LA PALMA ACEITERA EN EL ECUADOR: ¿UN CULTIVO SOCIAL Y SUSTENTABLE? Por Geovanna Lasso*

Plantación de palmas de aceite en el cantón Puerto Quito, provincia Pichincha. Foto: Geovanna Lasso.

Los primeros cultivos de palma aceitera datan del año 1953 en Santo Domingo de los Tsáchilas y Quinindé, sin embargo, su expansión inicia con fuerza en los 70 y 80, momento a partir del cual no ha parado de expandirse. Actualmente, existen 319.000 hectáreas de palma aceitera a nivel nacional, se producen 577,000 toneladas, de las cuales el 39% van para el consumo nacional y el 61% se exportan.

¿Qué factores influencian esta acelerada expansión? La palma aceitera es un commodety que tiene la propiedad de ser un ‘cultivo flexible’, es decir, que puede ser utilizado para hacer distintos productos y orientado a distintos mercados: industria alimenticia humana y animal, industria no alimenticia y más recientemente, con fuerza, los biocombustibles.

En Ecuador, la propuesta de hacer biodiesel a partir de aceite de palma no se concretó, debido a su alto costo de elaboración, lo cual a diferencia de sus vecinos Colombia y Perú, no permitieron al sector expandirse gracias al mercado nacional[1]. La estrategia ante esto es expandir el mercado internacional: firmar acuerdos comerciales y buscar nuevos nichos de mercado. En este camino el Estado ha contribuido para que esta estrategia se desenvuelva.

El Estado ha jugado un papel esencial en la expansión. Durante los gobiernos anteriores a Rafael Correa, la vinculación política directa facilitó su expansión, principalmente a través de estrategias legales. En 1978 el IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización) otorgó 20,000 hectáreas en la Amazonía a dos de las empresas de palma más grandes del país: DANEC y EPACEM, 10,000 a cada una. Otro caso escandaloso fue el cambio de categoría de uso del suelo de patrimonio forestal del Estado a tierras agrícolas, para legalizar la expansión de Palmeras del Ecuador y Palmeras del Pacífico, ahora Energy&Palma, en San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas.

Durante el gobierno de Rafael Correa si bien las vinculaciones políticas directas se rompen, otra estrategia de poder estaría facilitando esta expansión a través de la ejecución de la política pública: la relación saber-poder-discurso.

Un primer impulso al sector se da a través del crédito, cuyo monto incrementa de manera importante a partir del 2007. En 20 años, entre 1986 y 2006 la Corporación Financiera Nacional (CFN) otorga al sector $10,7 millones. En cinco años, entre 2007 y 2012, este valor se multiplica por 5, otorgando $55,7 millones. Las otras políticas de apoyo al sector se enmarcan en el marco del cambio de matriz productiva, principalmente a través del Plan de Mejora Competitiva de la Palma Aceitera construido en 2014. Este Plan detalla una serie de acciones vinculadas con el tema comercial, productivo, fiscal, comunicacional, etc., que beneficiaban la expansión del sector. Si bien todas las acciones planteadas en este plan no fueron puestas en marcha durante el mencionado gobierno, el gobierno actual de Lenín Moreno retoma con fuerza.

Al poco tiempo de iniciado su mandato se firma el acuerdo interministerial No. 30 entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente. Mediante este acuerdo se crea el Comité Interinstitucional de seguimiento de Palma Sostenible, el cual tiene el rol de “liderar, promover y realizar propuestas encaminadas a fortalecer la producción de palma sostenible, que le permita al país competir en el mercado internacional presentando elevados niveles de producción con altos estándares sociales y ambientales, garantizando el bienestar económico, social y ambiental del país, incluyendo de forma prioritaria a los pequeños productores”. Para esto propone la reactivación del Plan, más beneficios fiscales para los productores[2].

