PERSPECTIVAS POLÍTICAS. Por Miguel Merino Serrano

15 marzo 2018

Ganadores y perdedores de la Consulta

La consulta popular del 4 de febrero se constituyó en un hecho sui-géneris, ya que todos los grupos contendientes se proclamaron ganadores, inclusive los sectores correístas que optaron por el NO y alcanzaron algo más de la tercera parte de los votos, con algunas variaciones entre las siete preguntas. Más allá de las percepciones y declaraciones subjetivas, los resultados concretos nos muestran que:

– Correa y su grupo de seguidores perdieron la hegemonía política luego de diez años en que  controlaron prácticamente todos los poderes del Estado. Aunque haber obtenido el 36% de los votos en las preguntas claves (2,3 y 6) no es un mal resultado, en medio de circunstancias adversas, el triunfo del SI con más del 60% significa, en primer lugar, que Correa ya no podrá ser candidato en las próximas elecciones presidenciales (2021). En segundo lugar, pierde el dominio sobre el CPSCC, cuyas nuevas autoridades han sido designadas por la Asamblea Nacional en base a las ternas enviadas por el Presidente Moreno. Este organismo es clave en el ejercicio del poder porque es el que designa las personas que encabezan los organismos de control del Estado (Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Superintendencias, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Consejo Nacional Electoral, entre otras). Por otra parte, los fieles a Correa ya no cuentan con la mayoría en la Asamblea y tampoco con el partido oficialista, mientras que Lenín Moreno tiene el apoyo de la mayor parte de los legisladores, las dos terceras partes de los dirigentes AP y se queda con el nombre y el registro del movimiento legal.

– Entre los grupos políticos y movimientos sociales que se han proclamado ganadores por haber apoyado la campaña del SI,  la situación es de mucha heterogeneidad y diversidad ideológica; se pueden identificar las siguientes corrientes fundamentales:

  1. El gobierno de Lenín Moreno y el grupo mayoritario de AP que lo apoya. En su seno surgió la iniciativa de la consulta popular y el manejo del proceso electoral que superó el inconveniente legal de no haber recibido el visto bueno de la Corte Constitucional. Sus objetivos principales al impulsar la Consulta fueron los siguientes: a) legitimarse en el poder, puesto que las elecciones presidenciales fueron ganadas con estrecho margen y bajo la acusación de fraude electoral por parte de sus adversarios; b) impedir que Correa sea el potencial candidato para el próximo período y de esa manera, continuar proyectando su imagen de líder del oficialismo y árbitro indiscutible de la política nacional; c) Tomar el control del llamado quinto poder (Función de Transparencia y Control Social) que es el que nomina, como ya se dijo, a las principales autoridades de control del país; d) Ganar tiempo y distraer a la opinión pública sobre la grave situación económica nacional.
  2. Los principales partidos de derecha como CREO y el PSC también reividicaron su aporte al triunfo del SI en la consulta. Guillermo Lasso, inclusive, se atribuyó la autoría de la consulta y afirmó que el pueblo se ha pronunciado por un cambio de modelo. Nebot igualmente fue un protagonista activo de la campaña por el SI. Ambos líderes tienen sus miras puestas en las próximas elecciones presidenciales, en las cuales se elimina el obstáculo que significaría la candidatura de Correa y cuentan con el desgaste de Moreno en el poder.
  3. Los grupos de izquierda y centro como UP, la ID y el ala crítica del Socialismo, que también optaron por el SI en las siete preguntas de la consulta, pero tienen escasa representatividad política, carecen de liderazgo y no han establecido claras diferencias políticas e ideológicas frente al gobierno. En el caso de la ID su discurso tibio y su ambigua posición frente al régimen de Moreno provocaron disidencias en su interior. En cuanto a la UP que continúa muy debilitada por el gobierno correísta, vuelve a incurrir en el error de ponerse a la sombra del gobierno de turno sin mayor beneficio de inventario. Igual ocurre con el Socialismo, fuertemente afectado por su división interna y donde el membrete legal le pertenece al sector que colaboró activamente con Correa y ahora apoya al oficialismo. Caso similar es el de varios movimientos sociales: sindicalistas, indígenas y campesinos que fueron cooptados por el correísmo y ahora están con el gobierno de Moreno a cambio de pequeñas cuotas de poder; no han mantenido su independencia de clase y han perdido capacidad de movilización. Organizaciones sociales críticas al correísmo como la CONAIE y el FUT también apoyaron la consulta aclarando que no era un cheque en blanco para el gobierno sino un apoyo condicionado. También se planteó que varios temas importantes, por los cuales los movimientos sociales lucharon en los últimos años, no fueron tomados en cuenta en la consulta. Apoyaron el SI ante la percepción de que se ha abierto una posibilidad de dialogar y desmantelar lo más perverso del correísmo.

