LECTURAS DE UNA PARADOJA. Por Pablo Ospina Peralta

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ECUADOR

Análisis de coyuntura CEP*

En la primera elección competitiva en diez años, es decir, cuando por primera vez en una década no había certeza sobre el ganador, se podría haber esperado una campaña electoral especialmente intensa, con fuertes movilizaciones y con expresiones de entusiasmo. Pero no fue así. Es casi un consenso general que se trató de una contienda electoral notablemente gris y apagada, con escasa implicación ciudadana. En contraste con esta carrera soporífera, una tensión implacable se abatió sobre Quito tras unos resultados muy apretados, donde menos de cien mil votos debían definir si habría segunda vuelta o no. La poderosa reacción en las calles y las redes sociales de los partidarios de Guillermo Lasso para defender la realización de la segunda vuelta puso a la ciudad de Quito al borde de episodios de violencia. Este trabajo pretende ofrecer explicaciones al contraste entre la campaña y sus resultados.

Los resultados

Por primera vez desde 2006, será necesaria una segunda vuelta para definir la elección presidencial ecuatoriana. Según la legislación electoral, si un candidato obtiene mayoría simple en la votación válida (es decir, la votación que excluye nulos y blancos) o si supera el 40% con un margen de 10% sobre su más cercano competidor, gana en primera vuelta. El binomio formado por Lenin Moreno y Jorge Glas, del partido gobernante Alianza País, obtuvo el 39,4% de la votación válida frente al 28,1% del binomio de la oposición de derechas formado por el banquero Guillermo Lasso y el ex-socialdemócrata Andrés Páez. La primera interpretación de este resultado global es mixta.

Aunque es una hazaña haber conservado una votación tan alta luego de una década en el gobierno, Alianza País perdió 18 puntos en relación a la votación de las elecciones presidenciales pasadas, donde obtuvo 57% de la votación válida (con la misma cantidad de nulos y blancos, es decir, alrededor del 9,5% de votos escrutados). No cabe duda que gran parte de esa caída debe atribuirse al efecto de la crisis económica que viene afectando al país desde fines del año 2014. Sin duda también, una parte importante de la capacidad gubernamental para evitar una pérdida aún mayor de la votación se relaciona con la estrategia de dilatar el momento del ajuste económico recurriendo a un endeudamiento agresivo y caro que lo pospone, pero que también amenaza con volverlo más drástico.

Aunque hay 11 puntos de diferencia entre la candidatura de Lasso y el candidato oficial, se debe anotar que la derecha opositora fue dividida en dos candidaturas muy cercanas en ideología y en discurso que combinadas llegan al 44% de los votos válidos. Incluso sin hacer sumas mecánicas de votaciones diferentes, es muy probable que una candidatura única de la derecha hubiera ganado, quizás apretadamente, la primera vuelta. Nadie ha podido explicar satisfactoriamente la división entre Guillermo Lasso y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, pero está claro que irán muy juntos en la segunda vuelta.

Cuando se comparan los resultados de 2013 y 2017, la primera constatación es que en las últimas elecciones tanto Lenin Moreno como Guillermo Lasso pierden o ganan votos sobre todo en aquellas provincias donde ya eran fuertes o débiles cuatro años antes. Alianza País sigue teniendo sus peores números en la Sierra central y en la Amazonía del centro y del sur, no solo las áreas de mayor población indígena sino las zonas más empobrecidas del país. Los estudios disponibles sobre la distribución socioeconómica del voto muestran, en efecto, que el electorado del correísmo se concentra en municipios y parroquias de clases medias bajas, no en las zonas más empobrecidas ni en las áreas residenciales con predominio de clases medias altas[1].

El mejor ejemplo de su electorado es el sur de la ciudad de Quito y en general, zonas de concentración de clases medias como las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay. Esto refuerza la hipótesis de que tanto el aumento de las posibilidades de consumo como la ampliación del acceso a los servicios públicos en segmentos importantes de una población que años antes estuvo limitada en ambos, cuenta de forma importante para explicar la fidelidad de su electorado.

