RACISMO, INTEGRACIÓN FALLIDA Y NEOLIBERALISMO. Por Juan Cuvi y Érika Arteaga

La Unasur se encuentra ubicada en el norte de Quito.

La crisis de UNASUR y la pluriversidad indígena ecuatoriana

 

A inicios de 1990, con el Inti Raymi, se visibilizó la presencia contundente de los pueblos y nacionalidades en todo el país. Con voz colectiva entraron pateando el tablero. Si hacemos un poco de memoria, valga la pena agradecer al movimiento indígena y campesino del Ecuador por la lucha importante para impedir la privatización de la Seguridad Social (que se dio en Perú y Colombia) o la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (que también firmaron nuestros vecinos). 


También el movimiento indígena fue el que reaccionó ante la dolarización impuesta por el gobierno de Jamil Mahuad.  Desde los años 90, dicho movimiento fue ejemplo de organización a nivel regional. Mucho antes de que los autodenominados proyectos progresistas articularan la idea de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), los pueblos indígenas del continente ya hablaron del Abya Yala: un territorio común con otros modos de vida.

En este sentido, reducir la crisis de Unasur a la disposición de un edificio en Quito es un acto de extremo simplismo político. Ese organismo regional funcionaba mejor antes de que le asignaran el mamotreto arquitectónico de la Mitad del Mundo.

En realidad, la crisis de Unasur es producto de una visión equivocada de la integración. Cuando los acuerdos entre países dependen de las agendas de los gobiernos o de los caudillos de turno, los resultados no pueden ser halagadores.  ¿Qué resultados tenemos de esa integración? Tan solo la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que aúna carreteras y moderniza ciertos sectores de la economía para integrarnos a la dinámica capitalista.  En una década, ni siquiera se pudieron concretar acuerdos decentes para la producción común de medicamentos a nivel regional. Más allá del discurso del Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud (ISAGS) a favor de los medicamentos genéricos, poco se concretó en la práctica.

Por encima de los acuerdos burocráticos, la potencia integracionista de la región radica en las coincidencias estratégicas entre pueblos. Por eso, acusar a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) de la crisis de Unasur, por la simple posibilidad de que acceda al mencionado edificio para destinarlo a una universidad, es una tontería. Equivale a responsabilizar a la brújula de la conquista de América.

Ni una ni otra cosa tienen relación. La Conaie viene luchando por constituir la universidad Amawtay Wasi (casa de la sabiduría) desde hace muchos años. Durante los diez años del correato, la persecución al movimiento indígena ecuatoriano se tradujo, entre otras medidas, en la negativa para su legalización. Fue considerada, desde el discurso del poder, como una novelería incompatible con la visión utilitaria que se impuso en la educación superior.

Nada raro si entendemos al correísmo como una estrategia claramente diseñada para neutralizar y debilitar al movimiento indígena. En efecto, desde el inicio del gobierno anterior, la ofensiva desatada en su contra tuvo que ver con la concepción que se tenía respecto del desarrollo en el Ecuador. Desde la lógica de la modernización autoritaria del capitalismo, el mundo indígena constituye un serio obstáculo, porque bloquea el control del territorio, la expansión del extractivismo y la generalización del consumo.

En ese sentido, el discurso racista que hoy enarbolan el expresidente Rafael Correa y sus más fervientes seguidores para cuestionar la decisión del presidente Moreno de revertir la donación del edificio de Unasur, va en consonancia con las políticas que aplicaron durante su administración, y que se basaron en la sistemática arremetida contra todas las organizaciones que se opusieron al saqueo de los recursos naturales. Esta resistencia estuvo encabezada por la Conaie.

Bajo el falaz argumento de que sectores sociales “atrasados” se oponían a la apropiación de la riqueza nacional por parte del Estado, el gobierno de Alianza País propició un clima de criminalización de la protesta social inédito en nuestra historia. Los mayores afectados fueron los dirigentes indígenas y los ecologistas. Desde el discurso oficial se empezó a insinuar que los pueblos indígenas, al defender sus derechos territoriales frente a la penetración de las actividades mineras y petroleras, se oponían al bienestar de la mayoría de los ciudadanos. Fue el racismo en su más refinada manifestación.

La utilización de la sede de Unasur para pensar otro tipo de universidad (Pluriversidad, como le llaman sus mentalizadores), con otro tipo de construcción del conocimiento, es solo una parte de lo que está en disputa. En términos estratégicos se trata de la defensa de otro modo de vida, así como de las resistencias a la expansión del capitalismo por desposesión.

Por ello, tampoco podemos dejar de alertar sobre los escenarios concretos que se perfilan. Entregar a la Conaie la sede de la Unasur, mientras el correísmo les arrebataba su casa, es un logro de la Conaie y un acierto de Lenín Moreno. Pero pensar que con la entrega de la sede de la Unasur se oculta la devolución de miles de millones de dólares por la mora en el pago de impuestos a la banca, a los grandes monopolios nacionales y transnacionales y a las empresas extractivistas es un sueño de perro del gobierno. Esas medidas antipopulares, al más puro estilo neoliberal, no se disimulan ni con la potencial entrega del edificio ni con la estrategia de un dialogo inocuo.

Hay que seguir pendientes de los logros de una organización histórica que tiene grandes desafíos, como la reconfiguración de otros modos de vida. Responder favorablemente a las exigencias de los pueblos indígenas no justifica la condonación de las deudas de los empresarios morosos, para colocar sobre los hombros de los sectores más empobrecidos los costos de una crisis heredada del correísmo.