LA OPACIDAD COMO BANDERA Por: María del Pilar Troya

12-10-2017

De nuevo la derecha en el poder en América del Sur. No es la nueva derecha aunque sea así como intentan venderse electoralmente. Es la misma que ha  aplicado las clásicas recetas económicas neoliberales de los 80 y 90, y ahora emerge nuevamente el en escenario para  reforzarlas. El libreto resulta conocido: alza de las tarifas de los servicios básicos, recortes draconianos a los presupuestos sociales, privatizaciones a precios irrisorios, venta de activos, desregulación de los mercados financieros, privilegio al pago de deuda –  con las bien sabidas consecuencias para las personas más pobres y vulnerables – todas ellas medidas que forman  parte integral del modelo.

 

Brasil volvió al Mapa del Hambre –  tras haber salido de él  en 2014 –  y pese la brutal desregulación del trabajo y el congelamiento del gasto social que ha hecho el Gobierno de Temer,  por cuarto año consecutivo, no se ha logrado el objetivo de que la economía crezca o de signos de recuperación. En Argentina con incrementos de hasta 375% en tarifas de los servicios básicos e inflación de 25% hay un millón y medio más de personas pobres[1] .

 

La derecha ‘recargada’ ha vuelto también a los lugares comunes  y a las recetas de viejo cuño respecto a la política.  La combinación de la judicialización política y la sobre-mediatización de la política organizadas en torno a la corrupción como eje central.

Esto es: los jueces investigan y sancionan algunos casos reales de corrupción, pero siempre de manera selectiva y dirigida; mientras en los medios de comunicación y nuevas plataformas comunicativas – redes sociales –   se desarrolla una estrategia de sobreexposición de los casos, en donde opinólogos y periodistas – brazos ideológicos del nuevo bloque en el poder –  se convierten en co-jueces de los casos: filtran información sujeta a secreto judicial, visibilizan a conveniencia unas corrupciones mientras minimizan o esconden otras, linchan mediáticamente a los señalados por los nuevos adalides de la justicia, provenientes, por supuesto, de la derecha en el poder.

A ellos se suma una buena parte de la ciudadanía en la figura un enjambre de modernos inquisidores que pueblan las redes sociales dictando sentencias en una suerte de escenario inquisitorial digital.

 

Esta estrategia resulta exitosa, sobre todo porque permite que los problemas de fondo se mantengan intactos. Nadie en su sano juicio puede oponerse al combate a la corrupción, pero las dudas sobre los alcances de esta batalla emergen por lo evidente de sus limitados alcances.

 

De hecho, se ha investigado, encarcelado y hasta sentenciado, según el caso, a empresarios y políticos. Muy bien. Pero la pregunta que queda en pie ¿que pasa con los bancos e instituciones financieras, por donde pasa el dinero? ¿Qué pasa con los  funcionarios bancarios que los gestionan? – o nos vamos a imaginar que todo se transportó en maletas y helicópteros?  Sin duda, esta trama permanece oculta y bajo las leyes vigentes, en muchos casos sin siquiera posibilidad alguna de sanción. Tampoco la ciudadanía ni la opinión pública levantan la voz respecto a este asunto en general.

 

¿Se puede lanzar la hipótesis de que estas dos estrategias de gestión política: judicialización selectiva y aprovechamiento hasta el paroxismo de la mediatización han servido de ejemplo al régimen actual en Ecuador?

 

Lo de Moreno puede leerse como una estrategia muy afinada – aunque riesgosa – para separarse de la figura de Correa, intentando, a la par,  construir su propio capital político operando sobre la tradicional base política clientelar del Ecuador, cuya gestión pasó de Bucaram, a Sociedad Patriótica y de allí  – sin grandes rupturas – a  Correa y AP.

Lo novedoso es que en esta ampliación de su base política, Moreno intenta apelar también a nuevos segmentos sociales: los votantes del banquero, las clases medias nucleadas alrededor de la lucha contra la corrupción y,  en las alturas,  un nuevo pacto con las élites velado en la imagen de un  diálogo social más amplio.

 

En su despliegue estratégico, Moreno cuenta  con las previsibles y viscerales reacciones del ex presidente y de su base más radical,  frente a cualquier supuesta “desviación” y “traición” a su gobierno.  De cara a los procesos iniciados por corrupción contra funcionarios del anterior gobierno, cuenta  con el consenso y amplio apoyo mediático, así como con el hartazgo ciudadano sobre este último punto. Queda por ver si en una escalada mayor de las tensiones y desacuerdos, la separación Correa – Moreno deviene en divorcio y que parte de AP podría llevarse cada uno.

