MOMENTO ESTRATÉGICO. Por Napoleón Saltos Galarza

Septiembre de 2015

El panorama para Ecuador es preocupante. Se condensan varios procesos que obligan a una definición estratégica. Es el momento de centrar la mirada en la Gran Política.

“Gran política (alta política), pequeña política (política del día, política parlamentaria, de corredores, de intriga). La gran política comprende las cuestiones vinculadas con la función de nuevos Estados, con la lucha por la destrucción, la defensa, la conservación de determinadas estructuras orgánicas económico-sociales. La pequeña política comprende las cuestiones parciales y cotidianas que se plantean en el interior de una estructura ya establecida, debido a las luchas de preeminencia entre las diversas fracciones de una misma clase política. Gran política es, por lo tanto, la tentativa de excluir la gran política del ámbito interno de la vida estatal y de reducir todo a política pequeña (…). Es propio de diletantes [aficionados], en cambio, plantear la cuestión de una manera tal que cada elemento de pequeña política deba necesariamente convertirse en problema de gran política, de reorganización radical del Estado.” (Gramsci, 1999, pág. 20)

La crisis económica

En primer lugar está el riesgo de que la crisis de escasez fiscal se convierta en una crisis económica profunda. Después de un período de abundancia entramos en un período de escasez.

El Presupuesto General del Estado de 2015 se definió con 8.817 millones de déficit y un precio de 79,7 dólares por barril de crudo. Con ello, el déficit apuntaba a llegar a 12 mil millones de dólares (33% del presupuesto). Después de diversas medidas, reducciones presupuestarias, créditos, preventas de petróleo a Tailandia, salvaguardias, tendería a un déficit real de 8 mil millones de dólares al final del año. Y la perspectiva para el 2016 no tiene signos de modificación.

Entre 2007-2014, el Gobierno de Alianza País recibió 219.345 millones de dólares y el gasto fue de 231.443 millones, con un déficit acumulado de 12.098 millones de dólares. El problema empieza en el tipo de gasto: los gastos corrientes ascienden a 156.903 millones de dólares (68%) y los gastos de inversión a 74.540 millones (32%). Del total de gastos corrientes, 55.262 millones (35%) se dedica a remuneraciones del sector público, con un crecimiento desmesurado de la burocracia que pasó de 350 mil en 2007 a más de 600 mil en 2014; 35 mil millones (22%) dedicados a subsidios, de los cuales 30 mil millones fueron a los estratos más altos y apenas 5 mil millones llegan abajo a través de bono de desarrollo humano; 23 mil millones (15%) dedicado a publicidad; 23.456 millones (15%) para compra de bines y servicios. (Valencia, 2015)

El período de abundancia permite la constitución de un acuerdo arriba (hegemonía 1), en torno a un patrón de acumulación monopólico rentista-financiero-importador. La concentración monopólica en el período de Alianza País se agudiza: el Coeficiente de Gini en las 12 áreas principales económicas pasa de 0,902 en el 2005 a 0,964 en 2010 (Larrea, 2015); en el 2007, 50 grupos económicos controlaban el 33% del PIB, en el 2010, sube el número de grupos económicos a 75 y controlan el 43,8%. ”(Revista Vanguardia, 2012)

Con los gobiernos “progresistas”, hay un retorno del Estado. El gasto estatal crece, incluido el gasto social.

Pero el Estado actúa más bien como subsidiario para orientar la acumulación hacia el sector privado. A título de ejemplo: en referencia a la contratación pública, entre 2008-2012, por medio del INCOP, el 9,53% de los proveedores se han adjudicado el 80% de los procesos, y el 0,02% de proveedores concentran el 21,50% del monto total de contratación pública. La monopolización es transnacionalización: las compras públicas tendrían un promedio apenas de 1 dólar sobre 3 en composición nacional. Los 2/3 pasan a favor de las empresas transnacionales. (Mera, 2015)

