ESCENARIO ELECTORAL Y DISPUTA DE LA TRANSICIÓN Por Alejandra Santillana Ortíz*

Enero 18 de 2017

Las otrora banderas de plurinacionalidad, revolución, antiimperialismo y proyecto popular, así como las definiciones ideológicas (izquierda o derecha), aparecen borrosas y lejanas para la mayoría de la población; ejemplifican el tamaño de la regresión política a que asistimos (…)  La posibilidad de concretar una fuerza de centro izquierda en la Asamblea no sólo mejorará las condiciones de negociación de los sectores organizados en el ámbito legislativo, sino que puede significar en el mediano plazo una recuperación de territorios y espacios locales.

La contienda política de la última década estuvo marcada por el surgimiento del correísmo, un proyecto político con gran capacidad de construir hegemonía. A diferencia de las décadas pasadas de la etapa neoliberal, cuando todo proyecto que llegaba al Estado transitaba por fuertes crisis de representación y negociaciones internas, cuyo resultado fue el paso de siete presidentes reconocidos en nueve años, el correísmo se establece como un fenómeno con amplia capacidad de representación, disputa de lo popular y relativa estabilidad política y económica. Su poder en la administración del Estado le ha permitido gestionar recursos y focalizarlos, movilizar sectores organizados y populares para demostrar legitimidad, sistemática presencia en medios y control de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su capacidad hegemónica se asienta tanto en el favorecimiento de importantes sectores empresariales (bancarios, de servicios, comerciales y productivos)[1] y la renegociación de la dependencia con China, Turquía, Unión Europea y capitales translatinos[2] como a través de la reforma del Estado, que permitió la dirección de las clases dominantes sobre éste sin necesidad de administrarlo directamente. El fortalecimiento de la institucionalidad estatal configura un proyecto político de modernización capitalista donde el Estado garantiza los intereses del conjunto de la clase dominante, a la par que subsidia y facilita las condiciones para el desarrollo del capital y permite la expansión de los mercados y las relaciones capitalistas sobre territorios y trabajadores.[3] Sin embargo, en los últimos años el desfinanciamiento del presupuesto nacional producto de la caída de los precios del petróleo (y la marcada dependencia de la economía ecuatoriana al extractivismo), el gasto burocrático, los problemas en el nulo crecimiento productivo y la balanza de pagos, y la iliquidez de la economía debido a la dolarización marcan una crisis que no ha sido superada por ninguna de las medidas desesperadas del actual gobierno.[4]

A lo largo de estos años, el correísmo fue erigiéndose en la disputa de la representación del campo popular y, en consecuencia, se consolidó su apuesta ideológica, la cual definió la institucionalidad del Estado como único eje de la contienda política y equivalente a interés general de la sociedad ecuatoriana; la democracia representativa y las elecciones como únicas instancias de legitimidad; la política reducida a mecanismos procedimentales y de lo “políticamente correcto”, donde las organizaciones y los movimientos sociales carecieron de sentido histórico; la ciudadanía como proyecto universal que “elimina” las desigualdades reales; y la lealtad como forma de sostenimiento.

En resumen, pese a los avances plasmados en la Constitución y algunas políticas públicas de la primera fase, la política real en el país estableció una ofensiva ideológica y represiva contra la izquierda histórica organizada, las demandas de democratización, autonomía e independencia del campo popular y el papel del conflicto y la movilización para alcanzar reformas estructurales.[5] Si asumimos que en la reciente dinámica política de Ecuador, los movimientos sociopolíticos levantaron las propuestas más democráticas para la sociedad y el Estado, la concreción de un proyecto de estas dimensiones significó un creciente conservadurismo en el conjunto de la sociedad. Una de las dimensiones más graves de la restauración conservadora en Ecuador corresponde a derechos sexuales y reproductivos y violencia de género. [6]

