LA AGENDA DE LAS MUJERES Y LA CAMPAÑA ELECTORAL EN ECUADOR Por Cristina Burneo Salazar*

Marcha "Vivas nos queremos".

Análisis de coyuntura Fundación Rosa Luxemburg

Febrero 14 de 2017

El movimiento de mujeres en Ecuador en 2017 muestra una creciente diversidad y se halla en una etapa particularmente intensa de activación, no sólo en articulaciones que lo expanden en alianzas con izquierdas, movimientos sociales, organizaciones del campo, la Amazonía, la Costa, con organizaciones de la salud, de trabajadores, en su vinculación con espacios universitarios, sino también en lo que se puede ver como una presencia activa y permanente en los debates de la sociedad civil. Esta activación múltiple de actoras en movimientos, colaboración entre generaciones y tendencias muy diversas que se interpelan mutuamente se da en gran parte por una necesidad cada vez más apremiante de responder a acciones del Estado contrarias a los intereses y el bienestar de la población de mujeres y de la población sexualmente diversa.

En el marco de la campaña presidencial 2017, las propuestas de las distintas fuerzas políticas en lo que tiene que ver con la agenda de los feminismos aún es retórica, accesoria y demasiado general en lo que se percibe de los ocho candidatos a la primera dignidad de la República. En cambio, en las candidaturas a la Asamblea Nacional hay mayor elaboración y propuestas concretas, evidentemente en candidaturas de feministas y políticas del movimiento de mujeres, vinculadas a la vez a movimientos sociales y procesos de izquierda, hoy por fin atravesados por los feminismos y las luchas LGBTI. Esto podría indicar que la reconfiguración de las fuerzas en la función legislativa en comunicación con el ejecutivo y la justicia sería una vía para remediar en algo una década de retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género y los derechos de las mujeres y la población LGBTI. Si la elección presidencial favoreciera a las fuerzas políticas conservadoras más distantes del laicismo, de todas maneras esta reconfiguración sería importante a fin de crear en la Asamblea una situación favorable a la progresión de derechos, y aún más necesaria ante ese panorama.

A partir de 2006, el Estado ecuatoriano se ha ido convirtiendo en un antagonista del movimiento de mujeres y de la población sexualmente diversa, tanto en el discurso oficial como en acciones que se han preocupado por cubrir el gran arco que va del machismo a la misoginia, sin olvidar la homofobia y la transfobia[1] . Esto se ha expresado claramente en decisiones tomadas desde el Ejecutivo y en la subordinación del legislativo a éste, parte del desbalance general de poderes en Ecuador -de ahí la importancia de las propuestas en las candidaturas a la Asamblea en este momento, vinculada a una recuperación de la independencia del poder legislativo-. Asimismo, el sistema de justicia, con esfuerzos específicos y a veces incluso marginales de operadores independientes, en general no ha funcionado en favor de las mujeres, atravesado por la falta de independencia, inoperancia, disminución de recursos y burocratización de los procesos. Hay funcionarios que se han visto obligados a pedir peritajes ad honorem, por ejemplo, en casos de violencia de género. Asimismo, las capacitaciones y sesiones de sensibilización respecto de la diferencia sexual y la conciencia de género han sido juzgadas por los propios funcionarios de justicia como parciales, descontextualizadas o retóricas, aunque es innegable que han surtido efectos y han introducido nuevas preguntas y problemas.

Es seguro decir que la función judicial en Ecuador no opera con justicia de género. Algunos ejemplos concretos evidencian estos desequilibrios y carencias en el Estado y han perjudicado la ejecución de la agenda de las mujeres impulsada hace décadas y hoy seriamente obstruida. Por ello, los distintos sectores del movimiento de mujeres han llegado al consenso de que el proyecto político liderado por el correísmo y crecientemente dominado por él ha provocado más retrocesos que avances en lo que tiene que ver con los derechos humanos de las niñas, las mujeres, la población LGBTI y la población con discapacidad. En cuanto a esta última, instrumentalizada por el correísmo, ha sido sin embargo visibilizada, pero se comprende de manera muy limitada dentro del Estado. La interseccionalidad que introduce el feminismo en los estudios de discapacidad es fundamental para comprender su visión social, que no es la que ha promovido el gobierno nacional. La discapacidad ha estado a cargo de las mujeres históricamente y, hoy, en activismos y demandas.