En conclusión, los diversos sectores que conforman el espectro de la “izquierda” ecuatoriana carecen de una perspectiva estratégica clara, que no puede ser otra que el combate sin tregua al capitalismo y la oposición frontal a un gobierno claramente identificado con los intereses de la burguesía y los imperialismos que se disputan el poder mundial.

La consulta sirvió para zanjar las disputas internas entre los dos sectores del movimiento oficialista, las cuales no son diferencias ideológicas o sobre el modelo fundamental de gobierno, sino disputas por el reparto del poder y en torno a un pacto de impunidad para ocultar la participación de funcionarios y militantes en casos de corrupción.[1]

Debilidad del actual gobierno

Pese a los logros de la consulta, el gobierno de Lenín Moreno sigue siendo débil debido a las siguientes razones:

– No cuenta con una mayoría sólida en la Asamblea Nacional.

– Se encuentra muy presionado por los sectores empresariales y los partidos de la derecha que apoyaron la consulta y han lanzado una fuerte arremetida mediática con la finalidad de que el gobierno adopte políticas favorables a sus intereses.

-También está presionado por los movimientos sociales y grupos de izquierda que demandan algunas reivindicaciones de cada sector y el cumplimiento de las promesas de campaña.

– Los graves escándalos de corrupción que siguen saliendo a la luz pública y que afectan especialmente al entorno cercano al gobierno, como el caso de la grabación de la conversación entre el Presidente José Serrano y el ex-contralor Carlos Pólit, hoy prófugo de la justicia. Este hecho ha determinado la salida de Serrano como Presidente de la Asamblea Nacional y la probable destitución de su cargo del Fiscal General Carlos Baca.

– Por la grave situación que atraviesa la economía ecuatoriana y en especial el Estado, debido sobretodo al déficit fiscal y al acelerado endeudamiento tanto externo como interno.

Economía a la deriva

El gran desafío que no ha logrado resolver el gobierno en estos primeros diez meses es la difícil situación económica del país. La herencia del correismo no fue “la mesa servida” sino todo lo contrario. El alto endeudamiento externo e interno, ocultado por las cifras oficiales, pero que ahora se conoce llega a 69 mil millones de dólares[2], junto al elevado déficit fiscal (6 mil millones de dólares el año pasado en el 2016 y alrededor de 7 mil millones en el 2017), el estancamiento del sector productivo que provoca altos índices de desempleo, empleo inadecuado y subempleo (este último se incrementó del 9% al 19,8% en el 2017), la balanza comercial negativa del sector no petrolero, el mantenimiento del modelo extractivista que implica una peligrosa dependencia de la economía ecuatoriana de un sólo producto como es el petróleo, configuran un panorama difícil de revertir,  especialmente si el gobierno no desea afectar los grandes intereses de las transnacionales y la burguesía y tampoco tomar medidas que impacten negativamente en la economía popular. Esa es la contradicción que enfrenta el gobierno de Moreno y lo que ha hecho es diferir el problema hacia adelante, sobretodo porque tenía la imperiosa necesidad política de ganar la consulta popular. Por ello, no se ha atrevido a adoptar políticas de ajuste propias del recetario neoliberal, pero a la vez ha respondido a las presiones de las élites burguesas a través de una serie de medidas que les benefician, tales como la decisión de entregar el manejo del dinero electrónico a la banca privada, la exoneración de algunos impuestos, la liberación de restricciones a miles de productos importados, la reducción de tarifas eléctricas a los sectores industriales, la eliminación de la “ley de plusvalía” a través de la consulta popular, propuestas de reformas al Código del Trabajo para flexibilizar la contratación laboral, mantener los salarios prácticamente congelados, entre otras.

Lo más grave al momento son las conversaciones del gobierno a través del Ministro de Comercio Pablo Campaña para firmar un TLC con los Estados Unidos, porque un acuerdo de esta naturaleza favorece únicamente los intereses de las transnacionales y las élites comerciales del país, en tanto acarrea efectos muy perjudiciales para los pueblos y nacionalidades indígenas, los pequeños productores agrícolas y artesanales, agudiza la precarización y explotación de los trabajadores, especialmente de las maquilas, incentiva  la privatización de las áreas estratégicas del país, limita el acceso a la seguridad social, educación y salud de las grandes mayorías que deben pagar para contar con estos servicios.

