TORTURA IMPUNE EN EL ECUADOR . Por Luis Ángel Saavedra

06 de septiembre 2016

Torturar parece estar permitido en el país, pues para ejercitarla cuenta con la negligencia de la justicia y la viveza de los abogados gubernamentales que argumentan cualquier cosa para que la tortura parezca solo un procedimiento más de control social al que no se le debe dar mayor importancia; para ellos, mucha alharaca se ha armado alrededor del caso de la cárcel de Turi y en el caso del estudiante del colegio Mejía torturado en septiembre del 2014.

Una nueva audiencia en el caso de la cárcel de Turi

Como se recordará, el pasado 31 de mayo de 2016, los internos del Pabellón “JC” de Mediana Seguridad de la cárcel de Turi, en Cuenca, fueron torturados por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y otros policías vestidos de camuflaje. Frente a esto, abogados de la Defensoría Pública solicitaron un Habeas Corpus, a fin de que los detenidos fuesen presentados ante un juez y puedan denunciar sobre las torturas recibidas. Una primera audiencia se realizó el 21 de junio, la que fue suspendida, reinstalada el 28 de junio y nuevamente suspendida porque los representantes del Ministerio del Interior querían encontrar videos que fundamenten su teoría de que la policía ingresó a controlar un motín; es decir, si encuentran evidencia de un motín, la tortura se puede legitimar.

El juez Esteban Vélez Pesantez aceptó el Habeas Corpus a favor de los internos y ordenó, como medidas de reparación integral, que la policía pida disculpas públicas, orales y escritas, a los internos, y que el Ministerio de Justicia autorice el traslado de los mismos a otros Centros de Rehabilitación Social. Los traslados se dieron, pero como una medida para seguir dificultando las investigaciones; en tanto, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, conformada por Juan Pacheco Barros, Edgar Morocho Illescas y José Vicente Andrade Vélez, declaraba la nulidad del proceso de Hábeas Corpus.

Una nueva audiencia se programó para el lunes 5 de septiembre en donde se debía empezar de cero. Tras cuatro horas de escuchar las intervenciones de los representantes de las diferentes carteras del Estado y la defensa de los 13 internos de la cárcel de Turi, el juez suspendió nuevamente la audiencia para dar paso al mismo pedido del Ministerio del Interior que pide un peritaje informático al sistema de grabación de la cárcel de Turi con el fin de obtener las grabaciones completas de lo que ocurrió el 31 de mayo de 2016.

En la audiencia pública, Ana María Ordoñez y David Ayala, defensores públicos de Azuay que llevan la defensa técnica del caso, reprodujeron parte de los videos que registran las agresiones que recibieron los internos del Turi y en los que se observa cómo ellos están en el piso, boca abajo, y son golpeados, pisados y obligados  a desnudarse para luego recibir golpes en sus partes íntimas y descargas eléctricas.

Óscar Zuñiga, abogado de los 15 policías, aseguró que la ley faculta a sus clientes a hacer uso de la fuerza. “Ponerles boca abajo ¿es trato inhumano, denigrante? El reglamento de 2014 lo permite”, argumentó este abogado en la audiencia. Al parecer Zúñiga no prestó atención a los videos que se pasaron en la audiencia y tampoco ha visto los videos que ya han sido difundidos ampliamente en redes sociales (http://bit.ly/2cfb9uQ y https://vid.me/prisionero69); en ellos se observa claramente los tratos a los que fueron sometidos los internos de la cárcel de Turi, tratos que no son permitidos en ningún reglamento, al contrario, son tipificados como violaciones a los derechos humanos, tanto en la normativa nacional, como en los pactos y tratados internacionales que el Ecuador ha suscrito.

