TRES PALABRAS SOBRE LA CONSULTA DEL 4 DE FEBRERO. Por Mario Unda

28 de enero 2018

Revista R

  1. El juego de intereses; los intereses en juego

La consulta del 4 de febrero pone en acción el juego de intereses y conflictos que se fue armando durante los 10 años de correísmo y los primeros meses de la transición posCorrea.

En breve recuento, el campo de conflictividad de la década correísta se estructuró en torno a un conjunto de líneas definidas. La primera línea organizó las relaciones entre el capital transnacional y el mercado interno; entre el gobierno y la globalización neoliberal; y entre el gobierno y los capitales transnacionales: básicamente, se trata de los desplazamientos frente a la lucha de los grandes centros imperialistas por la hegemonía en el capitalismo mundial y los roces y negociaciones con los capitales transnacionales. La segunda articuló las relaciones entre el gobierno y la burguesía (en sus tres representaciones: la económica -los gremios empresariales-, la política -los partidos políticos de derecha-, y la ideológica -ciertos grandes medios de comunicación-); se jugaba al mismo tiempo el control político sobre las clases subalternas, la representación de los fines estratégicos del capital y la autonomía relativa del Estado; pero también el proyecto económico. La tercera línea marca las relaciones intraestatales y las relaciones internas a Alianza Pais; se definió en ella la subordinación del conjunto del Estado al Ejecutivo y la subordinación del movimiento político al aparato estatal y al caudillo.

La cuarta línea dio forma a la relación entre el gobierno y los movimientos populares; se disputó la clausura del largo período de resistencia popular, la reducción del pueblo a la obediencia al Estado y a los patronos y la disputa en torno a la autonomía del movimiento popular. La quinta línea de conflictos opuso a las clases dominantes y al movimiento popular; se querellaba acá la disputa en torno al neoliberalismo y, nuevamente, la autonomía política del pueblo.

Las elecciones produjeron un primer desplazamiento, poniendo en primer plano el conflicto entre el gobierno y la derecha, pero el trámite de la contienda y sus resultados mostraron, más bien, la debilidad de los contendientes. Pero antes de que este juego de debilidades se clarifique, se produce un nuevo desplazamiento; necesitado de construir un nuevo escenario de legitimidad, el gobierno de Moreno ensaya un primer movimiento político: la diferencia de estilos y los diálogos; ambos generan los primeros conflictos abiertos con Correa, que resiente un posible rebasamiento de su liderazgo y comienza una política de clara oposición al gobierno. La necesidad de enfrentar la ofensiva correísta y la presión de los escándalos de corrupción, que comprometieron directamente al vicepresidente, llevan a Moreno a impulsar un segundo movimiento, la consulta popular. Quedaba determinada así la ruptura de Alianza Pais en la transición del correísmo al morenismo.

De esta manera, el escenario político resulta colonizado por la disputa entre las dos alas de la “revolución ciudadana”. Se disputa el control del aparato estatal; el control del partido; el control de las relaciones con los grupos dominantes; el control de las relaciones con las clases subalternas. En el momento, esto se expresa en la disputa por la plaza de caudillo, es decir, de árbitro bonapartista. El trasfondo es el desplazamiento del bloque en el poder de grupos vinculados al proyecto de la llamada “revolución ciudadana”.

Pero detrás de ello, asoman las narices los otros conflictos del período anterior. De modo que en el escenario inmediato se juegan sus apuestas cuatro fuerzas: el gobierno de Moreno, la oposición correísta, las derechas y el movimiento popular. ¿Qué disputa cada una de ellas con el pretexto de la consulta?

El gobierno de Lenin Moreno se juega la recomposición de un espacio de legitimidad para gobernar (esto, claro, si obtiene una significativa votación afirmativa para las preguntas centrales). Eso significa, por un lado, liberarse de las presiones y de los chantajes correístas y, por otro lado, mantener un cierto espacio de maniobra para negociar con los grupos de poder económico y con los movimientos populares.

La oposición de Rafael Correa se juega sus posibilidades de mantenerse como opción política con miras al 2019 y al 2021, para lo cual requiere mantener la presencia de Correa en el escenario; para asegurar esa presencia necesita, al mismo tiempo, minimizar las posibilidades de que Moreno pueda postularse como aspirante al trono vacante. El correísmo apuesta al debilitamiento de Moreno, a su deslegitimación; en el extremo, esto supone la desestabilización del gobierno. 7

Para las derechas (en sus caras políticas, gremiales e ideológicas) se trata de presentarse como los fautores de la consulta y del eventual triunfo del sí, por un lado, ante los votantes, por otro, ante el gobierno. Apuestan a que el debilitamiento del gobierno por los embates correístas lo vuelvan más permeable a sus propias presiones. He aquí por dónde el correísmo se ha convertido en aliado objetivo de las derechas.