Por otro lado, están mujeres y colectivos LGBTI alineados con el correísmo. La lectura general es que se han conformado con alguna concesión de mínimos y pequeñas cuotas de poder por sobre las agendas independientes de los feminismos y las diversidades. Están, primero que nada, mujeres en el poder como Rossana Alvarado, que desde la Asamblea pronunció en 2012 uno de los discursos más inflamados que se hayan escuchado allí a favor de la despenalización del aborto. La apoyaban varios sectores del movimiento de mujeres. El discurso no pasó de arenga. Tanto ella como otras mujeres en el legislativo (María Augusta Calle, Soledad Buendía, Gina Godoy, Paola Pabón) fueron demostrando que, antes que  representar a las mujeres, se subordinan a los mandatos de AP y al discurso patriarcal del Estado que ha alcanzado la misoginia en varias ocasiones. Algunas de ellas se reconocían antes del correísmo como parte del movimiento de mujeres. La frase de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, pronunciada en 2015, resume esto bastante bien: “Seré sumisa una y mil veces.” Aguiñaga reivindicaba su sumisión al proyecto político del correísmo y al presidente. Las mujeres en el legislativo no han respondido jamás a ninguna agresión del presidente contra las mujeres.

Correa llegó a lanzar agresiones verbales homofóbicas en sus cadenas nacionales de los sábados en presencia es la ex ministra de Salud, Carina Vance, que no respondió ante las constantes expresiones de discriminación que venían del poder. Ella venía de procesos en colectivos LGBTI. En cuanto dichos colectivos, está por ejemplo Silueta X, que ha vivido un proceso parecido. Le entregaron una condecoración al presidente Rafael Correa en 2015 y han guardado silencio ante sus agresiones. El enlace ciudadano del 28 de diciembre de 2013 fue particularmente misógino y homofóbico[2]. Correa llegó a hablar de “ideología de género” y se refirió al feminismo como un “fundamentalismo”. También dijo que la diversidad destruye la familia convencional. El colectivo Silueta X no hizo comentarios ni defendió sus propias luchas. En el próximo periodo debe empezar el desmontaje de esta misoginia de Estado y de un activo discurso homofóbico, el que se ve expresado en las leyes, el que se ha introducido en la educación y el que se ve agudizado en lo social.

En relación con esto, se halla el ejemplo paradigmático de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA). El gobierno nacional había absorbido demandas importantes del movimiento de mujeres en lo que se refiere a educación sexual y prevención del embarazo, en un país en donde el acceso restringido a los servicios de salud y la violencia sexual son realidades cotidianas que inciden en el embarazo de las niñas y las adolescentes. “Ecuador ocupa el segundo lugar, únicamente después de Venezuela, donde la tasa específica de fecundidad adolescente no ha disminuido en los últimos años.”[3] Este proyecto, cuyos fundamentos venían de procesos de décadas llevados por los feminismos, fue sustituido de un plumazo por el ejecutivo a finales de 2014. El documento que reemplazó ENIPLA fue el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia, adscrito directamente a la presidencia mediante el decreto ejecutivo 491 y sostenido en la premisa elemental y ultraconservadora de educar sexualmente “con amor y valores”[4]. Existe una demanda de inconstitucionalidad en contra de este decreto, presentada por la Coalición de Mujeres. El plazo de ejecución del Plan Familia se cumple el 31 de diciembre de 2017. Quedan pendientes para el próximo período esta demanda y adelantar la fecha de finalización del Plan.

La Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, conformada entre otros por movimientos nacionales como Mujeres por el Cambio y Luna Creciente, a su vez con organización en todas las provincias del país, la Coalición de Mujeres, ALAMES (Asociación Latinoamericana de Medicina Social), están entre los movimientos que han empujado desde su inicio el cuestionamiento al Plan Familia. Algunas de sus miembros conforman ahora las listas para Asamblea Nacional en provincias y distritos. ALAMES recoge estas voces y manifiesta: “declaramos nuestra preocupación frente al escaso debate y participación cuando se restringieron derechos de la ley de maternidad gratuita a través de un código financiero o la propuesta de ley de parto humanizado. Rechazamos también de forma enfática la eliminación de la ENIPLA como una estrategia que permitió avanzar en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como puntales para alcanzar una salud integral; y frente al retroceso que significó la instauración del Plan Familia”[5] . Estas son preocupaciones permanentes de la agenda de las mujeres y no pueden ser ignoradas por los candidatos presidenciales.