Dos provincias están en los extremos y su comportamiento requiere recurrir a explicaciones locales. Del lado de Alianza País, sus mejores números están en la provincia de Manabí, aquejada por el terremoto del 16 de abril del año pasado, donde los esfuerzos de inversión y de presencia pública han sido sistemáticos durante toda la década y donde la persistente alianza del oficialismo con poderosos caciques territoriales anteriormente ligados al conservador Partido Social Cristiano (del actual alcalde de Guayaquil), le granjeó una victoria aplastante con casi el 54% de los votos válidos (solo 8% menos que en 2013). Del lado de Guillermo Lasso, sus mejores números están en la Amazonía central y del sur, donde llega tener casi el 56% en Napo y el 54% en Morona Santiago. Toda esta región ha sido amenazada por la expansión de las actividades extractivas de minería y petróleo durante el gobierno de Rafael Correa al tiempo que las promesas de obras públicas han tenido mucha menos prioridad debido a que son provincias electoralmente menos relevantes.

El candidato de CREO, por su parte, en un giro irónico del discurso ideológico, ha prometido cosas que ni siquiera el candidato apoyado por las izquierdas, Paco Moncayo, se atrevió a plantear abiertamente: que dejará el petróleo del Yasuní bajo tierra, que no expandirá la frontera petrolera en áreas protegidas, que cesará la persecución judicial a líderes sociales anti-extractivistas y que dará un carácter obligatorio a los resultados de consultas previas a poblaciones afectadas por actividades mineras. Así pues, razones locales son importantes en la determinación del voto y la lista de esas razones no termina, evidentemente, con las que se acaban de esbozar aquí.

La votación de Alianza País ya había mostrado una consistente tendencia a concentrarse cada vez más en la Costa, donde la organización social está menos extendida y donde el comportamiento electoral durante toda la segunda mitad del siglo XX ha sido más conservador. Comparado con la elección de 2013, el voto costeño sigue siendo el 56% de su votación partidaria total, mientras que en la Sierra su presencia cayó apenas un punto para situarse en el 39%. Es difícil explicar las razones por las cuales los dos candidatos de la derecha, Guillermo Lasso y Cynthia Viteri (16% de los votos), ambos originarios de la ciudad de Guayaquil, no pudieron arrebatar una parte mayor de la votación regional de Alianza País.

Quizás la explicación más plausible sea que la Costa ha sido históricamente una región con mayor déficit de infraestructura pública, precisamente el rubro donde el gobierno ha sido más eficiente. El gobierno central se ha ocupado sistemáticamente no solo de realizar las obras que le competen, sino incluso de hacer aquellas que los gobiernos locales tienen entre sus atribuciones como parques y plazas, caminos de acceso a las ciudades, e incluso el arreglo de malecones.

Otra constatación sobre la votación de Alianza País es que el voto “en plancha” por los candidatos oficialistas al parlamento alcanzó niveles alucinantes. Mientras en la elección de 2013 hubo una diferencia de 5% entre el voto presidencial y el de parlamentarios nacionales, en la elección actual no hubo diferencia alguna. La distancia entre el voto individual del primer asambleísta nacional de Alianza País y el último es de apenas 1%. En el voto por parlamentarios provinciales, la diferencia es un poco mayor y en algunas provincias es significativa (los casos extremos son el 15% de diferencia en la norteña provincia del Carchi y 12% en Pastaza), pero nunca, en ninguna de las provincias, el voto por parlamentarios provinciales supera al voto presidencial. Este dato indica que se trata de un “voto duro”, virtualmente absoluto.

Gracias a ese voto y al método de asignación de escaños que margina a las minorías, el gobierno con sus aliados obtiene mayoría en la Asamblea Nacional: con alrededor del 37% de la votación obtienen el 55% de los puestos en el parlamento. De hecho, un vistazo más detallado a los resultados revela que con solo un 2% menos de votación, el gobierno hubiera perdido 10 asambleístas quedándose sin mayoría simple. A diferencia de 2013, cuando obtuvo mayoría de dos tercios, la mayoría simple de 2017 le impedirá aprobar leyes orgánicas, destituir a ministros o destituir al presidente de la república, con lo que es imposible cumplir la amenaza que hiciera Rafael Correa a fines de febrero de forzar elecciones anticipadas si pierde en segunda vuelta.