Ambos elementos arrojan un escenario regresivo, donde la crisis económica y las demandas urgentes y sentidas de la población ecuatoriana, fundamentalmente de los sectores populares, se combinan con el desinterés y la falta de identificación con algunas demandas formuladas por la izquierda organizada. Los sectores trabajadores y, fundamentalmente, las mujeres exigen empleo; los jóvenes, la recuperación del libre acceso a la universidad perdido durante este gobierno; el sector campesino, empleo, estrategias productivas y de comercialización; y la población indígena campesina, acceso al agua y autonomía de las juntas de regantes frente al Estado. Los sectores medios, afectados en su capacidad adquisitiva por el alto costo de la vida y el pago de gravámenes regresivos como el impuesto al valor agregado, se suman a la demanda de empleo, de lucha contra la corrupción y la democratización en el juego político. Las otrora banderas de plurinacionalidad, revolución, antiimperialismo y proyecto popular, así como las definiciones ideológicas (izquierda o derecha), aparecen borrosas y lejanas para la mayoría de la población; ejemplifican el tamaño de la regresión política a que asistimos.

No en vano, el resurgimiento de la derecha tradicional, autoritaria y oligárquica se ha hecho presente y cuenta con el apoyo de importantes sectores de la población, que encuentran en ésta una posible vía para alcanzar sus demandas, legitimando ideas sobre libre comercio, inversión extranjera y defensa de la propiedad privada.

Lo que se juega el 18 de febrero de 2017

A diferencia de otros procesos, la disputa fundamental en las siguientes elecciones es la transición del correísmo hacia otra fuerza política; o el mantenimiento de éste como proyecto político alejado del campo popular organizado y de las demandas y razones históricas que llevaron a Rafael Correa a la Presidencia hace una década. En efecto, como hemos señalado, el correísmo como expresión histórica del progresismo, lejos de entrar en una profunda transformación estructural de las bases que generaban desigualdad, concentración y discriminación en el país y de instaurar un régimen democrático con apertura a la participación real de sujetos y colectivos, ha significado un proyecto de modernización capitalista con políticas autoritarias y de criminalización de los movimientos sociales. Ese descontento y el desgaste del proceso podrían significar en esta ocasión que, por primera vez, Alianza País no gane los comicios en primera vuelta, y que se juegue su futuro en la administración del Estado al pasar a una segunda. Si vencen, su única posibilidad de mantenerse en el gobierno es pactar en peores condiciones con los sectores empresariales y resolver la crisis económica por la vía de las inversiones extranjeras y la entrada de capital transnacional para actividades extractivas, la firma de tratados de libre comercio y el mantenimiento del endeudamiento agresivo.

Por otra parte, la crisis de representación de la derecha ecuatoriana, evidenciada y denunciada por el campo popular en la etapa de lucha antineoliberal previa al correísmo, se concreta con la imposibilidad de Creo y Madera de Guerrero en una alianza para 2017. A mitad del nuevo siglo, las clases dominantes no sólo no han logrado construir un proyecto nacional y apuestan por el recambio negociado en la administración del Estado, sino que mantienen el ámbito económico como el único espacio real de unidad. Si bien se hallan en la oposición ideológica al correísmo, las disputas entre las facciones de la burguesía no les permiten ir juntas y dotar de mayor contenido a esta oposición de derecha.

Finalmente, en cuanto a la tendencia de izquierda y centro, crítica al correísmo, debe considerarse que pese a la enorme debilidad en que se encuentran los movimientos políticos de izquierda, por las políticas de ilegalización y rompimiento por el correísmo,[7] el campo popular se disputa su existencia mediante una estrategia amplia de articulación con sectores democráticos. A diferencia de la apuesta más cerrada que tuvo en las elecciones de 2013, donde el correísmo se consolidó como fuerza política principal y hegemónica en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la izquierda política ecuatoriana desarrolló con mayor intensidad desde 2014 una estrategia de movilización en las calles, configuración de un espacio de unidad y capitalización del descontento popular frente al gobierno de la Revolución Ciudadana. Contrario al objetivo del régimen de configurar un escenario de polarización, donde en un extremo se encontraba Alianza País, autodefinida como representación de lo popular y del cambio, y en el otro extremo, la derecha tradicional, marginando e invisibilizando cualquier otra expresión política, las organizaciones sociales, populares e indígenas recuperaron la iniciativa en la contienda política y construyeron una voz propia, distinta de la derecha oligárquica y del régimen derechizado y autoritario del correísmo.

