MEDIDAS ECONÓMICAS AL REVÉS. Por Eduardo Ruilova Quezada*

El Banco de Guayaquil es una de las empresas privadas que adeudan al Estado ecuatoriano. Foto: Metro - Ecuador.

Lenín Moreno Garcés haciéndose el que no sabe, el inocente, el recién llegado, el que no ha sido ni es parte de este proyecto de gobierno capitalista, que lo construyen desde el año 2007, de la mano con el Movimiento Alianza País (lista 35) y su binomio inicial, Rafael Correa como presidente, y usted como vicepresidente de la República, continuándolo hoy como primer Mandatario, en la misma ruta del endeudamiento al país, entregando los puertos marítimos, concesionando carreteras, subastando minas y petróleo a corporaciones transnacionales chinas, norteamericanas y canadienses.

En compañía de Eduardo Jurado Bejar, secretario general de la Presidencia de la República y ex ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca encargado, en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano -2001, y del economista Richard Martínez Alvarado, ministro de Economía y Finanzas, ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano -2015-2018 y ex presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción -2014-2018, anunciaron un paquete de medidas económicas que perjudica a la denominada clase media y a los sectores pobres de la ciudad y el campo.

Con sus ministros, como demagogo populista (igualito al anterior), ante las cámaras de televisión aparecen en camisa, tomando el nombre de los pobres, vestidos como ellos, aparentando humildad, expresan paternalistamente que los protegen, que velan y velarán por sus intereses, finge una vez más gobernar para ellos, sin inmutarse, en su cara, argumentan que la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal” y el paquete de medidas económicas no los afectan ni los afectarán; palabras huecas, porque saben que a la larga sí terminaran perjudicándoles.

Si fuera por lo menos una verdad parcial, ¿porque aumentan el Bono de Desarrollo Humano (BDH) hasta 100 dólares a 53.000 adultos mayores y devuelven el Bono a 100.000 familias, solo para su llamada restitución necesitan 72’360.000 de dólares? Dicen que no habrá pobreza, pero quieren contentar y engañar a la población de escasos recursos económicos entregándoles uniformes y útiles escolares de manera.

El presidente Moreno y el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez Alvarado, manifestaron que mediante los mecanismos de fusión, de delegación entregarán empresas públicas como: TAME-EP, CNT-EP y Correos del Ecuador, a la empresa privada nacional o internacional para que las administren, con lo cual tendrán un  ahorro de 350 millones de dólares al año.

TAME-EP está considera por la World Airlines Awards como la segunda compañía dentro de las Mejores Aerolíneas Regionales de Sudamérica y en el sexto puesto en la categoría de Mejores Aerolíneas de Sudamérica. La World Airlines Awards, es reconocida internacionalmente por sus investigaciones en aeronáutica y tiene su sede en Reino Unido.

La aerolínea cuando fue administrada por los militares y antes de convertirse en empresa pública tuvo utilidades de hasta 5 millones de dólares y luego de abril de 2011 al convertirse TAME en Empresa Pública comenzó el fracaso porque el gobierno anterior le obligó a cubrir rutas nacionales con poca demanda de pasajeros, subsidiando sus vuelos nacionales, la duplicación del personal de 960 empleados pasó a más de 1.500, sumado a ello, la deuda por más de 40 millones de dólares por parte del gobierno venezolano.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT-EP), en el año 2016-2017, facturó por ventas más de 1.000 millones de dólares y por utilidades obtuvieron 221 millones de dólares y un patrimonio que bordea los 1.900 millones de dólares.

Correos del Ecuador, en el año 2015 tuvo ingresos de alrededor de 31.16 millones de dólares y es una de las empresas públicas más utilizadas por los microempresarios y los denominados emprendedores; dispone de un patrimonio de 27’440.058,41 de dólares. El anuncio de  venta o delegación de estas empresas es la cascarita que pone el gobierno con el objetivo de ver la reacción de los ecuatorianos con respecto a otras privatizaciones.