Sobre todo, la interpretación del “voto duro” es también mixta. Aunque la consistencia inaudita del voto refleja la enorme capacidad de conservar un amplio electorado leal a toda prueba, esa misma fortaleza arroja sombras sobre el futuro de su estrategia electoral. La figura de Lenin Moreno era la única disponible para el recambio precisamente porque podía apelar a un electorado más amplio, en principio cansado por el ambiente de intolerancia y confrontación. Pero Moreno fue un candidato atrapado en la contradictoria estrategia de reivindicar el “cambio” afirmando al mismo tiempo la continuidad, queriendo poner cierta distancia al inicio de la campaña y siendo forzado a desdecirse inmediatamente. El balance arrojó un candidato poco expuesto públicamente, que hablaba poco y que parecía poco preparado en todos los temas. El resultado final fue exitoso al mantener la fidelidad de los convencidos pero incapaz de atraer un electorado “blando”, menos seguro. Y es precisamente ése el electorado a ganar en la segunda vuelta.

El electorado de Guillermo Lasso es mucho menos consistente. Se benefició claramente de la polarización electoral. En los últimos días de la campaña sus números, dramáticamente estancados en los meses anteriores, crecieron meteóricamente. Tal como ocurrió en 2013, capturó al votante serrano (y ahora amazónico) que difícilmente votaría por él si no fuera porque aparece como el candidato con mayores posibilidades entre las opciones de la oposición. Fue capaz de atraer a la gran mayoría del electorado anti – correísta con un discurso que se desplazó ideológicamente hacia el centro en temas ecológicos, educativos y de tolerancia política, que puso su atención en la crisis económica ofreciendo un millón de empleos y que retomó las banderas clásicas de la derecha que tanto importan en un país de autoempleo y muy pequeña empresa: la reducción de tres mil millones de dólares en impuestos. Es probable que sus electores no tomen muy en serio las matemáticas de sus ofrecimientos, pero la tendencia de las intenciones que expresa es clara: reducción del control del Estado sobre la economía y la sociedad y aumento del peso de la iniciativa empresarial.

En medio de la polarización de la votación entre Lasso y Moreno, quedó poco espacio para la alternativa de centro izquierda enarbolada por Paco Moncayo (6,7%) y el Acuerdo Nacional por el Cambio. Aunque no es una votación despreciable (y menos para los candidatos en segunda vuelta), está claro que su discurso desdibujó sus propuestas tratando de atraer el voto “blando” de Alianza País. Evitó promesas radicales y quiso mostrarse equidistante y moderado. ¿Cómo interpretar que no creciera más con tan buenas perspectivas iniciales, con un candidato ampliamente valorado y de imagen de eficiencia y honradez?

En un evidente intento de acercarse a los votantes de Moncayo, Rafael Correa realizó un análisis de los resultados en el que afirmó que la izquierda había traicionado al general Moncayo votando por Lasso. Por ello, añadió, su votación era “socialdemócrata pura”, es decir, no contaminada de infantilismo, y, por tanto, muy cercana a Alianza País. Parece un análisis forzado, basado solo en el voto de las provincias amazónicas afectadas por la minería que votaron abrumadoramente por Lasso contra el gobierno. La interpretación podría ser inversa: es posible, más bien, que a diferencia de lo que piensa Rafael Correa, lo que expresa la débil votación de Paco Moncayo es ante todo la limitada oportunidad que tiene en este momento lo que se conoció en Ecuador como el centro izquierda socialdemócrata o demócrata cristiano. Fue, en efecto, en los tradicionales bastiones electorales del centro izquierda (Pichincha, Azuay y una parte importante de la Sierra central) donde los votantes desencantados del correísmo prefirieron optar por Guillermo Lasso.

Si esto fuera cierto, la votación de la izquierda radical, que no tenía más opción que Moncayo, habría permanecido bastante pequeña (entre el 2 y el 3%), pero bastante consistente y disciplinada. Su disciplina viene de que se alimenta de muchos activistas y militantes de los movimientos sociales. Para la segunda vuelta, ese voto pequeño pero sistemático puede resultar vital. En un universo paralelo, donde el gobierno no se hubiera ensañado por diez años en una persecución sistemática a esa izquierda y en una negativa terminante a la negociación, ese electorado pequeño pero ideológico y relativamente disciplinado, podría haber votado por el gobierno. En el universo realmente existente, los principales dirigentes de esa izquierda han llamado a votar en segunda vuelta contra este gobierno que buscó borrarlos del mapa político del país.