Por ahora, el Acuerdo por el Cambio[8] abraza una agenda democrática que busca incluir algunas demandas que el campo popular organizado ha venido sosteniendo en estos años, pero que fundamentalmente busca dar cuenta de las sentidas urgencias de la población. Si bien en Ecuador la histórica relación entre las organizaciones sociales y la disputa política y electoral ha sido un ámbito difuso y de vínculos estrechos, esta vez se ha buscado preservar la autonomía de las organizaciones en pos de resguardar sus acumulados, así como dar paso a otros ritmos que permitan resolver quiebres y diferencias internos. En tiempos de campaña, la autonomía, la recuperación de la dirección de los movimientos sociales y sus organizaciones y la comprensión de lo que está en juego definirán su contenido y forma. La posibilidad de concretar una fuerza de centro izquierda en la Asamblea no sólo mejorará las condiciones de negociación de los sectores organizados en el ámbito legislativo, sino que puede significar en el mediano plazo una recuperación de territorios y espacios locales.

En definitiva, en el corazón de la disputa está el tipo de transición política y económica en un contexto de crisis. En los siguientes meses se harán evidentes los posibles pactos entre las fuerzas del régimen y su transición negociada con la derecha tradicional; y se medirá la capacidad de las fuerzas de izquierda y centro a fin de constituirse en una opción para sectores más amplios de la población ecuatoriana.

[1] Para mayores datos sobre patrón de acumulación en Ecuador, consúltese la investigación realizada por el CDES para el libro ¿A quién le importan los guayacanes? Acumulación, gobierno y conflictos en el campo, coordinado por el CDES y el IEE. Asimismo, en el Plan C para no explotar el parque Yasuní y mantener el crudo bajo tierra, el CDES  plantea que dado el crecimiento de grupos empresariales y su bajo aporte al Estado, el financiamiento de programas sociales podría obtenerse con ingresos fiscales progresivos: “Los ingresos de los 110 grupos económicos más grandes del país equivalen a 62 por ciento del producto interno bruto. Estos ingresos crecieron 9 por ciento entre 2011 y 2012, llegando a sumar más de 40 mil millones de dólares. A pesar de que los grupos económicos incrementaron su peso relativo en el conjunto de la economía nacional, su carga fiscal del impuesto a la renta (IR) disminuyó con relación a sus ventas, es decir, pagaron una proporción menor de impuestos en relación al incremento de sus ingresos. Esta carga fiscal pasó de 2.14 por ciento en 2011 a 2.01 en 2012. Esto significa una reducción de 6.18 de sus impuestos, aunque sus ingresos ascendieron 9 por ciento. Sin embargo, la menor carga del IR se compensó por un incremento de la carga fiscal del impuesto a la salida de divisas), que pasó de 0.45 por ciento en 2011 a 0.86 en 2012” (Plan C, 2012).

[2] El endeudamiento agresivo con China, que asciende a 8 mil 395 millones de dólares, pagados en muchos casos con la venta del petróleo ecuatoriano y la inversión de empresas de aquel país en hidroeléctricas, minería e infraestructura, convierten éste en el principal socio extranjero del gobierno. La visita del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, a inicios de 2016, implicó la concesión a ella de uno de los puertos marítimos más importantes del país para la salida de minerales. La reciente firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y las referencias a empresas de aquel continente en importantes sectores productivos y de servicios, y la venta de un emblemático ingenio azucarero, al grupo translatino Gloria, son algunos ejemplos de las nuevas relaciones de Ecuador con capitales transnacionales y regionales.

[3] Sobre el tipo de Estado que se erige en el correísmo, revísese el artículo de Mario Unda “Modernización del capitalismo y reforma del Estado”, en Varios autores, 2013. El correísmo al desnudo.

