía. En esta línea de reflexión también debe in­cluirse la energía nuclear13 y la producción de biocombustibles (Houtart, 2011).

Las enormes rentas diferenciales o ricardianas que producen estas actividades, conducen a sobreganancias que distorsionan la asignación de recursos en el país. Derivadas de la actividad de ex­portación de bienes primarios, se consolida y profundiza la con­centración y centralización del ingreso y de la riqueza en pocas manos, así como el poder político. La masiva concentración de dichas rentas se registra en pocos grupos económicos, muchos de los cuales no encuentran ni tampoco crean alicientes para sus inversiones en la economía doméstica. Prefieren fomentar el con­sumo de bienes importados, con frecuencia sacan sus ganancias fuera del país y muchos manejan sus negocios con empresas afin­cadas en lugares conocidos como paraísos fiscales.

Como consecuencia de lo expuesto, las empresas que contro­lan la explotación de los recursos naturales no renovables en for­ma de enclaves, por su ubicación y forma de explotación, se con­vierten en poderosos entes empresariales dentro de relativamente débiles Estados nacionales.

Grandes beneficiarias de estas actividades son las empresas transnacionales, a las que se les reconoce el “mérito” de haberse arriesgado a explorar y explotar los recursos en mención. Nada se dice de cómo estas actividades conducen a una mayor “des­nacionalización” de la economía, en parte por el volumen de fi­nanciamiento necesario para llegar a la explotación de los recur­sos, en parte por la falta de empresariado nacional consolidado y, en no menor medida, por la poca voluntad gubernamental de formar alianzas estratégicas con sus propias empresas estatales o inclusive con empresarios privados nacionales. Por lo demás, desafortunadamente, algunas de esas corporaciones transnacio­nales han aprovechado su contribución al equilibrio de la balan­za comercial, para influir sobre los balances de poder en el país, amenazando permanentemente a los gobiernos que se atreven a ir a contracorriente.

Comúnmente las compañías extranjeras han gozado y aún go­zan en muchos casos de un marco referencial favorable y, en no pocas ocasiones, sus propios directivos o sus abogados ocupan puestos clave en los gobiernos. De esta manera, cuentan también con el respaldo de poderosos bufetes de abogados y en no pocas ocasiones, con el apoyo de la gran prensa, velando así directa­mente para que las políticas aplicadas o las reformas legales les sean ventajosas. Esta situación −alentada por organismos como el BID y sus hermanos mayores, el Banco Mundial14 y el Fondo Monetario Internacional− se ha registrado una y otra vez en los sectores petrolero y minero de América Latina.

Con estos esquemas altamente transnacionalizados se ha dado paso a un proceso sumamente complejo: la “desterritorialización” del Estado. El Estado se desentiende (relativamente) de los en­claves petroleros o mineros, dejando, por ejemplo, la atención de las demandas sociales en manos de las empresas. Esto conduce a un manejo desorganizado y no planificado de esas regiones que, inclusive, quedan en la práctica muchas veces al margen de las leyes nacionales. Todo eso consolida un ambiente de violencia ge­neralizada, pobreza creciente y marginalidad que desemboca en respuestas miopes y torpes de un Estado policial, que no cumple sus obligaciones sociales y económicas.

La poca capacidad de absorción de la fuerza de trabajo y la desigualdad en la distribución del ingreso y los activos, condu­cen a un callejón aparentemente sin salida por los dos lados: los sectores marginales, que tienen una mayor productividad del ca­pital que los modernos, no pueden acumular porque no tienen los recursos para invertir; y los sectores modernos, en los que la productividad de la mano de obra es más alta, no invierten por­que no tienen mercados internos que les aseguren rentabilidades atractivas. Ello a su vez agrava la disponibilidad de recursos técni­cos, de fuerza laboral calificada, de infraestructura y de divisas, lo que desincentiva la acción del inversionista, y así sucesivamente.

A lo anterior se suma el hecho, bastante obvio (y desgracia­damente necesario y no solo por razones tecnológicas) de que, a diferencia de las demás ramas económicas, la actividad minera y petrolera genera poco −aunque bien remunerado− trabajo di­recto e indirecto. Son actividades intensivas en capital y en im­portaciones. Contratan fuerza directiva y altamente calificada (muchas veces extranjera). Utilizan casi exclusivamente insumos y tecnología foráneos. La consecuencia de estas prácticas hace que el “valor interno de retorno” (equivalente al valor agregado que se mantiene en el país) de la actividad primario-exportadora resulte irrisorio.

En estas economías petroleras y mineras de enclave, la estruc­tura y dinámica políticas se caracterizan por prácticas “rentistas”; la voracidad y el autoritarismo con el que se manejan las deci­siones, disparan el gasto público más allá de toda proporción y acarrean distribución fiscal discrecional, como se analizará más adelante.

Debido a estas condiciones y a las características tecnológicas de las actividades petrolera y minera, no hay una masiva genera­ción directa de empleo. Esto explicaría también la contradicción de países ricos en materias primas donde, en la práctica, la masa de la población está empobrecida.

Adicionalmente, las comunidades en cuyos territorios o ve­cindades se realizan estas actividades extractivistas, han sufrido y sufren los efectos de una serie de dificultades socioambientales derivadas de este tipo de explotaciones. La miseria de grandes masas de la población parecería ser, por tanto, consustancial a la presencia de ingentes cantidades de recursos naturales (con alta renta diferencial). Esta modalidad de acumulación no requiere del mercado interno e incluso no lo necesita, puesto que funciona con salarios decrecientes. No hay la suficiente presión social para obligar a reinvertir en mejoras de la productividad. El rentismo determina la actividad productiva y por cierto el resto de rela­ciones sociales. Como corolario de lo anterior, estas actividades extractivas, petrolera o minera, promueven relaciones sociales clientelares, que benefician los intereses de las propias empresas transnacionales, pero impiden el despliegue de adecuados planes de desarrollo nacionales y locales.