Paradojas

Salvo el ex – candidato presidencial Iván Espinel (ex funcionario gubernamental y pariente cercano de Jorge Glas, candidato vice-presidencial de Alianza País), todos los ex – candidatos y los partidos políticos existentes se han pronunciado a favor de Guillermo Lasso o contra el gobierno. Al margen de las posturas de los dirigentes, ¿qué podemos esperar en la segunda vuelta el 2 de abril próximo? El pronóstico es reservado y el resultado será seguramente muy estrecho.

Aunque la distancia que separa a Lenin Moreno de Guillermo Lasso le da una obvia ventaja inicial, su margen de maniobra es pequeño. Fuera de sus aliados locales de primera vuelta, no tiene posibilidad de alianzas políticas más amplias. Por ello es mucho más probable que su estrategia electoral consista en ofrecimientos concretos, obras precisas y programas de subsidios. El tono de la segunda vuelta ya empezó en la primera con el ofrecimiento de 150 mil casas gratuitas, aumentar el bono en efectivo que reciben las familias pobres hasta 150 dólares (ahora es de 50), la creación de 40 nuevas universidades (hay 33 universidades públicas actualmente en el país), y más recientemente prometió otra universidad en la costeña provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La estrategia política de Guillermo Lasso tiene un doble cariz: busca presentarse como la opción de conciliación y consenso nacional pero también requiere remozar sus ofrecimientos concretos. Ha prometido mantener el subsidio al gas, la gratuidad en la salud y la educación y retomar las propuestas más audaces de subsidios realizadas en primera vuelta por Cynthia Viteri.

¿Cómo conciliar la imagen de una votación polarizada, de una gran movilización espontánea de los seguidores de Lasso contra el Consejo Nacional Electoral para presionar por una segunda vuelta, con la afirmación de que la campaña despertó poco entusiasmo? Tres características podrían asociarse al marcado desinterés social en las elecciones. Entre 1996 y 2006 las campañas electorales ecuatorianas estuvieron marcadas por la presencia de candidatos anti-sistémicos. Freddy Elhers, Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, Rafael Correa e incluso Álvaro Noboa se presentaban como personas ajenas al sistema político, enemigos declarados de los partidos y acusaban a todos los políticos en su conjunto de ser cómplices del descalabro. Casi dos décadas de ajustes y de crisis económicas recurrentes se achacaban a los gobiernos y las expectativas de cambio se concentraban en las campañas.

La década correísta, con su correlato de estabilidad económica, estabilizó también el sistema político y cerró el espacio para los outsiders. Las expectativas radicales quedaron provisionalmente excluidas. Todos los candidatos son personajes perfectamente insertos en el nuevo sistema político. Quienes buscaron presentarse en conflicto con los antiguos y con los nuevos (los jóvenes Abdalá Bucaram o Iván Espinel) pugnaban más bien por consolidar su imagen para elecciones futuras.

El correlato programático de esa carencia de radicalismo en la imagen política de los candidatos fue el corrimiento de todas las agendas hacia el centro del espectro ideológico. El gobierno ya había dado pruebas de un espectacular giro hacia su derecha luego de unos primeros años de radicalismo: no solo firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y cedió el segundo mayor campo petrolero nacional a una empresa transnacional francesa (no pudo ceder el más grande por falta de interesados), sino que concedió dos puertos marítimos a empresas extranjeras y descapitalizó a la seguridad social pública negando obligaciones presupuestarias que ningún gobierno neoliberal se atrevió a desconocer. Las propuestas programáticas del candidato oficial registran perfectamente ese desplazamiento al reivindicar el papel central que esperan que juegue la iniciativa privada y empresarial en la nueva etapa de la revolución ciudadana.