A nivel de la región, desde hace algunos años la palma se ha ganado la fama de ‘cultivo redentor’. En Ecuador ha sido catalogado como un ‘cultivo social’ por integrar a una gran cantidad de pequeños y medianos productores en su cadena y por la generación de empleo. Estas dos cualidades se enmarcan en un modelo neodesarrollista que promueve el crecimiento económico a través de la inserción en el mercado internacional y plantea que la disminución de la pobreza y el hambre ocurriría mediante la promoción de la empresa privada generadora de empleo. Son principalmente estos argumentos los que justificaron que la palma aceitera fuera una de las cadenas seleccionadas para ser impulsadas en el marco de la estrategia de cambio de matriz productiva propuesta por el gobierno de Rafael Correa.

La palma aceitera también se enmarca en el discurso de la sustentabilidad, bajo el cual se cobija la propuesta de los biocombustibles como alternativa a aquellos provenientes del petróleo.  La certificación que las plantaciones de palma están obteniendo al cumplir los requisitos dispuestos por la ‘Mesa del aceite de palma sustentable’ (RSPO por sus siglas en ingles), pretenden construir la imagen de un cultivo amigable con el ambiente, que dialoga con la biodiversidad, y que se expande responsablemente. En general, la misión es forjar la idea de una actividad que privilegia lo social, que genera empleo y vela por la integración de los pequeños y medianos productores, por su sostenibilidad económica y su calidad de vida, sin dejar de lado la sustentabilidad ambiental[3]. El aporte de la palma aceitera a la soberanía alimentaria es otro discurso utilizado no solo por los gremios a nivel nacional, sino también por el Banco Mundial, bajo el justificativo de que su bajo costo permite el acceso de la población de bajos recursos.

Sin embargo, la realidad de la expansión de este cultivo no se encuentra precisamente en la línea de estos bonitos discursos. A continuación se presenta información que pretende evidenciar que la expansión de la palma aceitera y la acumulación de los grupos económicos que lideran esta cadena se han dado, y se sigue dando, a expensas de la explotación laboral, de la sustentabilidad ambiental y de la soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, a través de los negocios rurales ‘inclusivos’ están explotando indirectamente la mano de obra campesina, su tierra y sus recursos, transformando sus formas de vida, siendo esta también una manera de desterritorialización.

Principales actores de la cadena: estrategias de expansión y concentración

La explotación debido a la expansión de la palma aceitera descrito arriba no es anónima. Hay nombres y es importante entender quiénes son los actores atrás de esta expansión y quiénes son los principales beneficiarios. El sector de los aceites y grasas es uno de los sectores más concentrados y de acuerdo al Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).[4], ocho empresas concentran el 83% de las ventas: empresas como La Favorita (ahora parte del Grupo La Fabril), Ales, y Danec vienen concentrando este sector desde los años 80[5].

La concentración de recursos se da también en otras secciones de la cadena productiva. De acuerdo al gremio  de productores de palma (Ancupa) al 2014 habrían cerca de 7.000 palmicultores ocupando 280.000 hectáreas. El 63% serían pequeños productores con menos de 20 hectáreas que ocupan el 16% de la tierra, mientras que el 0,4 % serían productores de mas de 500 hectáreas y concentrarían el 18% de la tierra. Sin embargo, el nivel de concentración parece ser mayor, pues solo La Fabril, DANEC, ALES, EMPACEM y Oleana concentrarían el 21,57% (60.390 hectáreas); DANEC llevándose el premio mayor con 28.930 hectáreas.

Los mismos grupos lideran las exportaciones. A junio del 2012, La Fabril exporta el 25,10% del aceite crudo,  CIECOPALMA (Grupo Oleana) el 29,89%, DANEC el 17,67%, Industrias ALES el 4,81%, EPACEM el 13,29%[6].

De acuerdo a Ancupa, los 11 productores con predios de más de 1.000 hectáreas tendrían 35,425 hectáreas. Sin embargo, solo las cinco empresas analizadas poseen 60.390 hectáreas. Para resaltar esta contradicción, se han colocado las dos categorías por separado.

El proceso de acumulación de estos grupos económicos se ha facilitado también por la integración horizontal, la inversión de capitales nacionales y extranjeros, y la evasión de impuestos.

