¿PLAN O RATA-PLAN?: ENTRE UNA INERCIA CORREÍSTA Y UN NUEVO NEOLIBERALISMO. Por Alberto Acosta[1], John Cajas Guijarro[2]

5 de abril del 2018

“Todas las medidas emprendidas en nombre del ‘rescate de la economía’  se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres”. Zygmunt Bauman

El gobierno de Lenín Moreno la tiene difícil. Sin duda heredó una pesada cruz resultado de diez años de desperdicio histórico, sin transformaciones estructurales y con problemas agravados que dejaron al Ecuador como un país incierto que no cambió. Además, a pesar de estar casi un año sacándole el cuerpo a la grave situación económica (reconociendo desde su inicio que no existió “mesa servida”), el gobierno está políticamente débil y entrampado, sin capacidad – ¿o sin voluntad? – de sacarse de encima ni a los protagonistas de la década desperdiciada (incluidos varios grupos de poder beneficiarios de dicha década y que empujan hacia una inercia correísta) ni a varios representantes de grupos de poder de ataño (que recuperan espacios y empiezan a empujar hacia un nuevo neoliberalismo). Quizá dicha combinación de fuerzas e intereses (correístas como una derecha disfrazada de izquierda y neoliberales como una derecha explícita) permite entender la falta de rumbo del “morenismo” …

En efecto, si algo distingue a la política económica de Moreno es su reiterada indefinición, donde se combinan la inercia correísta y la profundización neoliberal. No olvidemos, por cierto, que fue el mismo gobierno de Correa el que armó este escenario: con sus intentos de modernización capitalista disfrazados de “socialismo” -que terminaron en mera propaganda y corrupción– el correísmo robó las banderas de las izquierdas y las ensució, debilitando y deslegitimando drásticamente a las verdaderas propuestas transformadoras. De hecho, en sus últimos años el correísmo usó al Estado para impulsar un neoliberalismo transgénico: el propio Correa nos retornó al WC (Washington Consensus), más allá del discurso de sus más acérrimos defensores.

Con semejante legado encima, suenan nuevas campanadas de las ansiadas medidas económicas “morenistas” (recordar que ya hubo un primer paquete de medidas). Una idea la dio el anuncio presidencial de un paquete lleno de rasgos generales, pocos detalles y hasta de engañosa redacción, pero lleno de “ternura” y “buenas intenciones” (no olvidemos cómo viene empedrado el camino al infierno…). Después, serían sus ministros -particularmente la ministra de economía- quienes brindarían detalles adicionales, pero sin llegar a presentar un Plan Económico completo e integral.

En concreto, el llamado “Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva” plantea, como motivación general, que no es posible “sostener el crecimiento con deuda y consumo, sino en mejoramiento de la productividad”. Asimismo, plantea enfrentar en el corto plazo a: una deuda excesiva; el pago de obligaciones importantes, incluso algunas “no previstas”; unas desfavorables condiciones de recaudación fiscal; y la “necesidad de recursos para obras y pagos atrasados, que no estuvieron presupuestados”.

Tales puntos de corto plazo muestran que el objetivo medular es efectuar un ajuste fiscal, aunque cabe la duda de cómo lo va a lograr pues -como veremos más adelante- no cuadran las cuentas del presidente Moreno. También preocupa ver que, dentro de los problemas de corto plazo, no se llega siquiera a mencionar al gravísimo deterioro del mercado laboral, una de las cuestiones más urgentes a resolver (recordar que, mientras en diciembre de 2014 el 49,3% de trabajadores estaban en condición de pleno empleo, a diciembre de 2017 la cifra cayó a 42,3%).