El resto de candidatos también se desplazó hacia el centro: la derecha ha llamado a conservar beneficios sociales, a defender las causas ecológicas e incluso a extender subsidios. La misma izquierda radical prefirió optar por un candidato moderado como Paco Moncayo para asegurar mejores oportunidades electorales que las que tuvo en 2013. El resultado agregado de ese corrimiento fue la dificultad de encontrar alguna diferencia esencial entre los planteamientos explícitos de los candidatos, salvo por un mayor énfasis (solo eso, énfasis) en la derecha respecto a la reducción de impuestos. En medio de diferencias programáticas atenuadas, el mayor eje de la campaña terminó girando alrededor de las acusaciones de corrupción gubernamental, que el gobierno replicó tratando de extender las acusaciones a todos sus rivales y hacia el pasado.

Una campaña gris, pues, sin diferencias perceptibles en los discursos y sin apenas expectativas radicales. A eso se agrega un tercer componente de la inyección del sedante electoral: los electores saben que la crisis económica y fiscal implicará ajustes, recortes y posiblemente recesión. ¿Quién y cómo recibirá el principal peso de ese ajuste? Ningún candidato menciona el problema y elude toda referencia a la crisis anunciando, por el contrario, que se entregarán nuevos subsidios. La credibilidad de todos los candidatos sufre las consecuencias. Aunque la mayoría de los electores vota por alguno, lo hace con poca confianza, con poco entusiasmo, ante la evidencia de la mentira. Sin fe es difícil lograr movilización aunque se puedan lograr votos.

En ese marco que podría explicar el poco entusiasmo que ha generado la campaña, hay, sin embargo, un componente de polarización. El verdadero centro de la campaña, la diferenciación esencial tanto en el discurso como en la imagen de los candidatos, ha sido la constitución del proceso electoral de 2017 en un gigantesco plebiscito sobre los diez años de correísmo. Los candidatos han enfatizado distintos elementos en la crítica al gobierno. Quizás el más importante de todos es que luego de diez años de regreso del Estado, un regreso demandado por la mayoría de la población y exigido luego de dos décadas de retiro neoliberal, hay una parte importante de la población que rechaza los excesos disciplinarios del control estatal.

Seguramente el tema de campaña que mejor expresa este elemento general del plebiscito sobre el gobierno de Alianza País sea que todos los candidatos (y hasta el gobierno se vio obligado tardíamente a dar un paso atrás) han rechazado el examen estandarizado para decidir el ingreso a la universidad. Ese examen ha sido vivido por los postulantes como una intervención indebida del gobierno para decidir la carrera de cada estudiante. Esa crítica se extiende al problema del derroche y la corrupción en el gasto público. Las derechas amplían mucho más esa crítica hacia el estatismo económico, el intervencionismo excesivo en el mercado laboral y la falta de incentivos suficientes para la operación del sector privado. Otra dimensión del mismo problema ha sido el del autoritarismo, la intolerancia y la arrogancia de que ha hecho gala el gobierno de Rafael Correa.

Así, el progresismo a la ecuatoriana ha revelado que el problema del Estado, de su carácter, de las formas de su intervención, y del sentido de lo que entendemos por “lo público”, no se juega solamente a dos bandas, entre el mercado y el Estado. El juego tiene una tercera banda: la sociedad civil. Esa tercera opción, si quiere tener una oportunidad de autonomía para recrear alternativas de vida comunitaria, necesita usar al mercado para defenderse del Estado y al Estado para defenderse del mercado. Diez años de correísmo no lo entendieron así y se afanaron en ahogar a la sociedad bajo el peso disciplinario de la tecnocracia. Cuando el momento de la verdad llegue finalmente en este plebiscito en dos tiempos, ninguna de las opciones disponibles es favorable para esta tercera alternativa. Con cualquiera de ellas se avecinan tiempos de turbulencia, ajuste desembozado y resistencia.

[1] Carlos Larrea 2012. “Configuración regional y social del voto en el Ecuador: 2002-2011”. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Inédito. Presentación PP disponible en http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/NOTICIASYSUCESOS/2013/Comportamientoelectoral2012UASB.pdf

*Los informes de coyuntura del CEP cuentan con el auspicio de Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst (Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo), Berlín, Alemania