LAS PREGUNTAS QUE LE FALTARON AL PACTO ÉTICO DE RAFAEL CORREA. por Suaky Vintimilla

09 de diciembre 2016

El 24 de mayo del 2016, en su informe a la nación, Rafael Correa lanzó una llamada ‘propuesta ética’[1], para no permitir que los políticos y funcionarios públicos que tengan cuentas o bienes en paraísos fiscales sean candidatos, ni ejercer cargos de elección popular. Este anuncio se hizo un mes después del destape de los Papeles de Panamá y la vinculación con paraísos fiscales de altos funcionarios públicos como Galo Chiriboga, Rommy Vallejo, Pedro Delgado y, más tarde, Alex Bravo y Carlos Pareja Yanuzelli.

El contexto político actual está marcado por escándalos mayores de corrupción que son de dominio público y que están lejos de terminar. En el caso de Petroecuador los contratos firmados por Carlos Pareja Yanuzelli podrían ascender a USD 1.200 millones y los de la Repotenciación de la Refinería de Esmeraldas a USD 1.480 millones según el portal Focus Ecuador[2].  Existen también escándalos ‘menores’ como los que involucran a funcionarios como Diego Arellano Fuentes y Marcos Miguel Párraga Quintero, ex consejero del Cordicom y ex asesor de Jorge Glas, sobre quienes pesa la acusación de presunción de asociación ilícita en el caso de soborno para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión[3]. Estos casos de corrupción afectan la imagen del vicepresidente Jorge Glas, candidato al mismo cargo en las próximas elecciones de 2017, por ser quien ha impulsado el desarrollo de los sectores estratégicos,[4] y en el caso de soborno porque según informan medios de comunicación[5]  los imputados supuestamente habrían actuado por órdenes de Glas y Paola Pabón.

A esto habría que añadir que la actuación de los funcionarios públicos cuya obligación es intervenir en casos de corrupción también ha sido cuestionada. Christian Viteri[6], el asambleísta de Alianza País que está realizando una investigación sobre los casos de Petroecuador y la Refinería del Pacífico, indicó al portal Focus que desde la Fiscalía General del Estado se habría filtrado un documento alertando a Pareja Yanuzelli, quien consecuentemente abandonó el país. Viteri considera que se debería llevar a juicio político a Galo Chiriboga y opina que todavía no han salido todos los nombres de estos casos. El asambleísta interpuso una demanda por presunción de “lavado de activos en contra de Pareja Yanuzelli, Marco Calvopiña, Álex Bravo y Arturo Escobar”[7].

Otra muestra cuestionable de la actuación frente a casos de corrupción es la que el portal el Futbolero llamó el “escándalo procesal”. Según el portal la fiscal Diana Salazar[8][9] habría perdido la “prueba máxima” sobre la que se fundamentaba el caso de Luis Chiriboga, ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es decir el acta procesal del testimonio anticipado del ex presidente de la COMEBOL, Eugenio Figueredo. La defensa del hoy sentenciado a 10 años, Luis Chiriboga, entre los alegatos para impugnar la sentencia menciona que no se ha determinado en dónde está el dinero lavado y también habría ratificado “su interés por conocer dónde se encuentra el acta de testimonio anticipado de Eugenio Figueredo, ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quien no habría incriminado a Chiriboga” [10], según diario El Comercio (2016).

El Pacto Ético

La preocupación ética de Rafael Correa por la actuación de los funcionarios públicos de su gobierno es legítima y sin duda compartida por la ciudadanía. No obstante, aunque él mismo no está involucrado en los escándalos, su responsabilidad como gobernante no lo exime de la obligación ética y legal de haber garantizado que el Estado contase con organismos eficientes de control. Organismos que además son necesarios para poder rendir cuentas efectivas de una gestión pública de diez años caracterizada por una bonanza petrolera y que hoy culmina con una crisis económica que, según muchos han señalado, es quizás peor que la de los años 1998-1999. Pero como al parecer estos organismos eficientes no existen, ¿Rafael Correa habría colaborado en promover su incapacidad mediante decretos de emergencia que dispusieron la supresión de los informes previos de Contraloría como requisito legal para muchos de los contratos realizados en el país?