Un mecanismo central es el tipo de contratos, como asignaciones directas. Esto ha llevado a sobreprecios de las obras “estratégicas”: “la planta de gas de Monteverde, el costo original establecido en 2007 fue de USD 263 millones, pero al 2014 se disparó a USD 570 millones; la central hidroeléctrica Manduriacu, el costo subió de USD 124 millones en 2011 a USD 227 millones en 2015; la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas experimentó una modificación radical de su presupuesto, de USD 187 millones en 2008, se disparó a USD 1200 millones en 2015 y subirá a USD 1500 millones en 2016; el proyecto Coca Codo Sinclair originalmente suscrito en USD 1979 millones, se incrementó a USD 2.845 millones en 2015 y podría subir aún más.” (Valencia, 2015)

En el sector de la salud los “cambios institucionales no afectaron los procesos de mercantilización de la salud, más bien los consolidaron. En el periodo 2006-2010, la mercantilización de la salud, desde la oferta hospitalaria, hasta la provisión de medicamentos y los planes de aseguramiento, tuvieron una expansión controlada desde grupos económicos, que utilizaron sus posiciones de monopolio para fortalecerse económicamente. Estos grupos financieros y económicos de la salud, están vinculados a la transnacionalización de la economía y han sabido aprovechar la coyuntura de la expansión del gasto público en salud para atraer hacia su órbita de intereses esa expansión del gasto público en el área de la salud.” El 86% del sector está bajo control privado.(Dávalos, 2012)

Si bien retorna el Estado y sube la participación en el PIB, el poder de los grupos monopólicos locales y trasnacionales se consolida. El poder económico reside en torno al 50% del PIB en los Grupos económicos. La modernización de la economía en el período de Alianza País toma la forma de un bonapartismo-autoritario que marca una mayor autonomía entre la base económica y el Estado, en modo que el capital encuentra un espacio de reproducción metabólica sin necesidad de una representación directa en los organismos del Estado. La relación entre los grupos económicos y el régimen es más compleja, con momentos de representación del conjunto del interés del capital, local y transnacional, y momentos más reducidos de acuerdos puntuales sectoriales. Por ello no es suficiente el discurso del “servicio” a los intereses burgueses e imperialistas o la imagen de una continuidad del “neoliberalismo”, hay procesos diferentes de relación entre el poder y la economía, entre el Estado y el bloque en el poder.

Comparación de los ingresos de los Grupos Económicos y el PGE, 2010-2014

Año Número GE PIB Ingresos GE % PIB PGE (Codificado) % PIB
2010 63 69.555.367 32.511.404 51.05 22.831.780 32.83
2011 65 79.276.664 36.707.305 52.77 25.838.240 32.59
2012 100 87.924.544 40.051.606 45.55 29.692.170 33.77
2013 110 94.776.170 45.350.125 47.85 26.109.270 27.55
2014 118 100.917.372 48.446.579 48.01 36.329.940 38.33

Fuente: SRI, varias fechas; Boletines Banco Central del Ecuador, varias fechas

 

El período de abundancia permite también una política de redistribución hacia abajo, con una reducción de la pobreza y el desempleo, aunque se mantienen los problemas de desigualdad. La pobreza bajó de 37,6% en el 2006 a 24,12% en el 2015. Pero la población en situación vulnerable pasó de 33,1% a 43% entre 2000 y 2012, con un crecimiento no sustentable de la clase media de 14 a 26%. Con la escasez hay una regresión que empieza por afectar a los sectores medios, que son los que se movilizan en la actual coyuntura. Progresivamente el impacto empieza a llegar hacia abajo.

El cerco de las condiciones externas y del modelo de Alianza País conduce al gobierno a diversos callejones sin salida: el endeudamiento público agresivo, más allá de los manejos contables del régimen, se aproxima al 40% del PIB, privatizaciones veladas del patrimonio público, políticas monetaristas que buscan compensar la jaula de hierro de la dolarización. La perspectiva se diferencia de la crisis del 98: escasez fiscal-crisis económica-crisis financiera.

El desenlace de toda crisis económica es político: el régimen intenta que la crisis económica no le estalle en las manos en un periodo electoral, pero el costo será alto y apunta a horizontes catastróficos en el período posterior.

