FRONTERA NORTE: SEGURIDAD O PELIGRO DE LO MISMO EN UN NUEVO ESCENARIO. Por Remedios Sánchez

El Ejército ecuatoriano en la zona de frontera, provincia Esmeraldas. Foto: El Universo

El 2018 se inauguró en la frontera norte del Ecuador, específicamente en el área noroccidental de la provincia de Esmeraldas, vecina con Colombia una serie de hechos violentos que han preocupado a la población y a las autoridades públicas.  Esto, por la dimensión desconocida de los atentados sufridos en San Lorenzo y Borbón,  así como los enfrentamientos ocurridos en diversos puntos de esa zona.

El 13 de abril, esta cadena de hechos violentos tuvo un punto culminante con el asesinato de Javier Ortega, 32 años; Paúl Rivas, 46; y Efraín Segarra, 45; equipo periodístico del diario ecuatoriano “El Comercio”, que había sido secuestradas 20 días atrás por grupos irregulares armados que reclamaban su intercambio por tres personas detenidas en un operativo militar a inicios de enero en la parroquia de Mataje, Esmeraldas.  Los tres detenidos son procesados por tráfico ilícito de armas[1].

Entre el primer atentado ocurrido el 27 de enero en el que un coche-bomba destruyó un cuartel policial, que afectó a más de 30 viviendas cercanas y ocasionó al menos 28 personas heridas, hasta la injustificada muerte de los tres trabajadores del diario “El Comercio”, las autoridades ecuatorianas y el presidente Lenin Moreno, en particular, han ofrecido diversas interpretaciones sobre lo sucedido.

Una de ellas, de carácter más coyuntural, sostiene que los atentados que han golpeado al norte de Esmeraldas en las últimas semanas representan la respuesta de los grupos armados vinculados al narcotráfico ante el fortalecimiento de las acciones de control que desembocaron en la incautación de drogas, armas y precursores. Esto, según declaraciones del ministro del Interior, César Navas, que dijo: “Hechos como estos se suscitan por el fuerte y exitoso trabajo que se viene haciendo en la zona de combate directo a la delincuencia organizada. En las últimas semanas los operativos han sido exitosos, están golpeando, debilitando organizaciones de crimen transnacional vinculadas al narcotráfico”. (www.ejeccentral.com.mx )

Otra interpretación, con una perspectiva más amplia, argumenta que el recrudecimiento de la violencia en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia debe entenderse a la luz de un proceso de paz incompleto que ha dado paso a que grupos armados sigan operando en esta región, disputando el territorio para el control de los flujos de circulación del tráfico de drogas, armas y personas. Probablemente una de las explicaciones con mayor eco en los medios de comunicación y en las redes sociales ha sido la elaborada por el propio presidente Moreno al decir, en reiteradas ocasiones, que la intensificación de la violencia en la frontera norte obedece al hecho de haber desatendido el equipamiento de las fuerzas armadas y la policía.

El presidente Moreno en la reunión del Consejo de Seguridad realizado el pasado 28 de marzo, dijo: “No podíamos, bajo ninguna circunstancia, haber mermado la operatividad de las fuerzas armadas, en primer lugar no dotándoles del armamento necesario y en segundo lugar, talvez abundar, todos ustedes lo conocen, la compra de helicópteros que se caían, la compra de radares que no funcionaban, la compra de aviones viejos que como sabemos cuestan más sus reparaciones que haber comprado aviones nuevos. Todo eso ha mermado la capacidad operativa de las fuerzas armadas, de la policía”. (www.eluniverso) Desde esta tónica, lo recientemente sucedido en la frontera norte sería en gran parte la consecuencia de una política negligente del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa con las fuerzas armadas, una afirmación que con seguridad resulta incómoda para dos de sus actuales ministros que durante el régimen de Correa ocuparon la cartera de Defensa.

La imagen de precariedad institucional y operativa que ha construido el presidente Moreno sobre las fuerzas de seguridad del Ecuador ha justificado la solicitud que el gobierno extendió a Colombia para recibir el apoyo de sus fuerzas armadas, así como la aceptación de la participación del FBI en las investigaciones sobre los atentados (www.eltelegrafo.com) y la expresión de interés de los Estados Unidos por apoyar al Ecuador en el combate a la acción de grupos armados.  Ver declaraciones del Embajador de Estados Unidos en Ecuador en: https://bit.ly/2JVOaTW  

En la reacción del gobierno del Ecuador parecería no tomarse en cuenta el contexto político de la región, caracterizado por el ascenso de fuerzas de la derecha, como tampoco el papel jugado por el Ejército en Colombia en el conflicto al interior de su país, ni la postura demencial que prima en el gobierno de los Estados Unidos, sin empacho para encender nuevos conflictos bélicos en distintos lugares.