En este contexto queda en duda la validez de la consulta popular sobre el Pacto Ético, propuesta por el Presidente y recientemente aprobada por la Corte Constitucional y convocada con Decreto Ejecutivo N.- 1269.[11]

La consulta se sustenta en una única pregunta:

“¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”

En sí la pregunta puede tener algún valor, pero es evidente que como medida anti-corrupción es en el mejor de los casos una disposición tibia. Prohibir a los candidatos y funcionarios públicos tener capitales o bienes en paraísos fiscales no cambia sustancialmente las cosas. La posesión de una empresa, cuenta o bien en un paraíso fiscal, no es por sí prueba de corrupción, menos aún se puede decir que todas las empresas, cuentas o bienes en paraísos fiscales son de origen ilícito. La proscripción tampoco impediría a los funcionarios públicos y candidatos crear empresas, registrar cuentas o tener bienes en paraísos fiscales por intermedio de terceras personas, lo que se conoce como testaferros.

Justificando su iniciativa, Rafael Correa sostuvo en el enlace ciudadano de noviembre 26 de 2016, que de haber contado con  una ley como la que se busca establecer, no habría sucedido lo de Petroecuador. ¿Pero es esto verdad? No. Probablemente habría sucedido, pero no de la misma forma y quizás habría sido hasta más difícil rastrear las conexiones debido al testaferrismo.

Al mismo tiempo cabe destacar que el problema de los paraísos fiscales no es solo uno de corrupción.  Son legales, y esto permite que miles de millones de dólares sean sacados de países latinoamericanos sin pagar los impuestos debidos. Son una forme legal de quitar a poblaciones enteras los ingresos que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas.

El verdadero objetivo

Si el verdadero objetivo es tomar medidas efectivas contra la corrupción pública (y privada), y no solo una medida política que muchos consideran diseñada para descalificar a opositores políticos, es evidente que para enfrentarla hay que ampliar el debate y el análisis para revisar las leyes, los mecanismos de control, las garantías que el Estado tiene y las herramientas con las que contamos los(as) ciudadanos(as). Así, una consulta tan importante como pretende ser ésta, podría plantearse de otra forma al incluir entre otras, las siguientes preguntas:

1) ¿Está usted de acuerdo en que toda transacción que se realice desde el Ecuador hacia un paraíso fiscal sea notificada a la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador), entidad que en el lapso de un mes deberá analizar y emitir un informe sobre la licitud de la transacción realizada?

De esta forma no importa de dónde provenga la transacción sea del sector público o privado, tendrá que ser analizada por la UAFE.

2) ¿Está usted de acuerdo en que el Ecuador firme acuerdos bilaterales para el bloqueo y confiscación de capital y bienes ilícitos?

3) ¿Está usted de acuerdo con que el Ecuador firme acuerdos bilaterales para la extradición y liberación de información registrada como confidencial en casos de corrupción?

4) ¿Está usted de acuerdo en que, para garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública, toda la información sea de acceso público en línea al tiempo en que se realiza la contratación?

Es decir que además de los términos de referencia, acta de adjudicación de contratos, el contrato, se transparente las negociaciones, informes de reuniones y otra información que sea relevante en los procesos de contratación con el Estado.

5) ¿Está usted de acuerdo en que se cree un registro público de todas las personas jurídicas que dentro del territorio del Ecuador tengan cuentas en paraísos físcales?

6) ¿Está usted de acuerdo en la destitución e inhabilidad para ocupar un cargo político o público por 20 años para los políticos y funcionarios públicos que tengan responsabilidad en actos de corrupción, así como en endurecer las sanciones económicas y penas privativas para los funcionarios públicos y políticos cuyas actuaciones sean de encubrimiento, fraude procesal u omisión de procedimientos en casos de corrupción?

7) ¿Está usted de acuerdo en que los políticos involucrados en corrupción no puedan volver a participar en la política?

8) ¿Está usted de acuerdo en reformar las leyes para que los funcionarios públicos tengan la obligatoriedad de denunciar hechos de corrupción de los que puedan tener conocimiento y sean protegidos y recompensados por ello, siempre y cuando no sean responsables de los actos de corrupción que denuncian?

9) ¿Está usted de acuerdo en reformar las leyes para que los ciudadanos que denuncien o investiguen hechos de corrupción en los que no están involucrados, y cuyas acciones permitan judicializar casos de corrupción, sean protegidos y recompensados económicamente por el Estado?

Esta pregunta no hace referencia al programa de protección de testigos, ni tampoco a la declaración que una persona involucrada en un caso de corrupción realiza para que le reduzcan la pena a cambio de dar información relevante. Está pregunta se formula debido a que en el momento actual quienes investigan y denuncian casos de corrupción no son protegidos. Y por considerar que la protección e incentivos económicos son necesarios para promover la denuncia de actos de corrupción en el sector público y privado. Asunto indispensable para sacar a la luz los actos de corrupción.

