REFORMA LABORAL Y EL JUEGO DE LA POLÍTICA MANIATADA. Por Diego Carrión Sánchez[1]

21 de marzo 2016

Introducción

Con el fin de justificar el proyecto de “Ley orgánica para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo”, se teje una causalidad entre el precio de petróleo, la disminución de la competitividad externa y la afectación del empleo digno. Sobre éste último, se dice,  debería estar “protegido” por el Estado. No se explica qué está detrás de esa causalidad linealmente establecida y elevada a “verdad” para el sentido común.

El presente artículo se pregunta sobre la agencialidad de los sujetos en el marco de dicha causalidad económica cosificada, y sobre las posibilidades de la política en contextos cerrados donde prima el pragmatismo y la idea de que “no hay alternativa” más allá de la adaptación a lo dado. La reflexión se da en torno de lo que se considera el núcleo central del proyecto de ley antes mencionado, sin abordar todas sus aristas.

I

En la justificación del proyecto de ley las variables económicas aparecen como poseedoras de su propia agencialidad, como si no existieran sujetos concretos sosteniendo decisiones, ejerciendo poder, aplicando trabajo, expropiándolo, etc. Un carácter espectral parece acompañar al proceso económico, pues, las cosas se animan mientras los sujetos permanecen ocultos  o aparecen sin ninguna potencia frente al conjunto de condiciones dadas.

Para que estas tres variables (precio del petróleo, revalorización del dólar y devaluación monetaria en países vecinos) afecten al empleo digno deben tomarse una serie de decisiones conscientes por parte de agentes muy concretos de la economía, sobre los cuales recae la responsabilidad de afectar o proteger al empleo. Si la realidad se presenta como una causalidad mecánica entre variables, es porque se trata, apenas, de una versión particular de la realidad, construida como narrativa del poder en su pragmatismo de cortas miras. En la versión gobiernista de la presente crisis los empresarios son inocentes víctimas de los avatares de la economía internacional, sin más alternativa que generar desempleo o empleo no digno; los trabajadores más pobres, por otro lado, serían responsables de su situación, pues no acreditan títulos ni méritos suficientes para acceder a otra posición social diferente que la del empleo mal remunerado e inseguro.

Se hace necesaria una lectura menos espectral, que restablezca la agencialidad a los sujetos y su responsabilidad en el proceso económico. Aquí se intenta dicha lectura al responder dos preguntas: 1. ¿Qué fuerza tan misteriosa impone, de manera determinante, al empresariado la supresión de puestos de trabajo? y 2. ¿Los méritos que determinan el estrato social es algo que depende exclusivamente de la voluntad de cada persona?

Se lo vive como una fatalidad: ante la crisis los empresarios eliminan personal. Pero esto no puede entenderse como una ley de la naturaleza que ni siquiera merece explicación, como lo hace el proyecto de Ley orgánica para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo. Si los empresarios recortan su personal es porque miran en la situación económica pocas perspectivas de mantener su volumen de producción y ventas. En la lógica simple y ciega de la contabilidad lo que cuenta es la ganancia. Y ese simplismo contable es la máxima de los empresarios: no ver recortada su ganancia por ningún motivo significa reducir sus costos de producción en la misma proporción o más rápidamente que la disminución de los ingresos por ventas. Pero esa reducción de costos no se realiza mediante la innovación o el mejoramiento tecnológico, no. Se la hace afectando al eslabón más débil: los y las trabajadores/as. Los empresarios para no ver reducido su margen de ganancia deciden de manera consciente y sin reparos éticos, recortar el personal o desmejorar las condiciones del empleo. Eso significa tener menos personas y familias entre las que repartir la riqueza generada en el proceso productivo y apropiada por ellos.

Este acto utilitario: usar cuerpos y mentes para generar dinero y luego desecharlos ante la contingencia mercantil, es lo que se esconde tras la aparente relación mecánica de variables (devaluación, caída de precio de petróleo, desempleo). Son personas conscientes de la situación cotidiana de otras personas que han aportado para que su empresa crezca y que sobreviven con lo justo, quienes deciden de manera voluntaria deshacerse del otro con desapego y desinterés.

Del otro lado, los trabajadores en la menor escala laboral, aquellos que no tienen relación de dependencia, no están capacitados y dependen de la voluntad del empresario privado para tener o no un ingreso ¿son culpables de su situación y se merecen por tanto pagar los costos de la crisis? Provienen en su mayoría de familias marginadas del proceso de apropiación privada de la riqueza; son los hijos del colonialismo interno (Gonzáles Casanova, 2009), de la migración campo-ciudad cuyo origen se encuentra en la modernización capitalista del campo que expulsó a miles de personas; son el resultado de las políticas de ajuste estructural de los noventa que privatizó la educación de calidad y puso barreras para el acceso de tipo económicas y sociales, casi tan efectivas como el actual examen de ingreso. Personas que enfrentan mercados altamente concentrados (Superintendencia de Control de Mercado, 2013, pp. 5, 9), que no disponen de suficiente capital como para superar las barreras de inversión de la mayoría de ramas productivas y que no disponen de líneas de crédito por lo que ven estrellarse contra el muro de la realidad sus esperanzas emprendedoras. Sin otra posibilidad, y a la usanza de sus antepasados expropiados de todo en el histórico proceso de privatización de lo común, no poseen si no su fuerza de trabajo que puede ser vendida para poder sobrevivir.

