EL IRREVERSIBLE TRIUNFO DE UN PRESIDENTE SIN LEGITIMIDAD Por Alfredo Espinosa*

Mayo 16 de 2017

Este trabajo pone en debate lo que para muchos es ya un caso cerrado: la legitimidad, tanto del nuevo gobernante, como de las instituciones que de una u otra forma coadyuvaron a su triunfo y los discursos que la defienden. Las dudas sobre su legitimidad seguirán presentes en la ciudadanía, aunque el Consejo Nacional Electoral – CNE se esmere en decir lo contrario y Lenín Moreno luzca la banda presidencial, si el nuevo mandatario no descorreiza el Estado tan solo será presidente de la mitad de los ecuatorianos e incluso menos.  

El triunfo electoral de Lenín Moreno el pasado 2 de abril de 2017 todavía es cuestionado a pesar de su proclamación y futura posesión como Presidente de la República. En torno a él hay denuncias de fraude, uso de fondos públicos, campaña sucia, silencio absoluto para defender sus propuestas, entre otros cuestionamientos realizados por la ciudadanía y omitidos por el Consejo Nacional Electoral–CNE. Por ello, este trabajo intenta problematizar sobre la “legitimidad” del nuevo gobernante y la institución que llevó a cabo el proceso electoral; a más de plantear cuatro puntos por las cuales no hay que esperar cambios trascendentales que distancien al gobierno de Moreno del de Correa. Estos puntos arrojan certezas, pero también inquietudes e incertidumbres que solo podrán ser resueltas con el transcurso del tiempo.

El CNE, su sentencia de victoria y la desconfianza ciudadana…

El Ecuador ya tiene nuevo mandatario, así lo anunció[1] Juan Pablo Pozo, Presidente del Consejo Nacional Electoral-CNE al sostener (48 horas después de realizadas las elecciones) que la tendencia que dio el triunfo al licenciado Lenín Moreno y a su cuestionado binomio Jorge Glas era irreversible. Desde esa fecha (4 de abril) hasta antes de su posesión, hemos visto cómo a través de Cadenas Nacionales, Enlaces Ciudadanos y medios estatales el gobierno intentó generar tardías muestras de “transparencia” a las elecciones del pasado 2 de abril. La cereza del pastel dentro de todo este show mediático fue el reconteo de 3 865 actas objetadas por Alianza País y los movimientos CREO-Suma, el martes 18 de abril en el Coliseo Rumiñahui de Quito.

Sin embargo, el pedido que hizo la alianza CREO-Suma para el reconteo voto a voto del total de las 41 042 actas fue rechazado por el CNE y posteriormente por el Tribunal Contencioso Electoral – TCE, este último presidido por Patricio Baca Mancheno, hermano de Carlos Baca Mancheno[2], ex consejero político del Presidente Correa y el reemplazo de Galo Chiriboga (también allegado a Alianza País) en la Fiscalía General del Estado. Quizás por eso la sospecha de que en la resolución del TCE más que un criterio jurídico imperó la voluntad política del correísmo, que por intermedio de sus emisarios -dispersos en cada uno de los organismos de control- exponen cómo la seguridad jurídica existe únicamente para el movimiento de gobierno[3].

¿Qué nos demostró el acto circense organizado por el CNE en el Coliseo Rumiñahui? Que esa fue una actividad organizada por autoridades electorales cercanas al gobierno correísta, con observadores nacionales pertenecientes a gremios y organizaciones cercanas al mismo régimen –como la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (FEDOTAXIS)- y la presencia de funcionarios públicos de distintas instituciones del Estado, a más de los delegados del movimiento oficialista. ¿Qué legitimidad tiene este reconteo parcial de actas en las condiciones expuestas?, y sobre todo ¿Qué legitimidad obtiene Moreno con este reconteo? Ninguna, porque mientras todos los actores inmersos en ese sainete se esmeraban por demostrarle a la ciudadanía que el proceso electoral fue transparente y que Moreno sí tenía legitimidad como Presidente electo; lo que los ciudadanos presenciaron fue un acto de correístas para correístas, transmitido por Ecuador Tv y los medios “públicos” en el que estuvieron presentes observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos – OEA, entre otros.