Cuatro ejes son la base del plan:

(1)   Estabilidad y equilibrio fiscal, reduciendo el déficit de 5,46% en 2018 a 2,47% en 2021, por medio de una recaudación tributaria más “eficiente”, menor gasto público y mejores condiciones de endeudamiento;

(2)   Reestructuración y optimización del Estado, con austeridad fiscal y reducción del tamaño del Estado (generando ahorro anual de unos USD 1.000 millones);

(3)   Equilibrio externo y (la típica) sostenibilidad de la dolarización, mejorando saldo de dólares que ingresan al país con mayores exportaciones, mayor inversión extranjera y control “inteligente” de salida de dólares;

(4)   Reactivación productiva, fortaleciendo al sector privado en “estrecha relación” con el público, motivando inversiones privadas nacionales y extranjeras “generadoras de empleo digno y comprometidas con sus obligaciones tributarias”; la meta es que dicha reactivación aumente en 7 puntos el empleo adecuado (con lo cual supuestamente se llegaría a los niveles de 2014) y reduzca la pobreza extrema en 5 puntos.

A la par con estos cuatro “ejes”, el gobierno propuso 14 medidas de política púbica, las cuales podemos juntar en los siguientes grandes grupos, donde se nota claramente el énfasis fiscal y un abandono -casi total- a políticas en verdad productivas:

a.      Ajuste tributario: impulsar un mayor control tributario (Servicio de Rentas Internas y Servicio de Aduanas) para generar USD 810 millones entre 2018-2021; racionalizar cinco beneficios tributarios para generar USD 1.037 millones entre 2018-2021; dar paso a una revisión tributaria de 100% de intereses, multas y recargos (pudiendo extenderse a deudas con el IESS-Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y gobiernos autónomos descentralizados), con plazo de hasta dos años para micro, pequeñas y medianas empresas y de 90 días para grandes empresas, para generar USD 1.600 millones en 2018 y USD 1.300 millones anuales en los próximos años; eliminar cálculo del impuesto mínimo del anticipo del Impuesto a la Renta  desde el ejercicio fiscal 2019.

b.      Ajuste al sector externo: reducir gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas si mejora balanza de pagos privada, devolviéndolo a exportadores que demuestren ingreso neto de divisas  (ingreso esperado de USD 134 millones en 2018 por exportaciones); aumentar techos arancelarios hasta límites permitidos por la Organización Mundial de Comercio y otros acuerdos (sin comprometer materias primas ni bienes de capital) (control de importaciones buscaría evitar salida de USD en 488 millones en 2018).

c.       Incentivo a inversiones: nuevas inversiones tendrán tratamiento progresivo de incentivos tributarios entre 2018-2019 (en especial Impuesto a la Renta e Impuesto a la Salida de Divisas); inversiones -no en áreas estratégicas- comprometidas a reinvertir 50% de sus utilidades en el país, no retendrán un valor adicional de pago de dividendos al ocasionado por el Impuesto a la renta en Ecuador, y serán exoneradas del Impuesto a la Salida de Divisas luego de 5 años de estancia.

d.      Alianzas público-privadas: concretar alianzas público-privadas en infraestructura, hidrocarburos, energía, minería, telecomunicaciones, transporte y obras públicas; se esperaría inversiones por USD 7.000 millones entre 2018-2021, dando ingresos al Estado de USD 267 millones en 2018 y al menos 1.598 millones entre 2018-2021.

e.       Gasto público: reducir USD 1.000 millones en presupuestos anuales de instituciones del Ejecutivo; eliminar ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales; reducir asesores a la mitad; reducir viáticos; suprimir 7 de 22 empresas públicas del Ejecutivo hasta 2020; continuar con venta de inmuebles y vehículos del sector público.

f.       Deuda pública: optimizar contratos peroleros y preventas; elaborar un Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal (lo cual se crucial si se toma en cuenta que esa es una exigencia que se debe cumplir cuando se supere el límite legal del endeudamiento público); recurrir a organismos multilaterales.

g.      Sector Financiero: ampliar crédito productivo y de inversión; instrumentar un marco normativo para ingreso de entidades financieras internacionales; disminuir uso de dinero físico (USD 533 millones en 2018).

