PRIMERO DE MAYO: PRONUNCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

por Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres

01 de mayo 2015

Vemos con preocupación que durante este período hemos retrocedido en derechos laborales antes conquistados con importantes luchas: derecho a la huelga, a la sindicalización en el sector público, al contrato colectivo y a la protesta en las calles como expresión de la disconformidad con un modelo de desarrollo extractivista, patriarcal y excluyente que se viene imponiendo hoy con mayor fuerza a pretexto de la crisis económica.

El ejemplo más reciente de la profundización de este modelo capitalista es la medida tomada el viernes 17 de abril, con la eliminación de la obligación del Estado ecuatoriano de pagar el 40% de las pensiones jubilares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La mayoría legislativa, miembros de Alianza País, partido de gobierno, acaba de aprobar una reforma legal para suprimir el pago obligatorio del porcentaje fijado para las pensiones jubilares, contraviniendo, de esta manera, la Constitución e Instrumentos Internacionales, entre otros, el artículo 11 de la CEDAW.

Frente a las continuas medidas regresivas del actual gobierno, las organizaciones de mujeres agrupadas en la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, denunciamos que:

-El Estado ecuatoriano está incurriendo en una violación respecto de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de este país, con medidas tales como la eliminación del servicio de guarderías; del servicio de salud en empresas con más de cincuenta trabajadoras y trabajadores; eliminación del aporte estatal con el recorte a las pensiones jubilares;

-Ni la población laboralmente activa en este país ni el sector de la población que se ha jubilado puede correr con la cada vez mayor responsabilidad de los costos para su propia seguridad y pensiones, es el Estado el que debe garantizar esto para su población;

-El Estado ecuatoriano, ha calificado al momento actual como de austeridad, y para ello promueve medidas regresivas en derechos a fin de asegurar una acumulación de capital y responder al enorme endeudamiento en que ha incurrido para lograrla. A mayor necesidad de acumulación de las empresas, menos derechos para la población, el 40% que se deja de pagar al IESS es un capital que va a ser reorientado a subsidios hacia los grandes empresarios; en este escenario se entiende la ley de “Remisión de Multas”, la misma propone reducir a la mitad el pago de impuestos adeudados de las principales empresas del país (Bancos, Telefonía móvil, Petroleras, Agronegocios);

-El trabajo no remunerado de las amas de casa es una realidad ignorada y no reconocida en la estructuración de la economía ecuatoriana y mundial, y además sigue siendo una de las demandas de los sectores de mujeres hoy más vigente que nunca después de la aprobación de la “Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado en el Hogar” porque esta ley tiene como único objetivo el de aportar una pensión jubilar a las trabajadoras de la casa a través de un mecanismo injusto, el de cargar a la familia con esta aportación y liberar a las empresas de esta obligación. El seguro para las trabajadoras del hogar sigue la línea de discriminación histórica: “más obligaciones que derechos”; se exige más aportaciones con el fin de financiar al IESS con fondos familiares, y se niega a las mujeres trabajadoras del hogar, el acceso a la salud y a los préstamos en el IESS; la ley aprobada es un seguro de segunda para las mujeres;

-Frente al TLC, las organizaciones de mujeres evidenciamos que la liberalización del comercio contribuye a la expansión de su enclaustramiento en la economía informal. Se intensifica su trabajo en triple jornada y se reduce aún más su tiempo libre, empeorando la ya deteriorada calidad de vida. La liberalización del mercado, los TLCs, no tienen en cuenta factores específicos de género, por lo que generan la agudización de los procesos de inequidad y discriminación a través del aumento de la feminización del empleo precario, mayor explotación de las mujeres y el debilitamiento de sus estrategias de supervivencia.

Con este tipo de propuestas el Gobierno demuestra que para él las mujeres somos ciudadanas de segunda en cuanto a derechos. Montado desde un falso discurso de equidad de género continua desmantelado los derechos de las mujeres de manera sistemática, por ejemplo elimina el CONAMU, desfinancia Ley de Maternidad Gratuita e impone el Plan Familia reemplazando al ENIPLA, e incurriendo en un discurso misógino y retardatario.

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