¿Qué legitimidad tiene el CNE? Ninguna, primero porque su estructura lejos de reflejar la voluntad de las distintas organizaciones políticas y de la ciudadanía, responde únicamente a los intereses del correísmo, ya que sus integrantes son afines al movimiento de gobierno[4] y; segundo, porque a lo largo del proceso electoral de la primera y segunda vuelta, este organismo se hizo de la vista gorda al no cuestionar ni actuar de oficio respecto al uso indiscriminado de fondos públicos en favor de la campaña de Lenín Moreno. Ellos, con sus omisiones, permitieron que los medios de comunicación públicos e incautados ratifiquen una vez más su posición como medios de gobierno y lo que es peor aprobaron su privatización, al convertirse (en la práctica) en cajas de resonancia al servicio de Alianza País. Tampoco criticaron el uso del call center del IESS desde donde se hacían llamadas a los ciudadanos para preguntarles qué opinaban de Moreno en lugar de agendar las citas médicas que tanto requieren sus pacientes. Esto sin mencionar la similitud discursiva entre Juan Pablo Pozo[5] y Rafael Correa al momento de atacar a quienes plantearon la hipótesis del fraude y defender el proceso electoral.

¿El reconteo total de votos fue el ‘capricho de un banquero’ o un pedido legítimo de los electores? Tal parece que al titular del CNE y sus miembros, así como a varios académicos[6] e intelectuales orgánicos del correísmo, se les olvido que en los días posteriores al 2 de abril las calles de Quito, Guayaquil y otras ciudades no estuvieron llenas de ‘banqueros’ o de ‘oligarcas’; sino de individuos de distintas clases sociales, en su gran mayoría sin militancia política, que a más de demostrar su frustración por el triunfo del continuismo, pedían legítima transparencia en los resultados. ¿Fue este pedido ciudadano una “absurda pretensión” como la calificó Jaime Galarza Zavala[7]? De ninguna manera se puede catalogar de absurdo el derecho de los ciudadanos a exigir cuentas claras a sus autoridades, construyendo ciudadanía también desde las calles porque lo que estaba en juego el 2 de abril era salir del modelo autoritario correísta hacia la construcción de una democracia que respete los derechos a la libertad de expresión, asociación, protesta social, la consulta previa a los pueblos y nacionalidades, entre otros que podían lograrse en el marco de una nueva institucionalidad.

Lo que sucede es que los emisarios del gobierno afincados en el Hotel Marriot y el mismo Presidente Correa, estuvieron acostumbrados a que nadie objete o problematice sobre los resultados electorales de los procesos anteriores, la transparencia de los mismos, e incluso discutan respecto a la democracia y las libertades en el Ecuador (si es que las tenemos). Ellos se acostumbraron a lidiar con la lealtad clientelar de individuos dóciles, maleables a la charlatanería de los sábados, antes que con sujetos políticos porque estos últimos han permanecido buena parte de esta década cuestionando la corrupción que bombea desde la entrañas del gobierno correísta; aunque el Presidente insista en sus discursos que su gobierno es de manos limpias y que con él se terminó la corrupción legalizada.

En este escenario postelectoral, caracterizado por las denuncias de fraude y la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, el 48.84% de los ecuatorianos –al menos en los porcentajes que exhibe como oficiales y definitivos el CNE- cuestionaron en las calles no solo el dictamen triunfalista de Pozo y la institucionalidad correísta del Estado que ampara un sistema electoral altamente volátil e inestable con instituciones que se deben al gobierno central y al movimiento del Presidente Correa; sino también la década de autoritarismo y represión que llevó a la cárcel a varios ciudadanos que disintieron con la verdad sacralizada por el oficialismo, y que aniquiló a otros tantos en la opinión pública, condenándolos al descrédito.