Propongo que desde esta lógica relacional[2], la causalidad se invierte: son los y las trabajadoras quienes ven su agencialidad afectada por una estructura socio histórica que controla, norma, encausa su potencia a procesos de valorización en el marco exclusivo de la propiedad privada de los medios de producción; mientras los empresarios son los agentes responsables del estado del empleo en el capitalismo.

II

Es pertinente indicar que, si bien los empresarios y sus representantes gremiales, pretenden insuflar verdad a sus pedidos particulares mostrándose como los únicos que “generan”, “protegen” o “crean” empleo; las cifras históricas en el Ecuador, muestran que ellos han conformado un aparato productivo débil, con muy escasa capacidad para emplear dignamente a la población. Por ello se afirma que el Ecuador sufre de subempleo estructural (Larrea, 2006), lo que quiere decir que la estructura productiva, creada en gran medida por las decisiones de los empresarios, que han apostado históricamente por sectores rentistas primarios, no logra emplear dignamente a más de la mitad de la población.

Siguiendo esta línea de reflexión, ¿los funcionarios del gobierno que proponen y/o defienden el proyecto de Ley orgánica para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo, defienden los intereses de los trabajadores o los de los empresarios?

Quizá lo más gracioso es que la mayoría de ellos ni siquiera lo sabe, pues están imbuidos en la lógica espectral del fetichismo mercantil y son incapaces de generar un análisis relacional que les permita posicionarse de manera coherente con el supuesto discurso “revolucionario” que dicen defender. Inútil preguntarles. Preferible juzgar la intención por sus actos.

El artículo 3 de mencionado proyecto de ley habilita a las empresas privadas en casos “excepcionales” a reducir las horas de trabajo que contratará y pagará a sus trabajadores hasta 30 horas semanales en vez de 40 que es la jornada laboral legal. Se supone que esta medida es para “defender el trabajo”.

Tras ese eufemismo es evidente que (como estipula el numeral 3 de mencionado artículo) se pagará en función de lo efectivamente trabajado. Es decir, que quienes recibían una remuneración por ocho horas ahora recibirá pago únicamente por seis horas: se puede ver con claridad que se trata de una disminución del salario.

Esa reducción del salario no beneficia al trabajador (da vergüenza tener que apuntar lo evidente), si no al empresario que mira reducir su costo de producción y por tanto se le abre la posibilidad de capitalizar mayor porción de plusvalía y/o reducir su precio de producción ganando competitividad en el mercado. Se trata de la vieja y manida estrategia de ampliar la competitividad a costa de sacrificar a la población trabajadora.

No hay nada nuevo: antes, una devaluación del sucre era suficiente para transferir los costos de la crisis a los y las trabajadoras, pues se reducía en términos de salario real su capacidad adquisitiva a través de la inflación, mientras los empresarios podían seguir pagando los mismos sucres del salario nominal. El despido, la precarización y el subempleo eran otros mecanismos que al perjudicar a los hogares más débiles, incrementaban la competitividad de los sectores económicos más ricos.

No se puede olvidar que una economía primaria exportadora dependiente como la ecuatoriana no fundamenta los incrementos de productividad y competitividad en adelantos tecnológicos, “inteligentes” innovaciones gerenciales o la competitividad sistémica. El incremento de la producción y la ganancia históricamente ha venido ligado a las ventajas comparativas (ventajas naturales), el incremento de la intensidad del trabajo y vulnerar el valor que se requiere para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Diez años de “revolución ciudadana”, no ha cambiado significativamente este panorama. La mejor prueba de ello es el proyecto de “Ley orgánica para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo”

Disminuir las horas trabajadas y pagadas de 8 a 6 implica vulnerar el valor de la fuerza de trabajo, es decir, quitar al trabajador capacidad para adquirir parte de los bienes y servicios que necesita para sobrevivir. Esto es: superexplotación laboral (Marini, 1991 (1973), p. 13), mecanismo histórico cuyo fin es beneficiar a los empresarios en detrimento de los trabajadores, dado que la ganancia tiene una relación inversa con los salarios: a menor masa salarial, mayores ganancias y viceversa.

A una reducción del tiempo de trabajo puede sucederle dentro de los muros privados de la empresa (lejanos de la política y normativa estatal), la exigencia de incrementar la intensidad del trabajo, para compensar las horas reducidas. Esto incrementa el desgaste de los trabajadores, sin una adecuada remuneración por dicho sobreesfuerzo.

Los trabajadores pierden y son los únicos que pierden  en esta situación.

III

La propuesta incluye la idea de evitar el reparto de utilidades (dividendos) en las empresas que hayan optado por la reducción del tiempo laborado y pagado, a menos que se paguen las 8 horas de la jornada legal aunque se hayan trabajado solo 6.  Esto no significa que los empresarios vayan a perder parte del monto apropiado a final del período como ganancia, sólo significa que deberán capitalizar íntegramente el valor invirtiéndolo en la empresa, sin repartir dividendos destinados al consumo. El empresariado ha manifestado su descontento frente a esta parte de la ley.

