ENTREVISTA A PATRICIA SÁNCHEZ: UNA SOLA VÍA, LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HABITAT.

Observatorio Habitat III

14 de julio 2016

Cómo se mira el megaevento Hábitat III desde Guayaquil?

Para Guayaquil y el Ecuador, sin riesgo a equivocarme, Hábitat III es una interrogante.  Salvo muy pocas personas del mundo académico y gubernamental, el resto no se siente aludido pese a que Joan Cloas lo pregona en todos lados, que las “sociedades hoy son urbanas”.   Creo que esta forma de urbanismo y  las gobernanzas que los acompañan han contribuido para esta dicotomía entre ciudad y ciudadanía.  Aparejado a esto,  en Ecuador ha habido muy poco debate al respecto en las esferas gubernamentales encargada de promoverlo, más allá del ejercicio mediático. Más bien es desde la sociedad civil que se ha visto compromiso,  con la Plataforma de la Sociedad Civil hacia Habitat3, Hábitat 3 Alternativo y Resistencia Hábitat 3.

Resistencia Hábitat 3, es el espacio donde las organizaciones sociales estamos participando,  porque no es lo mismo ver la problemática urbana si vives en Samborondón o en Monte Sinaí, si eres desalojado o gerente del Proyecto Guayaquil Ecológico. Es desde aquí, que estamos en la reflexión por el derecho a la ciudad, al territorio, y que junto con otros compañeros y compañeras de organizaciones de América Latina y del mundo estamos construyendo nuestros espacios para la vida.

¿Qué balance haces de la política de vivienda del MIDUVI?

El Ecuador adoptó el modelo neoliberal de política de vivienda social en 1998 que se iba consolidando lentamente. Del 2007 al 2010, el modelo se acelera con recursos del Feiret y luego sucesivos créditos del BID, que han ido a pagar el subsidio habitacional. Así se construye mucha vivienda sobre todo rural de forma aislada, que permanecen cerradas, alquiladas o usadas como bodegas, con deficiencias constructivas y trastocando la naturaleza del subsidio, en vez de subsidiar a la demanda, se terminó subsidiando la oferta.  A partir del 2010, se intenta articular la vivienda en la producción de ciudad y cambiar la alta informalidad en la producción del espacio, privilegiando los “proyectos urbanos”.  El resultado, “proyectos aislados” diseñados como receptáculos de población desplazada de “zona de riesgo” o  modelos colonialista del “buen vivir” como las comunidades del milenio construidas en el oriente o la de la isla Santay.   Salvo muy pocos proyectos en donde la participación comunitaria ha estado presente,  la mayor parte están sufriendo acelerados proceso de deterior material y social por la falta de empoderamiento por parte de sus usuarios. El suelo ha estado ausente en la política habitacional a pesar que es la base para esta se desarrolle y la reciente aprobada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, tiene más un carácter normativo.

Dos mitos en los que se sustentan las políticas de vivienda: el déficit habitacional y  su articulación a la economía; de ahí la obsesión por hacer casas que en el nuevo escenario de políticas de mercado ha alejado a los más pobres del derecho a una vivienda, acrecentando los déficit que pretenden resolver. Sin embargo la historia de la humanidad muestra lo contrario, que son las comunidades las que han hecho sus hábitat, que hay un increíble potencial en ellas y que cualquier gobierno que se compromete seriamente a resolver la crisis habitacional debe pensar en políticas para potenciar estos esfuerzo y a romper esa perversidad de concebir a la vivienda de los más pobres como un producto de mercado.

Guayaquil ha vivido dos desalojos, ¿qué nos puede contar de cómo se han desarrollado y a qué intereses han respondido?

