OJOS CERRADOS A CIELO ABIERTO. Por Nathalia Cedillo C.

11 de marzo 2016

El pasado 3 de marzo fue una jornada donde convergieron sucesos que invitan a la reflexión. El Presidente Rafael Correa visitó el Proyecto minero Mirador, concesionado a la transnacional minera china ECSA (ECUACORRIENTE S.A.) en Zamora Chinchipe, para ver los avances del mismo.

Paradójicamente, en este mismo día y en la misma provincia se debía realizar la audiencia de juzgamiento por el asesinato del Dirigente Shuar José Tendetza, defensor del Bosque Protector de la Cordillera del Cóndor y detractor de la explotación minera a cielo abierto en la parroquia Tundayme (zona de influencia directa del proyecto minero), cuyo cuerpo fue hallado sin vida a la orilla del río Zamora, atado y con claras señales de violencia el pasado 2 de diciembre de 2014.

Mientras esto sucedía en la Amazonía ecuatoriana, Honduras amanecía consternada por la noticia del violento asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, conocida en su país y Latinoamérica por su activismo en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Cáceres fue Coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras COPINH y llevaba más de 20 años en la lucha por la defensa del agua y los territorios de su pueblo Lenca.

El asesinato de líderes comunitarios anti-mineros en el contexto de actividades extractivas no es casualidad. América Latina -territorio rico en recursos naturales- tiene una amplia experiencia sobre casos de violencia y diversos grados de represión a sectores populares, desatados por las mismas empresas extractivistas y solapada en muchos casos por los gobiernos, más allá de su orientación ideológica. El respeto a la naturaleza, a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos forma parte reiteradamente del “sacrificio” indispensable para el desarrollo.

Sin embargo, cuando escuchamos el discurso pro-minero del Presidente Correa revestirse de pureza y buenas intenciones y posicionarse como el único e indiscutible camino para salir de la pobreza, parecería que la realidad de los conflictos socio-ambientales son cosa del imaginario fantasioso de algunos “tirapiedras”.

Según organismos de Derechos Humanos, al momento se contabilizan más de 30 familias Shuar despojadas de sus territorios en la zona concesionada, sin Consulta Previa, violando derechos constitucionales. Sin embargo, el Presidente Correa desestimó estos conflictos, dijo: “cada vez que se ha querido hacer un campamento, movilizan gente para instalarse ahí para luego ser desalojados y victimizarse, la represión. Sacan a ingenuos campesinos, ingenuos indígenas, agricultores para meter la gran minería”.

De igual manera, atribuyó las secuelas del desastre ambiental de la explotación petrolera al mal manejo de los gobiernos de la “partidocracia”, más no al modelo extractivista en sí; asegurando que ese pasado no se repetirá porque ahora hay un gobierno que “sabe hacer bien las cosas”.

La representación de los hechos desde el oficialismo, construye lo que el filósofo británico J. Austin denomina un acto ilocutivo o un acto de palabra, es decir las palabras realizan una acción más allá de lo dicho.

La fuerza ilocutiva de los enunciados de Correa contienen un presupuesto implícito que constituye un acto interno de la palabra en la medida en que el mandatario no solo deslegitima explícitamente a quienes cuestionan el modelo, sino a todo aquel que ponga en duda la buena fe de sus actos. Sus palabras están aleccionando implícitamente a los receptores de su mensaje, al país; de esta manera lo que dice Correa implica un mandato moral, el de agradecer a ojos cerrados que ahora existe un gobierno que sabrá redistribuir los réditos de la minería a cielo abierto.

El discurso del desarrollo al inscribirse en este juego de poder nos aprisiona en lo visible, parecería entonces que estamos ante un camino incuestionable e irreversible; pero lo que queda fuera de la representación oficial es que el modelo de crecimiento dominante es insostenible, puesto que no hay “minería responsable” (como la llama el Presidente) que cubra los exorbitantes costos socio-ambientales y de endeudamiento, ni mucho menos desarrollo por encima de los derechos humanos y colectivos.

Foto: www.defensoresdelsur.org