DESAPARICIONES EN UN PAÍS DONDE EL ESTADO NO ESCUCHA*

Cerca de las 15:00, del sábado 21 de julio de 2018, Telmo Pacheco junto a sus familiares llegan al parque El Arbolito, norte de Quito. En sus manos sostiene dos cartelones que dicen “Cuando los derechos dejan de ser trámites ineficientes, dejan de ser humanos” “Podría ser tú, desapareser”. Estas leyendas lo escribieron hace un año para el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas que se recuerda a nivel mundial cada 30 de agosto. Un año después, la situación no ha cambiado y las familias  continúan en las calles exigiendo respuestas.

Telmo es presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y padre de Telmo Orlando, un joven ecoturista que salió de Quito hacia Loja para participar en un retiro espiritual y no regresó. El 3 de noviembre de 2011 fue desaparecido.

Ahora su padre lidera una organización y custodia las banderas,  las gigantografías y los centenares de afiches con rostros de las personas desaparecidas en Ecuador, que lo acompañan en cada macha, plantón, foros, entrevistas o conversatorios.  Son los rostros de los que no están y de los cuales no hay pistas. Sus familiares transformaron su dolor en lucha y se organizan.

Telmo Pacheco, presidente de Asfadec, en el parque El Arbolito, norte de Quito.

Poco a poco empiezan a llegar al parque, cada una llega con su afiche. Pilar Tobar abre la gigantografía con el rostro de Camilo, su hermano que desapreció el 17 de abril de 2012, en Cumbayá. 11 días después de su desaparición, la joven colombiana Carolina Garzón Ardila desaparecía en el sector de Monjas. Tres meses después, la situación se repetía, Juliana Campoverde, de 19 años, fue desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito. Este mes su madre Elizabeth Rodríguez, como cada año, organizó un evento para recordarle a la sociedad que Juliana no está. En sus manos, Elizabeth lleva una gigantografía que dice: “Juliana Campoverde: en la más intensa oscuridad, te seguimos buscando”.

Son las 16:00 y la gente se alista para iniciar la marcha, pero antes un grupo de jóvenes reparte hojas volantes con 26 consignas, otros alistan las baquetas y los tambores, mientras las personas se van aglutinando. Entre ellas, se encuentra Galo Ortega, padre de Javier, periodista secuestrado y asesinado en la frontera norte. Una cámara fotográfica cuelga de su cuello y el botón #NosFaltan3 se impregna en su camisa. A su lado está Elvia Villacís, la hermana fuerte de Óscar, que viajó a Colombia porque el Estado ecuatoriano no le daba información sobre el paradero de su hermano. Dos meses después, las autoridades colombianas informaron que encontraron el cuerpo sin vida de Óscar y Katty Velasco, la pareja de Santo Domingo de los Tsáchilas, que fue secuestrada y asesinada en frontera norte por alias ‘Guacho’.

Las marchantes arranca con cartelones azul verdoso, banderas y megáfonos por la Av. 10 de Agosto bajo la consigna “Ante la ineficiencia del Estado, nos organizamos; ante la falta de respuestas nos movilizamos; por nuestros seres queridos persistimos en la lucha, familiares y amigos de desaparecidos, sabemos que la lucha es nuestro camino”.

La tan coreada consigna de #NadieSeCansa por la la vida y dignidad de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega, periodistas de diario El Comercio, secuestrados y asesinados, que retumbó en la Plaza Grande por meses, también suena en la movilización recordando esta vez a Juliana, Telmo y Michelle. Este último nombre es nuevo en la lista.

 

 

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Michelle Montenegro, es una joven de 26 años cercana a la lucha de los familiares de personas desaparecidas que el 5 de junio de 2018 salió de su casa en el sector de la Armenia II, Valle de los Chillos, y no volvió. Desapareció.  Su hermana Jazmín organizó esta marcha junto a otros colectivos como Asfadec, Luna Roja y el Comité de Lucha contra la violencia, desapariciones y feminicidios para exigir al Estado respuestas, celeridad en las investigaciones, verdad y justicia.