Como la venta de la Empresa de transporte marítimo de hidrocarburos y otros recursos naturales (FLOPEC-EP), esta compañía pública tiene 52 buques de los cuales 7 son de su propiedad, 4 en sociedad y los 41 son alquilados, en su mayoría son para transportar petróleo crudo (exportación) y refinado (importación de diésel nafta, en el 2016 transportarán gas sin costo para el Estado), cifras dadas por Danilo Moreno Oleas, gerente de EP-FLOPEC, demuestran su alta rentabilidad, en el año 2015 obtuvieron “ingresos por $ 538 millones y utilidades de $ 120 millones”, en “el año 2014 obtuvo ingresos por la suma de 437,20” millones de dólares, en el año 2016 alcanzaron los “605,20” millones de dólares o la Cemento Nacional.

Los portavoces de la continuidad privatizadora han expresado que la entrega del patrimonio nacional lo realizará mediante mecanismos de fusión o delegación, sin expresar el significado jurídico de cada una de ellas, peor las leyes a aplicarse, por razones de espacio citaremos:

La Ley de Modernización del Estado, en su Capítulo V, sobre la desmonopolización de servicios públicos a la iniciativa privada, artículo 41 faculta la “Delegación” y dice: “El Estado podrá delegar a empresas mixtas o privadas la prestación de servicios públicos de agua potable, riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, servicio postal u otras de naturaleza similar. La participación de las empresas mixtas o privadas se hará mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionario o de cualquier otra forma contractual o ‘administrativa’ de acuerdo con la ley. (…) La exploración y explotación de los recursos no renovables cuya propiedad inalienable e imprescriptible pertenece al Estado, podrá hacerse  a través de empresas públicas, mixtas o privadas”.

El artículo 42 de la misma ley, describe sobre los “Procedimientos” y apunta que “Los procesos de desmonopolización, privatización y  delegación  previstos  en  esta  ley  se realizarán mediante los siguientes procedimientos: a) La reestructuración administrativa y reforma financiera de aquellas entidades e instituciones de derecho público que deban permanecer como parte del Estado, incluyendo la reforma de sus directorios, cambio de su adscripción, nombre y ejercicio de competencias; y, b) La  delegación total o parcial, o la transferencia definitiva al sector privado, de la gestión que desarrollan…”.

Mientras que el artículo 43 de la misma ley dice: Modalidades.- Los procesos a que se refiere el artículo que antecede, se llevarán  a  cabo  por  medio  de una o más de las siguientes modalidades:

  1. a) Aporte total o parcial al capital de sociedades por acciones;
  2. b) Arrendamiento mercantil “o negocios fiduciarios”;
  3. c) Concesión de uso, de servicio público o de obra pública, licencia, permiso u otras figuras jurídicas reconocidas por el derecho administrativo; v
  4. d) Venta;
  5. d) Transformación,  fusión,  escisión  y liquidación de empresas estatales o mixtas; y,
  6. e) Cualquier otra modalidad que mediante Decreto determine el Ejecutivo y que este amparada por la Ley ecuatoriana”.

La Constitución Política del Ecuador en su artículo 313, dice: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.

Se consideran sectores estratégicos: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la Ley”.

En las disposiciones reformatorias ordena se reforme el Código de la Producción, en artículo 24 luego del numeral 3, se agregue lo siguiente: “Para proyectos públicos ejecutados en asociaciones público-privada: Las inversiones que se realicen en el contexto de la ejecución de proyectos públicos en la modalidad de asociación público-privada podrán obtener las exenciones al impuesto a la renta, al impuesto a la salida de divisas, a los tributos al comercio exterior y más beneficios previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno…”.

