VOTADA LA DEROGACIÓN DE LA LEY, HECHA LA TRAMPA. Por Andrés Vallejo

06 de febrero 2018

No amanece todavía del supuesto parteaguas ético que iba a ser la consulta, y ya los acomodadores de lado y lado están buscando cómo introducir las trampas. Me refiero a la pregunta 6, sobre la ley de Plusvalía y a las disposiciones que esta contiene sobre la exoneración de impuestos a las empresas transnacionales mineras.

Como se acuerdan los que se dieron cuenta –pocos, pues lo hicieron de ese modo justo para que no nos demos cuenta– durante el ruidoso debate sobre la ley de Plusvalía introdujeron a última hora y en Navidad, con sigilo, unas disposiciones transitorias que no tenían ninguna relación con la plusvalía o la especulación de tierras: la exoneración de impuestos a las empresas mineras, incentivo a que participen en la ocupación violenta de territorios a la que estaban mostrándose reacios. Es decir, una extensión de esas exenciones, pues ya estaban perdonados de pagar los impuestos a las ganancias extraordinarias hasta recuperar la inversión; en esta ley les extendieron esa gracia por cuatro años desde que la inversión haya sido pagada.
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Esta movida fue vergonzosa por varios motivos:

– por buscar la profundización del extractivismo y malbaratar los recursos del país;
– porque sus promotores, al mismo tiempo, gesticulaban sobre la soberanía, la necesidad de la apropiación de las rentas por parte del estado y la superación del extractivismo;
– por hacerlo en un contexto de corrupción en que es imposible saber si no lo hacían a cambio de sobornos, como las mismas personas hicieron tantas otras cosas;
– por su aprobación por parte de diputados títeres sin ninguna independencia del ejecutivo;
– por haberlo presentado como “proyecto económico urgente” y durante el feriado de Navidad, con la intención de que pase de agache y sin el debate necesario;

– por incluirse incentivos mineros en una ley sobre otros temas, por el apuro y la voluntad de esconderlos.

En esta pregunta, muchos votamos precisamente contra esa sinvergüencería. En lo personal, pienso que, salvando las fallas de concepción e implementación que puede haber tenido la ley de Plusvalía aprobada en 2016, un impuesto a la plusvalía puede ser positivo y hasta necesario. Como yo, otras personas, a pesar de que podían estar de acuerdo con un impuesto de esta naturaleza votaron “sí” para que sean derogadas las abusivas exoneraciones a las transnacionales mineras otorgadas con mañoserías. Porque eso, la derogación total de la ley y no otra cosa, es lo que plantea la pregunta.

El texto de la pregunta dice “¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo 1?”.

El anexo 1 dice lo siguiente: “El Presidente Constitucional de la República deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente para derogar la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos (Ley de Plusvalía) en un plazo no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados en el Registro Oficial”.

No hay más adjetivaciones. La pregunta es clara cuando habla sobre “derogar la ley”. Ni en ella ni en su anexo se habla de secciones, excepciones, transitorias, temas o posibles interpretaciones. Gana el “sí”, se deroga la ley. Gana el “no”, permanece vigente. Y si bien el mecanismo derogatorio es el envío de otra ley, esa ley tiene que ceñirse a lo que el electorado ordenó en las urnas. ¿O qué nos parecería si la nueva ley que envíe el presidente Moreno mantuviera los mecanismos y condiciones para el cobro del impuesto a la plusvalía, y solo variara su porcentaje? ¿O si derogara los artículos que hablan sobre mejoras por obras públicas pero mantuviera el impuesto a las ganancias en las ventas? Pensaríamos que nos está trampeando, que se está burlando de nosotros, que no está ciñéndose al espíritu y a la letra del mandato popular: la derogación de la ley.

Pues es justamente lo que pretenden hacer los asambleístas –tanto los del gobierno como los de la oposición aliada al gobierno (!)– con respecto a la parte más vergonzosa de la ley que el pueblo ordenó que se derogue. El Comercio del día martes 6 de febrero, en su edición impresa nos cuenta que la asamblea se está organizando para tratar las modificaciones que se deriven de la consulta. Y sigue: “[Los asambleístas Patricio] Donoso (CREO) y [Luis Fernando] Torres (PSC) explicaron que hay un inconveniente con [la derogación de] la Ley de Plusvalía, ya que se deberá revisar que no se afecten los artículos relacionados con minería, que fueron incluidos a última hora en el debate del entonces proyecto legal”. Y en una nota relacionada, ante las declaraciones de Santiago Yépez, presidente de la cámara de Minería en el sentido de que “esta disposición transitoria no está incluida en la derogación”, el morenista José Serrano, que como ministro del Interior correísta fue pieza fundamental de la ocupación minero-militar de territorios indígenas, ahora como presidente de la asamblea aclara “que los únicos artículos que serán derogados se relacionan con la plusvalía”.

¿Cómo así? ¿Apoyados en qué texto, interpretación o facultad de interpretación de qué es por lo que votó el pueblo? ¡Asambleístas, lo que tienen que derogar es la sinvergüencería!