LAS GUERRAS POR EL DISCURSO. Por Raúl Zibechi

AFP PHOTO / JUAN BARRETO

Brecha

17 de Septiembre 2015

La reacción a la condena del opositor Leopoldo López pone en negro sobre blanco el doble rasero imperante en los grandes medios, en las derechas, pero también en las izquierdas. La crisis venezolana se agrava con el conflicto fronterizo con Colombia que puede servir al gobierno de Nicolás Maduro para cosechar apoyos ante las elecciones de diciembre.

Si la frase de Esquilo sobre la verdad como primera víctima de la guerra fuera cierta, se debería concluir que está en curso una verdadera conflagración en América Latina, con epicentro en el siempre caldeado Caribe, pero esta vez no en sus islas, sino en la franja continental sudamericana. Las reacciones a la sentencia contra el opositor Leopoldo López y la tensa situación fronteriza entre Venezuela y Colombia parecen dos frentes del mismo conflicto, deflagrados de modo simultáneo, como si uno fuera una suerte de maniobra de distracción para camuflar al otro.

Sobre la sentencia judicial se han escuchado asertos antagónicos, las más de las veces motivados por cuestiones ideológicas con escaso asidero en la realidad. Pero lo que más sorprende son los silencios, sobre todo los de los medios de izquierda y progresistas que deberían diferenciarse por su apego a los hechos. Así como era esperable que El País de Madrid cargara las tintas contra el gobierno venezolano por la sentencia de 13 años de cárcel contra López, parecía menos lógico que Página 12 le dedicara apenas un artículo de media página dos días después de la sentencia para justificar la decisión judicial.

La Condena

“Absolutamente todo lo que ha rodeado la acusación, el encarcelamiento, el procesamiento y la condena de López ha sido irregular y no ha cumplido las garantías mínimas de cualquier país democrático. No es sostenible la acusación de incitación y autoría intelectual de López en la muerte de 43 personas durante las manifestaciones realizadas en Caracas y otras ciudades del país convocadas contra la violencia, pobreza y corrupción de la que los manifestantes culpaban a la desastrosa gestión de Maduro”, rezaba el editorial del matutino madrileño (El País, sábado 12).

Olvidaba el diario que supo ser progresista que López hizo un llamado televisivo el 12 de febrero de 2014 a los jóvenes universitarios “a que se organicen, a que se organicen entre las diferentes universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración”. En la España de Mariano Rajoy la llamada “ley mordaza” autoriza a que por muchísimo menos se condene a manifestantes y a quienes los inciten a años de prisión, incluso cuando no se producen actos de violencia con muertos.

El analista argentino Atilio Borón apoyó la condena con argumentos simétricamente opuestos a los del matutino madrileño. “Para los espíritus colonizados que asuelan Latinoamérica lo que ‘allá’ (léase Estados Unidos o Europa) constituye un crimen, aquí, en los arrabales del capitalismo, es una inocente diablura, y no importa si la ‘incitación’ de López terminó con más de cuarenta muertos, la mayoría de ellos fuerzas de seguridad bolivarianas y gentes del común, en las guarimbas y por el fuego de francotiradores, amén de una enorme destrucción de edificios y propiedades gubernamentales y privadas” (Página 12, sábado 12).

No toma en cuenta a su vez Borón la crítica de Amnistía Internacional al procedimiento judicial. “Los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. Su único ‘crimen’ es ser líder de un partido opositor en Venezuela”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esa organización no gubernamental (amnesty.org, sábado 12).

Probablemente los hechos “reales” estén lejos de las tres consideraciones mencionadas, ya que la posición de la directora de Amnistía parece también sesgada. Aunque la sentencia pueda ser objetable, López es mucho más que un opositor y está involucrado en actos de desestabilización violenta del régimen. Las evidencias muestran que el dirigente de Voluntad Popular fue inspirador, como mínimo, de protestas que se cobraron la vida de 43 personas en febrero de 2014. Trabajó abiertamente por el derrocamiento del proceso bolivariano, participó en el golpe de Estado de abril de 2002 y fue luego beneficiario de una amnistía otorgada por Hugo Chávez. No es, como pretenden los medios antichavistas, un simple opositor, sino un activo militante a favor de la violencia golpista.