Este tipo de economías extractivistas deteriora grave e irrever­siblemente el medio ambiente natural. El examen de la actividad minera o petrolera alrededor del planeta evidencia un sinnúme­ro de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Na­turaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países cuyas exportaciones dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros son económicamente atrasados, en donde los problemas ambientales crecen al ritmo que se ex­panden las actividades extractivistas.

Fijemos un momento nuestra atención en la minería. La ex­plotación minera industrial moderna implica la extracción masi­va −y en un tiempo muy corto−, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; recursos que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas tectónicas. En la actualidad, los si­tios de alta concentración mineral se van agotando. Sin embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten que la ex­plotación minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es escaso. Para hacer producir estos yacimientos, es necesario aplicar una minería industrial de gran escala, con uso masivo de químicos a veces sumamente tóxicos (cianuro, ácido sulfúrico, entre otros), un consumo cuantioso de agua y la acu­mulación de grandes cantidades de desechos.

Este gigantismo provoca la generación de impactos ambien­tales enormes. Los efectos nocivos no solo afloran en la fase de exploración y explotación, cuando se abren gigantescos hoyos en la Madre Tierra o cuando se usan químicos tóxicos para procesar los minerales extraídos, sino también en la movilización del ma­terial extraído que afecta grandes extensiones de territorio.

Los desechos mineros, al ser acumulados durante muchos años, pueden derramarse y contaminar el medio ambiente, parti­cularmente con metales pesados o drenaje ácido de roca. Este úl­timo fenómeno, que puede darse por decenas y decenas de años, ocurre cuando las aguas de lluvia, o aún el aire, entran en contac­to con las rocas que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie y acumuladas en las escombreras, en el cráter o en los diques de desechos de la mina. Generalmente existe un alto riesgo de que se produzca una oxidación de minerales sulfurados por la lluvia o el aire húmedo, que terminan por provocar una acidificación inusual de las aguas que corren sobre estas rocas. En el Ecuador, muchos yacimientos mineros estarían particular­mente expuestos a este problema porque tienen rocas sulfurosas, conocidas por generar drenaje ácido.

Este tipo de contaminación es particularmente devastadora para el agua. En numerosas ocasiones, el agua termina por ser in­utilizable para el consumo humano y para la agricultura. La con­taminación de las fuentes de agua provoca además un conjunto de impactos en términos de salud pública, como enfermedades degenerativas o de la piel, entre otras. Y todo esto sin considerar los graves impactos sociales que conlleva esta mega actividad ex­tractivista.

Si bien las distintas actividades extractivas tienen una pro­longada y conocida historia de depredación en el mundo, en la actualidad se registra −en la medida que es notorio el agotamien­to de los recursos naturales, especialmente en los países indus­trializados− una creciente presión en los países subdesarrollados para que estos entreguen sus yacimientos minerales o petroleros. Incluso la creciente defensa del ambiente en las sociedades con­sideradas como desarrolladas genera una presión sobre los países empobrecidos con el fin de que estos abran su territorio para sa­tisfacer la demanda de minerales de la economía mundial.

Es preciso recordar que normalmente las empresas transna­cionales y los gobiernos cómplices destacan exclusivamente los “enormes” montos de reservas mineras y petroleras existentes, transformados en valores monetarios. Con estas cifras, en general altamente exageradas, se quiere sensibilizar a la opinión pública a favor de la minería. Sin embargo, esta mirada resulta incom­pleta. Habría que sumar los llamados costos ocultos, ambientales y sociales, incorporando por ejemplo, el valor económico de la contaminación. Éstas son pérdidas económicas que normalmen­te no aparecen en los proyectos y que son transferidas a la socie­dad; recuérdese la devastación social y ambiental en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, que luego dio lugar a un juicio en contra de la compañía Chevron-Texaco. También deberían entrar en la lista de costos los denominados “subsidios perversos” que se expresan a través de la entrega de energía a precios menores, agua sin costo o con costo reducido, e inclusive infraestructura de transporte (Gudynas, 2011c). ¿Se han presentado estas evaluacio­nes? No. Probablemente porque el asumir estos costos disminui­ría notablemente la rentabilidad de las empresas y se pondría en evidencia los magros beneficios para el Estado.

Estas actividades extractivistas generan, a su vez, graves ten­siones sociales en las regiones en donde se realiza la extracción de dichos recursos naturales, en la medida en que son muy pocas las personas de la región las que normalmente pueden integrarse a las plantillas laborales de las empresas mineras y petroleras. Los impactos económicos y sociales provocan la división de comuni­dades, peleas entre ellas y dentro de las familias, violencia intrafa­miliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, un in­cremento de la delincuencia y violencia, el tráfico de tierras, etc.

En las economías primario-exportadoras de la región, a lo lar­go de décadas de una modalidad de acumulación extractivista, se han generado niveles elevados de subempleo y desempleo, de pobreza y de una distribución del ingreso y de los activos que se vuelve aún más desigual. Con ello se van cerrando las puertas para ampliar el mercado interno porque no se generan empleos e ingresos suficientes (no hay, ni habrá “chorreo”). Sin embargo, se mantienen las presiones para orientar la economía cada vez más hacia el exterior porque “no hay a quién vender domésticamente”, como afirman cansinamente los defensores de este modelo.

Esta “monomentalidad exportadora” inhibe la creatividad y los incentivos de los empresarios nacionales. También en el seno del gobierno, e incluso entre amplios segmentos de la sociedad, se reproduce la “mentalidad pro-exportadora” casi patológica, basada en el famoso eslogan “exportar o morir”, lo que lleva a despreciar las enormes capacidades y potencialidades disponibles al interior del país.

Neoextractivismo, una versión contemporánea del extractivismo

Desde sus orígenes, las repúblicas primario-exportadoras de América Latina no han logrado establecer un esquema de desa­rrollo que les permita superar las trampas de la pobreza y del au­toritarismo. Esta es la gran paradoja: hay países que son muy ri­cos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque son ricos en recursos naturales, en tanto han apostado priorita­riamente por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras formas de creación de valor, susten­tadas más en el esfuerzo humano que en la explotación inmiseri­corde de la Naturaleza.

