ESCENARIO ELECTORAL, FALTA DEBATIR SOBRE DERECHOS. por Carlos E. Flores

 28 enero 2013

 

En la XIX Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Consultores Políticos (1986) Joseph Napolitan compartió 100 aprendizajes en 30 años de trabajo como asesor de campañas electorales. Algunas de estas se refieren, por ejemplo, a que el efecto del voto ganador no existe o que la cantidad de asistentes a los actos electorales tiene poco que ver con el voto. Tales situaciones, indica Napolitan, se presentan porque las campañas electorales se concentran en demostrar que este candidato es el ganador, al filtrado de las encuestas a la prensa que pretenden inducir al votante señalando que este candidato va adelante o para tener en cuenta que “no quien moviliza mejor a sus seguidores tiene garantía de obtener más votos (en la elección)”. Esos aprendizajes no son verdades irrefutables, se trata más bien de algunos punteos para el consultor político y por extensión, me animaría a decir, como elementos de contexto que pueden considerar las y los electores.

 En el discurso político los ocho binomios para Presidente y Vicepresidente han tenido ligeros matices para diferenciarse el uno del otro, pero siete binomios han tenido un mismo discurso enfático para acusar los errores y tropiezos de la fórmula Rafael Correa y Jorge Glas, sobre todo al primero; y viceversa: el candidato presidente contra el resto. Y en muchos casos los discursos se han achatado pidiendo por un lado libertad de expresión, romper la dictadura y el totalitarismo; y por otro, desde la trinchera del gobierno, lemas por la no vuelta al pasado, no a la partidocracia y a los banqueros y peticiones para no detener lo avanzado, en la patria recuperada. Claro, renglón aparte merece el populismo que todos hacen, cada quien con sus particularidades.

 Este escenario nos impide a las y los ciudadanos conocer qué plantean los candidatos y candidatas al ejecutivo en materia de derechos. Ecuador tiene una de las constituciones más vanguardistas de América Latina, cuyo primer artículo fija la naturaleza del estado como “Estado Constitucional de Derechos y Justicia” dejando la de “Estado de Derecho” que estipulaba la constitución del 98. Parece un juego de palabras, no obstante, ser “constitucional de derechos” garantiza el cumplimiento y no terminar siendo enunciativa, sin establecer mecanismos para que se cumplan esos derechos, como fue la penúltima constitución. En esta campaña electoral varios binomios pretenden reformar la Constitución de Montecristi, entre ellos el candidato presidente que en varias oportunidades la ha señalado de hipergarantista.

 Y es este terreno, el de los derechos, el que debería ser para el debate de candidatos/as. Veamos. Las personas GLBTI tienen conquistado el derecho a la unión de hecho en el plano constitucional, pero falta la legislación que les permita consumar sin tener, como ahora, que supeditarse a la voluntad y prejuicio de los notarios/as; o aspirar a conquistar más derechos a fin de permitir la adopción de niños/as por parte de la pareja homosexual, considerando que la actual constitución garantiza “los diversos tipos de familia”. El tema de la “ciudadanía universal” recibe dardos porque algunos proponen el visado y el censo “para que los extranjeros buenos se queden y los delincuentes no ingresen” y nada se ha avanzado por tener una Ley de Migración moderna y acorde a la constitución vigente que deje atrás la que rige desde la década del 70 del siglo pasado. Por su parte, los colectivos feministas, sobre todo desde el año pasado, exigen la despenalización del aborto ya que afirman que las actuales leyes obligan a que las mujeres le tengan que parir el hijo al violador. Este tema sensible, ya recibió una respuesta del candidato presidente afirmando que si llega una ley para despenalizar el aborto no la aprobará (entrevista a gkillcity, web ecuatoriana) guardando lamentablemente consonancia con el ex banquero Guillermo Lasso, quien defiende el derecho a la vida desde la concepción.

 En otro terreno, los medios públicos resultaron ser una decisión política importante que desafortunadamente ha caído en estado de inercia, sin pasos firmes que los subrayen como públicos. Al respecto las y los candidatos han persistido en sostener que buscarán que tales medios sean independientes y no del gobierno. Una propuesta más atrevida la escuché recientemente del ex banquero Guillermo Lasso, quien planteó la administración de los medios públicos en 33% por el gobierno, 33% del legislativo y 33% de la sociedad civil (aunque yo diría del 34% para estos últimos). Coincidí con esa propuesta cuya reflexión he conversado con algunas personas vinculadas a la comunicación tanto en Ecuador como en Perú, aunque confieso, me produjo pesar que este planteamiento haya venido desde las orillas conservadoras y no fue puesta en mesa por quienes agitan las banderas de la izquierda y la revolución.  En esa misma línea,  otro tema de derechos es la comunicación. Varios candidatos la quieren aprobar para evitar los “excesos de la prensa” pero no tocan el tema medular que se refiere a la distribución tripartita de las frecuencias de radio (públicos, comunitarios, privados), ya que muchos quieren “sacar” ese tema para ponerlo en otra ley (telecomunicaciones) por considerarlo “técnico”. Un criterio que plantean no solo los que están en oposición o representan otras posturas políticas, al interior del mismo gobierno hay voces coincidentes. Para graficarlo mejor, llama poderosamente la atención la postulación a Asambleísta Nacional por Alianza País de Jorge Yunda, cuestionado por haberse beneficiado irregularmente con las frecuencias de radio, según el informe presentado por la Comisión Auditora de Frecuencias

 Estos y otros (como transgénicos y derechos de la naturaleza, por mencionar) son los temas que se diluyen y quedan opacados por los discursos polarizantes y el populismo que se practica. Deberían ser parte de una agenda de las organizaciones sociales del país que podrían presentar, en conjunto, a las y los candidatos presidenciales. Cuánto más se debe avanzar en materia de derechos, debe preguntarse concienzudamente el elector/a. Por eso el llamado “voto en plancha” sería un daño enorme para un país que ha ganado mucho pero que necesita también corregir y seguir mejorando.