JUSTICIA CORREÍSTA Y TOTALITARISMO. Por Juan Cuvi

03 de Junio 2016

¿A alguien les quedaban dudas respecto de las inclinaciones fascistoides del correísmo? Pues con la última sentencia en contra de los dirigentes indígenas de Saraguro estas quedan absueltas.

La punibilidad de las conductas humanas es un requisito de los regímenes totalitarios. Todo comportamiento que se aparte de la norma es considerado una amenaza a la homogeneidad ideológica, política o cultural impuesta desde el poder. Implica un desorden difícil de controlar. No solo eso: puede ser la antesala de un proceso de insubordinación contra cualquier forma de domesticación social.

En el caso de sociedades multiculturales como la nuestra, los regímenes totalitarios necesitan someter sobre todo a la diferencia tal cual. Únicamente así aseguran la hegemonía del discurso oficial. Las lógicas autónomas son inaceptables porque dificultan o impiden las políticas uniformes y la rígida técnica burocrática. Cuando de por medio están las sociedades indígenas, la relación con el poder político se complica aún más debido a las profundas culturales. ¿Cómo armonizar tiempos y espacios tan disímiles dentro de la dinámica de acumulación capitalista, cuya lógica responde al principio unívoco, lineal y ascendente de la ganancia?

El mensaje detrás de la condena a los dirigentes saraguros es claro y terminante, y calza perfectamente con la estrategia de destrucción del mundo indígena puesta en práctica por el correísmo durante su mandato. Coincide, además, con la reciente ofensiva para ampliar las concesiones mineras en el sur del país. El régimen no tolerará ninguna reivindicación plurinacional que ponga en riesgo la penetración de las transnacionales mineras y la consolidación del modelo extractivista.

En la condena de marras afloran varias aristas que denotan el carácter retrógrado del correísmo. En primer término, una visión racista y colonialista del Estado, que de paso nos retrotrae a figuras vergonzosas del viejo modelo oligárquico de dominación: la idea de que la ley es para el de poncho. La ausencia de proporcionalidad en la pena es tan oprobiosa que ha provocado el rechazo del propio Defensor Público.

En segundo término, evidencia la utilización de la justicia con fines estrictamente políticos. No solo que se ha sacrificado la independencia de la función judicial en favor del autoritarismo y la discrecionalidad del gobierno, sino que se la ha utilizado como instrumento de amedrentamiento y persecución. Es la sutileza represiva, el súmmum del control social, la incursión desvergonzada en el campo del dominio simbólico. Es la imposición de una conciencia social temerosa y sumisa.

En tercer término, el arrasamiento de la sociedad a manos del Estado. Los derechos colectivos quedan totalmente subordinados a un interés general definido desde la transitoriedad de un gobierno y encarnado en la supuesta neutralidad del Estado. Es la supremacía del aparato estatal sobre la democracia; es la tecnocratización de la vida social.

En diez años de gobierno el correísmo ha logrado apuntalar un discurso conservador y autoritario que, desafortunadamente, no se deteriora por la reacción democrática de la sociedad sino por la crisis económica. Al parecer, los afanes libertarios de la ciudadanía nacen del bolsillo antes que el espíritu, lo cual resulta tremendamente peligroso: siempre habrá cabida para que un nuevo período de bonanza económica reactive los referentes totalitarios desplegados por el correísmo.

Hoy el Ecuador enfrenta una encrucijada histórica: quedar anclado indefinidamente a un modelo político autoritario y caudillista, o encontrar una salida desde posturas claramente democráticas y emancipadoras. Para lo primero está la continuidad del régimen en sus distintas vertientes de derecha; para lo segundo es imprescindible desmontar el sistema de control social que implementó el correísmo mediante una hábil mimetización ideológica y una promiscua verborrea de izquierda. Desmontarlo y desnudarlo.

Foto: CONAIE