Conclusión

La corrupción atañe al ámbito nacional como al internacional, y las preguntas aquí planteadas no están fuera de la tendencia internacional que busca o ha realizado cambios en diferentes niveles de acción nacional y cooperación internacional para enfrentar la corrupción. Lo que estás preguntas buscan es ampliar el debate en torno a los actos de corrupción y su tratamiento.

Y siguiendo la argumentación del canciller Long[12], que dice que el Pacto Ético trata de vincular el ejercicio público a la ética política, vale preguntar si ese pacto debería haberse implementado al interior de Alianza País y de las instituciones de Estado. De esta manera la gestión de quienes hayan sido o sean altos funcionarios sería auditada y se puedan iniciar procesos en el momento actual  que continúen con el cambio de poder en 2017, instalando de este modo políticas de Estado sobre la corrupción. Asunto necesario, sin duda, para la democracia en el Ecuador.

NOTAS

[1] El Comercio (2016). “Correa propone pacto ético para rechazar a candidatos que tengan empresas en paraísos fiscales”, sección: Actualidad, mayo 24. Disponible: http://www.elcomercio.com/actualidad/correa-pacto-etico-candidatos-paraisos.html

[2] Focus Ecuador (2016). “Chistian Viteri de Alianza País véase: Christian Viteri (AP): “no pongo las manos al fuego por nadie”. Disponible: https://focusecuador.com/christian-viteri-ap-no-pongo-las-manos-al-fuego-por-nadie-fb5deb0ef89e#.xpqlq460z

[3]  A continuación se cita una parte del artículo de Fundamedios: “…El Pedido económico lo efectúan en base a supuestas solicitudes realizadas por el Sr. Vicepresidente de la República Jorge Glas y la Sra. Ministra de la Política Paola Pabón, aduciendo que ese dinero será utilizado en la campaña electoral….” Vésae: Fundamedios (2016). “Concurso de frecuencias: consejero del Cordicom es procesado penalmente”, noviembre 08. Disponible: http://www.fundamedios.org/alertas/presidente-justifica-falta-de-transparencia-en-concurso-de-frecuencias-mientras-consejero-del-cordicom-es-procesado-penalmente/

[4] Andes (2016). “Jorge Glass, impulsor del desarrollo de los sectores estratégicos del país”, octubre 01. Disponible: http://www.andes.info.ec/es/noticias/jorge-glas-impulsor-desarrollo-sectores-estrategicos-pais.html

[5] El Universo (2016). Investigan presunto delito en frecuencias, acusan a exasesor del régimen”, noviembre 9. Disponible: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/11/09/nota/5896024/investigan-presunto-delito-frecuencias-acusan-exasesor-regimen

[6] Focus Ecuador (2016). “Chistian Viteri de Alianza País véase: Christian Viteri (AP): “no pongo las manos al fuego por nadie”. Disponible: https://focusecuador.com/christian-viteri-ap-no-pongo-las-manos-al-fuego-por-nadie-fb5deb0ef89e#.xpqlq460z

[7] El Universo (2016). “Asambleísta Christian Viteri interpone demanda por lavado de activos”, sección: Papeles de Panamá, noviembre 24. Disponible: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/11/24/nota/5918725/asambleista-christian-viteri-interpone-demanda-lavado-activos

[8] El futbolero (2016). “SOLO EN ECUADOR PUEDEN PASAR COSAS COMO ESTA: No vas a creer el DOCUMENTO que “PERDIÓ” la FISCAL y hace que todo el CASO de LAVADO de ACTIVOS se caiga”, s/f. Disponible: http://www.elfutbolero.com.ec/news/view/id/15771

[9] Para mayor información véase: “Fiscalía abre indagación por prueba que se perdió e iba a ser presentada en el juicio contra tres exdirigentes de la FEF”, noviembre 10. Disponible: :http://www.elcomercio.com/actualidad/fiscalia-investigacion-prueba-exdirigentes-fef.html.

[10] El Comercio (2016). “Abogados de Luis Chiriboga rechazan condena de Tribunal de Garantías Penales de Pichincha”. Disponible: http://www.elcomercio.com/actualidad/abogados-luischiriboga-rechazo-condena-fef.html

[11]  Teleamazonas (2016).  Disponible: Por Decreto, Correa convoca a consulta popular”, diciembre 07. Disponible: http://www.teleamazonas.com/2016/12/decreto-presidente-correa-convoca-consulta-popular/

[12] EL Comercio (2016). “Creemos que solo de esta manera estamos vinculando el ejercicio público a la ética política, estamos politizando el tema de esta manera”. Disponible: http://www.elcomercio.com/actualidad/rafaelcorrea-politica-pactoetico-elecciones-ecuador.html