En los últimos años, conscientes de algunas de las patologías enunciadas anteriormente, varios países de la región con gobier­nos progresistas han impulsado algunos cambios importantes en lo que se refiere a ciertos elementos de la modalidad extractivista. Sin embargo, más allá de los discursos y planes oficiales, no hay señales claras de que pretendan superar realmente dicha moda­lidad de acumulación. A través de este esfuerzo esperan poder atender muchas de las largamente postergadas demandas socia­les y, por cierto, consolidarse en el poder recurriendo a prácticas clientelares e inclusive autoritarias.

En la gestión de los gobiernos progresistas en América del Sur “persiste la importancia de los sectores extractivistas como un pilar relevante de los estilos de desarrollo”, destaca Eduardo Gudynas (2009b y 2010c). Siguiendo con sus reflexiones, si bien el progresismo sudamericano “genera un extractivismo de nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combi­nación de viejos y nuevos atributos”, no hay cambios sustantivos en la actual estructura de acumulación. Con esto el neoextracti­vismo sostiene “una inserción internacional subordinada y fun­cional a la globalización” del capitalismo transnacional. No solo que se mantiene, sino avanza “la fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales”. Se sostienen, y “en algunos casos se han agravado, los impactos sociales y ambientales de los sectores extractivos”. Si­guiendo con Gudynas, “más allá de la propiedad de los recursos, se reproducen reglas y funcionamiento de los procesos producti­vos volcados a la competitividad, eficiencia, maximización de la renta y externalización de impactos”. Entre los puntos destacables está “una mayor presencia y un papel más activo del Estado, con acciones tanto directas como indirectas”. Desde esta postura na­cionalista se procura principalmente un mayor acceso y control por parte del Estado sobre los recursos naturales y los beneficios que su extracción produce. Desde esta postura se critica el control de los recursos naturales por parte de las transnacionales y no la extracción en sí. Incluso se acepta algunas afectaciones ambien­tales e inclusive sociales graves a cambio de conseguir beneficios para toda la colectividad nacional. Para lograrlo, “el Estado capta (o intenta captar) una mayor proporción del excedente generado por los sectores extractivos”. Además, “parte de esos recursos fi­nancian importantes y masivos programas sociales, con lo que se aseguran nuevas fuentes de legitimación social”. Y de esta manera el extractivismo asoma como indispensable para combatir la po­breza y promover el desarrollo.

No hay duda, “el neoextractivismo es parte de una versión contemporánea del desarrollismo propia de América del Sur, donde se mantiene el mito del progreso y del desarrollo bajo una nueva hibridación cultural y política”, concluye Gudynas (2009b y 2010c).

Siendo importante un mayor control por parte del Estado de estas actividades extractivistas, no es suficiente. El real control de las exportaciones nacionales está en manos de los países centra­les, aún cuando no siempre se registren importantes inversiones extranjeras en las actividades extractivistas. Perversamente mu­chas empresas estatales de las economías primario-exportadoras (con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto) parece­rían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos y actúan casa dentro con lógicas parecidas a las de las transnacionales: la depredación ambiental y el irrespeto social no están ausentes de sus prácticas. En síntesis, la lógica subordina­da de su producción, motivada por la demanda externa, caracte­riza la evolución de estas economías primario-exportadoras. El neoextractivismo, a la postre, mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de raigambre colonial.

Gracias al petróleo o a la minería, es decir, a los cuantiosos in­gresos que producen las exportaciones de estos recursos, muchas veces los gobernantes progresistas se asumen como los portado­res de la voluntad colectiva y tratan de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad. Como afirma Fernando Coronil (2002) en este tipo de economías aflora un “Estado mágico”, con capacidad de desplegar la “cultura del milagro”.15 Esto es lo que justamente se registra en Venezuela, Ecuador o Bolivia en los últimos años.

En estos países, el Estado ha cobrado fuerza nuevamente. Del Estado mínimo del neoliberalismo, se intenta −con justificada ra­zón− reconstruir y ampliar la presencia y acción del Estado. Pero, por lo pronto, en estos países no hay manifestaciones serias de querer introducir cambios estructurales profundos. La produc­ción y las exportaciones mantienen inalterados sus estructuras y rasgos fundamentales. En estas condiciones los segmentos em­presariales poderosos, que han sufrido el embate de los “discur­sos revolucionarios”, no han dejado de obtener cuantiosas utilida­des aprovechándose de este renovado extractivismo.

Al menos hasta ahora, en estos países con gobiernos progre­sistas que han instrumentado esquemas neoextractivistas, los segmentos tradicionalmente marginados de la población han ex­perimentado una relativa mejoría gracias a la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros y mineros. Sin embargo, no se ha dado paso a una radical redistribución de los ingresos y los activos. Esta situación es explicable por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza, sin adentrarse en complejos procesos sociales y políticos de redistribución.

Como en épocas pretéritas, el grueso del beneficio de esta orientación económica va a las economías ricas, importadoras de Naturaleza, que sacan un provecho mayor procesándola y comer­cializándola en forma de productos terminados. Mientras tanto, los países exportadores de bienes primarios, que reciben una mí­nima participación de la renta minera o petrolera, son los que cargan con el peso de los pasivos ambientales y sociales.

En la medida en que se carece de una adecuada instituciona­lidad para enfrentar los costos ambiental, social y político que implican los enfrentamientos alrededor de estas actividades ex­tractivistas, incluso el costo económico relacionado a controlar esos posibles disturbios utilizando la fuerza pública, no es nada despreciable. A más de lo dicho, hay que considerar el efecto de esta inestabilidad social casi programada sobre otras actividades productivas en las zonas de influencia extractivista, por ejemplo, cuando las actividades mineras terminan por expulsar a los cam­pesinos de la zona afectada.

