CRIMINALIZACIÓN Y BUEN VIVIR. (I) por Mario Unda

El tratamiento a la  conflictividad  social en la era  de  la  “revolución  ciudadana” (parte I)*

Revista R <www.revistar.com.ec>


Una  introducción necesaria

 Un debate ¿sorpresivo?

 En marzo de 2012, el Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar dio a conocer el Informe sobre Derechos Humanos. Ecuador 201146. En mayo, el gobierno desató la tormenta. Se sucedieron cadenas de la Secretaría de Comunicación (Secom) y enlaces sabatinos de Rafael Correa, a más de pronunciamientos de otros altos funcionarios. En las cadenas de la Secom  se aseguraba que  los  planteamientos del  informe “no  tienen  ninguna base investigativa”, que  “no son más  que  una  recopilación  de un boletín de prensa de la Conaie, de unas cuantas páginas de un sindicalista petrolero despedido por sus abusos” (‘abusos’, que,  por  cierto,  no se explican),  “de un periodista informante de la  embajada  norteamericana  que  defiende  la  empresa  como  medio  de comunicación”, “y de un informe del ex defensor del pueblo, que  se refiere  a temas particulares”. “Una nueva vergüenza para  la universidad ecuatoriana”, concluía47.

 Por su parte, la prensa gubernamental presentó así a los coautores del libro enla edición  del  sábado 12 de  mayo:  “DD.HH. vistos  por  actores  políticos”, decía un titular. El subtítulo ponía:  “Un ex dirigente de un partido político de centro-derecha, un ex sindicalista de la estatal Petroecuador y un miembro de Acción Ecológica, ONG que fuera suspendida temporalmente en 2009, son coautores de informe sobre Derechos Humanos  en  el  país”; luego especificaba:  “Entre  los  académicos  que participaron en la elaboración están un ex miembro de la Democracia Popular, (hoy de Pachakutik) y profesor universitario, Julio César Trujillo; un ex dirigente sindical de  Petroecuador,  que  fue  despedido,  Diego  Cano,  quien  llamó  a  tomarse  la Asamblea el 30 de septiembre de 2010. Otro coautor es Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica, que en 2009 fue suspendida, de la cual es parte Alberto Acosta, opositor al régimen”48.

 El mismo  sábado 12, en su ‘enlace ciudadano’, Correa  afirmó:  “Lo que  dice ese  informe y  la  fuente   en  la  que  se  basa…  ¡qué  vergüenza!”, y, fiel a su estilo, añadió: “Senescyt [refiriéndose a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación]: ¡tome cartas en el asunto! No podemos tener estos fraudes académicos”49. El sábado 19 aún  va a insistir:  “compilación de pasquines sin ninguna rigurosidad académica, mentiras abiertas para tratar de hacer daño al Gobierno”50. En seguida dirigió sus dardos sobre  el rector  de la universidad: “Señor rector Ayala Mora, usted puede decir que esto no es en contra del gobierno pero ni usted  mismo  se  lo  cree,  esto  es  una  conspiración  de  pasquines  sin  ninguna rigurosidad académica, mentiras abiertas para  tratar de hacer  daño  al gobierno. […] Que esto lo auspicie una universidad es una verdadera vergüenza, esto es deshonestidad académica, esto es un fraude académico. Incluso voy a revisar si nos podemos quejar con la Comunidad Andina porque la Universidad Andina Simón Bolívar es una universidad de la Comunidad Andina y no podemos tener una universidad que se dedique a hacer politiquería barata en vez de hacer academia”51.

  El motivo de tanta ira fue la referencia en el Informe a la criminalización de la protesta social. La tesis correísta es que no puede hablarse de criminalización porque  “en   Ecuador  se  persiguen  delitos,  no  personas”,   como   tituló   una   nota   de   El Ciudadano52  reseñando un discurso de Correa el 31 de marzo. “En Ecuador no hay acusaciones (contra dirigentes indígenas), no  hay  juicios,  no  hay  nada   […]”,  dijo Correa  y, de  acuerdo a la  reseña,  ‘precisó que  de  los  42 casos  receptados en  los órganos de justicia, 38 permanecen en investigación. El Mandatario precisó que solo hay cuatro casos judicializados: dos por parte de instituciones privadas, donde el gobierno no tiene nada que ver; y dos casos por parte del Estado, que están en etapa de juicio. «Uno ya lo perdió el Gobierno contra un dirigente indígena que cerró las carreteras cortando árboles», agregó. El otro juicio que lleva adelante el Estado es por el asesinato del dirigente indígena Bosco Wisuma, ocurrida en septiembre de 2009. «¿Ustedes creen que un asesinato es protesta social?», se preguntó [Correa]; y respondió:   «En   un   Estado   de   derecho,   un   asesinato   no   puede   dejarse   de  judicializar»’. El 26 de mayo  volvió a insistir  en el mismo  tema53.