En Guayaquil se  han desalojado  al menos a 5.000 familias de la zona de Monte Sinaí a partir de diciembre del 2010, fecha de promulgación del decreto 607  para controlar el tráfico de suelo en esta zona donde se desarrollan los actuales asentamientos informales.   La promesa gubernamental de “terminar con las invasiones” fue acompañada de ofertas de reubicación en planes gubernamentales, sin embargo,  ésta  ha sido insuficiente e inaccesible para la economía de las familias de Monte Sinaí  y la tipología de vivienda “llave en mano” responde a los intereses de la empresa constructora que la ofrece y no de los requerimientos de la familia popular.   Sin respuestas adecuadas, las familias siguen reproduciendo las ocupaciones informales frente a lo cual  invocando el decreto 607 y la consigna de “cero tolerancia a las invasiones”, el derrocamiento de las viviendas en la zona es permanente.  En medio de esta rutina se dan 2 desalojos masivos y violentos, sobre 420  familias de Thalía 1 y 2, en mayo del 2013  y sobre 270 familias de las Marías  en junio del 2013.   La oferta de vivienda privada en el sector ha sido fortalecida con una gran inversión pública que ha permitido dinamizar el mercado de la vivienda social subsidiada, pero no resolver el problema de informalidad a 150.000  habitantes de Monte Sinaí, que carecen del más elemental recurso: agua potable.

Otra zona de desplazamientos forzosos y  violentos desalojos es el Suburbio Oeste donde el proyecto Guayaquil Ecológico  ha desplazado hasta ahora a más de 5.000 familias de las riberas del salado para construir  parques lineales y reubicarlas en Sociovivienda 2, rompiendo el tejido social de 3 y 4 generaciones que autoconstruyeron sus viviendas y barrios desde hace más 40 años y que les sirve para su sobreviviencia diaria. Por otro lado Sociovivienda 2  “macro programa de micro viviendas”, es el prototipo de programa habitacional neoliberal, que alcanzan altísima rentabilidad a la empresa que la construye por los mínimos requerimientos técnicos, el alto volumen de unidades a producir bajo un mismo patrón y el pago garantizado con el subsidio estatal, que se construye en los márgenes de la ciudad donde el suelo es barato y los servicios públicos deficitarios, formando enclaves humanos homogéneos de pobres, donde las familias son obligadas a vivir en condiciones mucho más desventajosas que las de origen, profundizando la segregación social y espacial ya existente. El resultado previsto de este modelo es una acelerada descomposición social y aumento de la violencia, que ha obligado a las autoridades a intervenirlo bajo  resguardo militar. Tras el discurso ecológico y de protección ambiental lo que existe es la imposición autoritaria y violenta de un “imaginario de ciudad”  – pues ni el estero ha sido descontaminado, ni los parques sirven para la recreación, ni las nuevas viviendas ofrecen la seguridad prometida-  para la postal y no para la vida.

¿Cuál es la respuesta de los barrios y cuál es momento actual de los desalojos?

Tanto en Monte Sinai, como en la zona de los esteros del Suburbio los moradores afectados han desarrollado una serie de prácticas de resistencia, que se ha expresado en denuncias, marchas, pintas, vigilias, elaboración de propuestas alternativas, pero ninguna de estas acciones han sido escuchadas por la autoridad, negando todo espacio de participación. Las comunidades han reaccionado con el mismo nivel de violencia con que se ha actuado contra ellas, quemando el hospital en construcción en Monte Sinai, la escuela de Sociovivienda y “reteniendo” a autoridades hasta ser atendidos.  Identificados en la defensa de sus territorios estos barrios han fortalecido su organización,  aletargada o cooptada por los gobiernos de turno y siguen articulando fuerza en sus localidades y con otras organizaciones nacionales e internacionales.

Tras los desalojos y desplazamientos en Monte Sinai y el Suburbio están 2 Megaproyectos urbanos de uso intensivo de capital;  el Programa de Desarrollo Urbano financiado por el BID y el Proyecto Guayaquil Ecológico respectivamente; los dos proyectos han mostrado graves errores en sus diseños e implementación, por el desconocimiento de las realidades donde actúan y/o por los verdaderos intereses que están detrás de éstos.  Enfrentados a sus propias contradicciones los desalojos y desplazamientos están en suspenso y serán procesados en un mejor entorno económico o nuevo escenario político, aunque los proyectos continúan implementándose muy alejados de las metas iniciales.  Urge un rediseño de estos proyectos priorizando atender los efectos negativos manifiestos y esto es posible solo dando la vuelta a la lógica de la planificación urbana que los generó.  Yo solo conozco una vía: potenciar la producción social del hábitat de mucho desarrollo y tradición en américa latina.  Partir de las comunidades, aprender de sus prácticas y con ellas pensar y hacer de la ciudad espacios justos para todos/as.

Fuente: https://observatoriohabitat3.org/2016/07/14/entrevista-a-patricia-sanchez-una-sola-via-la-produccion-social-del-habitat/