LA FALAZ SENTENCIA CONTRA DOS COMUNEROS SARAGUROS. por Ileana Almeida

14 de junio 2016

Con sabatinas, propaganda televisada y mensajes en las redes sociales, el gobierno de Correa intenta forjar una imagen ideal del presidente. Se lo presenta como un líder imprescindible, como el mandatario modelo que debe perpetuarse en el poder para bien de todos. Sin embargo, hay una gran distancia entre la creación del discurso oficial y la realidad.

Correa y su gobierno han tratado de convertir a los indígenas en un instrumento de sus propios fines. No los ven como personas ni pueblos que tengan derechos propios. Les molesta la responsabilidad con que asumen sus deberes ecológicos, porque es incompatible con la política de desarrollo capitalista -extractivismo incluido- que ha adoptado el régimen. Desde luego, no se reconoce la legitimidad de los afanes indígenas de supervivencia global, más bien se los reprime por la fuerza con armas, prisión y persecuciones. Se apela a la acusación “de terrorismo organizado, sabotaje, allanamiento de propiedades; de estar en contra del Ecuador y de atentar contra la estructura del Estado”.

Se pasa por alto la validez del  pensamiento de los pueblos indígenas y se desconoce su fidelidad a la conjunción de la naturaleza con las diversas culturas. Todavía se recuerda la imagen de un grupo de shuaras en un puente sobre el río Upano, acosados por soldados que les encañonaban  con armas de fuego. Fue el día que mataron a Bosco Wisuma. Arriesgaban sus vidas en rechazo a la Ley de Aguas, que propicia la privatización y el acaparamiento en beneficio de las  empresas mineras.

No se quiere apreciar la vocación universal que manifiestan las nacionalidades indígenas. En la marcha del 13 de agosto del 2015 los dirigentes Salvador Quishpe y Carlos Pérez Guartambel y su compañera Manuela Picq fueron golpeados, arrastrados por la calzada y tiznados sus rostros, en clara demostración de las atrabiliarias prácticas represivas que emplea el gobierno.

No se valora la solidaridad indígena con los reclamos que despiertan en amplios sectores sociales las enmiendas impuestas por el poder. La enmienda al Código de Trabajo vulnera los derechos de los trabajadores. La Ley de Comunicación es incompatible con la  cultura. Hay un falso y nocivo criterio de  que  la comunicación es solo el periodismo;  también lo son la literatura, el cine, el teatro, la cultura en general. La reelección indefinida de los mandatarios, aprobada por la Asamblea Nacional,  restringe la voluntad de toda la sociedad, a la que se condena a soportar  el imperio de ideas y prácticas totalitarias que exasperan y envenenan a la gente.

Con intención y cinismo antidemocrático se hace caso omiso del derecho de los  indígenas a una justicia de contenido cultural propio, que vele por el bienestar moral y social de la comunidad, y que está garantizada por la Constitución. Según el Consejo Comunitario Saraguro, que ha evaluado el comportamiento de sus miembros Luisa Lozano y Servio Angamarca durante la protesta contra las enmiendas, estos comuneros recurrieron a una respuesta circunstancial, en un momento de gran tensión, pero un juez de Loja los ha condenado a cuatro años de prisión, pena que ni siquiera existe para condenar el supuesto delito.

El gobierno ha menoscabado, una vez más, el respeto que merecen los pueblos originarios. Hoy por hoy, la mayoría de los presos políticos son indígenas. Los ecuatorianos no apoyan las enmiendas a la Constitución que ha fraguado el régimen de Correa. Lo que quieren es que se haga realidad el Estado Plurinacional que figura en la carta política para que los pueblos indígenas puedan en forma pública y democrática asumir los asuntos estatales que les compete y además contribuir a impulsar los intereses de todos los ecuatorianos.