Finalmente, para las izquierdas y, sobre todo, para los movimientos sociales, se trata de la generación de brechas que puedan permitir mejores condiciones para luchar por la recuperación de los derechos conculcados durante la década correísta. En el horizonte, dos premisas básicas: la lucha por la constitución del pueblo como sujeto autónomo y la lucha por la democratización y el socialismo, entendidos como lucha permanente por el autogobierno de la sociedad.

  1. De dónde venimos, en dónde estamos

Venimos de un gobierno populista, el de Correa. Esto significa que proviene de una profunda crisis de la dominación burguesa, la crisis del neoliberalismo, la incapacidad del bloque neoliberal para continuar en el manejo del Estado, el desgaste de la movilización popular tras 25 años seguidos de resistencia y el “vacío político” resultante que permite el triunfo de la “revolución ciudadana”.

Significa también que cumple un conjunto de funciones necesarias para la recomposición de la dominación burguesa:

  1. No representa a uno u otro sector del bloque dominante, sino la defensa y promoción de los fines estratégicos de la burguesía (para lo que significó el correísmo tras la crisis neoliberal: dinero barato; condiciones generales de la producción; homogenización de las condiciones de la competencia capitalista; normalización de la explotación del trabajo; ampliación del mercado interno; regulación de la relación con la globalización capitalista; domesticación del pueblo levantisco).
  2. Surgiendo de una profunda crisis de hegemonía, obtiene su fuerza de su capacidad para presentarse continuamente como árbitro supremo de las conflictividades sociales y políticas.
  3. Ofrece un espacio de representación política especialmente a los sectores de las clases subalternas con menor capacidad de representarse por sí mismos.
  4. Tiende rápidamente a un “remate carismático”: el caudillismo (enlazando con elementos presentes desde muy atrás de nuestra historia republicana en la cultura política de la sociedad: el personalismo del poder, el clientelismo, la corrupción).
  5. En resumen: es una vía para la concreción de la autonomía relativa del Estado, característica de todo Estado burgués moderno, y lo hace de mejor manera que los regímenes políticos manejados por los representantes directos de las clases dominantes.

Para eso,

    1. Requiere la construcción de un Estado fuerte, lo que conlleva a la concentración de poderes y al autoritarismo.
    2. Presta atención (real o simbólica) a demandas postergadas por regímenes neoliberales u oligárquicos.
    3. Emprende un ataque sin tregua a las posibilidades de autorepresentación de las clases subalternas, lo que se expresó en la política de criminalización de la protesta -deslegitimación, ruptura de vínculos entre los más organizados y los menos organizados, oferta de puestos a dirigentes y sus familiares, entrega selectiva de proyectos según se apoyara o no al gobierno, división de organizaciones, creación de organizaciones paralelas sujetas al Estado, adopción de leyes que controlan y reprimen a la organización y a la protesta social (desde el COIP a los decretos 16 y 739), represión violenta a la movilización, utilización del espionaje y de la infiltración, judicialización de la protesta, utilización de la justicia para perseguir a los luchadores sociales, largas condenas y prisión.
      Esta política fue construida, entre otras cosas, a través de mecanismos legales e institucionales manipulados al efecto. Un ejemplo claro es la denominada “función de transparencia y control social” y, específicamente el Consejo de participación Ciudadana, mero instrumento de captura de todas las funciones del Estado por parte del Ejecutivo y del caudillo.
    4. Como todo populismo, oscila entre momentos progresivos y regresivos. Esto depende, en parte, del sentido del período: fue progresivo al inicio de la fase, determinada por la resistencia popular al neoliberalismo; regresivo hacia el final, cuando el tiempo parece marcado por una recuperación de las derechas. Y depende también de la trayectoria de cada experiencia populista. El correísmo vivía ya una clara tendencia regresiva, que se vuelve dominante por lo menos desde 2011 (profundización del carácter autoritario, limitación de los derechos y garantías, control de la justicia, utilizada como herramienta de persecución política) y que se profundiza como efecto de la crisis (recurso a medidas de carácter neoliberal: búsqueda de tratados de libre comercio, apertura a las privatizaciones, propuesta de flexibilización laboral, expropiación de dineros de los trabajadores para financiar políticas sociales -desconocimiento de la deuda al IESS, incautación de utilidades-, etc.); todo esto se vuelve más complejo con el desboque de la corrupción.

