LA BANALIDAD DEL BIEN. por Napoleón Saltos Galarza

diciembre 2012

 

La corrupción, fuente deslegitimadora de Gobiernos, Administraciones y sistemas político-administrativos.

 

La denuncia de la corrupción ha sido tradicionalmente un arma eficaz para deslegitimar a los gobiernos. Sin embargo en la actualidad ha perdido fuerza: el poder actúa más allá de la denuncia.[1]

La ética tiene tiempo. Empieza a producirse un desplazamiento desde la centralidad del juicio en la decisión ética, como señala la tradición kantiana, continuada por autores como Hannah Arendt o, en nuestros tiempos, Jürgen Habermas, Adela Cortina, etc.; a la centralidad de la actuación. El demiurgo es la racionalidad cínica. Cuando Leipart[2] decide, la angustia se enreda en el juicio; ahora la acción se realiza a pesar o más allá del juicio.

No hay que confundir los procesos hasta borrar el carácter propio de las nuevas realidades. El poder en el capitalismo tardío pone en juego dispositivos inversos a los utilizados por el fascismo.

Cuando Hannah Arendt[3] investiga cómo se implantó el nazismo sin resistencia de la gente común alemana, concluye que el dispositivo fundamental fue la “banalidad del mal”, ligada a la estrategia del “mal menor”. Este dispositivo funciona por la reducción del lado repelente del mal, al fraccionarlo en acciones que afectan a sectores que no son reconocidos como iguales. El problema no está en Auschwitz, en el desenlace del holocausto, sino en el punto de partida, en donde los buenos aceptan o no actúan ante los actos agresivos de las nacientes bandas nazis, hasta que éstas se van afianzando y ganan suficiente fuerza para ampliar el dominio con nuevas formas de propaganda y atemorizamiento.

Actualmente el dispositivo de dominio se asienta en la “banalidad del bien”, que opera en los gobiernos “progresistas” de América Latina, por la proclamación de cualquier cambio fraccionado o sectorial como el acto revolucionario supremo, a partir de la estrategia gradual de las etapas. Y en los gobiernos neoliberales de los países del centro, por el anuncio del mal necesario para que llegue el bien, la renovada doctrina del shock. La cuestión está en la metamorfosis de la antigua estrategia del mal menor en la nueva estrategia del bien menor, en la satisfacción por cualquier tipo de acto propagandeado como la confirmación de que el proceso avanza.

Si los medios denuncian un caso de corrupción de los allegados del régimen, operan dos dispositivos desde el poder oficial: uno, de relativización del hecho hasta convertirlo en su contrario, la victimización del culpable; y otro, de distracción con la introducción de nuevos temas en la agenda pública-publicada.

El fascismo se constituyó en la disolución del ethos romántico y el imperio de la razón instrumental. Ahora el imperio de la razón cínica produce la banalización del bien en el nombramiento como tal a todo acto que favorezca al poder. En la sociedad del conocimiento, la actuación se realiza con información controlada por el poder.

Ambos procesos tienen en común el tratamiento de la política como guerra, como la subyugación de las conciencias a las razones del poder.

La corrupción no es un acto aislado; está ligada a la red de poder. Se presenta como un proceso en el que participan actores públicos y privados, investidos de poder. Robert Klitgaard[4] define la corrupción en la fórmula C = M + D –T; en donde  Corrupción es igual a Monopolio más Discrecionalidad menos Transparencia.

El problema no se agota en el hecho corrupto, sino que se amplía en la formación de campos de impunidad; por ello se vuelve estructural.

Desde el punto de vista de la economía política la corrupción política (pública y/o privada) se presenta como un dispositivo de ejecución y aceleración de la acumulación originaria de capital en manos de nuevas fracciones de poder.

Giovanni Arrighi[5] diferencia tres campos en la economía moderna: el campo del mercado, en el que actúa la ley de la oferta y la demanda; el campo del supramercado, en donde operan las decisiones desde el poder, más allá de las leyes del mercado y en el sitio de la leyes del capital; el campo del submercado, en donde tampoco rigen las leyes del mercado, sino razones de supervivencia y solidaridad. El campo del supramercado es el campo del gran capital; allí el poder de los monopolios supera las barreras de los controles, el poder se convierte en la capacidad de definir el Estado de “excepción”,[6] es decir de colocar la decisión como fundamento de la norma.

En este sentido, la lucha contra la corrupción y por una ética pública requiere un poder autónomo. Los controles ejercidos desde los órganos del Estado tienen un límite en su propio origen. Se requiere un poder capaz de rebasar la frontera impuesta por la racionalidad cínica.

En el funcionamiento del sistema político, la legitimidad corresponde al momento de la descarga (output) y está ligada al subsistema de las motivaciones. Por ello se puede abrir una crisis de legitimidad del poder desde la resistencia de los actores sociales: los movimientos sociales se constituyen en el campo de la desobediencia civil, que se estructura en la brecha abierta por la crisis política entre la legalidad y la legitimidad.

 


[1] En el Ecuador, en estos días la agenda ha estado centrada en la denuncia del caso COFIEC (un banco incautado, bajo el control del Gobierno) en el que estaría involucrado el primo del Presidente Rafael Correa, Pedro Delgado, que ejercía el cargo de Gerente del Banco Central. El primer capítulo fue la denuncia de la entrega de un crédito del COFIEC sin garantías, a un recomendado del poder. El segundo capítulo fue la denuncia de la compra de una casa en Miami por Pedro Delgado, sin que pueda justificar la proveniencia de los fondos. El tercer capítulo fue la denuncia de manejos de bienes incautados en regímenes anteriores.  El último episodio fue la prueba de que el exGerente habría mentido que poseía el título de Economista. A pesar de ello, el Presidente de la República ha ejercido una fuerte defensa del primo, presentándolo como víctima de la prensa “corrupta”.

[2] Se trata de un caso histórico. A finales de 1932 la última esperanza del régimen constitucional en Alemania era un Gobierno encabezado por un militar de prestigio, el General Von Schleicher como nuevo Canciller. Éste comprendió que le restaba poco tiempo para salvar el orden constitucional en el país; se entrevistó con Leipart, Secretario General de los sindicatos socialistas, para pedirle que sus militantes y organizaciones se mantuvieran inactivos durante unos pocos días que su Ejército necesitaría para arrestar a los líderes nazis, haciendo cumplir resoluciones judiciales pendientes. El Canciller y Leipart eran conscientes que la tentativa de detener a los dirigentes nazis sería resistida con las armas, y ello provocaría una escalada de acción/reacción que, sin duda, significaría derramamiento de sangre. Leipart, hombre religioso y profundamente ético, le pidió unos pocos días para meditar. En una nueva reunión le dijo que era plenamente consciente del mal encarnado por Hitler, pero que su conciencia le impedía respaldar una acción que comportaría la muerte de alemanes.

[3] ARENDT, Hannah, Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, Trad. de Carlos Ribalta,  Lumen, Barcelona, 2003.

[4] KLITGAARD Robert, Controlando la corrupción, prensa@sudamericana.com, consulta, diciembre 2011.

[5] ARRIGHI, Giovanni, El largo siglo XX, Akal, España, 1999.

[6][6] SCHMITT, Karl, Teología Política, http://es.scribd.com/doc/75321037/Carl-Schmitt-Teologia-Politica-1-y-2, consulta diciembre de 2012.