Una semana antes de la marcha, en una casa del centro histórico de Quito junto a otros familiares, Jazmín pintó decenas de carteles, frases y banderas. Ella junto a su hermana luchaban por el respeto de los derechos. Ahora, Jazmín lucha por encontrarla. “Eres ejemplo de lucha, fuerza y convicción de muchos- escribe Jazmín en su cuenta de Facebook –  De los que te amamos y te estamos buscando sin descanso. Nos volveremos a abrazar, volveremos a luchar. #NosFaltaMichelle. Me faltas”.

Para atender los casos de desapariciones solo en Pichincha se creó en el 2014, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, con cinco equipos fiscales para todo el país. En septiembre de 2017, el ex fiscal Carlos Baca Mancheno dijo, en una rueda de prensa, que se abrirán 10 fiscalías más a nivel nacional, pero hoy nos enteramos que cerraron dos de las cinco fiscalías, dice Telmo Pacheco.

“Todos los días desaparece una personas y la Fiscalía cierra una de ella. Necesitamos que los policías y fiscales sean capacitados”.

Según el último reporte que Fiscalía General del Estado entregó a Asfadec, en Ecuador se registró de enero de 2013 a julio de 2015, 4402 personas desaparecidas. De ellas, el 67% corresponde a mujeres de 11 a 27 años de las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y El Oro.

Pero estas estadísticas no concuerdan con las del Ministerio del Interior, que en su portal web señala, que hasta diciembre de 2017 se registraron 1577 desapariciones. De ellas, el 45% corresponde a mujeres en las provincias con mayor incidencia: Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay e Imbabura.

Para Telmo Pacheco, hay inconsistencias en las estadísticas porque siguen contradiciéndose en sus números. “No es posible que ahora digan que más del 50% de desapariciones corresponden al gobierno de León Febres Cordero, cuando las anteriores estadísticas solo en tres años demostraban que habían miles de desaparecidos a partir del 2013, en esas estadísticas ni siquiera ingresa mi hijo”.

La falta de estadísticas reales preocupa a Asfadec, pues aseguran que conocer el número real de personas desaparecidas permitiría al gobierno no solo crear una política de investigación, búsqueda y sanción, sino también prevención para los futuros casos de desapariciones.

Cerca de las 18:00, centenares de personas llegaron a la Plaza Grande, símbolo de resistencia. Allí un pelotón de policías antimotines resguardaron el palacio de Carondelet y custodiaron a los marchantes. Los agentes de la Policía Nacional vestidos de verde también se hicieron presentes, mientras los familiares toman el megáfono para relatar su lucha diaria.

El primero en hablar fue Luis Sigcho, ex presidente de Asfadec, quien exhortó al presidente Lenín Moreno a incorporarlos en su agenda de trabajo. Le recordó que le han enviado cuatro cartas desde su candidatura presidencial y hasta ahora no reciben respuestas.  “Pido al presidente Lenín que nos reciba – dice Sigcho, mientras asegura – seguiré en la lucha por encontrar a mi hijo Luis Daniel que desapareció el 4 de octubre de 2008. Quiero encontrarlo o saber qué le paso, cada día, cada noche esperamos que golpeé la puerta e ingrese”.

Ese mismo dolor lo vive Elizabeth, “hemos venido luchando sin descansar, sin desmayar con pies firmes hasta encontrarlos. No vamos a desmayar y gritaremos al Estado que no sea indiferente ante nosotros, a ese Estado que ni siquiera nos da la cara, a un Estado que se hace de oídos sordos cuando nosotros alzamos nuestra voz, cuando nosotros gritamos los nombres de nuestros seres queridos.  No hay un Estado que nos escuche, no hay un Estado que investigue, cada vez lucharemos hasta encontrarlos. Estaremos hoy, mañana y todos los días que nos toque, gritaremos sus nombres en una sola voz”.