 Mucho habría que discutir sobre esta argumentación, pero, por ahora, señalemos solamente que, si la hemos entendido bien, la posición oficial sostiene que no existe criminalización de la protesta, sino persecución de delitos. Sin embargo, aunque parezca fuerte y contundente, esa es una aproximación formal, apenas superficial. Porque ocurre que  los ‘delitos’ no son entidades abstractas, construidas fuera  de la historia, que hayan aparecido de la nada ni que estén allí desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Quién y por qué define qué conducta es un delito, cómo vigilarla y cómo por qué castigarla? Todo esto queda en las sombras. Pero también otro presupuesto de la versión oficial se queda en las sombras, y presenta como única prueba su propia enunciación: el presupuesto de que por criminalización hay que entender exclusivamente lo que el gobierno dice que es. Así que la pregunta resulta obvia: ¿acaso esa, la versión oficial, es la única manera de entender la criminalización, o por lo menos la más ajustada a los procesos en marcha? En diciembre de 2011, al término del período de Fernando Gutiérrez ‘un reconocido defensor de los derechos humanos’, la Defensoría del Pueblo dio a conocer un informe que muestra una perspectiva bastante distinta54. El documento no tuvo la circulación que merecía, y el nuevo defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, procuró ponerlo rápidamente a un costado, afirmando que  “hay conclusiones que  ciertamente son  fuertes en tanto se plasma en un momento en donde tenemos que fomentar el diálogo y no ayuda a fomentar el diálogo ciertas afirmaciones que hace el informe” 55.

 

El informe de la Defensoría del Pueblo (y algunos comentarios)

 Como el gobierno ha dicho que el informe de la Defensoría del Pueblo se refería a hechos particulares [¿?], conviene revisar lo que este informe en realidad dice al respecto. Desde la perspectiva del documento, la criminalización engloba (p. 5) un  conjunto de acciones  desplegadas por  ‘actores estatales y otros’ encaminadas a “la  deslegitimación y sanción de  ciertas  conductas” que,  añadimos nosotros, son cultural y socialmente propias de las expresiones de protesta social. De acuerdo con esto, son igualmente mecanismos de criminalización el discurso deslegitimador (p.22 y ss.), las normas administrativas de control (pp. 14 y ss.), las reformas legales de ‘tipificación de conductas’ y ‘aumento de penas’ (pp. 20 y ss.), la represión policial y militar (pp. 42 y ss.) y los procesos judiciales (pp. 30 y ss.). Vale decir: atender al proceso en su conjunto y no únicamente a los sucesos (tal o cual discurso, tal o cual norma, tal o cual reforma legal, tal o cual acción represiva, tal o cual enjuiciamiento).

 El discurso deslegitimador no es un componente puramente retórico; en cierto sentido resulta ser el punto de partida de la criminalización. El discurso establece  (por ejemplo  en los ‘enlaces ciudadanos’ de cada  sábado), de manera estereotipada, el campo de los enemigos del poder y, por lo tanto, de la sociedad. Señala al odio público los  ‘enemigos’  de  ‘los  cambios’, de  ‘los  avances’, del  ‘desarrollo’,  de ‘nuestra revolución’, etc.  De  esta  manera, aquellos sectores  y organizaciones que reciben el anatema oficial56, son excluidos de la legitimidad reconocida, vista como única  y  universal;  el  efecto  es  que  se   lanza  sobre  ellos  el  desprecio  y  la animadversión social, legitimando, por lo tanto, toda acción represiva, sea esta pasada, presente o futura. Hay sobrados ejemplos.

 Las normas administrativas se generan para colocar las organizaciones y la acción social bajo la supervisión, el control y la pesquisa del Estado. Recuérdese, a título   de   ejemplo,   el  reglamento  de   las  ‘organizaciones  de   la  sociedad  civil’ presentado por la Secretaría de Pueblos en diciembre de 2010: allí se ponía la existencia misma de las organizaciones bajo la decisión personal de presidente de la república. Pero en este mismo rubro debería incluirse la reinterpretación correísta sobre la participación, rebajada a consulta, y la consulta  reducida a ‘socialización‖ de la política gubernamental57.