h.      Desarrollo empresarial y tramitología: fortalecer mercado de valores; racionalizar responsabilidad de accionistas por acciones de administrador; fortalecer concepto de sociedad anónima y responsabilidad limitada; simplificar trámites no justificados en el corto plazo; emitir un decreto para que entidades públicas justifiquen 100% de sus trámites.

i.        Mercado laboral: crear nuevas formas de contratación, según necesidades de sectores como el turístico, el agrícola, el pesquero, entre otros.

j.        Fomento economía popular y solidaria: fomentar asociatividad, asistencia técnica, comercialización y acceso preferencias a servicios financieros

Tanto los “ejes” como las “políticas públicas” planteadas por el gobierno parecen estar inspirados en la típica lógica del ajuste en “etapas” propio de las visiones económicas ortodoxas: primero, estabilizar la economía (reduciendo el déficit fiscal); segundo, hacer crecer la economía (dando más espacio e incentivos al -gran- sector privado); tercero, derramar los resultados del ajuste. Dentro de ese “etapismo” los claros protagonistas son el sector privado en general, los grandes inversionistas nacionales e internacionales en particular.

Basta ver, al respecto, los montos de inversión esperados entre 2018 y 2021, manteniendo inamovible el extractivismo exacerbado por Correa, es decir con más explotación petrolera y más de la -maliciosa- megaminería. Entre las ofertas hechas a los inversionistas privados están: alianzas público-privadas (eufemismo privatizador); supuesta mayor seguridad jurídica; beneficios tributarios, incluyendo la condonación de multas e intereses (beneficiando especialmente a grandes evasores como las petroleras transnacionales, que deberían más de USD 2 mil millones al SRI: Sistema de Rentas Internas y que se les perdonaría unos USD 1 mil millones en intereses); nuevas normas de contratación laboral (léase, con certeza, de flexibilización laboral) …

Por su parte, un menor Estado -anhelo neoliberal- asoma como plato fuerte del ajuste fiscal. Para lograrlo, sin dar detalles, el “programa” plantea eliminar instituciones del Ejecutivo, así como disminuir asesores. Se anuncia desaparecer empresas públicas como ENFARMA y la Empresa Pública Cementera (propuesta privatizadora que, con seguridad, sigue la inercia correísta). Si bien urge revisar la gran burocracia exacerbada en el correísmo (y por la cual el país se endeuda drásticamente y sufre cada mes para sostenerla), no cabe forzar el desempleo a servidores públicos de mandos medios y bajos, aunque sí amerita -al menos- imponer un techo salarial de 3 mil dólares mensuales en el sector público (pudiendo ahorrar más de 600 millones de dólares anuales). Lo que no es admisible de ninguna forma es quitarle al Estado empresas cuando éstas pueden ser productivas y rentables si se reestructuran a fondo (como ENFARMA), a menos que se desee satisfacer a economistas ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP) que sueñan con desmantelar por completo al Estado.

Sin embargo, ni siquiera en términos neoliberales el plan es “puro” ni del total agrado de esos economistas OCP, especialmente por el anuncio de un posible incremento temporal de las barreras arancelarias (que, no olvidemos, fueron desmanteladas por el propio Moreno cuando asumió el gobierno), a más de que no se dice ni pio sobre el Tratado de Libre Comercio con los EEUU y el ingreso a la Alianza del Pacifico. Esos puntos, por el momento, aún parecen estar más atrapados por la inercia de la política económica correísta, claramente improvisada, pues no prevé los graves efectos que tiene el no brindar estabilidad arancelaria (¿para qué bajar los aranceles si se los iba a volver a subir?).

Sobre el sector financiero (vital para un programa de reactivación), éste es tratado al margen. Lo más novedoso aparece en una posible llegada de bancos extranjeros, que no necesariamente van a provocar una mayor competitividad en ese ámbito, según las condiciones en las que entren (e incluso según los acuerdos a los que lleguen con la banca oligopólica doméstica). No olvidemos que ¡la banca gana… siempre! Por cierto, no hay propuesta alguna que apunte a una auténtica reducción del costo de los créditos, enfocados al aparato productivo pequeño e informal (que es el más necesitado de financiamiento en la actual crisis), solo hay anuncios al viento.