En cuanto a la Ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, quedó inoperante en 2014 al ser eliminadas varias preasignaciones presupuestarias cuando se debatió el Código Monetario y Financiero. El mismo Ministerio de Salud, sorprendentemente, solicitó la disolución de su unidad ejecutora. La ley había sido una conquista del movimiento de mujeres en los años noventa y contaba con su propio fondo: aseguraba la gratuidad en la atención en el embarazo y el parto (pintas de sangre, anticoncepción, necesidades especiales, leche de fórmula si era necesario). Asimismo, las veedurías ciudadanas aseguraban que la madre y el recién nacido contaran con lo necesario[6]. En el pronunciamiento del movimiento de mujeres ante la caída de esta ley consta un argumento que se extiende a varios hechos similares entre 2006 y 2017: “la invisibilización de las mujeres ecuatorianas en la institucionalidad del Estado.”[7] Dicho esto, la tarea de los próximos años no consiste solamente en recuperar la garantía de gratuidad para maternidad y salud sexual, sino en recuperar la especificidad de la institucionalidad de género, como lo han señalado las candidatas a la Asamblea de Izquierda Democrática.

Respecto a dicha especificidad, no aparece en los planes de gobierno que los candidatos han presentado en una compilación para el electorado que ha realizado la publicación digital GKillCity: El plan de Cynthia Viteri no presenta enfoque de género en ningún lado y se limita a propuestas muy generales. En niñez, apenas aparece en unas líneas su adhesión al Pacto Político de la Niñez y la Adolescencia 2017-2021. El plan de Lenin Moreno adopta una retórica socialista en los mismos términos en que la ha manejado la Revolución Ciudadana, y tampoco elabora en salud. Se lee, por ejemplo, algo tan general como esto: “Elaborar nuevas leyes para el Sistema de Salud y la Seguridad Social”. Es irónico este objetivo del oficialismo frente a las leyes a favor de la población que se han derogado en esta década. El plan de Guillermo Lasso no ha sido elaborado con enfoque de género ni otras especifidades, aunque en salud precisa en algunos puntos. En “Protección a la Familia” su perspectiva es bastante conservadora en lo que se refiere precisamente a la concepción de la familia cuando afirma: “Una buena familia genera ciudadanos responsables”. Este plan, salta a la vista, conserva una noción dominante de familia y sociedad de la nación americana del siglo XIX. El plan de Paco Moncayo se refiere explícitamente a la salud sexual y reproductiva y elabora en: supresión de la judicialización del aborto y despenalización “en principio al menos por casos de incesto o violación”[8].

En general, el gobierno nacional ha pretendido subordinar a las organizaciones sociales, de mujeres y de la salud a sus propias agendas y ha criminalizado la protesta social en el conocido “Decreto 16”: el disenso no es posible y el trabajo con el Estado es vertical. Ante esto, ALAMES, por ejemplo, recoge el malestar de las organizaciones sociales: “Nuestra concepción de la participación social no implica un espacio subordinado a la direccionalidad del Gobierno para convertirse en validador de las políticas estatales, sino un espacio de confluencia de organizaciones sociales que permita la construcción colectiva de la política pública.”[9] Esto es un desafío para el próximo periodo: recuperar la confianza de las organizaciones sociales en el Estado, eliminar los decretos que criminalizan su trabajo y provocar una colaboración horizontal con el gobierno. Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Paco Moncayo se han pronunciado por la eliminación del “Decreto 16”, que ha golpeado muy duramente a organizaciones ambientalistas, a movimientos indígenas y a los feminismos. Moreno ha afirmado que “todo es perfectible” pero ha deslegitimado la protesta social[10] y no se ha pronunciado por la necesaria descriminalización de la protesta. Hay cientos de casos de persecución en Ecuador. Uno, paradigmático, es el de Margoth Escobar[11], lideresa social de 62 años que fue detenida, golpeada, temporalmente desaparecida y privada de su medicación por la policía de Puyo, ciudad amazónica en donde vive. Las distintas luchas sociales para reivindicar derechos han sido sofocadas, censuradas y amenazadas, y las de las mujeres no son la excepción. A un clima hostil a la progresión de derechos se suma un particular desprecio hacia lo que representan sus luchas históricas.

