ESTOS INDESEABLES VENEZOLANOS. Por Luis Ángel Saavedra

Miembros del "Colectivo Unidos Somos Más" realizaron un plantón en los exteriores de la Unidad Judicial de Quito. Foto: Dennis de la Cruz.

Crónica 1

Hasta hace unos cuarenta años la calle Bahía de Caráquez, que conectaba el cementerio de San Diego con los Dos Puentes y La Mascota, (esquina con la Rodrigo de Chávez), era una serpentina con unas pocas casas y jardines frontales. Por ahí se llegaba a la Magdalena y El Pintado, últimos centros poblados de un Quito que iba creciendo apresuradamente.

La construcción de los túneles de San Juan, El Tejar y San Diego, que nacieron en una tesis de grado con la que Bolívar Arteaga se graduó de ingeniero en la Universidad Central del Ecuador, cambió el paisaje y la vida de esta calle; pasó a llamarse Avenida Mariscal Sucre y se la asfaltó sin ampliar su ancho. Con el asfalto la Bahía de Caráquez empezó a morir, sus habitantes abandonaron las casas conforme morían los jardines bajo la oleada de smog que provocó el tránsito que, a paso de tortuga, une el sur y el norte de Quito.

Ahora, unas feas construcciones de hormigón armado alzadas después de la construcción de los túneles mueren también junto a las casas señoriales que han perdido su esplendor y se han convertido en tugurios en donde viven familias de escasos recursos que no pueden darse el lujo de vivir en un mejor barrio. El paisaje es gris.

Entre los Dos Puentes y la Rodrigo de Chávez sobrevive una pequeña tienda, una vidriería, una talabartería y una mecánica de motos; se junta a ellos una iglesia evangélica nueva, unos condominios de departamentos y un restaurante que se protege de la contaminación con una puerta de vidrio. Estos negocios deben vencer al humo de los buses y camiones que suben forzando sus motores por la lentitud a la que deben ir debido a la congestión vehicular. Todos los demás locales estaban cerrados, con candados enmohecidos y puertas que parecen ser parte de un horno de cremaciones.

De pronto una de estas puertas se abrió, las paredes se pintaron con esmaltes de colores y una máquina de helados apareció en un pequeño cuarto. Al mismo tiempo dos jóvenes mujeres con camisetas vino tinto zigzagueaban entre los autos detenidos y vendían helados a cincuenta centavos. Un joven hacía de enlace entre la máquina y las jóvenes que se quedaban sin el producto. Chupar un helado en medio de la congestión sin duda era muy gratificante.

La demanda creció y en pocas semanas se abrieron otros locales con paredes verdes, naranjas, moradas, blancas; a los helados se juntó más helados y un local de pristiños con miel, típico de Quito, un local de jugos, uno de roscas de dulce y otro de espumilla, algo también típico de Quito, solo que ésta se la presentaba en una especie de paleta de pintor llena de conos protegidos con un cucurucho de plástico para evitar la contaminación.

Venezolanas y venezolanos fueron los que dieron vida al barrio y los dueños de casa empezaron a especular con los arriendos de locales que nunca se pudieron arrendar.

Todo iba bien hasta cuando una despistada venezolana presentadora de televisión aseguró que los ecuatorianos éramos indios y feos. Las chicas venezolanas desaparecieron y los locales cerraron para evitar confrontaciones con conductores dolidos; pero a los dos días reaparecieron portando una camiseta con los colores de nuestra bandera y la frase “Gracias Ecuador por apoyarnos”. Se pasó por alto el desliz de la despistada presentadora y todos volvieron a comprar helados a este escuadrón de chicas que se movían entre los autos como si estuviesen sobre patines. Pero vino otro golpe, esta vez dado por la construcción del Metro de Quito y las ordenanzas del Municipio de Quito sobre las ventas informales.

La esquina de la Rodrigo de Chávez y la Mariscal Sucre fue cerrada para dar paso a la construcción del Metro, se eliminaron los semáforos y se desvió gran parte del tráfico. Algunos de los locales venezolanos sobreviven y otros han cerrado prometiendo reabrirlos cuando se abra nuevamente la vía y vuelvan los semáforos. Los dueños de casa los esperan de vuelta, pues ya se acostumbraron a los nuevos ingresos que cayeron como del cielo por intermedio de estos indeseables venezolanos.

Crónica 2

Miércoles 22 de agosto de 2018, en horas de la tarde.

