SAN PABLO DE AMALÍ : TRIUNFA EL PUEBLO Y PIERDE EL GOBIERNO Edgar Isch L.

 

 Él día de hoy, 5 de diciembre, en el Tribunal de Garantías Penales de la Provincia de Bolívar, la política represiva del gobierno tuvo una derrota importante. A pesar de la absurda acusación de terrorismo y sabotaje, contra dos dirigentes campesinos opuestos con métodos pacíficos a la construcción de la presa de Hidrotambo, se había ordenado su prisión. El día de hoy, la apelación acompañada de la movilización comunitaria, permitió demostrar la injusticia planteada y lograr el retiro de la orden de prisión solicitada por el fiscal y dispuesta por el Juez Quinto de lo Penal.
 
La Comunidad de San Pablo de Amalí (parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes) desde hace diez años sufre una serie de engaños, hostigamiento, y hasta la amenaza de tener que abandonar sus tierras desde que la Compañía Hidrotambo S.A. que en 2003 obtuvo la concesión de casi la totalidad del caudal del río Dulcepamba sin consultar a unas 45 mil personas que viven a lo largo de las riberas del rio y que toman de su agua para consumo doméstico y asegurar la soberanía alimentaria. Estos usos, de acuerdo al orden de prioridad establecido por la Constitución, son los primeros y solo en último lugar están los usos productivos y económicos.
 
Constantemente en la provincia se recuerda que en campaña electoral Rafael Correa les ofreció respetar la decisión que sobre Hidrotambo tomaran los comuneros. Sin embargo, esto no se hizo y como en toda megaobra llevada por las empresas privadas que buscan tener como cliente al Estado, se buscó la división comunitaria, la propaganda engañosa y la amenaza. Ello se complementó con un caso más de defensores de la naturaleza y de los derechos de los pueblos acusados de terrorismo, cuando se opusieron al nuevo Contrato de Permiso para la Construcción, Instalación y Operación del Proyecto Hidroeléctrico San José del Tambo, suscrito entre Conelec y la Compañía Hidrotambo S.A. el 8 de marzo de 2012, que contiene clausulas inconstitucionales como la 27 que otorga impunidad a la empresa por los daños causados:
El concedente libera al titular del permiso de toda responsabilidad, por los daños y pasivos ambientales causados con anterioridad a la celebración del contrato de permiso de auto-generación con venta de excedentes que se celebró el 12 de septiembre de 2005…” (cláusula vigésima séptima).
 
Manuel Trujillo y Manuela Pacheco son los dirigentes acusados que tenían orden de captura y el día de hoy esperaban los resultados de la apelación presentada. Como quien quiere ocultar la verdad, la Corte tuvo reunión reservada pero no pudo frente a los argumentos de la defensa llevado por los abogados Luis Vallejo y Washington Yánez, quienes vienen demostrando que se trata de un caso más de persecución política y de intromisión del gobierno en la justicia.
 
En momentos del receso de la audiencia, los campesinos y sus organizaciones contaron con el apoyo solidario del binomio conformado por Alberto Acosta y Marcia Caicedo y los candidatos de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas a nivel nacional y provincial. Tras conocer el resultado de la Corte, los luchadores populares se incorporaron al taller provincial de desarrollo del programa de gobierno unitario, evento que se centró en escuchar las propuestas y opiniones de representantes de organizaciones y barrios y comunidades de la provincia. 
 

El juicio no ha terminado, pero este es un paso importante para desbaratar la acusación de terrorismo. Es también una buena lección cuando el próximo 10 de diciembre se enfrentará también el injusto proceso contra los presos políticos hoy conocidos como los 10 de Luluncoto, que sufren un juicio que pretende sancionar al pensamiento rebelde y a quienes no se amedrentan ante el autoritarismo del gobierno. La movilización solidaria es fundamental para lograr la justicia cuando el gobernante pretende imponer sus compromisos con los grandes empresarios envueltos en demagogia y amenazas.