DIOS (Y EL SISTEMA JURÍDICO ECUATORIANO) OBRAN POR SENDEROS MISTERIOSOS. Por Gerard Coffey

Galo Chiriboga, es defensor de los derechos laborales y actualmente Fical General de la Nación

22 de marzo 2016

Prevaricato, dijo la Fiscalía. Un delito doloso, intencional, cuyo objeto es cometer una injusticia aprovechándose del cargo en que uno ha sido investido. Prevaricato: condenados tres ex jueces de la ahora difunta Tercera Sala de Guayaquil que en el 2011 fallaron a favor de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional, confirmando así un fallo anterior (2010) que también les dio la razón a los obreros. La empresa, según una investigación del Ministerio Trabajo llevada a cabo durante dos años, debía a sus ex trabajadores por las utilidades (unos US$90 millones según los cálculos del SRI) que estos no recibieron durante 16 años. Prevaricato: la Corte Nacional dictó sentencia de un año de cárcel para el primer juez, Robert Guevara, y seis meses para los otros dos: Camilo Intriago y Héctor Cabezas. Temblaba el juez mientras leía la sentencia, dice Vicente Reátegui, abogado defensor de los ex jueces.

La Constitución y la ley

Hay dos aspectos de este veredicto que vale la pena analizar. Uno, los motivos para desconocer el fallo de los tres ex jueces condenados. Dos, el argumento de la Fiscalía y la Empresa de que no solo fue un error, sino también, prevaricato, un acto criminal, así dejando sin piso al reclamo de los ex trabajadores.

En la primera instancia, el fallo dictado por los tres ex jueces fue desconocido, según la Corte Nacional, porque ellos debían haber aplicado la norma del Código de Trabajo antes que la Constitucional, lo que parece absurdo, dado que la Constitución tiene primacía sobre cualquier ley, reglamento o decreto nacional. “Participar en las utilidades es un derecho constitucional.” dice Reátegui, – también representante de unos 400 ex trabajadores- “Está previsto en el Artículo 328 de la Constitución.”  Y los derechos constitucionales, añade el abogado, son de directa e inmediata aplicación. “Si habrían aplicado el Código, que también es favorable a los trabajadores, igual les habrían condenado. Fue una excusa para condenarlos”.

La Corte Nacional también decidió (siguiendo el planteamiento de la empresa y la Fiscalía) que los tres jueces no gozaban de la autoridad para considerar el caso, porque que era responsabilidad del Ministerio de Trabajo. El argumento es cuestionable debido a que al inicio del proceso, el mismo Ministerio, a nombre de Richard Espinosa (el ahora Ministro de Educación), se declaró incompetente para considerar el caso. “Es tanta la contradicción en este caso,” opina Reátegui, “que cuando estuve frente al Ministro de Trabajo en una audiencia, me dijo que el Ministerio no era competente, ahora dice que sí, que es el Ministerio quien tiene la competencia para juzgar el caso”. Mientras tanto, el mismo Ministerio se declaró incompetente, y cuando estos jueces aplican la Constitución, son sentenciados.  Cantinflesco.

La decisión del Ministerio también extraña, porque en un caso muy parecido al de los ex trabajadores de la cervecería (el caso Holcim), el mismo Ministerio defendió su competencia para ordenar el pago de utilidades. En ambos casos (Holcim y Cervecería Nacional) los trabajadores demostraron haber sido contratados por empresas tercerizadoras vinculadas con la compañía, a cuyo favor se prestaba el servicio, con el exclusivo objeto de eludir la obligación de repartir las utilidades que les correspondan a los trabajadores.  El Ministro de Relaciones Laborales llegó a esta conclusión y declaró esos hechos como probados; y, se resolvieron al amparo del mismo Código del Trabajo.[i]

Y más inconsistencias hay.  Por ejemplo la postura del Ministerio frente al primer fallo a favor de los ex trabajadores (del juez Pedro Iriarte, en el 2010), cuando determinó aplicar de inmediato la sentencia. Pero, por algún motivo poco claro, no lo hizo.

¿Acto Criminal?

En la segunda instancia, el argumento de la Fiscalía y la Empresa de que no solo fue un error sino también, prevaricato, un acto criminal, parece igualmente cuestionable. Según la ley, el prevaricato es un acto intencional cuyo objetivo es cometer una injusticia. Para comprobarlo sería necesario demostrar que el objetivo de los ex jueces era favorecer a una de las partes del pleito o sacar algún beneficio propio.

Según Reátegui eso no sucedió: “Ni la Cervecería Nacional ni la Fiscalía lograron comprobar el afecto (beneficio propio) o desafecto (prejuicio en contra de la compañía)”. No es de sorprender, y resulta difícil en extremo creer que estos tres jueces, al confirmar un fallo previo, que también tuvo en su momento el respaldo del Ministerio de Trabajo (el mismo Ministro Espinosa), cometieron un acto criminal, un acto cuya intención fue cometer una injusticia.