Moreno: incertidumbres y certezas

Pensar que Moreno puede deslindarse del tutelaje de Rafael Correa resulta ingenuo y demasiado optimista, quizás los actos escénicos[8] a los que nos tiene acostumbrados reflejen lo contrario; pero la realidad es otra. Para deslindarse de Correa, Moreno debería implementar una profunda reforma para la recuperación de la democracia, el estado de derecho, la credibilidad en las instituciones del Estado, el respeto a los derechos humanos[9] y la paz social; es decir tendría que descorreizar el Estado para que exista independencia de funciones y que los órganos de control sean verdaderamente autónomos. Sin embargo, esto no se encuentra en su agenda de trabajo por cuatro razones:

Primero: la continuidad en la política de reciclaje en las autoridades. Tal como lo hizo su antecesor, Moreno echará mano de varios funcionarios que ejercieron altos puestos de poder en ministerios y otras instituciones del Estado durante el correato. Quienes esperan sorpresas deberán seguir esperando. No obstante, es probable que Moreno les dé la oportunidad de ejercer el poder a algunos ex militantes autodenominados de “izquierda” que integran Alianza País y que fueron relegados por los tecnócratas de derecha que conformaron el gabinete correísta. Si esto es así, ¿podrán marcar una gestión distinta a la de sus antecesores de derecha? Es poco probable, porque ellos avalaron desde las calles los atropellos en contra de los trabajadores, la seguridad social y la persecución política en nombre de la defensa de la revolución.

Por otra parte, ¿tendrá Moreno el suficiente liderazgo para que las facciones de “izquierda” (que dicen existir) y las de la derecha tecnocrática coexistan tal como lo hacían cuando Correa gobernaba? Al no estar Rafael Correa el único factor de cohesión al interior del movimiento de gobierno es el denominado proyecto político, que se resume en permanecer en el poder para lucrar a costa del Estado. Así, muchos malhadados “revolucionarios” podrán cumplir su sueño burgués, aunque continúen sintiéndose en los discursos más proletarios que los mismos obreros. Lo irónico de esta situación es que los hijos y nietos de estos personajes no se educan en las Escuelas Fiscales o en las Unidades Educativas del Milenio, tampoco rinden las tediosas pruebas del SENESCYT para ingresar a las universidades públicas porque sus destinos académicos –como el de hija de Correa- se encuentra en Europa o los Estados Unidos, mucho menos se atienden en los hospitales del Ministerio de Salud o del IESS porque para eso están las clínicas privadas.

Segundo: aunque se muestra como un hombre de diálogo, Moreno dialoga consigo mismo y con su círculo cercano. Ni siquiera en la segunda vuelta electoral, cuando el país exigía respuestas a los candidatos sobre su ideario de gobierno tuvo la entereza y la honestidad para defender sus ideas por fuera del trabajo sucio de sus mercenarios en las redes sociales, los grafitis en las calles y la publicidad en buses; todos con leyendas y mensajes que afirmaban el retorno del Feriado Bancario si Lasso ganaba las elecciones. Durante esos días de campaña sucia[10], los ecuatorianos escucharon hasta la saciedad la palabra ‘diálogo’ sin que esta se lleve a la práctica.

En todo caso, si en el mandato del licenciado Moreno llegaran a crearse espacios para el intercambio de ideas nadie garantiza que los mismos no se conviertan en tongos mediáticos para posicionar a su gobierno como conciliador, cuando las decisiones trascendentales en los ámbitos económico, político y social ya pueden estar tomadas.

