CASTIGAR Y DIALOGAR Por Inti Cartuche Vacacela*

Fotografía: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

SOBRE EL LLAMADO AL DIÁLOGO A LA CONAIE

Abril 18 de 2017

En estos días, luego de las disputadas elecciones presidenciales, el candidato vencedor Lenin Moreno reunido con algunos dirigentes indígenas de fracciones de organizaciones afines al proyecto de AP, ha llamado al diálogo a la CONAIE. Ha indicado, según se pude mirar en prensa, que revisará algunos temas sobre judicialización de la protesta y que está abierto al diálogo para llegar a acuerdos.

Según el Informe Derecho a la resistencia y criminalización de la protesta social de 2015 existieron 98 personas procesadas, de quienes 29 ya han recibido sentencia. A esto hay que sumar las últimas detenciones ocurridas en la Amazonía sur del país en territorios afectados por la minería como el caso del compañero dirigente shuar Agustín Wachapá. A todo el proceso de judicialización de la protesta social hay que añadir las muertes de compañeros shuar (Wisum, Taish, Tendetza) que no se han solucionado hasta la actualidad. Y en general hay que recordar todo la política de hostigamiento hacia la CONAIE y sus dirigencias por parte del gobierno, así como las políticas estatales que han ido despojado de espacios institucionales conseguidos con la lucha del movimiento indígena, sobre todo educación bilingüe.

En términos generales se puede decir que para el movimiento indígena, particularmente la CONAIE, ha sido un década pérdida en términos de fortalecimiento organizativo, de espacio político y de capacidad de incidir en la trayectoria del Estado. Es conocida la postura del régimen que termina, en cuanto a abrir espacios de diálogo político reales. En su lugar, repito, la política constante ha sido la deslegitimación, el arrinconamiento y el ataque, una política de subordinación y aquietamiento de la lucha social al Estado y al gobierno populista en una línea que Gramsci llama “revolución pasiva”, es lo que más ha prevalecido. Cierto es que los problemas políticos organizativos de la CONAIE no empezaron con el régimen de Alianza País, son expresión de múltiples contradicciones internas fruto del impacto del neoliberalismo, de los cambios sociales profundos en las bases. Pero también es verdad que este gobierno las ha aprovechado y profundizado llegando a tal punto de tratar de crear una organización paralela como en el caso de la CONFENIAE actual. La política gubernamental no ha ido dirigida a generar las condiciones sociales y políticas necesarias para la continuidad de la movilización popular por fuera y al interior del Estado como se podría haber esperado. En su lugar ha persistido el disciplinamiento político del antagonismo, de la lucha popular, de las organizaciones no alineadas, una voluntad de “silenciamiento” de las luchas sociales al poder estatal ha sido la política correísta de la década que finaliza.

Todo esto es necesario indicar para pensar sobre el supuesto llamado al diálogo del próximo presidente del país. Aunque en primera instancia dicho llamado puede significar una señal de cambio de política del nuevo gobierno hacia los movimientos populares, o del contexto de pérdida de hegemonía frente a las otras derechas. Queda la duda por el momento y el contexto de polarización política en el que estamos. AP ha logrado trazar un campo de disputa política propio donde hay poco espacio para la maniobra política que no sea alinearse con su gobierno o con la derecha de Lasso. El campo de disputa política está totalmente marcado por AP. Su triunfo electoral aunque evidencia un debilitamiento frente a la derecha tradicional, sigue siendo un triunfo en relación a las organizaciones indígenas y el movimiento popular. Las relaciones de fuerza no son favorables para un real diálogo con el gobierno.

Apelando a la historia del mismo movimiento indígena cabe recordar que los diálogos con el Estado y los gobierno de turno casi siempre se han llevado a cabo poniendo por delante sendas movilizaciones populares e indígenas, es decir en condiciones de fuerza favorables al movimiento indígena

“solamente hay que mirar el pasado un poquito […] cómo se dieron los diálogos, en que condiciones se dieron los diálogos, no es diálogo por diálogo, no es ir a golpear la puerta y que me abran la puerta para ver que converso, yo creo que ahí esta la falla. ¿Dónde esta la agenda del movimiento indígena?, hay que organizar esa agenda, […] e irse con una agenda, con una propuesta, […] Segundo, las condiciones […] en el pasado. O sea el diálogo se dio en el fragor de la lucha, el levantamiento hizo que los gobiernos digan “bueno, bueno haber dialoguemos ¿qué quieren?” ¿y ahora que? yo no digo que hay que hacer un levantamiento, pero mínimamente generemos condiciones para que haya un diálogo”(entrevista personal, LM, 2014).

