CAMBIO DE GOBIERNO, CONTINUIDAD DEL MODELO Por Miguel Merino

Agosto 2 de 2017

El régimen encabezado por Lenín Moreno ha sorprendido en los dos primeros meses de gestión por su aparente cambio de estilo respecto a Rafael Correa y el haber tomado distancia en lo referente a ciertos temas políticos. El llamado a un diálogo nacional y varios golpes de efecto como suspender las sabatinas, el ofrecimiento de entregarle en comodato a la CONAIE por 100 años el local que ha venido utilizando, el indulto para siete perseguidos políticos, o la “cirugía mayor contra la corrupción”, le han permitido ganar legitimidad y mejorar su imagen, que se hallaba bastante alicaída luego de las cuestionadas elecciones de mayo.

Pero el mundo de las apariencias no debe distraernos de lo esencial, que es el modelo económico impuesto durante los 10 años de correato y que se mantedrá similar con Moreno, quizá con ligeras variaciones debido a la complicada situación económica que atraviesa el país. Es decir, lo que se promueve desde el ejecutivo son cambios cosméticos que permitan la supervivencia de un capitalismo dependiente con graves carencias estructurales, garantizando la acumulación de capital y la rentabilidad de los diferentes sectores de la burguesía.

Concesiones sociales y políticas

De manera hábil el gobierno ha realizado concesiones en los aspectos político y social. Quizá lo más relevante en este sentido ha sido reconocer la deuda de salud que el gobierno mantenía con el IESS por más de 2.520 millones de dólares, desconocida de un plumazo en el anterior período. Otro tema de interés es tratar de establecer una relación menos tirante con las Fuerzas Armadas, con la decisión de no aplicar la ley que crea una guardia civil armada para la protección de las autoridades. Se han anunciado reformas en cuanto a las políticas universitarias, en temas que se volvieron muy sensibles, como el examen de ubicación que dejó a miles de bachilleres sin acceso a las universidades, o el excesivo gasto en universidades creadas por el anterior gobierno, como Yachay.

Moreno ha mostrado mayor apertura a los periodistas perseguidos o enjuiciados por Correa y afectados en su libertad de expresión por la Ley de Comunicación; además se han producido relevos significativos en la dirección de los medios de comunicación públicos. También se han generado altas expectativas sobre ciertos proyectos sociales ofrecidos en la campaña electoral como el plan “Vivienda para Todos”, o el Plan bautizado “Toda una Vida” que crearía beneficios especiales para  niños, jóvenes y adultos mayores de menores recursos.

El modelo económico se mantiene

Pero, en lo referente a las estructuras socioeconómicas se continuará con el modelo neodesarrollista (mejoramiento de la infraestructura física con inversión pública y participación activa del Estado) que permitió la modernización del capitalismo y benefició principalmente a los grupos empresariales más grandes, tanto nacionales como extranjeros, pero mantuvo incólumes las estructuras de la desigualdad y la pobreza, la dependencia de las potencias extranjeras y la explotación de la clase trabajadora. Inclusive, se profundizará el giro hacia políticas de corte neoliberal que ya se hicieron presentes en los dos últimos años del régimen correísta, tales como la entrega de recursos estratégicos a empresas extranjeras (privatizaciones), la firma de tratados de libre comercio como el acordado con Europa y medidas tendientes a la flexibilización laboral, es decir seguir limitando los derechos de los trabajadores.

En tal sentido, se mantendrá y profundizará el modelo extractivista basado en la explotación petrolera y minera cuyos principales beneficiarias han sido las grandes empresas transnacionales y nacionales que han recibido concesiones para la explotación o prestación de servicios. Se continuará con la explotación del Yasuní, se realizarán nuevas licitaciones para la explotación de los campos maduros. El campo Sacha, uno de los más productivos, será entregado a la empresa extranjera que gane en la licitación.

El Ecuador, según Eduardo Gudynas, es uno de los tres países sudamericanos que se pueden catalogar como hiperextractivistas, es decir economías donde las materias primas (o sea la venta de la naturaleza) trepan al nivel del 90% del total de las exportaciones, y que además están concentradas en un producto (el petróleo en nuestro caso). Los extractivismos son apropiaciones de enormes volúmenes de recursos naturales destinados a la exportación hacia mercados globales y no a satisfacer las necesidades internas de la población (Eduardo Gudynas, “Postextractivismos en el Ecuador: indultar a la naturaleza”)

Ya ni siquiera se plantea, aunque sea como eslogan, el discurso del “cambio de la matriz productiva”. Al contrario se insiste en la necesidad de explotar y exportar los recursos naturales para cubrir el creciente gasto fiscal y para sostener la dolarización.