Bien sea un presidente que dialoga consigo mismo o bien uno que inventa shows mediáticos como el de ‘la mano extendida’, lo que no se descarta es que el Estado siga ocupando un papel central como hacedor exclusivo y propietario de la verdad, por ello su renuencia a derogar la Ley de Comunicación que –vale recordar- es el instrumento preferido por el Estado correísta para imponer contenidos en los medios privados, sancionarlos y linchar a los opositores con el uso de los medios públicos e incautados[11].

Tercero: la mano de Alianza País seguirá metida en la justicia. No solo porque las Cortes, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contenciosos Electoral, la Defensoría del Pueblo y el mismo Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) seguirán integradas por los simpatizantes y allegados al gobierno a través de los polémicos procesos de selección que hasta la fecha, han demostrado que los funcionarios correístas son los únicos “predestinados” a ocupar dichas dignidades. Esto significa que por encima de la justicia y la transparencia en los procesos judiciales en los que se encuentran inmersos varias voces disidentes al régimen estará el dictamen del Presidente de la República, en este sentido Moreno será el encargado –como ya lo vimos en el bochornoso juicio del Contralor, Carlos Pólit, en contra de los integrantes de la Comisión Anticorrupción Ciudadana- de decidir quién se hace acreedor o no al dadivoso perdón y olvido; aunque previo a ello la parafernalia judicial avale la humillación y el descrédito público.

En un país con justicia independiente, no se habría dado paso al juicio de Pólit y sus pretensiones de hacer dinero a costa de un grupo de ciudadanos loables que a lo largo de su trayectoria personal y profesional demostraron al país pulcritud absoluta al denunciar varios casos de corrupción.

En un país con justicia independiente, el Presidente de la República no es juez ni fiscal; es únicamente Presidente.

Cuarto: el manejo de la economía no cambiará.

Moreno defenderá –como lo ha venido haciendo- la falacia de que la economía del país se encuentra en buen estado, aunque los USD 1 600 millones de déficit mensual que afronta el país digan lo contrario. ¿Con qué dinero se financiará este déficit? ¿Con más endeudamiento? ¿Bajo qué condiciones y con qué acreedores? Por otra parte, la reunión de trabajo que mantuvo Moreno con el exministro de economía de Grecia, Varoufakis, deja entrever que el camino hacia la desdolarización es una peligrosa realidad trazada a mediano o largo plazo. ¿Qué papel jugará el dinero electrónico en esto? ¿Querrá Moreno hacer del Ecuador otra Grecia?

A esto hay que añadir las más de 30 ofertas de campaña, como la construcción de vivienda, incremento del Bono de Desarrollo Humano de USD 50 a USD 150, la creación de 40 universidades técnicas, la seguridad social para adultos mayores, entre otras cuyas fórmulas de financiamiento y ejecución son inciertas para los ecuatorianos. ¿Cuarenta universidades bajo qué parámetros de calidad? ¿Con qué infraestructura y con qué financiamiento? ¿Afiliación para adultos mayores cuando ni siquiera reconoce la deuda que mantiene el Estado con el IESS? ¿Tendrán derecho al seguro de salud o será una afiliación similar como la de las amas de casa? ¿Aumentar el Bono de Desarrollo Humano (BDH) a todo el mundo o a un segmento de los beneficiarios? Quizás Moreno logre cumplir sus populistas ofertas de campaña, ¿pero a qué costo? ¿Ahogando al país en el endeudamiento?

En cuanto al ámbito internacional ¿Será capaz de marcar distancias con el gobierno chavista de Nicolás Maduro y otros tantos regímenes autoritarios, acusados de restringir libertades y derechos humanos?

Los ecuatorianos esperan que en los tres primeros meses de mandato al menos se esbocen las respuestas a estas inquietudes nacionales.

[1] Este, desde mi punto de vista, no solo fue un anuncio; sino el preludio de lo que muchos consideran una decisión, una sentencia.