Con el discurso de la eficiencia atrás, la diversificación de productos también es una de las estrategias orientadas a alcanzar a una mayor variedad de consumidores: ¡Todos los gustos! ¡Todos los bolsillos! Un buen representante de esta estrategia es el grupo La Fabril, esta empresa cuenta con 32 marcas que abarcan productos alimenticios terminados para el consumo del hogar: aceites, margarinas, mantecas, aderezos, untables y coberturas; y productos para la industria alimenticia: sucedáneos del chocolate, grasas para galletería, confitería y panadería, grasas para heladería, frituras, embutidos, etc. Además, tiene una línea del cuidado del hogar: detergentes líquidos y en polvo, suavizantes, jabones y lavavajillas; y cuidado personal: jabones de tocador, pasta de dientes y cuidado capilar. 

La diversidad de sus productos está pensada no solo en abarcar variedad de necesidades, gustos y preferencias, sino también distintas capacidades adquisitivas, por lo que en prácticamente todas las tipologías existen productos de diversidad de precios. Oferta, además productos orientados a la industria alimenticia (sustitutos del chocolate, productos para galletería, confitería, heladería, frituras, panadería, todos a base de aceite de palma, soya, palmiste y girasol), alimentación animal,  industria no alimenticia e industria química, nichos para los cuales tiene cerca de 40 productos más.

Todas estas estrategias, más las que se describirán a continuación, han permitido un proceso de acumulación que han llevado a estas empresas a posicionarse dentro de los 100 grupos económicos con más ingresos en el Ecuador. Así La Fabril, DANEC e Industrias ALES ocupan los puestos 24, 34 y 53[7] respectivamente, compitiendo con los grupos económicos vinculados con la actividad petrolera, financiera, la telefonía celular y otros actores del sector agroalimentario (SRI, 2016).

¿Generación de empleo?

La acumulación de los actores antes mencionados se ha dado a través de la explotación laboral, una de las bases que permitió el surgimiento y el mantenimiento del capitalismo.

La situación de pobreza y marginalidad en muchas zonas rurales del Ecuador demanda de la generación de mucho empleo bajo condiciones de dignidad y cumpliendo con los derechos laborales de las y los trabajadores. Sin embargo, las plantaciones de palma no cumplen con estas especificidades. Por otro lado, cabe mencionar que a partir de la prohibición de la tercerización y de la Ley Laboral, avances que por desgracia ahora tambalean, las condiciones de los trabajadores permanentes mejoraron al ganar derecho a la seguridad social y al menos un salario mínimo.

¿Pero de cuántos empleos estamos hablando? ¿Por ejemplo, cuánto trabajo generan las 28,329 hectáreas pertenecientes a DANEC? El número es poco alentador, pues apenas genera 0,12 empleos por hectárea. En el cantón Puerto Quito,  de la provincia de Pichincha, el promedio de empleos permanentes por hectárea en las fincas visitadas fue de 0,07. El mayor registro, de 0,17 empleos por hectárea, se encontró en una finca de 54 hectáreas mientras el registro más bajo, de 0,01 empleos permanentes por hectárea, se encontró en una finca de 212 hectáreas, una de las más grandes.

Estudios en Quinindé también encontraron que el promedio fue de 0,2 empleos por hectárea, mientras que producciones familiares de otros cultivos con fincas entre 3 y 19 hectáreas generan entre 0,5 y 0,6 empleos[8].

Además, de los empleos permanentes, las fincas palmicultoras contratan empleados temporales. En Puerto Quito se registró un promedio de 0,19 empleos temporales por hectárea. Estos empleados se llevan la peor parte ya que el marco legal[9] que les respalda permite la firma de ‘contratos especiales’ dadas las ‘condiciones particulares del cultivo’, lo cual es sinónimo de flexibilización. Aun cuando este marco legal estipula que el pago y las horas de trabajo deberían ser acordados entre empleado y empleador,  y que los trabajadores temporales deberían tener un contrato y estar afiliados a la seguridad social, la realidad es diferente. En los casos visitados en Puerto Quito, ningún trabajador temporal estaba afiliado a la seguridad social, los pagos eran impuestos por los empleadores, quienes de acuerdo a la actividad les pagaban por día, por tonelada cosechada, por palma podada; en definitiva, de acuerdo a la productividad de su trabajo.