[4] El salario básico es de 365 dólares, mientras que la canasta básica asciende a 600 y la inflación ha aumentado, lo cual merma el poder adquisitivo de la mayoría de ecuatorianos. En el último año, el desempleo pasó de 4.3 a 5.2 por ciento; el subempleo subió de 14.8 a 19.4 por ciento; y, de acuerdo con lo que reporta la Defensoría Pública, los juicios laborales constituyeron “la segunda materia no penal con mayor demanda”, lo cual incluye despidos intempestivos, omisión de pago de liquidaciones, solicitud de reintegro al puesto, abusos, arbitrariedades y discriminación (diario El Comercio, 9 de noviembre de 2016).

[5] Hay en el país más de 200 criminalizados acusados por terrorismo, rebelión y sabotaje; y en cuanto a detenciones por participación en protestas, sólo entre jóvenes hay 611 de ellos privados de libertad desde 2013. Los casos más sonados debido a los débiles argumentos del gobierno y la inexistencia de pruebas contundentes fueron los 10 de Luluncoto; la acusación de la docente Mery Zamora; la sentencia de cuatro años de cárcel a Amable Angamarca y Luisa Lozano, compañeros indígenas saraguros acusados de inmovilizar un servicio público durante el Paro del Pueblo en agosto de 2015; las detenciones masivas de 200 jóvenes en las protestas contra la subida de pasaje del transporte y la grave denuncia de Alexander Ayol, estudiante del Colegio Mejía, detenido y torturado por la Policía Nacional en las revueltas de 2014; la deportación de Manuela Picq, compañera sentimental del presidente de la Ecuarunari (filial para la sierra de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador), Carlos Pérez Guartambel, detenida en el Paro del Pueblo de 2015; los tres de Cotopaxi; la denuncia de uso de balas de goma por la Policía Nacional en las protestas contra la decisión del gobierno de explotar el parque Yasuní; los golpes y la detención de Jaime Guevara, cantautor referente que protestó contra la comitiva presidencial; y el juicio contra el caricaturista Bonil, acusado de “tergiversar la verdad” en uno de sus cartones. A esto se suman las incontables descalificaciones del presidente Correa, durante su programa semanal en medios, contra dirigentes, activistas sociales, defensores de derechos humanos, intelectuales y artistas que cuestionan al régimen.

[6]  El Código Integral Penal, aprobado en noviembre de 2013, penaliza la interrupción del embarazo en caso de violación, restringe la tipificación de violencia de género y deja sin efecto la emisión de una ley de erradicación de la violencia. A ello se suma la designación de una representante del Opus Dei para la estrategia nacional de prevención de embarazo adolescente, nombrado Plan Familia, que enarbola la consigna de abstinencia como método profiláctico.

[7] En 2015, el Consejo Nacional Electoral aplicó un reglamento en violación de varios procedimientos, ilegaliza al Movimiento Popular Democrático, actor de izquierda histórica, que desapareció. Posteriormente, algunos sectores buscarían recuperar la inscripción, y se formó Unidad Popular, luego de la recolección y presentación de más de 1 millón de firmas al Consejo Nacional Electoral. Por su parte, Pachakutik ha presentado en las últimas elecciones una tendencia a decrecer, que podría significarle una situación de riesgo y posible ilegalización. Finalmente, el Partido Socialista Ecuatoriano se divide en dos: una corriente se va con el correísmo y la otra, sin casillero electoral, se suma a la unidad de las izquierdas.

[8] El Acuerdo por el Cambio está formado por Unidad Popular, la Izquierda Democrática, Pachakutik, un ala del Partido Socialista y pequeños movimientos políticos de izquierda y centro.

Este artículo fue publicado en la Revista Memoria, Número 260, Año 2016-4, http://revistamemoria.mx/ y ha sido editado para la Línea de Fuego y el contexto nacional. La autora es Maestra en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente doctorante del Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y feminista de izquierda.