Las propuestas de candidatas a asambleístas de distintos movimientos políticos que confluyen en el Acuerdo Nacional por el cambio se han referido al Plan Familia en concreto. Es el consenso en este ámbito remover el documento correspondiente y recuperar ENIPLA. Esto viene de Izquierda Democrática, Pachakutik, Unidad Popular y Nosotras por la Democracia, movimiento de mujeres que se ha incorporado a la política. La explicación anterior sobre la eliminación de ENIPLA refleja lo fundamental que es para toda la población recuperar estas políticas. El derecho a la educación sexual, la reducción de los índices de embarazo adolescente, la erradicación de la violencia sexual, la disminución de la tasa de aborto (que sucede cuando se legaliza, como lo demuestran claramente los índices en países en donde se legisla en favor de las niñas y mujeres), son necesidades urgentes.

Un consenso fundamental de Acuerdo Nacional por el Cambio es la despenalización del aborto por violación. Las candidatas de todas las fuerzas políticas mencionadas coinciden en el tratamiento del aborto como un tema de salud pública, vinculado a los índices alarmantes de embarazo adolescente, problemas que se originan entre otros factores en el bloqueo de la educación laica, la educación sexual y el enfoque de prevención que fueron obstaculizados por el Plan Familia, así como en el desmantelamiento de servicios de salud sexual (que incluyen anticoncepción, contracepción de emergencia, información). El único candidato presidencial que ha apoyado explícitamente las propuestas de las candidatas de su movimiento en lo que se refiere a Plan Familia y despenalización del aborto por violación ha sido Paco Moncayo. La propuesta de Moncayo, más bien general, puede avanzar sostenida en la comunicación con el legislativo de llegar las candidatas que han trabajado en estas demandas en movimientos sociales, gobiernos locales, apoyo técnico: hay una experiencia anterior importante que, de articularse de esta manera, produciría avances fundamentales.

La candidata Cynthia Viteri, del socialcristianismo, ha usado en la campaña presidencial su propia experiencia como madre soltera en la adolescencia para reivindicar este rol. “Si yo pude ser madre soltera, cualquiera puede hacerlo.” Es evidente que las experiencias personales, valiosas, no pueden ser la regla para crear políticas públicas ni abordar los graves problemas que afectan a las niñas y mujeres de todo el país y de todos los sectores sociales. Viteri, única candidata mujer a la presidencia, se ha presentado con una imagen limitada de la mujer política ecuatoriana. Quedan descartados en su propuesta el aborto, el tratamiento de la violencia sexual o los problemas de salud pública que matan todos los días a las mujeres. Si bien su experiencia personal es alentadora para las madres adolescentes, no cuestiona justamente lo que debe cuestionar: la maternidad de niñas y la maternidad adolescente.

En cuanto a Guillermo Lasso, candidato con una fuerza real que lo convierte en alternativa probable para la salida del correísmo, hay que recordar la carta que le dirigió al presidente Rafael Correa en octubre de 2013: “Es saludable reconocer que estamos de acuerdo en que el principio ético esencial es el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte. Pero debemos llevar dicha convicción hasta la total coherencia”[12]. Lasso ha sido muy claro respecto de su posición pro-vida y esto, como es de suponerse, no ha cambiado para la campaña electoral. Respecto del aborto terapéutico y el aborto eugenésico, permitidos en Ecuador, Lasso enfatizaba en la misma carta que el presidente Correa debía “llevar su compromiso con la vida humana hasta la absoluta coherencia, proponiendo que se borre ese vestigio de antihumanismo de nuestra legislación. Porque usted sabe que cuando se trata de proteger la vida humana, no caben concesiones políticas. Cuente para ello con todo mi apoyo.”

Recientemente, cuando a Guillermo Lasso se le pidió que dirigiera un mensaje a las amas de casa del país, se limitó a decir esto: “A todas las amas de casa les digo, en nuestro gobierno vamos a respetar la libre opción de cocinar en cocina de gas o cocina de inducción. Ustedes van a decidir.”[13] Esto dice claramente qué es lo que Lasso concibe como “enfoque de género”. Si sus políticas con respecto de la agenda de los feminismos parten de esta comprensión, no hay mucho que esperar, a menos que desde el ejecutivo lograra comunicarse bien con una función legislativa de mayoría progresista que creara un equilibrio frente a la posición ultraconservadora.