La situación de Puerto Quito no es, sin embargo, un caso aislado. Situaciones similares se registran en el resto de zonas palmicultoras en Esmeraldas, Los Ríos y en la Amazonía.

 ¿Encadenamiento e inclusión a qué?

Cada vez más pequeños y medianos productores se integran a la cadena productiva de la palma, principalmente a través del crédito, gracias a la política pública que facilita el financiamiento público y privado de esta actividad a nivel  nacional como internacional. El porcentaje de productores con menos de 10 hectáreas pasó de 10% en el 2001 al 42% en el 2014. Es un incremento dramático, pero no significa necesariamente que la palma aceitera sea un ‘buen negocio’ para los pequeños y medianos productores.

De acuerdo a Leslie Potter, quien investigó la situación de los pequeños productores al norte de Esmeraldas[10], existen opiniones negativas al respecto dentro de los productores de Esmeraldas, zona de alta conflictividad debido a una expansión caracterizada por la violencia, la corrupción y la expulsión de pobladores locales.

Comuneros recorren las plantaciones de palma en Puerto Quito, noroccidente de Pichincha. Foto: Geovanna Velasco.

En la zona de Puerto Quito, uno de los cantones con la mayor superficie de palma aceitera (35% de la superficie del cantón, 53% de la superficie agrícola), el buen negocio sería sobre todo para los productores que tienen más de 10 hectáreas y que tienen la capacidad económica de invertir en un manejo intensivo de suelos y plagas: técnico Ancupa y Sopalín, así como administrador Finca, observación personal.

Los pequeños productores de palma de menos de 5 hectáreas, al igual que productores de cacao con la misma cantidad de tierra, tienen que producir otros cultivos orientados al mercado y vender su mano de obra para poder satisfacer sus necesidades económicas.

La diferencia en los rendimientos entre un productor capitalizado, no dependiente de la actividad agrícola, con manejo intensivo de suelos y plagas, versus la de un productor campesino, dependiente de la actividad agrícola y la venta de su mano de obra, sin manejo, con 2 hectáreas de palma, es significativa: 74,000kg/año vs 7,500kg/año.

Por otro lado, el modo de producción intensiva del cultivo de palma, el cual tiene una vida productiva útil de 30 años, genera un proceso de perdida de fertilidad del suelo que ha sido observado en Ecuador y en otros países. Un productor capitalizado puede afrontar hasta cierto punto esta pérdida de fertilidad a través de la inversión en insumos externos, sin embargo, un pequeño productor campesino no tiene esta capacidad.

Las opciones son el endeudamiento o la venta de su tierra, como ha sucedido numerosas veces con pequeños productores que tienen que afrontar pérdidas ya sea por problemas fitosanitarios o climáticos. Si bien estos datos no permiten hacer una afirmación generalizada para todos los pequeños productores de palma, lo que sí permiten es profundizar la duda sobre el beneficio  económico de este cultivo para un sector básicamente compuesto de gente pobre y marginalizada.

¿Soberanía alimentaria?

Hay otro factor para considerarse en el debate sobre la industria palmicultora: la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria consiste en el derecho de las campesinas y campesinos, consumidoras y consumidores a diseñar y controlar su sistema agroalimentario: cómo producir, qué producir, qué consumir. La soberanía alimentaria va mucho mas allá de la capacidad de autoabastecimiento de un producto, como lo plantean los gremios palmicultores, consiste en poder autoabastecerse de una diversidad de productos sanos, nutritivos, apropiados culturalmente, que permitan generar salud en los individuos y en la sociedad. Para esto, el suelo agrícola debe estar orientado a producir esta diversidad de alimento, de manera saludable y sustentable y esta producción debe estar en manos de quien milenariamente a abastecido la alimentación de las sociedades: el campesinado.