 

Mientras la trama mediática de la corrupción, el diálogo y la consulta acontece a la luz del ojo público otros temas no menores – de hecho, bastante sustanciales – permanecen en la sombra. Los omnipresentes pactos con las elites son, por decirlo de alguna manera, camuflados entre una multitud de pequeños acuerdos para repartir parcelas minúsculas de poder a diversos actores, movimientos sociales, organizaciones populares, grupos de presión, todos amparados bajo el paraguas del diálogo.

Por otra parte: ¿viene o no viene el FMI? Depende del día y del humor del funcionario parece.

¿La economía del país es pésima, estaba más o menos, es un completo desastre o  no ha estado tan mal?  ¿En qué quedamos?  La  mayor opacidad posible, no solo del mensaje sino de la gestión de lo público parece ser una de las marcas del actual gobierno.

 

La consulta sigue un esquema parecido. Preguntas de trámite,  algunas claras, otras oscuras –  un par incluso que no requerían consulta –  todas jugando empáticamente con  la idea de que la gente decide y participa, mientras, al  mismo tiempo y tras bastidores,  le resuelven, evidentemente, ciertos dilemas políticos vitales al actual presidente.

Si gana el SI en todas las preguntas, unas de cierto fondo y otras mas bien decorativas, tendrá ciertamente un mejor escenario para gobernar, si pierde en alguna (por ejemplo la de la plusvalía, claramente parte del pacto con las élites económicas) no será realmente una pérdida para él, pues podrá decir a sus nuevos aliados: lo intenté, pero el pueblo no quiere.

 

La idea de cambiar los integrantes del CCPCS y fiscalizar a quienes eligieron como autoridades, sin pasar por la reforma de las funciones del órgano o toda la Función de Transparencia y Control Social, es una pregunta que envuelve un movimiento muy hábil  que le dará un margen de maniobra vital con el que no contaría de otra manera. Sin embargo,  ¿resuelve el problema de fondo de un diseño institucional que no funcionó? Tiendo a pensar que no.

 

Aunque no gane en todas las preguntas, la consulta en sí, le asegura un mecanismo político que apuntala su capacidad de gestión política y le significa una victoria en términos de consolidar su espacio en el marco del cambio de gobierno, como lo muestran sus altísimos niveles de aprobación. Desde su contendor político en las últimas elecciones, hasta los nichos de opinión de sus votantes, la consulta cuenta con un amplio respaldo electoral y político.

La estrategia de crear un marco de amplio diálogo, consultas, y participación ha sido un hábil movimiento de distracción para que todos los actores se sienten discutir en ese marco. ¿Quién construyó el marco? y a que intereses responden, es parte de la opacidad que intentamos aún dilucidar.

 

Por su parte, la  política económica no acaba de develarse aunque, por ejemplo, la medida de permitir la participación de la banca privada en la gestión del dinero electrónico (ante el fracaso del BCE en administrarla y promoverla eficientemente, es cierto), o los retrocesos en política impositiva anunciados anoche,  marca un panorama de derechización mayor de la que venía aconteciendo con el  régimen anterior e  instaura  un riesgo importante para las arcas públicas, tanto en el tema del dinero electrónico como en el tema de la reestructuración impositiva.

 

Los siguientes pasos de la política económica son los que acabaran de dar sentido a la consulta y a la estrategia política en general.  Por lo pronto demuestra que, como en el resto del continente, el combate selectivo a la corrupción en el escenario de mediatización imperante rinde buenos resultados políticos. En el caso particular, al parecer para consolidar a un gobierno supuestamente progresista. Si lo es realmente, o que tanto lo es, está por verse.

Para denotarlo, no debemos observar solamente el  nivel de inversión social y si se dan procesos de distribución y redistribución de ingresos, sino sobre todo ¿cuál y de que tamaño es la parcela que entregará a la burguesía?  Esto dirá mucho del “alma” del actual gobierno. Mientras tanto seguiremos intentando desentrañar discursos – cada vez con mayor opacidad – de los líderes políticos.

 

 

 

 

[1] http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_economia_argentina_mauricio_macri_aumentos_precios_ms

https://www.alainet.org/es/articulo/184046