El ciclo de los gobiernos “progresistas”

Éste no es un problema aislado del Ecuador. Estamos ante la frontera del ciclo de los “gobiernos progresistas” en el Continente. Los problemas más agudos se presentan en Brasil: combinación de crisis económica con crisis política y ética que afecta a la credibilidad de la Presidenta DilmaRusef,f con efectos colaterales al PT y a Lula. El panorama es crítico para Venezuela, Argentina y Bolivia. Mientras tanto hay una recomposición de un eje alineado en torno a la “Alianza del Pacífico”. El papel modernizador de los regímenes progresistas se ha cumplido, sin capacidad para rebasar los límites sistémicos del dominio del capital.

Este agotamiento de ciclo se desarrolla en forma más acelerada en la periferia de Europa, con el proceso griego: Syriza y Tsipras se presentaron como la opción para salir de la crisis, pero terminaron absorbidos por la lógica del capital dirigida por la Troika. El ajuste hegemónico en Grecia se realizó en un período corto y con un período más prolongado de crisis, por ello, fue más visible; el ajuste hegemónico en Ecuador se realiza en cámara lenta, gradualmente, y con una crisis económica que recién empieza a impactar hacia abajo, por lo cual es menos visible.

Reordenamiento global

A nivel global se produce un lento reordenamiento de poder: el eje Este-Oeste, liderado por los BRICs y en especial por China, empieza a tener un frenazo económico. Se reduce el ritmo de crecimiento de China al 7%; en junio-julio se presentan estallidos locales de burbujas financieras en Shanghái (-8,48%), Shenzhen (-7,59%) y Hong Kong (-3,09%), que si bien son controlados por la intervención del Estado afectan al proceso de conjunto; se produce una devaluación del yuan que en la primera semana de agosto se depreció un 4.6% respecto al dólar estadounidense.

En nuestro Continente, Brasil entra en recesión técnica, después de dos trimestres consecutivos de retroceso. En el segundo trimestre la economía se contrajo en 1,89% respecto al trimestre anterior y 3,09% respecto al segundo trimestre de 2014. La inflación tiene una tendencia alcista con la previsión del 9% para diciembre de este año. A ello se suma la crisis ética por la corrupción, lo que puede desembocar en una crisis política.

La Unión Europea ha sido sacudida por la crisis griega y acusa el impacto del frenazo chino. Alemania impone dentro de la troika una política de shock, que incuba problemas estructurales. Un facto desequilibrante es el impacto de las guerras en Medio Oriente que llevan a una migración masiva hacia Europa, con nuevos problemas humanitarios, pero también con efectos sobre la política y la economía europeas.

Mientras tanto, la economía estadounidense ha logrado contener la caída, con un crecimiento del 2,3% en el segundo trimestre del 2015, en el primer trimestre creció 0,6%. Si bien la crisis del capital mundial no se supera, los juegos dentro del sistema permiten un desplazamiento de los costos hacia otros territorios. Los problemas estructurales de Estados Unidos, en torno al manejo monetario y la deuda externa, continúan pesando, pero el poder militar y financiero aún le permite estrategias desplazamiento territorial.

La crisis política

La hegemonía se presenta como equilibrios inestables. La hegemonía arriba en torno a un bloque financiero-rentista-importador, con articulación al eje Este-Oeste global, construida durante el período de abundancia, empieza a debilitarse a partir del 2013. La escasez fiscal presiona a algunas reducciones de los beneficios para los grupos económicos: las salvaguardias afectan a las importaciones; se produce un forcejeo por la utilización del fondo de encaje bancario. La tendencia es a una salida negociada, con compensaciones. La camisa de fuerza para el acuerdo es la mantención de la dolarización.

La tendencia es a la reconstitución de un acuerdo arriba, en torno a un modelo que refuerce la subsidiariedad del Estado y abra el paso a nuevas formas de privatización y transnacionalización de la economía.

Los conflictos más significativos con el capital transnacional están en los desenlaces de los juicios petroleros. La tendencia es a la rearticulación con los mercados financieros tradicionales, a través del Acuerdo Económico con Europa y del retorno del FMI y el Banco Mundial.

