LEY DE JUSTICIA LABORAL: UNA BURLA A LAS MUJERES QUE REALIZAN TRABAJO NO REMUNERADO EN EL HOGAR. Por Natasha Rojas,

05 mayo 2015
 
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La Seguridad Social es un derecho de las mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar – “amas de casa” – que hoy se encuentra contemplada en la Constitución como resultado de la lucha de diversas organizaciones de mujeres. Hablar de seguridad social hace referencia a la cobertura de contingencias en salud, maternidad, jubilación, prestaciones y otras. Sin embargo, en lo que se refiere a las mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogaren la Ley de Justicia Laboral, no contempla los servicios de salud, maternidad y más prestaciones, y ellas solo podrán acceder al seguro de jubilación recién luego de 20 años de aportaciones.

Esta disposición viola la norma constitucional que establece que el financiamiento debe ser asumido por el Estado y no por las unidades familiares. La Constitución de nuestro país en el Artículo 34 establece “… El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares…”, y, el Artículo 369 señala que “… Las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas del cuidado, se financiarán con aportes y contribuciones del Estado…”. Normas legales totalmente claras que determinan la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar y financiar el derecho a la seguridad social a las mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar. La Constitución no contempla el término “ama de casa” porque aquello es restringir la labor de la mujer al ámbito de lo privado, que históricamente ha sido considerado como una obligación predestinada a la mujer y por tanto no es trabajo.

El gobierno de Rafael Correa y sus asambleístas de Alianza País, con la finalidad de confundir a la población de los supuestos beneficios de la ley de Justicia Laboral, han puesto énfasis en su discurso en la afiliación a las mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar, sin embargo se les ha olvidado señalar que:

– La Constitución del Ecuador en el artículo 369 señala expresamente que quien debe financiar la seguridad social de las mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar “amas de casa” es el Estado y no las unidades familiares como señala la Ley.
– El informe de la Dirección Actuarial del IESS al 31 de Agosto del 2014 establece que “Sin el aporte estatal, los ahorros que hoy tiene el IESS para pensiones, que superan los USD 7 000 millones, solo alcanzarían para pagar las jubilaciones en los próximos 12 años”, y a ello se suma, el informe de la Consultora Actuaria Cía. Ltda., misma que establece “No se dispondrá de recursos indispensables para cubrir los gastos de salud en el 2020”. Datos por demás claros: el IESS quebrará en 12 años, por lo tanto, un millón y medio de “amas de casa” no se jubilarán, las que tienen 45 años deberán esperar 20 años para recibir la primera pensión, y las que tienen menos de esa edad deben esperar un año más por cada año de juventud, es decir, quienes tienen 20 años deben esperar 45 años antes de percibir una pensión, ya que la edad mínima para la jubilación de una mujer que realiza trabajo es de 65 años.
– Las mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar tendrán derecho únicamente a jubilación, dejando de lado el acceso a servicios fundamentales para la vida de las mismas, como son la salud y la maternidad, servicios a los que sí acceden los afiliados al Seguro Social Campesino, régimen totalmente justo.
– El aporte de las mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar se calculará en base a los ingresos de la “unidad económica familiar”, es decir en base a todos los ingresos del hogar (esposo, hijos e hijas). Pocas son las mujeres que aportarán con dos dólares.
– Si es difícil la determinación del cálculo, el IESS establecerá a través de un equipo técnico una Base Presuntiva de Aportación. Es decir queda a discrecionalidad el rubro sobre el cual realizarán los aportes.
– No se establece el porcentaje de aportes, los mismos se determinarán a través de reglamentos.

La eliminación del 40% de las aportaciones a las pensiones jubilares es inconstitucional, violenta la Constitución en su Artículo 371 que prescribe “Las prestaciones de la seguridad social se financiarán… con los aportes y contribuciones del Estado… los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma oportuna…”. Pone en riesgo el sistema de pensiones jubilares y el equilibrio financiero del IESS. Los afiliados y afiliadas con mayor riesgo de quedarnos sin pensiones jubilares somos los aportantes que nos jubilaremos luego de 12 años.

La Ley de Justicia Laboral es inconstitucional e ilegal: violenta derechos adquiridos por las trabajadoras y trabajadores; pone en riesgo el sistema de pensiones jubilares y salud del IESS; y ha manipulado las aspiraciones de un sector fundamental para el desarrollo del país, las mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar, al hacerles aportar 20 años al IESS y durante ese tiempo no recibirán ningún beneficio.