Condiciones que en el momento presente no existen. La plurinacionalidad del Estado como paraguas de otras demandas puntuales del movimiento indígena carece de un espacio político en la sociedad y el Estado para su discusión seria. El gobierno se ha encargado de arrinconarla poniendo en su lugar propuestas menos políticas y menos ofensivas como la interculturalidad “light”, el discurso desarrollista del Buen Vivir, el ambiguo Socialismo del siglo XXI. La plurinacionalidad se ha reducido a una línea en la constitución y a la presencia de individuos indígenas dentro de las instituciones estatales sin base social y mucho menos con proyecto político que no sea la revolución ciudadana. Y por otro lado, como dijimos, no existe la fuerza necesaria, y no solo de movilización en las calles, sino sobre todo política y estratégica para entrar en un dialogo con el gobierno.

¿Significa esto que la CONAIE debe negarse a dialogar con el gobierno y cerrarse sobre si misma? No necesariamente. Sin embargo, creo que el gobierno debe dar señales reales de cambio de política estatal hacia el conjunto del movimiento popular: cesar la criminalización de la protesta social, suspender el decreto 16, parar la deslegitimación constante de las dirigencias y de las organizaciones, parar la política divisionista de los movimientos, las comunidades y colectivos, entre otras cosas básicas. De tal forma que las organizaciones puedan reconstituir su tejido social, organizativo tan golpeado durante una década y puedan recuperar fuerza política ¿Será que el gobierno del AP está dispuesto a ceder hegemonía al movimiento popular? Difícilmente.

Además, es importante entender que el diálogo político implica fundamentalmente el antagonismo, el disenso de proyectos y perspectivas políticas. Dado el contexto de agresión hacia las organizaciones, el gobierno no puede esperar que aquellas se sienten a vanagloriar los “logros” de la revolución ciudadana. Es fundamental que el gobierno tenga una actitud de escucha y reparación de los agravios que AP y el Estado han hecho con las organizaciones populares que no se han alineado al gobierno, cosa que debe concretarse en hechos reales y asumir responsabilidades en el debilitamiento de las organizaciones y la izquierda. Es fundamental que el gobierno abandone la postura amigo – enemigo de la revolución ciudadana construida en estos diez años principalmente por el presidente Correa, y abra un espacio realmente democrático fundamentado en el antagonismo político y en el despliegue de la movilización popular que es la única garantía de cambios realmente profundos en la sociedad. Un diálogo verdadero implica entonces abrir el campo a los sujetos políticos que llevan a cabo las transformaciones sociales: las organizaciones populares críticas.

Finalmente, es necesario recalcar que el diálogo entre la CONAIE y el gobierno, en caso de darse, no puede ser a partir de iniciativas individuales y aisladas por parte de algunos dirigentes sin mediar la organización ni la medición de la fuera política necesaria para ello. Como dice aquel dirigente histórico del movimiento indígena, es necesaria una agenda potente, articuladora, estratégica y condiciones políticas más adecuadas para la organización. Desde el gobierno, no se trata de abrir las puertas y decir “vengan siéntense a conversar” sino que implica todo un cambio en la política gubernamental y las estructuras judiciales que criminalizan la movilización popular.  De no ser así, el llamado al diálogo puede terminar siendo solamente una estrategia camuflada para la continuación de la cadena castigardialogar y nuevamente castigar,  con la posibilidad real de profundización de las fracturas y desarticulación del movimiento indígena.

Creo que el momento actual para la organización es sobre todo cuidar lo que aún queda en pie, articular las diversas perspectivas al interior, apostar por la renovación de la agenda política y la estrategia hacia el Estado. Si queremos diálogo, que sea mejor y sobre todo primero entre nosotros.

*Publicado previamente en el blog del autor