La producción de palma aceitera atenta contra varios aspectos de la soberanía alimentaria. La expansión de los cultivos de palma aceitera han implicado el reemplazo de tierras agrícolas dedicadas a la producción diversificada de productores orientados tanto al autoabastecimiento de las y los campesinos, así como del consumo nacional. Entre 1990 y 2014, su expansión reemplazó 140,651 hectáreas de mosaico agrícola y 31.475 hectáreas de cultivos anuales y semipermanentes[11].

El mosaico agrícola es una categoría asociada con la producción campesina, caracterizada por la diversificación de sus fincas y otras prácticas productivas como la rotación de cultivos para evitar la pérdida de fertilidad de los suelos.

Su producción está orientada principalmente a su autoabastecimiento, pero también al abastecimiento nacional; su producción es una contribución directa a la soberanía alimentaria del campesinado y del país y es esto lo que se ve directamente afectado por la expansión de la palma aceitera.

Por otro lado, tanto el Banco Mundial como los gremios palmicultores recalcan que el bajo costo del aceite permite el acceso a familias de bajo recursos. Sin embargo, habría que analizar algunos aspectos antes de hablar de los impactos positivos de esta condición. Los beneficios a la salud del aceite de palma siguen siendo cuestionados dado el alto contenido de ácidos grasos, vinculado con enfermedades metabólicas;  por lo que un incremento en su uso no necesariamente constituye un beneficio para la salud de la población, en particular de la población de bajos recursos. Si esto esto verdad, las siguientes gráficas nos deberían preocupar, pues el consumo per cápita de aceite de palma se ha incrementado 2,25 veces y, efectivamente, es la población perteneciente al decil 1, la más pobre que más consume este aceite poco saludable, y que por lo tanto están más expuestos a enfermedades cardíacas y a la diabetes, las dos principales causas de muerte en Ecuador[12].

Se podría decir por tanto que el consumo y la salud de la población en general y la de escasos recursos en particular están también al servicio de la acumulación de las élites del sector de la palma.

¿Sustentabilidad ambiental?

La sustentabilidad ambiental consistiría en el imperativo de que las actividades socio-económicas no generen un impacto sobre el ambiente que impida que éste se pueda recuperar y que las futuras generaciones puedan continuar haciendo estas actividades y disfrutarlas. La conservación de los bosques juega un rol crítico en esta sustentabilidad.

Al explorar los cambios de uso del suelo que ha generado la expansión de los cultivos de aceite de palma entre 1990 y 2014, vemos que ésta ocasionó la deforestación de 61.716 hectáreas de bosque nativo. Las zonas mayormente deforestadas se encuentran al norte de la provincia de Esmeraldas, área que es parte del cordón Tumbes-Chocó-Magdalena, uno de los ‘puntos calientes’ de diversidad[13] ; y en la la Amazonía norte cuyo bosque tropical alberga también una rica diversidad biológica y cultural.

Además, de la deforestación ocasionada, su condición de monocultivo y de especie  exótica hacen que sea un cultivo que demanda un intensivo uso de plaguicidas y de fertilizantes. Para obtener la certificación del RSPO es requisito hacer un uso correcto de los productos químicos utilizados para el manejo de plagas y la fertilidad del suelo. Sin embargo, esta disposición está aún lejos de ser realidad. El uso y el mal uso de productos y de los recipientes vacíos de etiqueta roja y naranja aún son comunes en las fincas de palma aceitera, ocasionando una contaminación ambiental que afecta principalmente a las y los trabajadoras de las fincas de palma, a la población local y a la biodiversidad.