 Las reformas legales que tipifican y penalizan conductas de protesta social (o el recurso a legislación anterior en el mismo sentido) son, de un modo más directo aún, instrumento de criminalización, pues es el acto en que, desde el gobierno, se impulsa la identificación de acciones que histórica y culturalmente se han desarrollado como parte de la movilización social con delitos graves, como el terrorismo y el sabotaje o el atentado contra la seguridad del Estado, y se les fija una muy dura punición. Pero en este punto es ineludible aludir al origen anticomunista de esta concepción. En efecto, la presencia de las figuras de terrorismo y sabotaje en el código  penal  está ligada  a la ‘ley de seguridad nacional’, vinculada a su vez a las dictaduras genocidas y cuasifascistas de las décadas de 1960 y 1970 impulsadas por el   Departamento   de   Estado   Norteamericano   y   por   la   CIA.   ¿Un   gobierno ‘progresista’ recurriendo a una legislación reaccionaria?

 La represión policial y militar es ya el ejercicio de la represión directa sobre las acciones de protesta e inconformidad. El régimen actual ha utilizado, en varias ocasiones, una represión desmedida, que no tenía relación con las protestas ni con la cantidad de manifestantes (por ejemplo, en Las Naves, en Río Grande, etc.).

 Habría que añadir aquí, a nuestro modo de ver, aquellas acciones de ejercicio estatal de espionaje (por ejemplo, en marzo de 2012, durante la marcha por la vida, denunciadas en su momento por la dirigencia indígena58; o en octubre de 2011, vinculadas a las  ―renuncias obligatorias‖ de  miles  de  trabajadores  públicos59). En ambos casos, el espionaje, y el anuncio de su utilización, han llegado acompañados de claros discursos de deslegitimación (la marcha indígena fue presentada como ‘desestabilizadora’, los trabajadores despedidos, como ‘corruptos’ y ‘vagos’, etc.60 El espionaje como herramienta de control no es, obviamente algo nuevo, pero sí corresponde a este gobierno la jactancia pública de utilizarlo.

 Finalmente, la judicialización, las acusaciones formales, el inicio de indagaciones fiscales, causas penales y juicios resulta la consecuencia lógica de una política represiva como la señalada. Implica, finalmente, que el conjunto del aparato estatal es puesto al servicio de la criminalización de la protesta: la Asamblea, por la aprobación de leyes; el Ejecutivo, con el ejercicio de la represión militar, policial y simbólica; el sistema judicial, asegurando el envío de los rebeldes a la cárcel.

 La conclusión a la que llega el informe de la Defensoría del Pueblo no se presta a interpretaciones: “La Defensoría del Pueblo, a través de esta investigación, ha determinado  la  existencia  de  una  política  de  criminalización  que  surge  desde  diferentes actores, tanto estatales como privados, frente a las omisiones del primero”61.

 

*     Mañana, segunda parte : una cronología de  enero de  2010 a abril de  2012

  

NOTAS

 46 Programa Andino de Derechos Humanos (compilador). Informe sobre derechos humanos. Ecuador 2011. Universidad Andina Simón Bolívar.  Sede Ecuador,  Quito, 2012  (http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF

/Actividadespadh/Informedhvimpreso.pdf).

47http://www.youtube.com/watch?v=ITJVNTIPIow (publicado el 14 de mayo).

48http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=39126&Itemid=2. Y el domingo 13 de mayo insistía,  casi repitiéndose: ―Entre los académicos que  participaron están  un ex miembro de la Democracia Popular, Julio César Trujillo; el ex dirigente sindical Diego Cano, quien llamó a tomarse la Asamblea el 30 de septiembre de 2010; Ricardo Buitrón, miembro  de   Acción   Ecológica   y   el   opositor  Alberto  Acosta‖      http://www.telegrafo.com.ec  /index.php?option=com

_zoo&task=item&item_id =39203&Itemid=2.

49http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32495:presidente-critica-informe-sobre- dd-hh-de-universidad-andina-video&catid=40:actualidad&Itemid=63

50http://www.ecuadorenvivo.com/2012051991822/politica/correa-_informe_sobre_ddhh_de_universidad_andina_

es_una_compilacion_de pasquines_.html

51http://www.elcomercio.com/sociedad/Resumen-Tabacundo-Enlace-Presidente-Rafael_0_703129724.html.