Los efectos de estos conflictos y de esta violencia también afectan a los gobiernos seccionales. Estos pueden ser atraídos por los cantos de sirena de las empresas dedicadas al extractivismo masivo y de los gobiernos cómplices de ellas, que les ofrecerán algunos aportes financieros. No obstante, a la postre, las socieda­des tendrán que asumir los costos de esta compleja y conflictiva relación entre comunidades, las empresas y el Estado. Los pla­nes de desarrollo locales estarían en riesgo, pues el extractivismo minero o petrolero tendría supremacía sobre cualquier otra acti­vidad. Todo esto termina por hacer pedazos aquellos planes ela­borados participativamente y con conocimiento de causa por las poblaciones locales. Y los pasivos ambientales serán la herencia más dolorosa e incluso costosa de las actividades extractivistas, puesto que normalmente estos pasivos no son asumidos por las empresas explotadoras.

Está claro que si se contabilizan los costos económicos de los impactos sociales, ambientales y productivos de la extracción del petróleo o de los minerales, desaparecen muchos de los benefi­cios económicos de estas actividades.16 Pero estas cuentas com­pletas, como ya se anotó antes, no son realizadas por los diversos gobiernos progresistas, que confían ciegamente en los beneficios de estas actividades primario-exportadoras.

En síntesis, gran parte de las mayores y más graves patologías del extractivismo tradicional se mantienen en el neoextractivismo.

Autoritarismo y disputa por la renta de la Naturaleza

Esta maldición de la abundancia en recursos naturales viene ata­da, con mucha frecuencia, con la maldición del autoritarismo. La masiva explotación de los recursos naturales no renovables en es­tos países ha permitido el surgimiento de Estados paternalistas, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera. Son Estados que al monopolio de la riqueza natu­ral han añadido el monopolio de la violencia política (Coronil, 2002).

Aunque parezca paradójico, este tipo de Estado, que muchas veces delega parte sustantiva de las tareas sociales a las empresas petroleras o mineras (esto comienza a cambiar en los países con gobiernos progresistas), abandona −desde la perspectiva del de­sarrollo− amplias regiones. Y en estas condiciones de desterrito­rialización, cuando las empresas asumen las tareas que competen al Estado, éste se consolida como un Estado policial que reprime a las víctimas del sistema al tiempo que declina el cumplimiento de sus obligaciones sociales y económicas. La propia instituciona­lidad jurídica termina envuelta en los intereses y presiones de las empresas extractivistas privadas o estatales.

En estas economías de enclave se ha configurado una estruc­tura y una dinámica políticas, no solo autoritarias, sino voraces. Esta voracidad, particularmente en los años de bonanza, se plas­ma en un aumento muchas veces más que proporcional del gasto público y sobre todo en una discrecional distribución de los re­cursos fiscales. Este tipo de ejercicio político se explica también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder y/o por su intención de acelerar una serie de reformas estructurales que des­de su particular perspectiva asoman como indispensables para transformar las sociedades.

Inclusive el incremento del gasto y las inversiones públicas es también el producto del creciente conflicto distributivo que se desata entre los más disímiles grupos de poder. Esta realidad, percibida con más claridad en las etapas de bonanza, la describe con claridad Jürgen Schuldt (2005), cuando dice que se “se trata, por tanto, de un juego dinámico de horizonte infinito derivado endógenamente del auge. Y el gasto público −que es discrecio­nal− aumenta más que la recaudación atribuible al auge econó­mico (política fiscal pro-cíclica)”.

Este “efecto voracidad” provoca la desesperada búsqueda y la apropiación incluso abusiva de parte importante de los exceden­tes generados en el sector primario-exportador. Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para manejar estos recursos natura­les, sin instituciones democráticas sólidas (que solo pueden ser construidas con una amplia y sostenida participación ciudada­na17) aparecen en escena los diversos grupos de poder no-coope­rativos, desesperados por obtener una tajada de la renta minera o petrolera.

Así, en esta disputa por la renta de los recursos naturales in­tervienen, sobre todo, las empresas transnacionales involucra­das directa o indirectamente en dichas actividades y sus aliados criollos: la banca internacional, amplios sectores empresariales y financieros, inclusive las fuerzas armadas, algunos gobiernos seccionales cooptados por las lucrativas rentas, así como algu­nos segmentos sociales con capacidad de incidir políticamente. Igualmente, grupos sindicales conocidos como la aristocracia obrera18, vinculada a este tipo de actividades extractivistas, ob­tienen importantes beneficios. Y, como es fácil comprender, esta pugna distributiva, que puede ser más o menos conflictiva, pro­voca nuevas tensiones políticas.

Todo esto contribuye a debilitar la gobernabilidad democrá­tica, en tanto termina por establecer o facilitar la permanencia de gobiernos autoritarios y de empresas voraces y clientelares, proclives también a prácticas autoritarias. En efecto, en estos paí­ses no asoman los mejores ejemplos de democracia, sino todo lo contrario. Adicionalmente, el manejo muchas veces dispendio­so de los ingresos obtenidos y la ausencia de políticas previsibles termina por debilitar la institucionalidad existente o impide su construcción.

América Latina tiene una amplia experiencia acumulada en este campo. Son varios los países de la región cuyos gobiernos tie­nen claros rasgos de autoritarismo derivados de esta modalidad de acumulación primario-exportadora, particularmente cuando está sustentada en pocos recursos naturales de origen mineral.

Esta compleja realidad existe también en otras partes del mundo, particularmente en los países exportadores de petróleo o minerales.19 Noruega sería la excepción que confirma la regla. La diferencia en este caso de los anteriormente descritos radica en que la extracción de petróleo en este país escandinavo empezó y se expandió cuando ya existían sólidas instituciones económi­cas y políticas democráticas e institucionalizadas, con una socie­dad sin inequidades comparables a la de otros países petroleros o mineros del mundo empobrecido. Es decir, este país integró el petróleo en su sociedad y economía cuando ya era un país desa­rrollado.

No se puede concluir la reflexión sin dejar sentado un pun­to que aparece en estos países atrapados por la maldición de la abundancia: la violencia, que parece configurar un elemento con­sustancial de un modelo depredador de la democracia. Esta vio­lencia incluso aflora desde el lado del Estado, a través inclusive de los gobiernos considerados como progresistas que criminalizan la protesta popular en contra de las actividades extractivistas, con el único fin de garantizarlas.