En el marco del chantaje posible cuando se supone que no hay alternativas, pueden preverse tres escenarios: i. El gobierno cede a las presiones y descarta el no pago de dividendos, caso en el que demostraría con claridad su cerrada intención de beneficiar a los empresarios; ii. Los empresarios aceptan capitalizar sus utilidades sin repartir dividendos para evitar el pago por la jornada completa, lo que podría darse fácilmente si comprenden el beneficio que significa reinvertir en vez de consumir en época de crisis; iii. El proyecto de ley se mantiene como está pero los empresarios no aceptan la capitalización obligatoria, caso en el que la ley no surtirá mayor efecto, pues los empresarios preferirán despedir a los trabajadores antes que optar por el recorte al tiempo trabajado de ocho a seis horas, la ley será un tiro al aire sin ninguna efectividad.

Los empresarios, entonces, solo pueden ganar en cualquiera de estos escenarios. Lo más probable es que el gobierno desnude sus intensiones y ceda a sus pedidos a través del veto presidencial o la reforma. Quizá la demagogia que rodea al proyecto (trabajo juvenil, ampliación del plazo para maternidad) no sea más que el juego preparatorio para el hachazo final.

Parece que el papel del Estado es garantizar situaciones favorables al empresariado para que éste no elimine empleo, y la forma de hacerlo es asegurándoles caminos legales para no disminuir su ganancia o acrecentarla. Esto solo parece lógico en un escenario en el que las alternativas están profundamente cerradas.

IV

La soberanía del Estado, o la libertad en un sentido más amplio no puede acabarse en el triste ejercicio de elegir entre las opciones disponibles. Una sociedad es autónoma, soberana, solo cuando puede ir más allá de las elecciones “viables” en términos del orden dado de las cosas, su potencia se expresa en la capacidad de ampliar el abanico de lo posible, o en otras palabras: en llevar más allá el horizonte de la agenda de elecciones posibles (Bauman, 2015, pp. 83,84).

Sin embargo para los asambleístas de Alianza País que defienden el proyecto: “no hay alternativa”. ¿Por qué no se puede pensar en medidas que al redistribuir la riqueza concentrada permitan invertir a los pequeños productores; desconcentrar los mercados penalizando las prácticas monopólicas; fortalecer la vía campesina para la agricultura o exigir a los empresarios que protejan el empleo en tiempos de crisis, asumiendo un compromiso solidario con la comunidad?

Ellos no pueden siquiera imaginar estas posibles alternativas que rebasan su abanico de elección porque viven la impotencia de la política en el orden capitalista. El poder está muy lejos de la política del Estado porque la dinámica propia del capitalismo privatiza decisiones fundamentales encapsuladas tras el nombre de “lo económico”. Esta dimensión fundamental de la vida social, que determina las formas y posibilidades de satisfacer las necesidades queda capturada tras los muros de las empresas privadas y las decisiones fundamentales son tomadas muy lejos del espacio público (Meiksins Wood, 2000). La política está maniatada y se juega de manera pragmática en ese terreno infructuoso.

En ese espacio privatizado donde se decide el devenir común de la sociedad, ocultos, fuera de toda acción política, se toman decisiones tan importantes como la conservación o pérdida del empleo. Ahí está el verdadero poder, tras la máscara del mercado, que aparece como el único soberano posible.

Rescatar el poder soberano para la comunidad implica reclamar la posibilidad de decidir desde espacios democráticos, amplios, deliberativos, aquellos aspectos hasta hoy privatizados por el poder del capital.

Quiero imaginar la marcha del pasado 17 de marzo como una forma de demandar la apertura de este tipo de discusión. La agencialidad coartada en las relaciones de producción privadas, la agencialidad silenciada a la fuerza por el orden institucional, encuentra en las calles un canal para su presencia y su voz. Denuncia, con la fuerza de quienes producen el mundo, la complicidad del gobierno con la superexplotación laboral y señala de manera tajante a los responsables y beneficiarios.

Bibliografía

Gonzáles Casanova, P. (2009). De la sociología del poder a la sociología de la explotación. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores y CLACSO.

Superintendencia de Control de Mercado. (2013). Indicadores de concentración . Superintendencia de Control de Mercado. Quito: Superintendencia de Control de Mercado.

Larrea, C. (2006). Hacia una história ecológica del Ecuador. Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, Eco Ciencia.

Marini, R. M. (1991 (1973)). Dialéctica de la dependencia. Cátedra Ché Guevara.

Bauman, Z. (2015). En busca de la política. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Meiksins Wood, E. (2000). Democracia contra capitalismo. México D.F., México: Siglo Veintiuno Editores.

[1] Director del Instituto Superior de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador.

[2] La lógica relacional considera el proceso económico como un conjunto de relaciones sociales en las que se expresan  agencias enfrentadas en el proceso de producción y apropiación de la riqueza. Son los sujetos y sus acciones los que determinan el proceso, no las variables o las cosas.