Esta contaminación esta asociada también a los residuos desechados por las extractoras de aceite. En Quinindé y Puerto Quito no son pocos los relatos que dan fe de la disminución de la diversidad y cantidad de peces… ‘ahora ya no se pesca como antes, toca estar horas sentado para conseguir unos peces pequeñitos’. Algunos pobladores del sector de Quinindé comentan que en ocasiones aparecen muchos peces muertos, flotando en la corriente, hecho que asocian con los desechos de las extractoras. Las afectaciones cutáneas después de bañarse en el río es otro testimonio común.

Un modelo económico perverso

Si los beneficios económicos para los pequeños productores y los beneficios sociales y ambientales no son tan reales como aparece en los discursos, no cabe duda que estamos inmersos en un modelo económico perverso, que bajo el imperativo del crecimiento económico como reductor de la pobreza, beneficia a unos pocos a costa de campesinos y consumidores, y a costa de la sustentabilidad ambiental, la salud de la población más vulnerable y la pérdida de seguridad alimentaria.

Sería preciso replantearse varios aspectos de este modelo que se encuentran incorporados y normalizados en el imperativo anhelo de desarrollo y progreso de la sociedad. Crecimiento económico para qué, para quién, y a costa de qué y de quiénes? Generación de empleo por la gran empresa, pero digno, de calidad, privilegiando mas bien el trabajo autónomo, digno, soberano. Replantearse estos y otros aspectos es clave para poder transitar hacia otro modelo, uno que privilegie realmente al pueblo, la sustentabilidad ambiental, la soberanía alimentaria, la equidad, la diversidad.

Es fundamental replantearse nuestro rol como consumidoras y consumidores, pues somos nosotras también, a través de nuestra compra, las que seguimos permitiendo este modelo, estos procesos de acumulación, explotación y deterioro. Es preciso re-valorar aquella frase de ‘el consumidor tiene el poder’, pues somos nosotras quienes decidimos qué y a quién comprar, qué consumos privilegiamos, qué modelo fomentamos a través de nuestro consumo.

*Geovanna Lasso. Colectivo Agroecológico del Ecuador y la investigación es parte  de la tesis que realizó para la obtención del doctorado en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona.

[1] Entrevistas técnicas Ministerio Coordinador de la Producción y Cesar Loaiza, presidente de FEDEPAL.

[2] https://bit.ly/2zp9mjG

[3] CORPEI, 2014.

[4] CDES. 2015. Participación en ventas de principales empresas agrarias y agroindustriales: 2009-2013. http://www.cdes.org.ec

[5] La Favorita el 27%; Grupo Ales el 16,6%; Oleica el 12,9% y Grupo Danec el 14,5% (Fierro 1991).

[6] Información facilitada por FEDEPAL.

[7] De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI) los ingresos del Banco del Pichincha, el cual ocupa el primer lugar de acuerdo a sus ingresos y activos, fue de $1.901 millones de dólares al 2015; los ingresos de La Fabril a este año fueron de $589,2 millones, los de Industrias ALES $461,4 millones y los de DANEC $393,8 millones. Los activos del Banco de Pichincha a este año fueron $13.432 millones, los de La Fabril $676,4 millones, los de Industrias ALES  $529,7 millones y los de DANEC $345,9 millones.

[8] Tiaguaro, Y. (2011). La industria palmícola: expansión y penetración en las economías campesinas. En: Brassel, F., Breilh, J. and Zapatta, A. (eds), Agroindustria y soberanía alimentaria: hacia una Ley de Agroindustria y empleo agrícola, pp. 57-72. SIPAE, Quito-Ecuador.

[9] Decreto No. 60, 13 de marzo, 2014. Ministerio de Relaciones Laborales.

[10] Potter, L. 2011. La industria del aceite de palma en Ecuador ¿un buen negocio para los pequeños productores? Eutopía, No. 2, 39-54.

[11] Estos valores serían subestimados, dado que el análisis entre 1990 y 2008 no se realizó al nivel nacional.

[12] ENSANUT Tomo II, 2014.

[13] CI (2011). Biodiversity hotspots: Tropical-Andes/Tumbes-Choco-Magdalena. (https://bit.ly/2m6eaBb). Accessed 3/april/2011