La violencia, desatada por las propias empresas extractivistas, respaldada muchas veces por los gobiernos, ha provocado diver­sos grados de represión. El listado de estas acciones represivas e incluso genocidas es demasiado largo y conocido en América La­tina.20 Tampoco han faltado guerras civiles21, hasta guerras abier­tas entre países o agresión imperial por parte de algunas poten­cias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre todo hidrocarburíferos.22

Estos enfrentamientos, que se procesan en un ambiente de constantes inestabilidades, conllevan costos económicos por diversos motivos. Piénsese, por ejemplo, en los efectos distor­sionadores que provoca la ausencia de instituciones sólidas: la subvaluación de las exportaciones o la sobrevaluación de las im­portaciones por parte de las empresas mineras o petroleras para reducir el pago de impuestos o aranceles; las eventuales e incluso sorpresivas reducciones de la producción por parte de las empre­sas transnacionales para forzar mayores beneficios; la creciente presencia y accionar de intermediarios de todo tipo que dificul­tan las actividades productivas y encarecen las transacciones. Este tipo de problemas, que no agotan una lista de deformacio­nes y distorsiones que podría ser interminable, a la postre incluso podrían provocar la reducción de las inversiones sectoriales, al menos de las empresas más serias.

Por otro lado, depender tanto de la generosidad de la Natu­raleza margina los esfuerzos de innovación productiva e incluso de mercadeo, consolida prácticas oligopólicas, patrimonialistas y rentistas. Y estas prácticas, atadas a la creciente injerencia de las empresas extractivistas en los gobiernos, como se conoce hasta la saciedad, fortalecen a pequeños pero poderosos grupos oligár­quicos.

Además, la mayor erogación pública en actividades cliente­lares reduce las presiones latentes por una mayor democratiza­ción. Se da una suerte de pacificación fiscal(Schuldt, 2005), dirigida a intentar reducir la protesta social. Los altos ingresos del gobierno le permiten prevenir la configuración de grupos y fracciones de poder contestatarias o independientes, que estarían en condiciones de demandar derechos políticos y otros (derechos humanos, justicia, cogobierno, etc.), desplazándolos del poder. El gobierno puede asignar cuantiosas sumas de dinero para reforzar sus controles internos; incluyendo la represión de los opositores.

Una situación de abundancia relativa de recursos financieros puede permitir un manejo económico expansivo, que se comple­menta con endeudamiento externo. La búsqueda permanente de más recursos para financiar la economía, viene de la mano de los créditos externos.23 En este punto, entonces, asoma nuevamen­te el efecto voracidad, manifestado por el deseo de participar en el festín de los cuantiosos ingresos por parte de la banca, sobre todo internacional, sea privada o multilateral, corresponsable de los procesos de endeudamiento externo.24 Últimamente China concede cada vez más créditos a varios países subdesarrollados, particularmente de África y América Latina, con el fin de asegu­rarse yacimientos minerales y petroleros, o amplias extensiones de tierra para la producción agrícola, además de la construcción de importantes obras de infraestructura.

Como consecuencia de los elevados ingresos derivados de la ex­plotación de los recursos naturales y las abiertas posibilidades de fi­nanciamiento externo, los gobiernos tienden a relajar sus estructuras y prácticas tributarias. En muchas ocasiones despliegan una mínima presión tributaria y hasta dejan de cobrar impuestos, en particular el impuesto a la renta. (Por lo demás, la maldición ideológica neoliberal también desalienta el incremento de la presión tributaria.)25

En este punto cabe destacar el esfuerzo de algunos gobiernos progresistas, como el ecuatoriano o el boliviano, para mejorar la recaudación tributaria, incluso introduciendo esquemas más progresivos y equitativos.

De todas maneras, como reconoce Jürgen Schuldt (2005), el manejo poco exigente de las finanzas públicas “malacostumbra” a la ciudadanía. Y lo que es peor, “con ello se logra que la población no le demande al gobierno transparencia, justicia, representativi­dad y eficiencia en el gasto”. La permanencia de cuantiosos e in­equitativos subsidios, por ejemplo en los derivados del petróleo, se explicaría por esta mala costumbre, que es incluso asumida equivocadamente como una “conquista popular”.

La demanda por representación democrática en el Estado, nos recuerda el mismo Schuldt, surgió generalmente como con­secuencia de los aumentos de impuestos, por ejemplo, en Gran Bretaña hace más de cuatro siglos y en Francia a principios del siglo XIX. La lógica del rentismo y del clientelismo difiere de la lógica ciudadana, en la medida que inclusive frena e impide la construcción de ciudadanía.

Los gobiernos de estas economías primario-exportadoras no solo cuentan con importantes recursos −sobre todo en las fases de auge− para asumir la necesaria obra pública, sino que están en ca­pacidad de desplegar medidas y acciones dirigidas a cooptar a la población, con el fin de asegurar una base de gobernabilidad que les posibilite introducir las reformas y cambios que ellos consideran pertinentes. El clientelismo ahoga la consolidación de ciudadanía. Es más, cuando estas prácticas clientelares alientan el individualis­mo, con políticas sociales individualmente focalizadas −como las desarrolladas en esquemas neoliberales y que han continuado en los gobiernos progresistas− pueden llegar a desactivar las propues­tas y las acciones colectivas, lo que termina por afectar a las organi­zaciones sociales y lo que es más grave, al sentido de comunidad.26

Estas acciones desembocan, con frecuencia, en ejercicios gu­bernamentales autoritarios y mesiánicos que, en el mejor de los casos, pueden ocultarse detrás de lo que Guillermo O’Donnel ca­lificaba como “democracias delegativas”, o lo que hoy se conoce como democracias plebiscitarias.

