¿ES NECESARIA UNA REFORMA POLÍTICO ELECTORAL? Por Fausto Camacho Zambrano*

20 agosto 2014

La constitución de Montecristi diseñó un Sistema Político Electoral introdujo nuevos elementos mientras que mantuvo del pasado algunos que los asambleístas constituyentes consideraron positivos, así configurando un producto final que debía significar mejores condiciones para que los ciudadanos ejerzamos los derechos de elegir y ser elegido. Para aterrizar rápidamente este propósito, se auto impusieron el plazo de 180 días contados desde la vigencia de la Constitución para que se formule y expida la correspondiente ley.

La Comisión de Legislación y Fiscalización, compuesta por una parte de los asambleístas de la Asamblea Constituyente, asumió la tarea que debía ser terminada hasta el 17 de abril de 2009. Efectivamente sucedió, y el 9 de abril terminó el trámite legislativo y se promulgó en el Suplemento del Registro Oficial 578 de 27 de Abril de ese año la “Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia”.

El cumplimiento del mandato constitucional al que se hace referencia, significó que la ley se elaboró y promulgó mientras el país bullía en el debate político electoral de las elecciones dispuestas en el Régimen de Transición. Elecciones convocadas para el 21 de noviembre de 2008 por el Consejo Nacional Electoral Transitorio, y que se llevaron a efecto el 26 de abril de 2009. Se aprobó entonces una ley trascendente en corto tiempo, sin un debate a profundidad y en el contexto menos conveniente para hacerlo.

Luego de la expedición del Código de la Democracia, se han aprobado tres leyes reformatorias, a saber: una en diciembre de 2010, otra en mayo de 2011 y la última en febrero de 2012.

No obstante la acelerada aprobación del Código de la Democracia y sus reformas, los preceptos que regulan las elecciones no se probaron sino hasta febrero del 2013 y febrero del presente año. Por tanto es tiempo de hacer una profunda y sesuda evaluación que aborde temas trascendentes y complejos como: facultades y ámbitos del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, capacidad punitiva del CNE, construcción de la equidad en la contienda electoral, registro de organizaciones políticas, consulta popular, iniciativa normativa, revocatoria del mandato, (validación de firmas de respaldo adhesión o afiliación), control y transparencia del gasto electoral, derecho a la oposición, entre otros que con seguridad serán propuestos por los diversos actores.

Es hora de que los actores políticos y ciudadanos, junto a las funciones electoral y legislativa, asumamos con entereza la necesidad de iniciar un debate nacional sobre la imprescindible reforma. Bien podría el CNE dar vida, echar a andar una “Comisión Multipartidaria y Multisectorial” que evalúe desde todos los puntos de vista las normas actuales del Código de la Democracia, y construya participativamente una propuesta de Reforma Político Electoral.

La necesidad existe, el planteamiento está hecho, pongamos manos a la obra.

 

* ex miembro del Consejo Nacional Electoral.