Moreno estrecha relaciones con los empresarios

Por otra parte, el discurso del nuevo gobierno enfatiza la necesidad de apoyar e impulsar al sector privado como eje de la economía, desvalorizando el rol de los trabajadores en la generación de la riqueza, con la consiguiente minimización de sus derechos. Los sectores empresariales han emprendido una ofensiva para exigir mayores beneficios para su clase, como la disminución de impuestos, mayor flexibilización de las leyes laborales y mejores condiciones para inversión privada interna y externa. Inclusive se ha mencionado la “devaluación fiscal”, medida relacionada con la Seguridad Social, donde los  empleadores dejarían de aportar para el seguro social de los trabajadores, la cual sería asumida por el Estado. Esta medida agravaría la ya complicada situación del IESS debido a la abultada deuda del gobierno y la decisión adoptada por la administración anterior de no aportar con el 40% para su financiamiento.

La conclusión que se puede sacar de esta tensión entre el cambio de estilo político y el continuismo del modelo económico, es que atravesamos una transición hacia un nuevo tipo de gobierno, pero manteniendo el régimen implementado en el período anterior. Del gobierno bonapartista, autoritario y caudillista de Correa estamos transitando a un gobierno de corte liberal burgués que pone énfasis en el diálogo y el consenso, especialmente con los sectores empresariales y la derecha, anuncia mayores libertades democráticas y el predominio del sector privado que asumiría el papel de reemplazar al Estado como motor de la economía. Lenín Moreno ha optado por ganar apoyos y realizar acuerdos por fuera de Alianza País, posición que ha provocado la ira de Correa, acusándole de desleal, traidor y mediocre. No está claro cuál será el desenlace de este culebrón, resultado de una década en que todo el poder se concentró en un caudillo megalómano y autoritario.

¿La mesa servida?

El elemento determinante de la transición será la situación económica del país, contexto en el cual se desarrolla la lucha de clases en general y las disputas interburguesas de manera particular, las mismas que se expresan en las discrepancias que han surgido al interior del propio partido de gobierno. El nuevo mandatario se vio obligado a desmentir a su antecesor Rafael Correa quien expresó que le dejaba la “mesa servida”. En realidad, la herencia que deja el régimen correísta consiste en un alto endeudamiento externo e interno,  un abultado déficit fiscal y un estancamiento de la economía productiva que se traduce en altos índices de desempleo y especialmente de subempleo, lo que actualmente se denomina “empleo inadecuado” que afecta a más del 60% de la PEA. (Según cifras del INEC en marzo del 2017 solamente el 38,5% de la PEA tenía un empleo adecuado pleno).

Los dos últimos años del mandato correísta mostraron los límites y, en definitiva, el fracaso del modelo económico aplicado. Factores externos como la caída en los precios del petróleo, la apreciación del dólar y el terremoto del 16 de abril precipitaron la recesión económica que llevó al gobierno a un creciente déficit de las finanzas públicas que fue cubierto a través de un acelerado endeudamiento externo e interno.

En el 2016 los ingresos resultaron totalmente insuficientes para cubrir los gastos del Estado. El déficit fiscal cerró al finalizar dicho año en USD 6082 millones, equivalentes al 6,3% del PIB, según las estadísticas del Ministerio de Finanzas. Ese monto sobrepasó en casi 2000 millones al déficit fiscal del 2015. Los ingresos totales del año pasado cayeron en 5.323 millones, principalmente por una menor recaudación de tributos, resultado a su vez de la contracción económica del país.

La respuesta del gobierno saliente ante una crisis que se empeñaba en negar fue el endeudamiento tanto externo como interno. A partir del 2009 se observa una tendencia creciente de la deuda pública agregada respecto al PIB. Así, la deuda pública externa subió del 11,8% del PIB en el 2009 al 26,7% del PIB en abril del 2017. La deuda pública interna aumentó del 4,5% del PIB en el 2009 al 13,9% en abril del 2017. En abril del 2017 la deuda pública llegó a la cifra de 40.843 milones de dólares equivalentes al 40,6% del PIB, según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Según dicha fuente el gasto del gobierno central en servicio de la deuda (pago de la amortización mas los intereses) se ha incrementado a un ritmo promedio del 30% anual desde el año 2011. El año pasado ascendió a 8.134 millones, de manera que el pago de la deuda externa superó al gasto en salud y educación.

Sin embargo, el monto de la deuda pública oficial es inferior al endeudamiento real, ya que no toma en cuenta otras formas de endeudamiento como como las preventas petroleras,  los créditos de liquidez otorgados al gobierno por el Banco Central o la deuda al IESS. Si consideramos esos rubros, la deuda asciende a la impresionante cantidad de 59.230 millones de dólares, según un estudio realizado por Alberto Acosta y Jhon Cajas (ver “La deuda externa contrataca”, en Línea de Fuego, 25 de julio/2017).