El ex juez Robert Guevara, al recibir la sentencia de un año, manifestó: “… el único pecado que he cometido es haber dictado una sentencia aplicando la Constitución y en favor de los trabajadores”. Según él, los tres ex jueces están con la verdad y la justicia, pero que pese a ello los jueces de la Corte Nacional, encabezados por el juez nacional Jorge Blum, “cometieron una grave injusticia”.[ii]

En su momento, el mismo Presidente de la República también opinó favorablemente respecto al fallo de los tres. Explica Vicente Reátegui que fueron dos momentos distintos: “el primero en el mes de marzo después del fallo de los tres jueces, cuando dijo que fue preferible tarde que nunca, que se había hecho justicia con los trabajadores. Y en la segunda ocasión opinó que fue un hecho claro que la Cervecería Nacional había estafado a los trabajadores”.

A pesar de las declaraciones contundentes del Presidente y otros a favor de los ex trabajadores, resulta difícil encontrar algún rasgo de justicia en este caso. Si existe será solo en las cabezas de la gerencia de la Cervecería Nacional (que vale repetir no es nacional sino Internacional*) y sus abogados, que entienden muy bien el asunto de los senderos misteriosos. Pero para los meros mortales que no tenemos interés directo en el caso, el fallo de la Corte Nacional pone a prueba seria la credibilidad del sistema de justicia.

Senderos misteriosos

Lo peor es que este caso no representa, ni mucho menos, el único en el que existen fuertes sospechas de un ‘error judicial’ o de que el sistema haya sido utilizado para callar a opositores. No es ningún secreto que en un pleito contra el Estado las posibilidades de ganar son menos que mínimas.

Pero este proceso tiene algo distinto: es una empresa privada que se beneficia de un fallo cuestionable y la probable encarcelación de los ex jueces. ¿Qué pasa aquí?¿Es asunto de senderos misteriosos, o hay algo más concreto de por medio, como en la instancia del cheque millonario entregado al hermano del secretario de la Corte Constitucional, mientras esta consideraba el mismo caso dela Cervecería Nacional?

Tal vez Alexis Mera, abogado de la Presidencia nos podría ayudar. Como ex miembro de un bufete de abogados que asesoraba a la Cervecería Nacional, y quién en el 2011 fue acusado [iii] de tráfico de influencias relacionado con el mismo caso de la Cervecería Nacional,,el parece entender el asunto de los senderos misteriosos, y por tanto estaría en una posición única para echar un poco de luz sobre el caso. Quizá nos podría ofrecer una opinión.

Vicente Reátegui también es abogado, con los pies en la tierra: no comercia en misterios ni en tráfico de influencias. Para él, el mensaje del fallo es más que claro: “señores jueces, no apliquen la Constitución cuando de derechos de los trabajadores se trata, porque las empresas los van a meter presos.”

Al final, puede que las dudas que tengo respecto al fallo de la Corte Nacional se deban a que no entiendo el concepto mismo de la justicia, o tal vez es porque como no creyente me resulta difícil entender la idea de los senderos misteriosos por los cuales obran Dios y, aparentemente, el sistema jurídico del país. Sin embargo, si bien Dios por ser misterioso podría tener el derecho de moverse de la misma forma, la justicia no goza o no debe gozar del mismo privilegio. Y para seguir con los refranes, parece evidente que, como la mujer del César, la justicia no solo debe ser independiente y transparente, también debe parecerlo. El problema con el proceso de la Cervecería Nacional y sus ex trabajadores es que no tiene nada de transparencia ni, aparentemente, independencia, sino muchas contradicciones. De justicia ni hablar.

NOTAS

[i]http://blogs.udla.edu.ec/centroderechoconstitucional/files/2013/01/Caso-Cervecer%C3%ADa-Nacional-13a70vw.pdf.

[ii]Ex juez de caso Cervecería ‘decepcionado’ por su condena. La Hora, 09 de marzo 2016 http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101923249#.VvFdUXqgpaU

[iii]‘Bucaram acusó a Mera de tráfico de influencias en caso de Cervecería Nacional’El Tiempo.com.ec 2011-02-10 http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/59946-bucaram-acuso-a-mera-de-trafico-de-influencias-en-caso-de-cerveceria-nacional/La denuncia de Dalo Bucaram se sustentó en un documento entregado por Carlos Lucero (ex abogado de los trabajadores de la empresa) del Estudio Jurídico Romero Menéndez, firmado en el 2004 por Mera, quien para entonces actuaba como abogado de la Cervecería.

Foto: La Hora. http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101922977/-1/Condenan_a_tres_exjueces_por_prevaricato_en_caso_Cervecer%C3%ADa_Nacional.html#.VvHHRHqgpaU