Por otro lado, este tipo de gobiernos hiperpresidencialistas (neoliberales o progresistas), que atienden en forma clientelar las demandas sociales, constituyen el caldo de cultivo para nuevas formas de conflictividad sociopolíticas. Esto se debe a que no se aborda estructuralmente las causas de la pobreza y la margi­nalidad. Se redistribuyen partes de los excedentes petroleros o mineros, pero no se dan procesos profundos de redistribución del ingreso y los activos. Igualmente, los significativos impactos ambientales y sociales, propios de estas actividades extractivistas a gran escala, que se distribuyen inequitativamente, aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas autori­tarias.

Sin pretender que con esto se resuelva la insustentabilidad in­trínseca de la explotación de los recursos naturales no renovables, siguiendo la recomendación de Anthony Bebbington, una idea de sustentabilidad −al menos para la transición− debería ser cons­truida democráticamente. Los límites al desarrollo deben estar vinculados a la propia sociedad civil y su participación, no deben estar circunscritos a modelos donde los actores más poderosos −las transnacionales y los Estados, muchas veces en ese orden− son los que deciden. De este modo se pondría a discusión el uso de los recursos naturales y ésta sería una salida para la atmosfera antidemocrática que acompaña al mismo extractivismo.

En síntesis, la dependencia de recursos naturales no renova­bles, en muchas ocasiones, consolida gobiernos caudillistas, in­cluso autoritarios, debido a los siguientes factores:

• Débiles instituciones del Estado para hacer respetar las normas y capaces de fiscalizar las acciones gubernamenta­les.

• Ausencia de reglas y de transparencia que alienta la discre­cionalidad en el manejo de los recursos públicos y de los bienes comunes.

• Conflicto distributivo por las rentas entre grupos de poder, lo que a la larga, al consolidar el rentismo y patrimonialis­mo, disminuye la inversión y las tasas de crecimiento eco­nómico.

• Políticas cortoplacistas y poco planificadas de los gobier­nos.

• Ilusión de la riqueza fácil y abundante derivada de la ex­plotación y exportación masiva de recursos naturales, in­corporada como un ADN en amplios segmentos de la so­ciedad y los gobiernos.

Del desarrollismo senil al postextractivismo

A alguien −por mala fe o por ignorancia− se le podría ocurrir una peregrina idea: si la economía primario-exportadora genera y perenniza el subdesarrollo, la solución consistiría en dejar de explotar los recursos naturales. Obviamente, esa es una falacia. La maldición de los recursos naturales no es una fatalidad del des­tino, sino una elección. El reto radica en encontrar una estrategia que permita construir el buen vivir aprovechando los recursos naturales no renovables, transformándolos en “una bendición” (Stiglitz, 2006).

Entonces, la tarea pasa por elegir otro camino, que nos aleje de la maldición de los recursos naturales y de la maldición de las visiones ortodoxas que nos mantienen subordinados al poder transnacional. Por eso, una de las tareas más complejas es la cons­trucción y ejecución de una estrategia que conduzca hacia una economía postextractivista.

Esta nueva economía no surgirá de la noche a la mañana. In­cluso es complejo imaginarse la posibilidad de cerrar abrupta­mente los campos petroleros o mineros en explotación. Pero esa transición no será nunca una realidad si se siguen ampliando las actividades extractivistas y si no hay alternativas específicas para irlas reduciendo a través de una evolución adecuadamente pla­nificada. Por cierto que esa transición no es fácil en un mundo capitalista impensable sin las actividades extractivas como el pe­tróleo, minería, o forestal. Construir estas transiciones es la gran tarea del momento, en tanto convoca todas las capacidades del pensamiento crítico, así como de inventiva y de creatividad de las sociedades y las organizaciones sociales. Los esfuerzos para dar paso al postextractivismo en el Sur global deberían venir de la mano del decrecimiento económico27, o por lo menos, del creci­miento estacionario en el Norte global; tema que ocupa una cre­ciente preocupación en muchos países industrializados.

El camino de salida de una economía extractivista, que ten­drá que arrastrar por un tiempo algunas actividades de este tipo, debe considerar un punto clave: el decrecimiento planificado del extractivismo. La opción potencia actividades sustentables, que podrían darse en el ámbito de las manufactureras, la agricultu­ra, el turismo, sobre todo el conocimiento… En definitiva, no se debe deteriorar más la Naturaleza. El éxito de este tipo de estra­tegias para procesar una transición social, económica, cultural, ecológica, dependerá de su coherencia y, sobre todo, del grado de respaldo social que tenga.

De lo que se trata es dejar atrás las economías extractivistas de­pendientes y no sustentables, que son primario-exportadoras, so­breorientadas al mercado externo, des-industrializadas, con masi­vas exclusiones y pobreza, concentradoras del ingreso y la riqueza, depredadoras y contaminadoras. Lo que se quiere es construir eco­nomías sustentables, es decir, diversificadas en productos y merca­dos, industrializadas y terciarizadas con capacidad de generación de empleo de calidad, equitativas, respetuosas de las culturas y de la Naturaleza. En este punto conviene propiciar un reencuentro con las cosmovisiones indígenas en las que los seres humanos no solo conviven con la Naturaleza de forma armoniosa, sino que forman parte de ella.

Para lograr poner en marcha esta transición, que necesaria­mente será plural, es imperiosa una nueva y vigorosa institucio­nalidad estatal y una nueva forma de organizar la economía, así como una concepción estratégica para participar en el mercado mundial. Se requieren, por lo tanto, esquemas y organizaciones reguladoras, así como mecanismos debidamente establecidos que permitan procesar estas transiciones.28

En la mira está, entonces, la consecución de un nuevo perfil de especialización productiva para tener países con sostenimiento interno, en base a un consenso amplio de los diversos intereses. Para lograrlo hay que robustecer el mercado interno y el aparato productivo doméstico, así como generar estrategias de transición productiva que permitan que la actividad extractiva pierda im­portancia económica.

El reencuentro con la Naturaleza está también entre los puntos prioritarios de la agenda, lo que significa superar los esquemas y prácticas centradas en la explotación y apropiación de la Natura­leza. Tengamos presente que la humanidad entera está obligada a preservar la integridad de los procesos naturales que garantizan los flujos de energía y de materiales en la biosfera. Esto implica sostener la biodiversidad del planeta. Para lograr esta transfor­mación civilizatoria, la desmercantilización de la Naturaleza se perfila como indispensable. Los objetivos económicos deben es­tar subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas y las comunidades.