El tránsito del correísmo al morenismo se produce en este momento particular, y eso explica la relativa facilidad con que el gobierno se muestra dispuesto a responder a las demandas empresariales. Sin embargo, pugna por sostener su carácter bonapartista, por lo que trata de mantener equilibrios, negándole ciertos triunfos (por ejemplo, en las primeras medidas económicas, la persistencia tributaria y el énfasis en la pequeña y mediana empresa; sobre todo, la elección de la nueva vicepresidenta, puesto cuyo control más de un sector ya daba por seguro).

Estos reparos se refuerzan -al menos coyunturalmente- por la necesidad que tiene el gobierno de buscar respaldos sociales hacia su izquierda, hacia los movimientos populares, mucho más en vísperas de la consulta popular. Entonces las ofertas pueden cubrir la devolución amplia de derechos y garantías.

  1. Por qué sí

Como toda consulta popular de las últimas décadas, la del 4 de febrero contiene preguntas centrales y preguntas señuelo (similar, en ese sentido, a la consulta de 2011, aquella en la que Correa pidió que el pueblo le permitiera “meter las manos en la justicia”).

En este sentido, las preguntas centrales: son la 3 (acerca del Consejo de Participación Ciudadana) y la 2 (sobre la reelección indefinida). La pregunta 3 plantea el cese de los miembros actuales del Consejo de Participación Ciudadana y su reemplazo por un consejo de transición elegido por la Asamblea de entre ternas enviadas por el ejecutivo; a partir de 2019 (se supone) el Consejo de Participación será elegido por votación universal. Por sus implicaciones, es de las más importantes en la consulta popular.

En la actual Constitución, el Consejo de Participación es el encargado de nombrar a los titulares o miembros de la Procuraduría General del Estado, Superintendencias, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura (que a su vez nombra, evalúa, asciende, sanciona y despide a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces y a todos los servidores de la función judicial). Baste esta enumeración para dar cuenta del enorme poder que concentra en sí el Consejo de Participación; y, por lo tanto, la enorme importancia que tiene su control.

Como vimos antes, dado su carácter populista, el régimen correísta necesitaba fortalecer y concentrar el poder del Estado y generar una amplia zona de falta de representación autónoma de las clases subalternas. Pero eso no podía lograrlo sin subordinar a todos los poderes del Estado bajo la égida del Ejecutivo y de la figura del presidente. El control del Consejo de Participación fue una de las claves, pues eso le permitió colocar en sus manos prácticamente todas las funciones del Estado. En esas condiciones, la función real del Consejo no podía ser “promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación ciudadana en valores, transparencia y lucha contra la corrupción”, como reza el numeral 1 del artículo 208 de la Constitución de Montecristi; por el contrario, su principal cometido fue convertirse en una de las más importantes herramientas para la concentración de todos los poderes en el Ejecutivo y en la persona del presidente.

Ya se sabe que la concentración de poderes en el Ejecutivo no fue utilizada solamente para construir carreteras, y aumentar el presupuesto del área social, sino también -y con mucho empeño- para poner en marcha una política destinada a desestructurar las posibilidades de autonomía de los movimientos populares.

Así, el autoritarismo del gobierno anterior tuvo como pieza clave el control del Consejo de Participación Ciudadana. De manera que los intentos para redemocratizar la vida política y para la recuperación de los derechos y libertades de organización y de movilización pasan por una drástica reestructuración del Consejo.

Por supuesto, la pregunta y el anexo que la acompaña, tal como están formulados, son insuficientes. Pero un triunfo del “Sí” en la tercera pregunta abre posibilidades de recuperar el verdadero sentido de la participación y de la democratización -entendida como tendencia permanente hacia el autogobierno de la sociedad.

Así que también desde la perspectiva del movimiento popular, ambas preguntas en el sentido de la lucha por la democratización. Para los movimientos sociales es indispensable desmontar los mecanismos de represión y de control.

¿Qué eso no resuelve los problemas? Por supuesto, pero puede crear un nuevo escenario, una nueva correlación de fuerzas para las batallas que inmediatamente -que ya mismo- están planteadas: el programa económico y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana.