DE LA CONSULTA POPULAR A LA EDAD DE LAS PRESIONES. Por Pablo Ospina Peralta

Foto: El País Un preso vota para la consulta popular el pasado jueves en un centro de detención en Quito (Ecuador). José Jácome EFE

Informe de Coyuntura del CEP (Comité Ecuménico de Proyectos)*

Febrero de 2018

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En opinión de casi todos los analistas políticos ecuatorianos, la consulta popular de febrero representa algún tipo de parteaguas: terminada la operación de sanear la disputa interna de Alianza País, es hora de las definiciones. ¿Hacia dónde irán las políticas públicas del gobierno de Lenin Moreno? ¿Adoptará las recetas económicas ortodoxas de privatizaciones, reducción del tamaño del Estado y concesiones al gran empresariado privado? ¿En qué medida la dirección futura del gobierno depende de los resultados electorales? No cabe duda de que la consulta fue el momento culminante de la ruptura entre Rafael Correa y su sucesor. Definió los bandos en disputa y obligó a los indecisos a tomar partido. Lenin Moreno se quedó con dos tercios de los dirigentes, con el nombre y el registro electoral del movimiento y con el control del aparato estatal. Si algún significado político es atribuible a los resultados de la consulta está relacionado con el saldo de la disputa interna y, por lo tanto, con el balance interno en la coalición del nuevo gobierno de la revolución ciudadana. Este informe hará primero una disección de los resultados electorales del 4 de febrero para luego hacer hipótesis sobre sus probables consecuencias políticas.

Resultados

La victoria electoral del SÍ en el referendo y consulta popular del 4 de febrero de 2018 fue contundente. Comparados con los resultados de los 8 plebiscitos anteriores en los últimos cuarenta años, solo en tres ocasiones anteriores la distancia entre la opción ganadora y la perdedora fue mayor: en 1987, en 2007 y 2008.

Dado que los apoyos políticos al SI incluyeron virtualmente a todo el arco político del país, desde el alcalde de Guayaquil hasta la CONAIE, era difícil para Lenin Moreno atribuirse la contundente victoria en soledad. En cambio, Rafael Correa y sus leales fueron la única fuerza política en oponerse a la consulta y llamar a votar NO, por lo que su primera reacción fue atribuirse la propiedad de cada voto negativo, que en el caso de la pregunta 3 llegó hasta el 37% de la votación válida. La atribución es evidentemente falsa pero su objetivo político es transparente: cuidar la cohesión de sus filas, que necesita una victoria subjetiva cuando falla la victoria electoral. La victoria subjetiva consiste en superar las expectativas electorales de su propia base. En sus declaraciones y análisis de los resultados, los voceros del correísmo han dejado entrever que su mayor aspiración era superar el 30% de los votos válidos, es decir, mostrar que eran propietarios de todos los votos que llevaron a Lenin Moreno a la segunda vuelta en febrero de 2017 (cuando obtuvo el 39% de los votos válidos). Era la forma de refrendar en las urnas la tesis de la “traición”: Moreno accedió al gobierno con todos los votos prestados de su mentor, que ahora se los retira. Le pertenecen en exclusiva. De hecho, gran parte de la autoridad incontestada de Rafael Correa dentro del partido durante sus 10 años en el gobierno, de su capacidad para maltratar a sus colaboradores o condenarlos al ostracismo del olvido y la impotencia a sus detractores internos, derivó de la propiedad personal prácticamente exclusiva que tenía sobre la votación de PAIS. Tanto para el bando correísta como para el morenista, habituados por igual a la lógica electoral con la que funcionó el balance de poder interno durante la década pasada, el caudal controlado directamente por el caudillo tiene directas consecuencias en la cohesión y fidelidad de sus partidarios.

Entonces ¿cuánto del resultado electoral realmente es atribuible al voto duro de Rafael Correa? Más allá de las declaraciones públicas, ambos bandos están haciendo su propio balance electoral. Los resultados electorales no son homogéneos en todas las preguntas: median más de 10 puntos entre la pregunta 1 (imposibilidad de por vida de ocupar cargos públicos para quienes hayan sido sentenciado por casos de corrupción), que tuvo la menor votación para el NO (26%) y la pregunta 3 (destituir al Consejo de Participación Ciudadana y nombrar uno transitorio de una terna presentada por el presidente Moreno), que tuvo la mayor (37%). Es razonable suponer que el voto duro del correísmo no diferenció entre preguntas sino que votó en contra de toda la consulta, del engaño y la traición: se sitúa, por lo tanto, en algo menos del 26% de los votos válidos, quizás entre el 20 y el 22%. Esto es consistente con el discurso de la campaña por el NO: el correísmo insistió en el “engaño” y en el peligro “autoritario” de destruir la “independencia de las funciones del Estado”. Semejante discurso solo podía convencer a los convencidos.

Sin embargo, la pregunta 3 era sin duda la más polémica: autorizaba la entrega de un poder casi ilimitado al presidente Moreno para contrarrestar el control que el ex presidente Correa mantenía sobre varias instituciones públicas. Era un voto de confianza tan abrumador que solo podía justificarse por la percepción de que el control correísta sobre el Estado era aún peor. Así, si el voto por el NO en la pregunta 1 perfila los contornos del voto duro del correísmo, el voto por el SI en la pregunta 3 delimita las dimensiones del voto duro del anti-correísmo. El futuro político de Rafael Correa se juega entre una fidelidad a toda prueba del 20% del electorado y un voto de rechazo que parece haber crecido significativamente superando con margen la mitad de electorado.

La distribución geográfica de los resultados de la consulta popular corrobora el razonamiento. En las provincias de la Costa, el voto a favor del NO bordeó el 40% en la mayoría de las preguntas, salvo en Manabí, donde ganó ajustadamente en tres de ellas, y en Santa Elena, donde llegó en algunas al 49% aunque no ganó en ninguna. En la Sierra, en cambio, la victoria del SI bordeó un abrumador 80%, salvo en las provincias de Pichincha (Quito) y Azuay (Cuenca), donde se situó en el promedio nacional (65% a 67% en las preguntas de voto más estrecho). En la Amazonía, el voto por el SI resultó incluso más abrumador que en la Sierra, especialmente en Napo y Morona, donde a veces llegó al 90%. Semejante distribución es la versión invertida de los resultados electorales de 2017: Lenin Moreno había logrado ganar con mayor distancia en 2017 precisamente en las provincias donde el NO tiene un mejor comportamiento aunque en números menores a los obtenidos el año pasado. Así, el voto fiel a Rafael Correa se concentra en la Costa mientras anida un rechazo particularmente fuerte en la Sierra y la Amazonía, donde la votación propia de Lenin Moreno se sumó a la votación de los partidos y movimientos de oposición.

En síntesis, una parte importante de la votación, pero no toda, se explica por la división entre correísmo y anti-correísmo. A este último se ha sumado en 2018 el voto del morenismo. El correísmo se ha convertido en un movimiento político esencialmente costeño y el voto de rechazo parece haber crecido mucho en la Sierra y la Amazonía, lo que plantea un serio problema para las aspiraciones futuras del ex presidente: tiene una base propia que le permite gravitar en la política inmediata pero el voto de rechazo podría vedarle cualquier victoria futura a nivel nacional. Algo similar le ocurrió durante las últimas tres décadas al Partido Social Cristiano, que quedó encapsulado en ciertos bastiones electorales de la Costa sur, pero que no pudo superar un “techo” marcado por el rechazo a sus dos líderes históricos, León Febres Cordero y Jaime Nebot Saadi. La ruptura con el morenismo ha privado al correísmo de su cara amable y conciliadora, papel que le permitió ganar apretadamente las elecciones de 2017 pero que ahora se ha ido para siempre dejándolo exclusivamente arropado por su votación dura y con dificultades para poder reeditar una mayoría electoral como la que gozó en la década anterior.

Consecuencias

La interpretación que he propuesto de los datos electorales es que el correísmo mantiene un electorado fiel (alrededor del 20 al 22% de votos válidos) que le asegura un protagonismo en la vida política inmediata, pero simultáneamente sugieren un encapsulamiento de su influencia en la región más conservadora, la Costa. Además, se ha producido una reducción del “techo” de su influencia política por un aumento del rechazo al líder único del movimiento, especialmente en las regiones de la Sierra y la Amazonía, donde Alianza País había venido perdiendo electorado aceleradamente desde el año 2011. La segunda vuelta de 2017 ya había mostrado un amplio voto de rechazo suficiente como para que casi ganara un candidato como Guillermo Lasso, banquero que carecía de base electoral propia. La votación de 2018 ha mostrado el crecimiento de ese rechazo. ¿Cómo explicarlo?

Las razones yacen en los cambios en la sensibilidad política del electorado ecuatoriano en los últimos nueve meses. Tres hechos marcaron la gestión política del morenismo desde que ocupa el gobierno: una actitud de conciliación y tolerancia hacia las diversas versiones de la oposición que contrasta notablemente con el estilo de confrontación y persecución que se vivió en la década correísta; el destape de una serie de escándalos de corrupción de funcionarios del gobierno anterior en una escala sin precedentes; y la continuidad en la orientación de la mayoría de políticas públicas iniciadas en la década anterior con unos pocos ajustes menores en algunas políticas sectoriales. La combinación le ha permitido al presidente Lenin Moreno mantener hasta el momento una aceptación en las encuestas que bordea el 70%.

Sin duda el entrelazamiento de los tres hechos cuenta para explicar el aislamiento y la contracción del correísmo pero parece lógico pensar que la segunda es la que tiene el peor efecto en la base electoral, en el prestigio social y en la cohesión de sus militantes. El papel de la corrupción en la intención de voto o en la confianza de los electores es muy contradictorio. Hay partidos y movimientos políticos en todo el mundo que ganan elecciones sin despeinarse a pesar de evidencias repetidas y constantes de su implicación en escándalos de corrupción, desde Donald Trump hasta el Partido Popular español, pasando por el PMDB brasileño hasta llegar al peronismo argentino. La lógica de los electores que explica semejante persistencia es muy variada, desde la desconfianza en las instituciones judiciales hasta la percepción, cada vez más generalizada, de que la corrupción es un mal consustancial de la política: por más que retiremos el voto a un corrupto, la alternativa es votar por otro que también lo será. La honradez no es algo que distinga a los políticos entre sí.

Lo que ocurre es que en medio del imperio descolorido del cinismo persiste en el electorado la aspiración utópica del político honrado que frecuentemente asume la forma del voto por una candidatura “anti-política”, un personaje “nuevo”, que “no esté contaminado” y que pueda limpiar en un gesto rápido la podredumbre que se asocia a la lucha por el poder. Nuestra época está marcada precisamente por la multiplicación de los movimientos políticos o los caudillos que fundan su crecimiento electoral en la promesa del fin de la corrupción de los políticos de profesión. 1 En esas circunstancias, tales movimientos se ven afectados mucho más poderosamente por la aparición de casos de corrupción, favoritismo o deshonestidad. Pero no es suficiente un caso aislado. Una golondrina en el invierno sufre el contrapeso de la desconfianza simultánea y generalizada en todo el sistema judicial y mediático que vuelve cualquier acusación una posible vendetta falsa y calumniosa. Es necesaria la multiplicación de evidencias aplastantes.

Es lo que ocurrió en estos últimos nueve meses. Rafael Correa fue el caudillo de un movimiento que enarboló el discurso de la limpieza moral contra la podredumbre acumulada y combinada del poder económico, la partidocracia y los medios de comunicación. Una denuncia aislada en su contra, incluso confirmada, no tenía por qué hacerle mella. El control de los medios, del sistema judicial y de los órganos de control de cuentas durante su gobierno mantuvo hasta donde pudo las denuncias bajo un prudente velo de duda. Pero lo que ha ocurrido en los últimos nueve meses es una verdadera catarata de acusaciones y casos que se reproducen como insectos: una sucesión interminable de escándalos que cuentan por cientos o incluso miles de millones de dólares. No hay registro histórico en Ecuador de semejante cantidad de altos funcionarios gubernamentales imputados en investigaciones judiciales. No solo eso. Algunos de los personajes más cercanos a los círculos íntimos del poder gubernamental, aquellos que mayor confianza habían inspirado en el entonces presidente de la república, como el ex vicepresidente Jorge Glas o los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, han sido implicados. Poco a poco las denuncias se acercan al líder2. Es difícil para cualquier ciudadano medianamente informado creer que en un gobierno tan centralizado como el anterior, el propio presidente de la república no supiera nada de lo que hacían sus más cercanos e íntimos colaboradores. Estas observaciones son consistentes con la mayor aceptación de Correa en la Costa, donde las tradiciones del electorado han sido más cínicas ante la corrupción y más tolerantes frente el autoritarismo3.

Aupado por la lucha contra la corrupción, que es simultáneamente un desplazamiento de todo un grupo que formaba parte de la coalición gubernamental del correísmo, hay que atribuir a la lógica del enfrentamiento con el correísmo la explicación del apoyo de virtualmente todo el arco político de la oposición al presidente Lenin Moreno en la consulta popular. Ese apoyo, sin embargo, se está diluyendo y estrechando cada vez más. La aprobación de la terna presentada por el presidente en la Asamblea Nacional para elegir a María Alejandra Vicuña para la vicepresidencia de la república el 6 de enero de 2018 ya mostró una nueva mayoría legislativa compuesta por los legisladores del morenismo más la bancada de centro izquierda (BIN) más la bancada del partido del alcalde de Quito (SUMA). No sería raro que la derrota electoral y los límites a lo que Rafael Correa puede ofrecer a sus seguidores, lleven a un desgarramiento de su bloque de diputados (23 legisladores). La derecha política (CREO y PSC), por su parte, votó en contra de la terna presentada (las tres candidatas eran mujeres de centro izquierda identificadas con el gobierno anterior) y se muestra cada vez más exasperada por lo que considera la “falta de definiciones” en las políticas económicas.

Se abre, pues, un período que, más que definiciones, se define por las presiones. Moreno vive una difícil transición entre la edad del romance fácil a la edad de las presiones. Todos los sectores que apoyaron en la consulta esperan decisiones claras. Pero si Lenin Moreno decidiera aceptar las presiones que tiene a izquierda y derecha, podría perder el apoyo que tiene de parte de los legisladores de su propio partido. En tal virtud, sus anuncios tienden más bien a la continuidad de las orientaciones generales del gobierno anterior: mayor pragmatismo económico, mayor protagonismo del empresariado privado, hacer los cambios mínimos indispensables para volverlos más presentables, pero también mayor tolerancia y aceptación de pequeñas concesiones a todos. Ha anunciado que espera una inversión minera por 5 mil millones de dólares como para que queden claras sus opciones ante las demandas de las izquierdas y los movimientos populares4. Respecto a las principales presiones desde la derecha, éstas aluden en lo inmediato a la salida del ministro de finanzas y la derogatoria de la ley de comunicación. Todavía no están claras ni las reformas legales que el gobierno pretende hacer a la ley de medios ni quién sustituirá al ministro cuando ya no pueda sostenerse. El precio del barril de petróleo le está dando un respiro en medio de la asfixia fiscal. Pero el siguiente semestre será decisivo en la forma y en el éxito para manejar las presiones renovadas que le aguardan.

 

ANEXO

Pregunta 1: lucha contra la corrupción ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?

Pregunta 2: reelección indefinida ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

Pregunta 3: consejo de participación ciudadana ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana v Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?

Pregunta 4: protección a la niñez ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?

Pregunta 5: la minería ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

Pregunta 6: plusvalía ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras?

Pregunta 7: el Yasuní ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

Notas

1. Esta es la lógica de la estrategia de hegemonía del “populismo”, por contraste con la hegemonía inspi-rada en los alineamientos ideológicos de las izquierdas, según la conceptualización que hizo de ella Ernesto Laclau, y tal como la han recogido los teóricos de Podemos en España y de Jean Luc Mélen-chon en Francia, inspirados todos ellos por Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. Ver al respecto la perspicaz lectura de Perry Anderson 2016. The heirs of Gramsci. En New Left Review. No. 100. Julio – agosto, pp. 78-83.

2. Para cualquier observador informado debe haber llamado la atención que un dirigente político que enarbola un discurso en el que ataca el poder del dinero en la sociedad haga su campaña en helicópte-ro y en vez de usar las líneas aéreas comerciales para viajar al Ecuador, lo haga en costosos aviones privados. Cfr. “Rafael Correa arribó como Vicente, en un jet privado y por otra puerta”, El Universo, 26 de noviembre de 2017. Disponible en https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/26/nota/6497995/arribo-como-vicente-jet-privado-otra-puerta

3. Ver al respecto el ensayo sobre la cultura política diferenciada regionalmente de Fernando Bustamante 1998. Política: A la búsqueda de la razón perdida. En Ecuador Debate. No. 44. Quito: CAAP. Agosto, especialmente pp. 32-

4. “Ecuador espera más de USD 4.500 millones de inversión minera”, En Minergía. Minería y energía. 10 de agosto de 2017. Disponible en http://www.minergiaec.com/ecuador-espera-mas-de-usd-4-500-millones-de-inversion-minera/

* Los informes de coyuntura del CEP cuentan  con el auspicio de Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Berlín, Alemania.