Esto obliga a mantener, sin destruir, aquellos territorios que poseen gran cantidad de valores ambientales y sociales, donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de biodiversidad: la Iniciativa Yasuní-ITT en Ecuador, es un ejemplo global.29 Tam­bién conduce a establecer el concepto de sustentabilidad fuerte (el capital económico no puede reemplazar íntegramente al “ca­pital natural”), como un nuevo paradigma de la forma de organi­zar la sociedad. Y también implica cambiar la contabilidad ma­croeconómica convencional por nuevos indicadores e índices de sustentabilidad.

De igual manera, se precisa una amplia y verdadera participa­ción social para enfrentar el reto del extractivismo a gran escala. Esto conlleva, imperativamente, a procesar una profunda y ra­dical redistribución de los ingresos mineros y petroleros, tanto como de otros ingresos y activos existentes en una economía. Las inequidades30 deben ser abatidas, puesto que éstas son la base de los autoritarismos de todo tipo en todos los ámbitos de la vida humana.

El tema de fondo radica en empezar por no seguir extendien­do y profundizando un modelo económico extractivista, es decir primario-exportador. El tratar de desarrollarse priorizando esa modalidad de acumulación primario-exportadora, que sobrevalo­ra la renta de la Naturaleza y no el esfuerzo del ser humano, que destroza sistemáticamente el medio ambiente y afecta gravemente las estructuras sociales y comunitarias, que prefiere el mercado ex­terno y descuida el mercado interno, que fomenta la concentración de la riqueza y margina las equidades, no ha sido la senda para el desarrollo de ningún país. Entonces, tampoco lo será para la cons­trucción de una opción posdesarrollista, como lo es el buen vivir o sumak kawsay.31

El buen vivir, al menos conceptualmente, se perfila como una versión que supera los desarrollos “alternativos” e intenta ser una “alternativa al desarrollo”; en síntesis, una opción radicalmente distinta a todas las ideas de desarrollo. Y que incluso disuelve el concepto del progreso en su versión productivista. Por lo tanto, el buen vivir sintetiza una oportunidad para construir otra socie­dad sustentada en la convivencia del ser humano, en diversidad y armonía con la Naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y en el mun­do. La parte intrínseca de esta propuesta, con proyección incluso global, está en dar un gran paso revolucionario que nos infunda a transitar de visiones antropocéntricas a visiones socio-biocén­tricas, con las consiguientes consecuencias políticas, económicas y sociales.

Definitivamente, por la vía del “desarrollismo senil” (Martínez Alier, 2008), es decir manteniendo y peor aún profundizando el extractivismo, no se encontrará la salida a este complejo dilema de sociedades ricas en recursos naturales, pero a la vez empobre­cidas.

CITAS

1 Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la Facultad Latinoame­ricana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador. Ex Ministro de Ener­gía y Minas. Ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex asambleísta constituyente. Nota: En este texto el autor recoge y sintetiza varios de sus trabajos anteriores.

2 Son varios los tratadistas que construyeron, desde varias ópticas, este “fata­lismo tropical”. Entre otros podemos mencionar a Michael Gavin, Michel L. Ross, Jeffrey Sachs, Ricardo Hausmann, Roberto Rigobon e Ivar Kolstad.

3 A pesar de tener tanta historia como modalidad de acumulación, la palabra “extractivismo” no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Len­gua Española.

4 Es un error asumir que el extractivismo existe solo cuando se extraen re­cursos minerales o hidrocarburíferos. Hay muchas experiencias de prácticas igualmente extractivistas en la explotación de madera o en la agricultura de monocultivo. Sobre el caso del café en Colombia, por ejemplo, se puede consultar en Oeindrila Dube y Juan Fernando Vargas (2006).

5 Raúl Zibechi ve en el extractivismo de estos gobiernos progresistas una se­gunda fase del neoliberalismo (2011).

6 Ver el valioso aporte de Schuldt (2005). También se puede consultar en Schuldt y Acosta (2006), así como en Acosta (2009).

7 Desarrollo sustentable es aquel proceso que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Para la construcción del buen vivir hay que ir incluso mucho más allá del desarrollo sustentable, hay que asumir a la Naturaleza como sujeto de derechos.

8 Un sugerente aporte para desmontar los mitos de la megaminería transna­cional es el elaborado en Argentina por el Colectivo Voces de Alerta (2011).

9 El término “mal holandés” o “enfermedad holandesa” surge en la década de los 1970, como su nombre indica, en los Países Bajos donde el descubri­miento de yacimientos de gas incrementaron fuertemente las divisas en el país. Esto generó la apreciación de la moneda holandesa, el florín, perjudi­cando la competitividad de las exportaciones de productos manufacturados.

10 Recordemos que las rentas ricardianas son aquellas que se derivan de la ex­plotación de la Naturaleza, más que del esfuerzo empresarial, a diferencia de las utilidades que derivan del esfuerzo y creatividad (“productividad”) de la mano de obra.

11 Al inicio de la primera gran crisis global del siglo XXI, cuando cayeron los precios del petróleo y los minerales, en muchos países se reforzaron las ten­dencias para aumentar el volumen producido y para ofrecer compensacio­nes a las empresas por los menores ingresos obtenidos.

12 La lista de textos sobre estos procesos de endeudamiento y crisis es larga, bastaría con revisar en Ugarteche (1986), Vilate (1986), Calcagno (1988), Marichal (1988) o Acosta (1994).

13 La energía nuclear no supone una liberación del modelo extractivista. Por un lado, es indispensable conseguir la materia prima, el uranio, y por otro lado, esta energía es usada para sostener e incrementar las mismas activida­des extractivas, como sucede normalmente con el desarrollo de grandes re­presas hidroeléctricas y por cierto, de las plantas que emplean energía fósil.

14 El Banco Mundial aupó el ingreso de la minería a gran escala durante la época neoliberal y todavía sostiene que la extracción masiva de recursos na­turales es positiva. Ver Sinnott, Nash y de la Torre (2010).