52http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=31711:en-ecuador-se-persiguen-delitos-no- personas-&catid=40:actualidad&Itemid=63

53http://www.nodo50.org/opcion/02/la_sabatina_del_26_de_mayo.php

54  Ver: Defensoría del Pueblo: Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador:  desafíos  para  un  Estado  constitucional  de  derechos,  DPE,  Quito,  2012.  Puede  consultarse  en  la  página  de  la Defensoría:  http://www.dpe.gob.ec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=82&view=viewcategory&catid=14; también las   de   Inredh:    http://www.inredh.org/archivos/pdf/   escenarios_criminalizacion_defensoresydefensoras.pdf   y   Cedhu: http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=116:informe-de-criminalizacion-a-defensores-y- defensoras-de-ddhh-y-de-la-naturaleza&catid=30:criminalizacion-de-la-protesta-social&Itemid=7.

55http://www.ecuadorenvivo.com/2011122283662/politica/informe_sobre_criminalizacion_de_la_p rotesta _social_sera_revisado_dice_defensor_del_pueblo.html

56http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm: anatema. (Del lat. anathēma, y este del gr. ἀνάθημα).1.amb. excomunión(‖acción y efecto de excomulgar). 2.amb. Maldición, imprecación. 3.amb. En el Antiguo Testamento, condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios. 4. m. Persona o cosa anatematizada‖. ().

57Correa lo ha expresado en varias ocasiones,  por  ejemplo,  en el ―enlace ciudadano‖  del  sábado 28 de  abril  de  2012. Asó lo reseña la agencia oficial Andes: La consulta previa, mandato constitucional para los proyectos de desarrollo nacional, somete a las poblaciones de las zonas de influencia a procesos de socialización y busca promover acuerdos con esas comunidades, pero sus resultados «no son vinculantes», dijo Rafael Correa, presidente del Ecuador, desde el cantón amazónico Cascales, donde desarrolló el enlace ciudadano 269. «La consulta previa no es consulta popular», explicó el presidente, «es buscar consensos, es socializar». «Las ong buscan que la consulta previa sea consulta popular y que sea vinculante, eso significa que para dar cualquier paso vamos a tener que pedir permiso a la comunidad, eso es gravísimo, eso no dicen los tratados internacionales, no es velar por los intereses de las mayorías sino de la unanimidad, sería imposible gobernar así». El artículo 398 de la constitución ecuatoriana dicta  que  ―toda decisión deberá ser consultada a la comunidad, el sujeto  consultante será el Estado, (…) el Estado valorará la opinión de la comunidad (…) si el referido proceso de consulta resulta en una  oposición, la decisión de ejecutar el proyecto será adoptada por la instancia administrativa superior, de acuerdo con la ley‖ (http://andes.info.ec/pol%C3%ADtica/1928.html).

58  Reportes periodísticos, remitiéndose a documentos oficiales, muestran que la Unidad de Gestión de Seguridad Interna, adscrita a la presidencia de la República realizó  ―actividades de inteligencia relacionadas con la movilización‖ (ver: http://www.elperiodicodelecuador.com/?p=14972;        http://www.eluniverso.com       /2012/05/15/1/1355/       operativos- inteligencia-grupos-politicos.html).

59  Correa, durante uno  de  sus  ―enlaces ciudadanos‖, reveló  complacido que  la oleada de  despidos fue  ―fruto de  meses  de investigación‖, que  le  permitieron al  gobierno comprobar la  presencia de  empleados ―que no  querían trabajar las  horas completas, que marcaban tarjeta  y se iban a trabajar en otro lado,  que trataban mal a los pacientes‖ (http://www.eluniverso.com/2011/11/02/1/1355/inteligencia-policial-infiltro-hospitales-definir-despidos.html).

60http://www.eluniverso.com/2011/11/02/1/1355/inteligencia-policial-infiltro-hospitales-definir-despidos.html,     cit.     Los

despidos, según Doris  Solíz, se habrían producido porque los trabajadores estaban ya en edad de jubilarse,  por   ―actitudes de corrupción o por negligencia e ineficiencia, lo cual perjudicaba al sector‖ (íbid.); ver también: http://www.elcomercio.com/negocios/debate-despidos-enciende-Corte-silencio_0_583741784.html. En febrero de 2012, antes de iniciarse la marcha, Correa afirmó  que ―Tratan de desestabilizar al Gobierno. Es su última oportunidad, se les pasa esta vez y ya  nadie nos  para  en  las  elecciones del  próximo año‖ (ver:  http://www.safiqy.org/ noticias/5745-indigenas-de-ecuador- convocan-a-marcha-de-protesta-contra-correa-el-8-marzo.html)

61 Defensoría del Pueblo, ob. cit., p. 53.