[2] Baca Mancheno elucubró la teoría conspirativa del 30-S, para sostener que el Gobierno de Correa se enfrentó a grupos desestabilizadores. Diario El Comercio el 13 de enero de 2017 publicó la noticia “Baca Mancheno, asesor del presidente Rafael Correa, se postula para Fiscal”, donde informa que “En el 2015, el presidente de la República, Rafael Correa, lo nombró como delegado ante el directorio de la empresa pública Televisión y Radio del Ecuador (RTVEcuador). También, fue presidente de la Comisión que investigó los sucesos del 30 de septiembre del 2010”.

[3] Una muestra de ello es que el TCE resolvió archivar la causa levantada contra Alianza País por el uso de fondos públicos en la transmisión que hicieron Gama Tv, Tc Televisión y Ecuador Tv de la V Convención Nacional de ese movimiento que se realizó en octubre de 2016 y en la cual Lenín Moreno aceptó la candidatura a la Presidencia de la República. No debemos olvidar que en noviembre de 2016, Patricia Zambrana, renunció a su cargo de magistrada del TCE por falta de imparcialidad luego de enviar un twitt con el mensaje: ‘Gracias Ecuador, miles acompañaron a candidatos de AP’. Ella fue una de juezas que decidió negar la denuncia presentada por la transmisión de la V Convención de Alianza País. Otro miembro del TCE cercano a AP es Mónica Rodríguez (ex-titular de la Unidad Técnica de la Asamblea, creada por su presidenta Gabriela Rivadeneira), quien actualmente se desempaña como vicepresidenta de esa entidad.

[4] No debemos olvidar que Juan Pablo Pozo fue secretario abogado de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional entre 2008 y 2012, la misma que estuvo presidida por la socialista Silvia Salgado, aliada al movimiento Alianza País. Según señala el portal Milhojas en la nota titulada “Juan Pablo Pozo, el hombre que archivaba expedientes” del 23 de abril de 2015: “Durante los cuatro años que Silvia Salgado fue la Presidenta de la Comisión y Juan Pablo Pozo el Secretario Abogado, de los más de cuarenta juicios políticos, solamente uno fue ejecutado, el que terminó con la destitución de la exsuper Intendenta de Bancos Gloria Sabando. El resto de denuncias fueron archivadas. Los casos más rimbombantes fueron: el juicio político a Javier Ponce, Ministro de Defensa, por la compra de los helicópteros Dhruv, demandante fue el asambleísta de PSP Coronel Fausto Cobo; el juicio político contra el Ministro de Transporte Jorge Marún por el “Plan Relámpago” (contratación vial de emergencia por más de US$1.000 millones) la demanda que fue presentada por el asambleísta de PSP Galo Lara; el proceso contra el entonces Fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, el cual fue demandado por miembros de la misma Alianza País, entre ellos María Paula Romo, Paco Velasco y Roxana Alvarado”.

[5] Diario El Universo destaca en su edición del lunes 1 de mayo de 2017 la siguiente frase de Juan Pablo Pozo “Entre los mejores recuerdos y acciones que me llevaré cuando concluya la presidencia del CNE es haber coincidido históricamente con el presidente Rafael Correa. Siempre hemos establecido las articulaciones y coordinaciones que conlleva la Función Electoral, pero jamás ha tenido condicionamientos ni presiones”. Nota titulada: “Coincidencias con AP marcan presencia de Pozo en el CNE”.

[6] Para el oficialismo, es la derecha plutocrática del Ecuador y sus chequeras la que no reconoce el triunfo electoral del licenciado Moreno. Al respecto, Carol Murillo, columnista de El Telégrafo, manifestó en su artículo ¿Recuento de votos o golpismo solapado? Del 7 de abril de 2017, que “[en la oposición] no aceptan que el Estado se sobreponga al mercado y, además, norme su incidencia en la vida nacional, por el contrario, apuntan a su reducción o extinción, y que lo privado recupere su connivencia con el mercado a través de un estado subordinado al neoliberalismo y los organismos financieros internacionales”. Sin embargo, el argumento de Murillo evidencia la expresión pasional de algunos nostálgicos “izquierdistas” que a falta de referentes propios todavía buscan llenar ese vacío de idolatría en la verborrea de la Revolución Ciudadana que tiene en la punta de la lengua la palabra “golpismo”. Murillo participó en la VI Convención de Alianza País en Manabí el pasado 1 de mayo de 2017. En su cuenta de Twitter aparece con la camiseta del movimiento de gobierno.