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Ligia Calero Ortiz es una mujer de 26 años que asistió con sus dos hijos pequeños a la marcha. Es la primera vez que lo hace. Ella tiene un hermano, Juan Carlos que desapareció el 29 de junio de 2007, cuando estaba en su casa en el sector de Conocoto, provincia Pichincha.

En aquel entonces, Ligia tenía 14 años. Recuerda que su hermano de 25 vivía a tres casas de su hogar, pero ese día él discutió con su conviviente y nunca más lo volvieron a ver. El 15 agosto de ese mismo año presentaron la denuncia en la Policía Judicial. “Mi papá tuvo que endeudarse para que el agente venga a tomar fotos, nos tocaba pagarle la movilización y el diario, pero luego nos dijeron que el caso no iba más”.

Ligia Calero busca a su hermano Juan Carlos desaparecido hace 7 años. Foto: Codivefemen

“Durante cinco años mi padre lo buscó, pero no encontró pista alguna. La ausencia de Juan Carlos le dolía mucho”, dice Ligia quien desde hace dos años retomó la investigación. Visitó casas de salud y hospitales psiquiátricos e intento reabrir el caso, pero no pudo. El expediente ni la denuncia existían.

En enero de 2018, colocó nuevamente la denuncia por desaparición de su hermano. “Yo empecé a buscarlo de nuevo para darle paz a mi papá. Él se acuerda de mi hermano y se sienta a llorar. También quiero darme paz a mí mismo, saber qué pasó. Solo se fue a tres casas de la mía y no sabemos más, quiero que mis sobrinas conozcan a su papá, que lo vean”.

Han pasado 7 años, un mes de la desaparición de Juan Carlos y su familia asegura que no se fue por su propia voluntad, sino que algo le ocurrió. “Cuando desapareció, yo tenía 14 años recuerdo que era tranquilo, le gustaba jugar futbol, trotar y sobre todo le quería mucho a mi papá –dice Ligia –  Es el primer hijo de cuatro hijos. Era el único varón, era el apoyo de mi papá que nos crío solo a los cuatro. Yo no creo que Juan Carlos se haya ido pos su propia voluntad, él no pudo dejarle solo a mi papá”.

Su argumento también se basa en que durante este tiempo Juan Carlos no registro movimientos migratorios ni  renovó su licencia de conducir, lo que le permitía generar ingresos económico, pues él os era chofer y manejaba maquinaria pesada, en ese entonces.

Seis meses han pasado desde la segunda denuncia y  todavía no tienen pista alguna, pero Ligia maneja una hipótesis: Juan Carlos no salió de casa, algo le pasó allí. En una versión, una de las implicadas, la dueña de casa donde vivía él, dijo que  golpeó al joven con la escoba en la cabeza, mientras que otra aseguró que el golpe fue en la cadera.

Ligia pide que se allané la casa, se escave y  se tomen las versiones, quiere estar segura de que su hermano no está allí, pero el agente no solicita esta diligencia. Por esta razón, Ligia cada día que puede sale de su trabajo a las 16:10 y toma un bus con dirección a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas (Dinased), en el sector de San Carlos, norte de Quito. Su travesía dura 1 hora con 45 minutos y apenas alcanza hablar con el agente policial, quien asegura que se encuentra en otro caso.

“Cuando llegó, le digo sargento no se me vaya,  cómo va el caso – dice Ligia

–  Él me dice, seño no venga llámeme

– Pero si yendo no hay resultado, peor solo llamando”.

También, aclara que a diferencia de antes, ahora la Dinased les ayuda, pero no como quisieran,  “a veces nos toca esperar hasta que nos llamé, son seis meses y no tengo mayor información del caso ni de las pruebas que me hicieron para ver si los cuerpos de 2007 a la actualidad corresponden a mi hermano”, precisa Ligia.

*Redacción Lalíneadefuego