Apenas al final, como relleno, se habla del fomento al empleo y a la economía popular y solidaria. Pero, a más de algunas generalidades, no hay nada concreto sobre cómo se logrará; es como si el empleo y la economía popular y solidaria solo sirvieran de eslogan: y con nombrarles, los actores crean que se les va a tomar en cuenta (cundo quizá solo se les considerará para que sirvan de portada de alguna propaganda oficial). Quizá en términos de economía popular y solidaria más ayuda el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que el propio plan del gobierno.

De hecho, en vez de ser un eje central y articulador de política que ayude a reactivar la economía del país, se propone la reactivación productiva por medio de una revisión tributaria, cosa nada nueva pues el correísmo hizo algo similar en 2015, cuando recaudó USD 937 millones (cifra menor a la que aspira llegar el gobierno de Moreno). Tal “fomento tributario” es incluso de dudosa efectividad, más cuando recordamos que el propio correísmo redujo el impuesto a la renta en 2010 a las empresas, lo cual terminó beneficiando sobre todo a los grandes grupos económicos…

En síntesis, más allá de la frase trillada de “no va a haber un paquetazo”, tenemos un nuevo plan de ajuste donde la inercia correísta y el neoliberalismo siguen convergiendo. Un plan que no prevé golpes duros a la redistribución de las ganancias vía elevación de tributos directos (como el Impuesto a la Renta) y/o de precios y tarifas de bienes y servicios públicos a los quintiles más ricos y a grupos económicos. Un plan carente de una clara propuesta reactivadora y transformadora. Un plan que, en suma, no aporta con soluciones de fondo para el cambio de las estructuras económicas y sociales del país y que, de paso, deja dudas sobre su duro cuestionamiento a la “mesa servida” con medidas fiscales de dudoso cumplimiento y recaudación. Es demasiado claro: en ninguna política planteada se abre la posibilidad de usar la redistribución como herramienta que contribuya a que el Ecuador salga de la crisis, y no la austeridad (una posibilidad totalmente viable como lo muestra, por ejemplo, Portugal).

Apenas una muestra son los graves “olvidos” del anuncio presidencial: ¿qué es del cobro que debe hacer el SRI a sus deudores?, ¿qué es de la recuperación de los fondos robados gracias a la galopante corrupción correísta?, ¿qué es de la auditoria de la deuda externa y su impugnación en casos de claro endeudamiento ilegítimo y hasta ilegal?, ¿qué es del fuerte apoyo a la economía popular y solidaria que se podría dar redireccionando de inmediato las compras públicas?, ¿qué es del uso del dinero electrónico (dado de forma entreguista a la banca privada en este gobierno)?, ¿qué es del potencial de la banca pública?, ¿qué es de un posible incremento del impuesto a la renta a quienes perciban mayores ingresos, a más de crear nuevos impuestos para aquellas ganancias sobre el patrimonio inauditas (como de las telefónicas, por ejemplo)?, ¿no se dice nada de la soberanía alimentaria como eje transformador del agro?, ¿qué actores económicos van a ser potenciados para generar trabajo de calidad? Las alternativas existen, incluso desde la construcción de una memoria histórica, pero no hay voluntad política…

Luego de casi un año de tiempo político perdido, las cosas están claras. Los sectores populares saben a qué atenerse: este no es su gobierno, como no lo fue el anterior. Sigue la disputa de los grandes grupos de la burguesía nacional que buscan asegurarse una tajada del pastel sin asumir los costos del despilfarro correísta, del cual fueron sus principales beneficiarios. Mientras tanto, los sectores populares o se alistan para luchar para que el ajuste lo paguen los ganadores de la década, o se resignan al regreso completo del neoliberalismo.-

NOTAS


[1] Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.

[2] Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Estudiante de doctorado en economía de FLACSO-Ecuador.

[3] Una versión preliminar escribimos el 3 de abril para el periódico EL CONEJO de la CEDOCUT.