La imagen de desatención a las fuerzas de seguridad del Ecuador ha dado paso a que se manifiesten posiciones y opiniones que serían motivo de risa en otro contexto como calificar al gobierno de Correa de comunista o aliado de las FARC, según se desprende del video viralizado en el que habla un comandante de la marina ecuatoriana. Contrariamente a la imagen de desatención a las fuerzas de seguridad del Estado, información estadística del Banco Mundial revela por ejemplo, que durante el gobierno de Correa, Ecuador exhibió uno de los gastos militares más alto de la región, llegando en los años 2009, 2010 y 2011 a sobrepasar el 3% del PIB. https://bit.ly/2JU47tN  

Contrariamente a la imagen de un rompimiento con las políticas de seguridad hemisféricas definidas por Washington, el gobierno de Correa mantuvo la formación de sus cuerpos de seguridad en el Instituto Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHISC) (nombre que adoptó desde el año 2001 la Escuela de las Américas fundada en 1946) (Suárez, 2014: 8). Inversamente a la supuesta desprotección de la frontera norte o al aflojamiento del control, habría que recordar que el gobierno de Correa mantuvo una alta presencia de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano en la zona limítrofe con Colombia (10 mil efectivos en el 2010 y 13 mil, en el 2012) (www.ecuadorinmediato.com ), acompañada de la construcción de cuarteles y destacamentos que, en comparación con lo sucedido en el lado colombiano, reflejaba una frontera fortificada.

También habría que tener presente que el intercambio de información de inteligencia y la coordinación de las fuerzas de seguridad fue una constante, así como subrayar igualmente que por diversas causas, la declaratoria de estado de emergencia con la consiguiente merma en el cumplimiento de los derechos fue un procedimiento usual y recurrente en la frontera norte, especialmente en Esmeraldas. Lo anterior revela que, de forma opuesta a la imagen que hoy se intenta proyectar, durante el gobierno de Correa ni la seguridad ni la militarización estuvieron ausentes como políticas para la frontera norte hasta el punto que Plan Ecuador, que nació como una política de paz y desarrollo que terminó entregando sus escasos recursos al cuerpo de ingenieros de las fuerzas armadas para la construcción de algunas obras.

El despliegue militar que tuvo lugar durante el pasado régimen fue de tal magnitud que representó un desbalance con respecto a lo que sucedía en Colombia y que motivó el reclamo recurrente de Correa y su gobierno para que el vecino país fortalezca la presencia de sus fuerzas armadas en su territorio, especialmente en las áreas fronterizas. Al respecto cabe citar algunas referencias.

En el 2008 el subsecretario de Defensa de ese entonces, Miguel Carvajal, quien luego sería ministro de Defensa manifestó durante una entrevista radial que “en el lado colombiano no existe un control, una presencia permanente sobre territorio colombiano por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia: esa es una realidad” (www.ecuadorinmediato.com).

El 9 de octubre del 2012, Carvajal en su calidad de ministro de Defensa, solicitó al gobierno colombiano ampliar su presencia policial y militar en la frontera e insistió en que el vecino del norte debería al menos equiparar el número de efectivos en la zona limítrofe (https://bit.ly/2H8P6SX). Si bien la militarización de las fronteras no fue -ni es- la respuesta más eficiente en términos sociales o de justicia, lo anterior demuestra que más allá de una retórica “revolucionaria”, el gobierno de Correa se mantuvo en los cauces de un discurso hegemónico que en el ámbito mundial apunta, como lo demuestran varios autores (Sassen, 2001; Brown, 2015), a la fortificación de las fronteras para prevenir el ingreso de agentes privados con capacidad de alterar el orden interno (población refugiada y migrantes económicos, principalmente).

Esta afirmación no implica; sin embargo, desconocer que los mayores niveles de seguridad y control  en la frontera norte se https://bit.ly/2H8P6SX dieron en medio de un entramado político regional de disputa en el que convergían diferentes gobiernos con posturas más democráticas y americanistas; unos, más conservadoras y militaristas que otros. Es en medio de este escenario que fue posible mantener un discurso de oposición al papel de gendarme que históricamente ha cumplido Estados Unidos, que se consolidaron posiciones que defendían la necesidad de autonomía de la región y que se suscribían acuerdos colectivos que declaraban a América Latina como región de paz, aprovechando el marco institucional creado por la conformación de nuevas entidades regionales como la CELAC o el Consejo de Seguridad y Defensa de la UNASUR. Sin restar la relevancia de las decisiones nacionales, es el peso de este escenario regional el que respaldó la expulsión de la base de Manta del territorio ecuatoriano o la posición común de UNASUR frente a Colombia en rechazo a la instalación de nuevas bases militares en su territorio.