Durante el presente año los ingresos por deuda se duplicaron. En el primer semestre del 2017 el Fisco recurrió a un fuerte  endeudamiento para cubrir sus gastos. La cifra de financiamiento público fue de USD 8.896 millones en el primer semestre, el doble frente a igual lapso en el 2016, según el Ministerio de Finanzas. Emisiones de bonos soberanos y deuda interna han sido las principales herramientas para acceder a la liquidez. Pero el fuerte endeudamiento no ha sido suficiente para cubrir todos los gastos fiscales. El déficit fiscal llegó en junio de este año a USD 2021 millones, siete veces más que en el mismo periodo del año pasado y 16 veces más que igual lapso del 2015 (El Comercio, 20 de julio del 2017). La mesa que deja Correa está servida con déficit y endeudamiento. Tarde o temprano el nuevo gobierno tendrá que tomar medidas de ajuste para enfrentar esta complicada situación.

La corrupción se ha evidenciado en las más altas esferas

La corrupción es un mal fuertemente enraizado en todos los países capitalistas, ya que el capitalismo es un sistema que se rige por la ley de la ganancia y la acumulación. El éxito se mide por quien tiene más y el individualismo se impone sobre la solidaridad. En el Ecuador observamos una escabrosa novela por capítulos, donde cada día aparece una nueva evidencia de la corrupción que afecta a las más altas esferas públicas y privadas. Las denuncias que han destapado esta infección maloliente provienen de fuentes externas, en concreto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y no de los organismos de control interno, a saber la Fiscalía y la Contraloría, como cabría esperase.

El régimen correísta logró ganar tiempo para que la lista de implicados en  casos de corrupción como los de Petroecuador y Odebrecht no salieran a flote durante la campaña electoral. Aún así, es evidente que altos exfuncionarios de gobierno se hallan enlodados en acciones ilícitas como el ex-ministro Pareja Yanucelli, el ex-contralor Carlos Pólit, el ex-presidente de Petroecuador Marco Calvopiña, los ex-ministros Alexei Mosquera, Rafael Poveda y una amplia  lista de funcionarios públicos.

También empresarios privados son parte de este entramado de deshonestidad, tales como  Ricardo Rivera, el tío del Vicepresidente Jorge Glas. La última denuncia realizada por la Comisión Nacional Anticorrupción, conformada por elementos probos de la sociedad civil que han sido enjuiciados por miembros del oficialismo como Carlos Pólit, apunta al actual vicepresidente Jorge Glas y al actual legislador Esteban Albornoz de AP, por haber recibido presuntos sobornos de la empresa Caminosca. Las evidencias y datos que han salido a la luz pública implican cada vez más al Vicepresidente de la República. La pregunta que el pueblo ecuatoriano se hace es hasta qué punto el Presidente Moreno está dispuesto a realizar la “cirugía mayor contra la corrupción”, según anunció en días pasados. Por el momento la mayoría oficialista de la Asamblea logró impedir el juicio político planteado por la oposición contra Jorge Glas.

Es necesario luchar para cambiar el régimen y el sistema capitalista

Es necesario preguntarse además, hasta qué punto las muestras de diferenciación y el nuevo estilo de conducción del nuevo huésped de Carondelet, que han provocado fuertes contradicciones al interior del movimiento Alianza País, abren la posibilidad de un cambio más profundo al interior del régimen gobernante. Esto implicaría voluntad política del nuevo gobierno para realizar reformas constitucionales de fondo, como la eliminación de de la Función de Transparecia y Control Social, llamado quinto poder, o cambiar leyes tales como el Código Integral Penal, la Ley de Comunicación, las leyes laborales y las leyes relacionadas con el agro, como las leyes de Tierra, de Aguas, la nueva Ley de Salud y Seguridad Social, entre otras. Impulsar estos cambios desde la perspectiva de los trabajadores y los sectores populares supone un cambio en la correlación de fuerzas, es decir un proceso de movilización y lucha que al momento se avisora muy difícil, debido a la dispersión del movimiento popular, la división de las organizaciones sociales y la debilidad de la izquierda.

Es fundamental, por lo tanto, generar un espacio de unidad y de movilización de las organizaciones de trabajadores, los movimiento sociales y los grupos de izquierda que se identifican con un programa de cambios estructurales y no con pequeñas concesiones del gobierno de turno. Eso implica mantener la independencia de clase frente al nuevo régimen de Lenín Moreno y no pasarse, por supuesto, a las filas de la derecha con el pretexto de hacer oposición. Tampoco caer en las redes de un supuesto “diálogo” que es una estrategia hábil para ganar tiempo, antes de imponer las medidas de ajuste que tarde o temprano tendrán que adoptarse para enfrentar la grave situación económica y social en que el régimen de Correa ha dejado sumido al país.