[7] Artículo “Más allá de las urnas”, publicado por Rebelion.org sección Ecuador, el 14 de abril de 2017.

[8] Moreno luce ante los medios de comunicación como un hombre equilibrado y ecuánime, que sabe controlar sus emociones; un proponente del diálogo y la paz a diferencia de su antecesor en Carondelet. Sin embargo, el performance mediático dista de la realidad. Es sabido por varias personas que trataron con él en el ámbito laboral, que Moreno es una persona neurótica que grita e insulta a sus subalternos, en sí un maltratador; aunque nadie se atreve a decirlo abiertamente.

[9] Al respecto el 1 de mayo de 2017 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reunido en Ginebra evaluó en el Examen Periódico Universal (EPU) la situación de los derechos humanos en el Ecuador. Un total de 26 Estados emitieron observaciones y recomendaciones sobre los derechos a la libertad de expresión y prensa, así como la libertad de asociación. Al respecto el Canciller Guillaume Long, debido a la serie de observaciones realizadas al país sostuvo “No todo los comentarios reflejan la realidad de Ecuador. Pareciera que están hablando de otro país”. Por otra parte 19 Estados observaron la situación de la independencia de la justicia en Ecuador. Esto quiere decir que por fuera de las fronteras nacionales el Estado de propaganda se diluye porque la realidad es otra. La pregunta es ¿aceptará Moreno las observaciones y recomendaciones que salgan del Informe EPU realizado a Ecuador en materia de Derechos Humanos?

[10] Alianza País intentó posicionar una fantasiosa pugna de clases en el ámbito electoral (símil de la lucha entre el bien y el mal). De esa falacia elevada a premisa por el gobierno, la única realidad visible fue el odio entre los ecuatorianos producto de una de las campañas electorales más sucias en la historia política del país, aupada por el Estado candidato, cuyos funcionarios se arrogaron el nombre de todo el pueblo manabita para lanzar latas de atún y agredir a militantes y simpatizantes de CREO. Desde ese momento, la violencia urbana organizada por un grupo gansteril se justificó bajo el apelativo de “dignidad”. Mientras que los reclamos ciudadanos postelectorales a las afueras del CNE fueron calificados de “violencia urbana […] incitada por el interés privado de una facción y la miopía política de sus aliados coyunturales” (Murillo, 2017).

[11] El titular de la Superintendencia de Comunicación, Carlos Ochoa, sancionó a 7 medios de comunicación con una multa de USD 3 750 a cada uno, por no reproducir la propaganda política camuflada bajo la etiqueta de “reportaje” del medio argentino Página12, en contra del excandidato a la Presidencia de la República Guillermo Lasso. En él se afirma que Lasso creó empresas offshore en paraísos fiscales. Este medio de comunicación se identifica abiertamente con el kirchnerismo. ¿Quién presentó la denuncia en contra de Ecuavisa, Teleamazonas, Televicentro, El Comercio, La Hora, Expreso y El Universo? Un Observatorio “Ciudadano” del cual forma parte una exasesora de la Supercom.

* Analista político; Comunicador Social por la Universidad Central del Ecuador; estudiante de la Maestría en Investigación de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar; exdirigente y exrepresentante estudiantil en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador.  Autor del libro “Democracia, Derechos Humanos e Instituciones en Ecuador” junto a Luis Verdesoto, César Ulloa y otros. Ha escrito análisis y artículos relacionados al ámbito político y comunicacional para la Revista Coyuntura, lalineadefuego.info y rebelión.org