En cuanto al candidato del oficialismo, Lenin Moreno, no se ha pronunciado con independencia respecto del mandato de Alianza País. La carta anteriormente mencionada era dirigida por Lasso a Correa en 2013. En octubre de ese año, la asambleísta de AP Paola Pabón, apoyada por otros de su bancada y en el marco del debate del Código Penal, elevó a la Asamblea Nacional la moción de despenalizar el aborto por violación. Esa moción fue retirada en menos de 24 horas, Pabón compareció ante la Comisión de Ética de AP y fue suspendida por un mes, sin declaraciones públicas ni actividad política.

El silencio de Pabón y del grupo de asambleístas que la apoyó aún no ha terminado, tres años y medio más tarde. Es muy claro en el interior de Alianza País que la prohibición de hablar de aborto se hace extensiva a todos sus miembros. Moreno ha obedecido la posición de su partido, lo cual es profundamente preocupante pues su llegada a la presidencia supondría continuar con las mismas políticas anti-derechos que el correísmo ha implementado activamente contra las mujeres hasta ahora. En el último debate presidencial del 6 de febrero, llamado Diálogo 2017 y organizado por diario El Comercio, Lenin Moreno se refirió así a la vida: “desde la concepción y hasta que Dios les cierre los ojos”, el Estado debe velar por el bienestar de todas las personas. En el Código Integral Penal se halla tipificado el aborto en los artículos 147 a 150. Allí se incluyen penas privativas de libertad para las mujeres que abortan y para quienes las asisten. El centro de defensa de derechos Surkuna cuenta alrededor de 200 mujeres presas por abortar en Ecuador.

Las colectivas YoSoy65, Salud Mujeres, Las Comadres, la Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género, entre muchas otras, han insistido sostenidamente en la necesidad de desestigmatizar el aborto socialmente y de despenalizarlo. Un aborto espontáneo no se puede distinguir de uno provocado una vez que ha iniciado, argumentan, por lo cual es inaceptable condenar a una mujer por algo que no se puede comprobar, si aceptamos, por otro lado, la manera en que está formulada la ley, cuyos términos urge reformular. Este y otros argumentos han sido sostenidos por el movimiento de mujeres durante estos años y no han sido acogidos por los candidatos con posibilidades reales de llegar a la presidencia con excepción de Paco Moncayo.

En cuanto al resto de candidatos presidenciales, no tienen posibilidades reales, si bien reflejan sentires de la sociedad. Dalo Bucaram, por ejemplo, de Fuerza Ecuador, se define a sí mismo como un político cristiano y un “soldado de Cristo”. Ha anunciado que el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto se someterían a consulta popular. Es claro que los derechos no se consultan, como sabemos. Esto aparece como una negación a responsabilizarse por temas fundamentales para la población. En cuanto a la diversidad sexual, Bucaram se ha expresado de manera discriminatoria y se ha referido a la población sexualmente diversa como “minoría”. Pesántez, Espinel, Zuquilanda, sin posibilidades, son apenas variantes de estas posiciones y ponen distintos énfasis en justicia, Estado punitivo y política xenófobas anti-migración, respectivamente.

En cuanto a las violencias de género, la plataforma Vivas Nos Queremos ha aglomerado en el último año a decenas de movimientos sociales y colectivos de la ciudad que llevan a su vez procesos sostenidos de años y que han marcado caminos a seguir. Una muestra fehaciente y muy simbólica de la expansión de los feminismos en Ecuador mencionada al inicio fue la marcha “Vivas Nos Queremos”, llevada a cabo en Quito el 26 de noviembre de 2016. Se llegaron a contar 7.000 personas. El sindicalismo, el ambientalismo, las familias de personas desaparecidas, las plataformas de justicia de mujeres asesinadas, respondieron a la convocatoria de mirarse también desde el feminismo. Esta marcha ha sido paradigmática en el movimiento de mujeres, también por el acercamiento intergeneracional, a pesar de las distintas posiciones dentro del movimiento de mujeres.