Lo expuesto hasta aquí evidencia o al menos matiza que en la frontera norte no fueron precisamente los ámbitos de seguridad los descuidados por el gobierno de Correa, como tampoco existió una política orientada a disminuir la capacidad operativa de las fuerzas armadas o la policía, según lo plantea el discurso de Lenin Moreno. El déficit de dicho gobierno se ubica, por el contrario, en los sectores de educación, salud, trabajo, en la imposición de formas de producción y organización social definidas desde la centralidad del poder, en la ausencia de políticas que contribuyan a fortalecer procesos de descentralización reales y en la puesta en marcha de estrategias orientadas a fracturar y debilitar al tejido social.

La militarización no fue ni será la respuesta que demandan las poblaciones de la frontera norte ecuatoriana. La política mantenida por Correa demostró que la retórica siempre estuvo más adelante que las concreciones reales por modificar el estatuto subordinado de la región y la desidia con la que se ha tratado a su población. Aunque la inversión pública creció en la región, esta no siempre se dirigió conforme a las necesidades de la gente que lo que reclama son oportunidades de trabajo, vivir en un ambiente sin contaminación y participar en la definición de su vida, su entorno, su territorio.

En la actualidad, sin embargo, antes que corregir las omisiones y errores del gobierno anterior, el énfasis vuelve nuevamente a girar en torno a la seguridad, el control y la militarización del área. Pero no sólo eso, resulta preocupante que el énfasis sobre estos ámbitos parezca hoy decantarse peligrosamente a favor de las posiciones más conservadoras que rechazan los acuerdos de paz alcanzados con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que cuestionan las conversaciones iniciadas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que no tienen empacho en pedir el apoyo de fuerzas de seguridad externas, y que exigen más presupuesto, equipamiento y protagonismo a las fuerzas armadas.

El endurecimiento del control y la mayor militarización que se plantea para la región fronteriza toma lugar, además, en un contexto en el que el balance político regional ya no es favorable para las llamadas “fuerzas progresistas” y donde el orden que de alguna manera imprimían las FARC en Colombia, ha cedido lugar a la actuación indiscriminada de grupos armados criminales.

¿Qué sectores son los que se benefician de una política de reforzamiento de la militarización, el control y la seguridad?, ¿Qué esfuerzos programáticos plantea el gobierno de Moreno para enfrentar los problemas de la frontera norte de manera integral y más allá del reforzamiento militar? Es hora de pensar, discutir e implementar otras alternativas pues si bien es cierto que el Estado tiene la responsabilidad de precautelar la seguridad de la población ante la presencia del crimen transnacional, existen ya demasiados ejemplos del fracaso que entrañan las salidas militares para detener al crimen organizado. Es hora de pensar en salidas creativas y renovadoras ante el narcotráfico como embanderar una discusión regional sobre la legalización de algunas drogas. Es hora de imaginar que el territorio apropiado por grupos irregulares que controlan por ejemplo la minería ilegal, pueda ser re-apropiado por sus legítimos dueños a partir de un proceso de movilización comunitaria para la restauración ambiental de un entorno profundamente degradado. Es hora escuchar a la gente que vive en la frontera y a sus organizaciones.

Bibliografía citada:

Banco Mundial: https://bit.ly/2qHyfzv consulta realizada el 16.04.2018.

“Bombazos en Colombia y Ecuador dejan 7 muertos”. (28 enero 2018). Disponible en: https://bit.ly/2DV6lZw consulta realizada el 17.04.2018.

“Ecuador pone 10 mil hombres en frontera con Colombia”. (17 septiembre 2010). Disponible en: https://bit.ly/2J3MeYa consulta realizada el 16.04.2018.

“Embajador de EE.UU.: ‘Queremos expandir la cooperación en seguridad en Ecuador’”. (6 de abril 2018). Disponible en: https://bit.ly/2H6uIG2 consulta realizada el 14.04.2018.

“FBI colabora por atentados en San Lorenzo”. (2018). Disponible en: https://bit.ly/2J7HNf1, consulta realizada el 14.04.2018.

“Lenin Moreno: situación en frontera es consecuencia de la permisividad y desmantelamiento a FF.AA y Policía”. (28 de marzo 2018). Disponible en: https://bit.ly/2IdKb3f consulta realizada el 14.04.2018.

“No existe control de fuerzas de seguridad colombiana sobre su territorio, dice subsecretario de Defensa ecuatoriano”. (22 septiembre 2008). https://bit.ly/2HcuqJI  consulta realizada el 17.04.2018.

“Piden mayor control militar en la frontera entre Ecuador y Colombia” (9 octubre 2012). Disponible en: https://bit.ly/2Ha9ovv  consulta realizada el 17.04.2018. Suárez, Luis. (2014). “Estados Unidos vs. Nuestra América 20 años después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. La Habana

[1] Al momento de escribir este artículo, dos personas más fueron secuestradas el 17 de abril en la región fronteriza de 1 Esmeraldas.