Los problemas de hegemonía se complican hacia abajo. Se presenta una tendencia a la baja en la aprobación de la gestión y la actuación del Presidente Rafael Correa: de enero a junio cae 15 puntos y, después de la contención de la caída durante la visita del Papa, hay un nuevo deterioro, más lento, pero que empieza a perforar la frontera de los targets de apoyo tradicional, sobre todo en los sectores marginales del campo. El consenso activo hacia abajo tiende a deteriorarse, por lo cual se destapan formas más autoritarias.

El impacto de la crisis económica empieza a afectar las condiciones de vida de la población: después de un período de reducción de la pobreza y el desempleo, a partir de enero de este año los indicadores muestran un lento deterioro. Según el INEC, “el empleo inadecuado a nivel nacional alcanzó el 49,07% en junio 2015 frente al 46,28% del mismo mes del año anterior, y el empleo adecuado alcanzó el 45,9% frente al 48,8% de junio del 2014.”

El estado general de las masas combina el descontento ante el régimen con procesos de derechización de la conciencia social. La tendencia es a principalizar una visión de orden y seguridad, diluyendo el imaginario de cambio que operaba en el período anterior y que tuvo su expresión más alta en la exigencia constituyente. El debilitamiento de los referentes internacionales de cambio, en particular Cuba y Venezuela, influyen también en este viraje.

El problema principal para el Gobierno proviene de la resistencia social. Las movilizaciones indígenas y sociales de agosto del 2015 trazan un nuevo mapa político. No se trata de un escenario binario gobierno-oposición, sino de un escenario a tres polos: gobierno-oposición de derecha-polo social.

Las movilizaciones tienen motivaciones políticas, la demanda central es el retiro de las enmiendas constitucionales. Hay algunas luchas sectoriales y locales que confluyen en la convocatoria social. El primer resultado político es la constitución de un polo autónomo. Sin embargo el alcance de la movilización todavía se enmarca en los territorios con influencia orgánica de la CONAIE y en menor medida del FUT.

La estrategia dominante

La orientación apunta a un refuerzo de la modernización capitalista y a nuevos acuerdos arriba; mientras empieza a principalizarse la contradicción con los movimientos sociales.

La estrategia del gobierno para controlar los gérmenes contra-hegemónicos tiende a nuevas formas de autoritarismo y violencia. El discurso oficial busca impedir la constitución de un polo popular autónomo, mediante la tesis del “golpe blando” y el juego a la derecha.

La modernización de aparato represivo de Estado implica el refuerzo de las redes de inteligencia y la policiación de las Fuerzas Armadas. Con ello busca dos resultados, la contención de la movilización social por atemorizamiento, y el descabezamiento de las organizaciones por represión selectiva a los dirigentes, como se observó en el control de la Marcha y el Paro.

Después del Paro se ha reforzado la política de división, como en el caso de la CONFENIAE, con políticas de control clientelar y policial. El ataque se centrará sobre todo en contra de la dirigencia, con nuevos procesos de judicialización de la represión.

En las nuevas condiciones el problema que se pone al orden del día es el desenlace hacia un período post-correísta. Alianza País intenta la salida a través de la reelección; sin embargo ante el degaste de la figura presidencial puede buscar una carta de recambio, ya que el interés central es la continuidad para la impunidad.

La estrategia oficial parte de un “juego hacia adelante” de la crisis económica, para que no estalle en el período electoral. La estrategia política del gobierno se centra en ganar tiempo, esperando que se modifiquen las condiciones internacionales, en particular el precio internacional del petróleo y de las commodities. Pero con ello, la perspectiva apunta a la incubación de una crisis más profunda en cuatro o cinco años, en la que se combinen problemas más estructurales en lo económico y lo político. La profundización de la crisis económica se presentará en el período postelectoral y puede combinarse con una crisis política de dominación. El proceso toma una forma diferente a la crisis del 98, pues tiende a constituirse como crisis de escasez fiscal-crisis económica-crisis financiera.

La visión estratégica de los movimientos sociales y la izquierda debiera tomar nota de esta diferenciación de tiempos de la crisis.

La oposición es un campo en disputa entre el proyecto de la derecha oligárquica y el movimiento popular.