Uno de los alientos fundamentales de Vivas es la erradicación real de la violencia de género para una vida digna de mujeres y niñas. Su agenda incluye elevar la figura de feminicidio en el COIP y ya no la de femicidio, como consta tipificada. La tipificación del femicidio, que se impulsó en el legislativo y desde el ejecutivo en años anteriores, ha tenido efectos innegables en la visibilización de la violencia, pero no señala al Estado. La impunidad, la falta de sentencias, la pasividad respecto a la erradicación de la violencia más allá de lo penal, son responsabilidades del Estado. Sólo en lo que va del 2017, Ecuador registra 22 femicidios según la plataforma. En los foros de candidatas a la Asamblea Nacional llevados a cabo en dos centros de posgrado involucrados en estudios de género[14], Vivas enfatizó en la necesidad de reparación a las víctimas en su interpelación a las candidatas. Hay que decir que la reparación es uno de los puntos débiles en las propuestas de las candidatas a la Asamblea y su comprensión suele ser incluso limitada. En los planes de trabajo de los presidenciables esto no es considerado prioritario y no se conoce bien, a juzgar por los documentos que han presentado.

Vivas ha publicado un comunicado dirigido a candidatos en general en donde juzga que la agenda de las mujeres, y esto se ve sobre todo en los presidenciables, “ha sido usada de manera clientelar”[15], rechazan “las frases vacías y cifras falsas” y enfatizan: si los candidatos quieren el voto de las mujeres tienen que cumplir con sus demandas. Esto, luego de escuchar dos debates presidenciales en donde la agenda de los feminismos fue instrumentalizada y tomada como accesorio y en donde candidatos como Lenin Moreno y Cynthia Viteri, alcanzando un punto demagógico realmente irrespetuoso de la memoria de las mujeres muertas y de los movimientos que defienden su memoria, se apropiaron de la consigna internacional “¡Ni una menos!”. Hay que recordar que lo único que ha propuesto Viteri respecto de la violencia de género ha sido ofrecer cadena perpetua para femicidas, sin ver más allá de lo punitivo. Esto, a la vez, es indicador de la postura de Viteri respecto de problemas como erradicación o comprensión de la violencia más allá de lo penal: ella no cuestiona el sistema penal sino que refuerza sus cimientos. Cabe decir, sí, que en eso la candidata de derecha es coherente con los principios de su partido.

En los discursos hoy cotidianos de las distintas candidaturas presidenciales está la conciencia de que no sólo es reprobable sino también vergonzante no conocer la agenda de los feminismos. Al mismo tiempo, se percibe todavía una deficiencia en la puesta al día del discurso y en la comprensión de la conducta social respecto de lo sexual, la diversidad, el aborto como tema de salud pública, la violencia de género y la noción de erradicación de la violencia. Incluso hay temor de elaborar discurso público que mencione siquiera el “género”, mucho menos “las luchas del feminismo”. Algunas elecciones eufemísticas de los candidatos o la instrumentalización de algunas fórmulas de género han empobrecido su discurso de manera muy evidente.

En cuanto a las candidatas nacionales a la Asamblea que impulsan las demandas de los feminismos, pueden ser ellas, en particular las que se han articulado en el Acuerdo Nacional, quienes logren organizar ciertos consensos para recuperar la especificidad de la institucionalidad de género, romper con la prohibición del debate sobre el aborto y recuperar documentos del Estado que habían creado leyes en favor de las mujeres y que fueron derogados. Si esa configuración en el legislativo es posible, podría ser posible también la recuperación de los derechos humanos de las mujeres tras esta larga, aplastante década de retrocesos.

La historia del sufragio de las mujeres es la historia de la reforma social, la ampliación de derechos y la interpelación constante de las mujeres al Estado, la norma jurídica y al carácter androcéntrico de la ley. En Ecuador, en 2017, el movimiento de mujeres ha contribuido a la consolidación de un electorado más exigente y que se ha orientado por puntos específicos que no aceptan respuestas formulaicas. No se trata de votantes de un solo punto de la agenda, sino más bien, de votantes que comprenden bien que la posición frente al aborto o el feminicidio, por ejemplo, es un parteaguas entre el progresismo y las posiciones conservadoras.