15 Este autor aborda la realidad venezolana desde el gobierno del general Juan Vicente Gómez hasta antes del gobierno del coronel Hugo Chávez Frías.

16 Sobre los pasivos de la industria petrolera véase, por ejemplo, el aporte de Fander Falconí (2004).

17 No se trata exclusivamente de la ciudadanía individual/liberal. Pues, desde la lógica de derechos colectivos se abre la puerta a ciudadanías colectivas, a ciudadanías comunitarias. Por igual, los derechos de la Naturaleza necesitan y a la vez originan otro tipo de ciudadanía, que se construye en lo individual, en lo social colectivo, pero también en lo ambiental. Ese tipo de ciudadanía es plural, ya que depende de las historias y de los ambientes, acoge criterios de justicia ecológica que superan la visión tradicional de justicia. Eduardo Gudynas (2009) denomina a estas ciudadanías como “meta-ciudadanías ecológicas”.

18 En los términos que lo planteó Eric J. Hobsbawm (1981).

19 A modo de ejemplo, basta con analizar la realidad de aquellos países ubi­cados en el Golfo Pérsico o Arábigo, que pueden ser considerados como muy ricos en términos de acumulación de ingentes depósitos financieros y con elevados niveles de ingreso per cápita. Sin embargo, de ninguna ma­nera pueden incorporarse en la lista de países desarrollados: los niveles de inequidades registrados son aberrantes, la ausencia de libertades es notoria, la intolerancia política y religiosa está a la orden del día. Muchos de sus gobiernos no solo que no son democráticos, sino que se caracterizan por profundas prácticas autoritarias; Arabia Saudita, una monarquía con rasgos medievales, sería un ejemplo paradigmático de una lista bastante larga.

20 En las zonas mineras del Perú, país al que se pretende poner como ejemplo de apertura minera, las violaciones a los derechos humanos se han multipli­cado en forma exponencial. En este país los conflictos mineros y petroleros, sobre todo los primeros, superan más del 80% de todos los conflictos so­ciales registrados (De Echave, 2008, 2009). Lo que aconteció en Bagua, en junio del 2009, es apenas uno de los episodios más difundidos de una larga cadena de represión y violación sistemática de los derechos humanos. En Colombia, un país azotado por una cruenta y larga guerra civil, cerca del 70% de los desplazamientos forzados ocurridos entre 1995 y 2002, se pro­dujeron en áreas mineras. En Ecuador, los más graves casos de violaciones de los derechos humanos ocurridos en los últimos años están relacionados con empresas mineras transnacionales y por supuesto, con las actividades petroleras.

21 Nigeria confirma esta aseveración: allí se registró una larga y dolorosa gue­rra civil por el control del crudo y posteriormente, una aguda represión en contra de los Ogoni. Luego del colapso de la Unión Soviética la violencia no cesa en los países del Cáucaso, ricos en hidrocarburos: Turkmenistán, Kaza­jistán, Azerbaiyán, Georgia, Osetia, Daguestán o Chechenia.

22 Para ilustrar este último caso bastaría con mencionar la agresión militar norteamericana a Irak y Afganistán, en ambos países buscando el control de las reservas petroleras y gasíferas. La intervención de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) en Libia en el año 2011, podría ubicarse también en este campo de agresiones imperiales efectuadas para controlar el petróleo y uno de los mayores yacimientos de agua en el mundo.

23 Así, por ejemplo, Ecuador, como nuevo rico petrolero, pudo conseguir cré­ditos más fácilmente que cuando era apenas un pobretón bananero. En ple­no auge económico de los años setenta en el siglo XX, su deuda pública, particularmente externa, creció más que proporcionalmente en relación al boom petrolero propiamente dicho (es cierto que también creció por condi­ciones externas derivadas de las demandas de acumulación del capital).

24 Ver Osmel Manzano y Roberto Rigobon (2001), a más de la lista de autores citada anteriormente, quienes abordan el tema de la deuda externa.

25 En Ecuador, uno de los gobernantes militares de la época del boom petrolero en la década de los 1970, el general Guillermo Rodríguez Lara, se vanagloria como uno de los logros de su gestión el no cobro de impuestos.

26 Los diversos proyectos Socio País del gobierno de la “revolución ciudada­na” en Ecuador estarían provocando, consciente o inconscientemente, estos efectos. Adicionalmente cabría mencionar que este gobierno trata abierta­mente de debilitar y dividir a los grandes movimientos sociales, sobre todo al indígena, que son férreos opositores a la expansión de las actividades ex­tractivistas.

27 Incluso en el Sur global hay pensadores que plantean estas cuestiones para deconstruir la economía, véase Leff (2008).

28 En los últimos años se ha empezado a discutir cada vez más sobre cómo impulsar estas transiciones. Son varios los autores que han aportado diversas ideas y sugerencias en este campo, entre otros: Eduardo Gudynas, Joan Mar­tínez Alier, Enrique Leff y Roberto Guimarães. A modo de ejemplo concreto, véase el aporte múltiple editado por Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas en Perú (2011). Algunos aportes sugerentes para construir estas transiciones se podrían obtener del informe sobre el tema elaborado por OXFAM (2009). El autor de estas líneas también ha planteado algunas reflexiones para la construcción de una economía pospetrolera (Acosta 2000 o 2009). Cabe anotar que en el año 2000 se publicaron, por parte de varios autores, varias propuestas para construir un “Ecuador pospetrolero”.

29 Ver en Martínez y Acosta (2010). Esta iniciativa se enmarca en una propues­ta de moratoria en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana que fue formu­lada en el año 2000, en el libro de varios autores, El Ecuador Post Petrolero.

30 Inequidades del tipo económica, social, intergeneracional, de género, étnica, cultural, regional, especialmente.

31 De una bibliografía cada vez más amplia sobre el tema podemos sugerir: Acosta y Martínez (2009), Acosta (2010). Otro texto que permite englobar este debate en un contexto más amplio es el de Tortosa (2011).

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