En el polo oligárquico todavía no hay una decantación: se presentan dos proyectos. Uno en torno al banquero Guillermo Lasso, que busca presentarse con un proyecto neoliberal de rostro humano; y un segundo, en torno a Jaime Nebot, que intenta restablecer formas de poder regional y sectorial, con apoyo internacional. La línea predominante apunta a las elecciones del 2017, si bien hay algunos grupos que se mueven en una línea conspirativa.

La estrategia popular

La base es la constitución de una escena a tres bandas. El paso inicial se logró con la Marcha y el Paro, sin embargo allí hay un límite de alternativas de poder.

Para llenar los vacíos de conducción política, la línea puede constituirse a partir de la ampliación de los resultados de las movilizaciones. Ampliación del programa, la estrategia y las fuerzas.

El programa se centró en la lucha contra las enmiendas, con un carácter político significativo de las movilizaciones, pero esto afectó al alcance de la convocatoria, en dos direcciones: los límites de la convocatoria social por los impactos de la crisis; y la separación de algunos sectores ciudadanos que no vieron la aceptación de la desestabilización.

Se requiere un doble proceso de ampliación: hacia abajo mediante la presentación de propuestas ante los impactos socio-económicos en los trabajadores, campesinos y la población que va sufrir los efectos de la crisis, para la defensa de las condiciones de vida de los sectores populares. Y una ampliación hacia afuera, mediante el impulso de la lucha contra el TLC, como punto de revinculación con el capital mundial, para la defensa de la soberanía nacional y, en particular de la agricultura campesina y de los recursos estratégicos (petróleos, telecomunicaciones).

La fortaleza actual está en la movilización social, en donde el movimiento popular ha podido retomar la iniciativa, tanto ante el gobierno como ante la derecha. Se requiere cuidar este acumulado mediante un plan de movilización que fije objetivos concretos y resultados simbólicos visibles. Una doble ampliación: hacia abajo, mediante una estrategia de construcción de diversas formas de poder paralelo en los diversos campos, que parta de una orientación de producción-redistribución comunitaria con apoyo de los gobiernos locales de izquierda, instituya la construcción del Estado plurinacional sin permiso y diversas formas de poder de decisión desde abajo. Y la combinación con las luchas institucionales-electorales, a partir de la reorganización y la reorientación del Movimiento Pachakutik, como referente de un acuerdo del polo político de la izquierda.

Y una ampliación de la constitución de las fuerzas. El primer esfuerzo está en consolidar un tercer polo autónomo, mediante la condensación orgánica de los resultados de la participación de los diversos sectores en las movilizaciones de agosto, en tres planos: la constitución de espacios de coordinación política unitaria, la constitución de plataformas de diálogo social sectorial y la articulación con la corriente de izquierda continental y mundial.

A partir de este polo autónomo se podría abrir líneas hacia formas de frentes de salvación nacional y alianzas con sectores de empresarios pequeños y medianos y frentes de acuerdo político-electoral con las fuerzas de izquierda-centro izquierda.

La participación electoral debe tratarse como un paso de acumulación dentro de una estrategia hacia el desenlace de la crisis económica post-electoral que abrirá condiciones hacia una crisis política y para un escenario de cambio de poder. Quizás la forma sea concentrar el esfuerzo en el control de los gobiernos locales y del Parlamento. Con ello se pueden crear condiciones para ir a una Asamblea Constituyente que desmonte el modelo de modernización capitalista y abra un nuevo período de democracia radical.

La condición para este viraje es empezar a llenar el vacío de conducción política y de visión estratégica; superar una visión inmediatista que reduce todo al problema de oposición al régimen, aislando las luchas populares del objetivo estratégico. La contradicción principal es el desfase entre las condiciones objetivas de crisis estructural del sistema y de agotamiento de las salidas “progresistas” y la debilidad de perspectivas estratégicas de poder autónomo.

Se requiere abrir un debate político que permita realizar un balance real de fuerzas y trazar los nuevos caminos. No es una tarea meramente local, implica a las fuerzas revolucionarias del Continente, en un momento de viraje de período estratégico.