Si bien los candidatos presidenciales muestran tensiones en sus posiciones respecto de distintos temas (Lasso es ultraconservador en lo sexual, pero se ha mostrado relativamente abierto en política de drogas. Moncayo es progresista en lo sexual pero ha tenido problemas con la agenda ambientalista), promover la agenda de los feminismos es fundamental es todos los casos por las posiciones que el mismo feminismo propone en su intersección con lo económico, el ambiente, la política migratoria, la política internacional, el tratamiento de la discapacidad, la comprensión de la educación. El voto feminista exige una comprensión de todas estas relaciones, nada menos.

[1] Es difícil resumir las agresiones verbales de Rafael Correa, Alexis Mera y otras autoridades nacionales en contra de las mujeres y la diversidad sexual. Esto, que tiene su propio archivo y de ninguna manera se reduce a casos aislados, debe verse más bien como una disposición particular del poder frente a sujetos que aún piensa tutelados, inferiores o subordinados a este.

[2] Un excelente registro del discurso homofóbico, transfóbico y misógino del Rafael Correa se puede leer en el blog La otra educación. La educadora Rosa María Torres lo ha ido alimentando por largo tiempo en su texto “Perlas presidenciales”: http:// otra-educacion.blogspot.com/2013/10/perlas-presidenciales.html

[3] En Vidas robadas. Entre la omisión y la premeditación. Gómez De La Torre, Castello, Cevallos. Quito: Fundación Desafío, 2015. http://media.wix.com/ugd/8313b8_5d3d813fe76542959cef9af2a17b3e43.pdf

[4] En Embarazo adolescente en el marco de ENIPLA y el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia. Burneo Salazar, Ordóñez, Córdova Páez; Gutiérrez. Quito: DONUM, 2015. http://saludyderechos.fundaciondonum.org/wp-content/uploads/2015/06/SEXUALIDAD-ADOLESCENTE-PDF.pdf

[5] Intervención de ALAMES en el foro “Género y política” llevado a cabo en la Universidad Andina Simón Bolívar, feb 1, 2017.

[6] Aquí se puede comprender el problema de manera más detallada: http://ecuadorlibrered.tk/movimientos-sociales/3922-2014-07-09-17-16-10

[7] Carta del movimiento de mujeres al Estado: https://lalineadefuego.info/2014/07/30/9886/

[8] Todos los planes de gobierno pueden consultarse aquí: http://elecciones2017.gkillcity.com/propuestas-de-candidatos-ecuador-2017/

[9] “Renuncia del colectivo ALAMES al CCSS”. http://www.alames.org/index.php/component/content/article?id=15:renuncia-del-colectivo-alames-al-consejo-ciudadano-sectorial-de-salud

[10] Los candidatos presidenciales sobre el “Decreto 16”. http://www.elcomercio.com/actualidad/decreto16-ecuador-coip-cambio-politica.html

[11]En las jornadas de protesta de agosto de 2015, Margoth Escobar, que ha trabajado por los derechos humanos y por la Amazonía ecuatoriana desde los 19, sale a protestar. En un descanso y una vez que ya se ha retirado de la marcha, la policía la detiene. Una vez detenida, la golpean y desaparece por varias horas. Ante la presión de su hijo es trasladada a un hospital y vuelta a prisión. La juzgan por “ataque y resistencia” (art. 283 del Código Integral Penal) y le dan 30 días de prisión preventiva. Margoth permaneció detenida, sin medicación, con problemas de salud y con camiones de militares fuera de los centros de salud donde tuvo que ser llevada de emergencia durante su reclusión. Su hijo jamás accedió al parte ni a ningún documento. La detención, desaparición temporal, persecución, violencia física y psicológica contra Margoth se multiplica en decenas de personas perseguidas por el régimen de Rafael Correa. Uno de los varios textos que se escribieron sobre ella puede leerse aquí: http://www.planv.com.ec/historias/politica/margoth-escobar-y-espiritus-la-selva

[12] Esta cita y la siguiente:http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/22/nota/1619511/guillermo-lasso-da-todo-su-apoyo-rafael-correa-tema-aborto-le-pide

[13] Es interesante revisar la sección “¿Qué, muy machito?”, de la revista digital GkillCity, en donde el equipo periodístico se encarga de registrar machismos de todos los candidatos durante sus discursos.

[14] Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, feb 1/2017. Flacso, feb 2/2017.

[15] Feb 7/2017. En @Vivas_Ec

*Docente Universidad Andina Simón Bolívar