Medidas económicas del gobierno

Para enfrentar las necesidades urgentes de inversión, lo que ha hecho el gobierno de Moreno es continuar con un acelerado endeudamiento a través del mecanismo de colocación de bonos en los mercados internacionales de capitales. El 18 de enero del presente, Ecuador colocó USD 3000 millones de estos papeles a una taza del 7,87% y a un plazo de 10 años. Se trata de la cuarta operación realizada por el actual gobierno, el cual hizo dos emisiones en mayo y una en octubre del 2017. Con ello en los primeros ocho meses obtuvo USD 7500 millones en el mercado internacional. El problema se sentirá entre el 2025 y el 2028 cuando se tendrá que pagar montos muy elevados para cancelar dichas deudas.[3]

Otro factor que resulta muy pernicioso para las clases populares y los trabajadores, es la continuación del modelo extractivista que gira en torno a la explotación petrolera y minera entregada en manos de empresas extranjeras. Como lo señala Diego Delgado: “En manos de las corporaciones extranjeras están el petróleo, las minas, los puertos, la telefonía celular y gran parte de la riqueza nacional. El petróleo queda en manos de Petrochina, Petrooriente, Andes Petróleo y Sinopec, de la China; de la Repsol de España, de la Agip Gold y la Schlumberger de Francia, entre otras. Igual las minas: las de oro como Fruta del Norte en manos de la Lundin Gold; las de Quimsacocha, Río Blanco, Gaby, las de cobre como Panatza San Carlos (la segunda en reservas del planeta) y la Mirador en manos de la Junefield y Tonglin Nunferrus de la China”.[4]

La política entreguista y extractivista que arrasa con la naturaleza y los pueblos que habitan en las zonas de explotación, continuará con Moreno, inclusive haciendo caso omiso de los resultados de las dos preguntas ambientales aprobadas en la consulta.

Además, en estos primeros meses de su gestión no hay mayores indicios de que el gobierno tenga la voluntad política para dar salidas efectivas a los problemas más apremiantes de los trabajadores y los pueblos del Ecuador como son: la falta de empleo, los bajos salarios, el acceso a la educación superior, la pobreza y la falta de recursos de los campesinos para asegurar la soberanía alimentaria del conjunto de la población, la garantía para que los ingresos del IESS permitan cubrir las pensiones de los jubilados y las crecientes demandas de salud por parte de los afiliados, la cobertura de vivienda y servicios básicos de  los barrios populares de las ciudades, la creciente inseguridad, etc. Las promesas de campaña van cayendo en un saco roto y las ilusiones de quienes confiaron en el régimen entrante se esfuman en el viento.

¿Hacia dónde camina el régimen de Moreno?

Luego de la consulta de febrero que pone fin a un prolongado período de transición, el gobierno de Moreno tendrá que tomar definiciones no solamente políticas sino especialmente económicas, referidas al modelo económico que se propone aplicar, el mismo que se ha mantenido en la ambigüedad, por la necesidad de sostener su popularidad política, de calmar las aguas agitadas ante los escándalos de corrupción y las presiones de  las diversos clase y grupos políticos (estrategia del diálogo con todos los sectores). El primer plan económico o medidas presentadas por el gobierno en octubre del 2017 que básicamente contenía la eliminación de impuestos y el establecimiento de incentivos para las empresas pequeñas empresas y las microempresas no han tenido mayor repercusión ni ha sido del agrado de los grandes empresarios.[5] Ahora se anuncia un nuevo plan económico para fines de marzo que probablemente implicará medidas como nuevos impuestos y la eliminación o focalización de algunos subsidios, lo cual afectará la situación de los trabajadores y los sectores más desposeídos, es decir la crisis no la pagarán los más ricos sino que será  descargada sobre las espaldas de los más pobres.

Aunque es un hecho que el gobierno de Moreno continuará con el modelo implantado por Correa, de modernización del capitalismo en beneficio de los intereses de los grupos monopólicos nacionales y del capital transnacional y financiero que gobierna la economía globalizada del mundo, al interior de este marco caben diferentes modelos de gobernanza y política económica. Existen, de manera esquemática, tres alternativas posibles:

1.- Modelo bonapartista (algunos prefieren hablar de populista), donde el gobernante asume el papel de árbitro entre las diversas fracciones de la clase dominante, entre la burguesía nacional y los imperialismos y entre la clase dominante y las clases dominadas. El Estado interviene activamente en la economía, la inversión pública cumple un rol importante y el gobierno trata de hacer concesiones a las diversas clases sociales y de ganar el apoyo popular en base a obras físicas y dádivas de tipo social. Es fundamental el papel del líder que concentra el poder y logra la adhesión popular en base a su carisma. Este modelo sería la continuación del anterior, con la diferencia de que ya no estará centrado en la figura de Correa, sino en la del actual mandatario.