La jueza Judith Naranjo, de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, da inicio a una audiencia para conocer el pedido de medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo que exige al gobierno dé marcha atrás en su decisión de pedir pasaporte a la ciudadanía venezolana que ingresa al país. Gina Benavides, defensora del Pueblo, argumenta que este decreto presidencial violenta la Constitución y los derechos humanos. Los abogados del gobierno piden a la jueza suspender esta audiencia porque no han tenido tiempo suficiente para preparar la defensa del Estado.

A ver, a ver… ¿Cómo es que dicen? ¿Que no han tenido tiempo para elaborar la defensa? Entonces ¿cómo se emitió el decreto? Se supone que un decreto se emite con la suficiente argumentación jurídica para demostrar su legalidad. Si la defensa del Estado dice que no ha tenido tiempo para argumentar, quiere decir que el decreto se emitió a tontas y ciegas, solo por una necesidad política o por distraer a la población del debate que generaron las medidas económicas impuestas por el gobierno, pues casi paralelamente se anunció la subida del precio de la gasolina y la eliminación de puestos de trabajo en el Estado. La jueza, condolida con la viveza gubernamental, pospuso la audiencia para el viernes 24, en la mañana.

Mientras la sorpresa cundía en la sala, en los exteriores del edificio judicial se presentaba una sorpresa adicional. El grupo denominado “Colectivo Unidos Somos Más” apoyaba la decisión gubernamental de solicitar el pasaporte y pedía la cabeza de la Defensora del Pueblo.

Otro grupo de personas en los exteriores de la Unidad Judicial exigían que se respete su derecho a la libre movilidad. Foto: Dennis de la Cruz

A ver, a ver… ¿Colectivo Unidos Somos Más es que dicen ser? Pero… ¿No son los mismos que apoyaron a Jorge Glas para evitar el juicio político y gritaban en los exteriores de los juzgados en donde se lo procesaba por corrupto? ¿No son los mismos que se aglutinaron en las afueras de los juzgados en donde se juzgó a los perseguidos políticos en la época del correato? ¿No es que era la fuerza de choque de Correa? Es admirable la capacidad camaleónica de este colectivo de los ponchos negros.

Según ellos el desempleo es culpa de los venezolanos, la inseguridad es culpa de los venezolanos, la delincuencia es culpa de los venezolanos. Al parecer nuestros delincuentes criollos se han ido de vacaciones y han dejado en manos venezolanas la activación de todas las fechorías habidas y por haber.

La escena se repitió el día viernes hasta cuando la jueza Naranjo emitió su pronunciamiento dando la razón a la Defensoría del Pueblo y aceptando la medida cautelar a favor de suspender el pasaporte para el ingreso de personas venezolanas al Ecuador.

El Colectivo Unidos Somos Más insistió en sus consignas pidiendo la defenestración de Gina Benavides como defensora del Pueblo, yendo más allá de la defensa del pasaporte como requisito de ingreso al país para las personas venezolanas. Entonces surge la pregunta sobre la verdadera agenda de este colectivo, ahora en manos del gobierno de Lenín Moreno. ¿La defensora del Pueblo estorba y ya colmó la paciencia del gobierno al haberse puesto realmente de lado del pueblo y activar una serie de mecanismos que defienden los derechos en todos los niveles, incluyendo las afectaciones provocadas por los grandes mega proyectos? Si ya colmó al gobierno, es mérito suficiente para buscar que Gina Benavides se convierta en defensora titular y pueda seguir defendiendo incluso a los extranjeros que vienen a nuestro país.

Pero lo más grave de este día fue que, ni bien se dio la decisión judicial, se activaron en las redes sociales una serie de insultos e incluso amenazas de muerte en contra de la Defensora, al puro estilo de la década anterior. Parece que al fin y al cabo los troles y los violentos son serviciales aún para este gobierno.

La cereza del pastel vino en la noche con la emisión de un nuevo decreto, el 244 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana donde se dispone que las personas venezolanas que deseen ingresar al país deben presentar un certificado que garantice la validez de la cédula de identidad. ¿Es un chiste? Muchos creímos que la Cancillería en manos de José Valencia se alejaría de las payasadas correístas, pero parece que debemos empezar a creer lo contrario. El Decreto 244, a más de ser ilegal y desacatar la decisión judicial, simplemente es imposible de cumplir; es como si usted va con diarrea al baño y le dicen no hay papel, vaya compre en el supermercado y regrese. Realmente la cagaron.