Sin embargo, es difícil aceptar que la justicia venezolana sea ecuánime. No sólo por la sentencia reciente sino por toda una serie de irregularidades, entre ellas la inhabilitación de López como candidato a la alcaldía de Caracas en las elecciones de 2008. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a favor de López en ese caso, declarando que el Estado venezolano es “responsable por la violación del derecho a ser elegido”.

Parece poco serio reconocer a Amnistía Internacional o a la Corte Interamericana cuando se pronuncian contra las violaciones que realizan gobiernos y regímenes de derecha, e ignorarlos cuando lo hacen contra gobiernos de izquierda. El doble rasero ha sido una de las causas de la débil credibilidad de las izquierdas en un punto en el que deberían diferenciarse claramente de las derechas.

Frontera Caliente

El cierre de la frontera con Colombia decidido unilateralmente por el presidente Nicolás Maduro tiene una lógica propia y razonable: la zona presenta desde hace mucho tiempo un flujo doble de contrabando y paramilitares.

La crisis fronteriza comenzó el 19 de agosto, a raíz de un ataque de paramilitares colombianos contra soldados venezolanos. Maduro decretó el estado de excepción, inicialmente en 11 municipios del estado de Táchira para controlar la zona limítrofe, cuyos pasos cerró, y evitar el contrabando de alimentos y combustibles. Desde entonces, en un mes Venezuela deportó al menos a 1.800 colombianos, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, y otros 19 mil abandonaron voluntariamente Venezuela por el temor a seguir el mismo camino.

Las causas del contrabando fueron sintetizadas por Martín Villarroel Borgna, miembro de la brigada internacionalista Che Guevara: en Venezuela, escribió, “todos los productos de la canasta básica de alimentos están subvencionados y regulados para garantizar el acceso de toda la población a una alimentación sana y de calidad. En Colombia, en cambio, esos mismos productos cuestan hasta diez o quince veces más. Esa diferencia, y los desastrosos índices de desocupación que afectan a las poblaciones de frontera, producen el fenómeno conocido como ‘bachaqueo’, que es el contrabando a pequeña escala” (Diagonal, lunes 14). Las respuestas del gobierno venezolano ante el auge del contrabando fracasaron. Entre ellas, “aumentar la producción, subvencionando a las empresas privadas, otorgando dólares para importar materias primas y producir los alimentos que aquí no se producen, pero prácticamente la totalidad de ese dinero se pierde en los pasillos de la corrupción estatal”, dice Villarroel.

Pero el gran problema es el contrabando del petróleo, que se estima en 200 mil barriles diarios. “Existen altos mandos del Ejército, de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios del gobierno que están implicados en esta red de corrupción. Y una estructura de cerca de 25 grupos mafiosos colombianos con logística, recursos, armamento, seguridad y amparo político para operar con tranquilidad”, agrega el periodista.

El colofón de esta trama es el narcotráfico, ya que “Colombia es el principal productor de cocaína de América y Venezuela el principal exportador”. Las mafias de uno y otro lado hacen fluir esas mercancías, algo que no se soluciona declarando el estado de excepción. Un grupo de intelectuales latinoamericanos destacó que los problemas fronterizos entre Colombia y Venezuela no son de ahora, vienen de muy lejos y “no pueden solucionarse con operativos efectistas, con diversas formas de represión o simplemente con algunas dádivas correctivas”.

Por último, pero no menos importante, está el papel de los paramilitares vinculados al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, “cuya misión en Venezuela es desestabilizar al gobierno”, según el análisis del colombiano Manuel Rozental (Pueblos en Camino, 30-VIII-15), un punto en el que, dice, debe destacarse también la “conexión Washington”, es decir el proyecto estadounidense de desestabilizar al proceso bolivariano a través del conflicto binacional y aprovechando la corrupción interna del régimen.

Fuente: http://brecha.com.uy/las-guerras-por-el-discurso/

Foto: AFP, Juan Barreto