2.- Modelo de derecha – neoliberal. Que es el demandado por por la élite empresarial y los partidos políticos de la derecha. El Estado debe jugar un rol secundario en la economía, garantizando que la iniciativa privada sea el actor fundamental en las decisiones económicas, según las leyes del mercado. En consecuencia debe disminuir el gasto público, se debe reducir o eliminar el déficit fiscal y avanzar lo que más se pueda en los procesos de privatización de las empresas estatales. En lo político plantean establecer el estado liberal, respetando la separación de poderes y las libertades fundamentales de pensamiento, prensa y sobre todo a la propiedad privada. Su prioridad es fortalecer los aparatos represivos del Estado (Fuerzas Armadas y Policía) para mantener el orden público y controlar la insurgencia de las masas.

3.  Modelo reformista de centro izquierda. Esta alternativa, que ha sido planteada por la socialdemocracia (Izquierda Democrática y nuevos grupos como Democracia SI) y la izquierda reformista (plantea cambios de corte social y progresista al interior del sistema capitalista) se ha debilitado en los últimos años. Propugnan ciertas reformas para redistribuir mejor la riqueza concentrada en pocas manos, en base a la intervención activa del Estado, priorizando el gasto social en sectores como la educación, la salud y la seguridad social. Políticamente abogan por fortalecer la democracia existente, impulsando mecanismos de participación (democracia participativa) y la inclusión de los diversos movimientos sociales. Este proyecto no ha tenido mayor proyección a escala mundial debido a la crisis económica y las limitaciones que enfrenta el sistema capitalista a nivel mundial.

Si bien no está muy claro hacia dónde se enrumbará el régimen de Moreno en este nuevo periodo, las evidencias indican a que mantendrá el modelo bonapartista de arbitraje político y la modernización capitalista impulsada desde del Estado, es decir la política implantada durante la década correísta, con algunos cambios formales, mayores concesiones a la empresa privada y pequeñas concesiones a los movimientos sociales.

Rearticulación del campo popular

Aunque el campo popular se encuentra muy debilitado, en gran parte por la arremetida correísta, pero también por sus propios errores, no le queda otra alternativa que volver a rearticularse en torno a un programa que recoja algunos ejes fundamentales de transformación de las estructuras socioeconómicas, la democratización política y el respeto a las diversidades y la pluriculturalidad. Lo más importante es mantener la independencia de clase y  y no caer en el oportunismo de apoyar al gobierno de turno a cambio de pequeñas concesiones y cuotas de poder para sus dirigentes o grupos particulares. Es fundamental levantar una política unitaria de lucha, de denuncia y exigencia al régimen gobernante, para que la crisis no la paguen los más pobres y la clase trabajadora, sino los grupos de la burguesía que se beneficiaron de la etapa de bonanza y de la modernización del capitalismo en la década anterior. La lucha implica la movilización de los trabajadores del campo y la ciudad, contando también con el aporte fundamental de los movimientos sociales como mujeres, ecologistas, agro-ecologistas, GLBT, personas desaparecidas y  otros sectores democráticos, integrando sus reivindicaciones específicas en una plataforma común de lucha.

NOTAS

[1]  Santillana, Alejandra: “Vigilancia y exigencia: las organizaciones sociales en la consulta popular del Ecuador”, en Línea de Fuego, 15 de febrero del 2018.

[2]  La cifra oficial de endeudamiento en enero era de USD 35.709 millones que representa el 34% del PIB, pero la misma no incluye una serie de obligaciones que debe cancelar como las preventas petroleras, los bonos con el IESS, el pago de compensaciones atrasadas por jubilación y otras.

[3]     Diario “El Comercio, viernes 19 de enero del 2018

[4]     Delgado Jara, Diego: ¿La mesa servida?, Julio del 2017

[5]     Instituto de Economía de la USFQ: “5 visiones alrededor de las medidas económicas (… ¿o plan económico?, En: KOYUNTURA, No 71 – Año 11. Octubre 2017