En la audiencia también se presentó un video hecho por los internos en donde se muestran los signos de las agresiones. Este video está hecho con un celular, ante lo cual la defensa del Ministerio del Interior argumentó que constituye prueba alguna porque los celulares están prohibidos al interior de las cárceles del país. Para la defensa gubernamental, lo sucedido en Turi solo respondió al principio de uso proporcional de la fuerza. David Cordero Heredia, docente de la Pontificia Universidad Católica de Quito, quien presentó un amicus curiae en la audiencia, señala que las personas privadas de libertad, al tener una condena, solo son privadas del derecho a la libertad, no de todos los otros derechos que los asisten, y que lo visto en los videos muestra que la Policía no hiso uso progresivo de la fuerza, pues no tenían ante sí ninguna resistencia ni actitud agresora, pueda considerarse como peligrosa para los agentes policiales, la policía golpeó a personas que estaban en el piso, indefensas.

La estrategia de la defensa gubernamental es dilatar el proceso y llevar al olvido lo sucedido en Turi.

¿Negligencia en el caso de Ángelo Ayol?

Mientras en Cuenca se debate la tortura en la cárcel de Turi, en Quito se lleva otro caso de tortura, la de Angelo Ayol, estudiante del colegio Mejía, que fue detenido junto a otros estudiantes y conducido a la Unidad de Policía Comunitaria de la Basílica. Estos hechos se dieron en septiembre de 2014, cuando estudiantes del colegio Mejía se manifestaron en contra del anuncio de cerrar la sección nocturna de este colegio y en respaldo a la convocatoria a movilizaciones que hicieran diversos colectivos sociales.

Cerca de 200 estudiantes fueron detenidos entre el 17 y 19 de septiembre de 2014, de ellos se procesó penalmente a 49, pero se hizo caso omiso a denuncias de los estudiantes que habían sido torturados por los policías que los detuvieron. 21 estudiantes denunciaron estos hechos, pero solo uno, Ángelo Ayol, sostuvo su denuncia y mantiene aún un proceso en contra de los policías responsables.

Ya van a cumplirse dos años de estos hechos y una serie de triquiñuelas jurídicas han impedido que se avance. El primer fiscal asignado al caso fue removido de su cargo, no se  nombró a su sucesor dejando vacío el puesto por más de tres meses y recién el sábado pasado, 3 de septiembre, luego de varias suspensiones, la fiscal Marilyn Calderón, decidió realizar la reconstrucción de los hechos en las calles aledañas al colegio Nacional Mejía. La diligencia estaba planificaba hacerse desde las 19h00, con la presencia de los agentes de la Fiscalía y los policías involucrados, para lo cual la Policía Metropolitana cerraría las calles cercanas. La reconstrucción de los hechos tampoco se dio esta vez porque los policías no acudieron al lugar citado, la policía metropolitana no se hizo presente para cerrar las calles, el abogado de la defensoría pública tampoco estaba porque había sido notificado para una hora distinta; es decir, no se pudo realizar la reconstrucción de los hechos por una serie de irregularidades y ausencias que es muy difícil endosarlas solo a la negligencia de la fiscal.

Ayol, que en ese entonces tenía 17 años, salió de clases y se dirigía a su casa en Toctiuco, pero fue detenido por policías, fue golpeado por la espalda con una moto y luego atropellado por la misma moto, luego fue golpeado hasta que perdió el conocimiento; lo condujeron al UPC de la Basílica en donde, una vez que recobró el conocimiento, fue nuevamente golpeado, antes de ser conducido a la Unidad de Flagrancia. Ayol pasó dos días hospitalizado.

 

La fuerza de sus padres y la decisión de Ángelo han logrado sostener este proceso por los dos años que han trascurrido, pero han debido enfrentarse, no solo al espíritu de cuerpo que ha caracterizado a la policía a la hora de taparse unos a otros sus actos, sino que han debido enfrentar también al temor de buscar justicia que tienen los funcionarios cuando se trata de enfrentarse a la policía, pues a más del espíritu de cuerpo policial, sus malas acciones ahora son defendidas a raja tabla desde el Ministerio del Interior.

El caso Ayol, y el caso de la cárcel de Turi son una muestra de que la tortura en el Ecuador existe y puede llegar a verse como normal y cotidiana con la vista gorda de las autoridades judiciales y con la defensa que tienen ahora los responsables de ella por parte de autoridades gubernamentales.