A estos beneficios adjúntese, la Disposición Reformatoria Segunda, numeral 3 de la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 652,  de 18 de diciembre del 2015, en el cual podemos observar una vez más los favoritismos a lo privado de este gobierno que se jacta de revolucionario, pero que en realidad por todos los medios posibles privilegia a las transnacionales, leamos lo que dispone “La Ley de Régimen Tributario Interno, en su artículo 9.3.- dice: Exoneración del impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada.- Las sociedades que se creen o estructuren en el Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada (“APP”), gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante el plazo de diez años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales establecidos dentro del objeto de la APP, de conformidad con el plan económico financiero agregado al contrato de gestión delegada, siempre que el proyecto se realice en uno de los sectores priorizados por el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas y cumplan con los requisitos fijados en la ley que regula la aplicación de los incentivos de las APP.

Están exentos del impuesto a la renta durante el plazo de diez años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen los ingresos operacionales establecidos dentro del objeto de la APP, los dividendos o utilidades que las sociedades que se constituyan en el Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en APP, paguen a sus socios o beneficiarios, cualquiera sea su domicilio”.

Es decir, no pagarán ningún tipo de impuestos durante el tiempo de permanencia en el país, no importa la cantidad de dinero que obtengan como utilidad por sus inversiones realizadas, lo único que interesa al gobierno es que invierta la empresa privada nacional o extranjera; ello, demostrará al mundo de que en los denominados gobiernos progresistas existe un marco jurídico adecuado para invertir y que el Estado y gobierno garantizan la salida de sus inversiones en el momento que los dueños del capital decidan hacerlo.

Mediante la aplicación de la ley de Alianzas Público-Privadas (APP), el gobierno entregará los recursos a empresas privadas nacionales, extranjeras o mixtas para que exploten, construyan, fabriquen, den mantenimiento, previa aceptación del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, del cual los delegados del Estado tienen mayoría absoluta y todas las atribuciones para decidir a quién se entrega tal o cual proyecto u obra, mientras que la empresa privada queda como convidado de piedra y sumiso ejecutor de obras porque no tiene ni voz ni voto en el Comité Interinstitucional.

Así lo dispone la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas, que en su artículo 5 dice: “De los Miembros del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas. El Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas estará conformado por los siguientes miembros con voz y voto: 5.1. La máxima autoridad de la entidad coordinadora de la producción, empleo y competitividad o su delegado permanente, quien lo presidirá; 5.2. La máxima autoridad de la entidad coordinadora de la política económica o su delegado permanente; y, 5.3. La máxima autoridad de la planificación nacional o su delegado permanente. Participarán en las sesiones del Comité Interinstitucional, con voz pero sin voto, la máxima autoridad de la entidad pública promotora del proyecto de asociación público-privada o su delegado; y, la máxima autoridad del Servicio de Rentas Internas o su delegado permanente”.

Será que la burguesía empresarial-financiera-comercial, de pronto se volvió sumisa y acepte la humillante atribución con la finalidad de recibir jugosos contratos, grandes proyectos, que incluyen diseños, mantenimiento, construcción, obras de infraestructura y por servicios, que por su magnitud son muy rentables en el tiempo, la inversión debe ser recuperada o pagada por el Estado o mediante peajes, tasas, entregadas para su administración y mantenimiento durante un determinado período de tiempo: 10, 20, 30 años hasta que ellos determinen o crean, que han recuperado su inversión y obtenido una utilidad aceptable.

El andamiaje jurídico descrito constituye parte sustancial para ejecutar las privatizaciones de las empresas públicas rentables del país, luego de haber realizado el Estado ecuatoriano una fuerte inversión económica, de la cual ni siquiera se han preocupado en recuperarla por lo menos con una mínima propuesta económica a la empresa privada; ocultando momentáneamente los costos reales de cada obra, al declararlas de seguridad nacional o mediante cláusulas de confidencialidad, subterfugios con los cuales esconden los sobreprecios y la corrupción. ¿Será por ello que los contratistas privados han aceptado “humildemente” la exclusión del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas?, que como viejos cucos de la política y la economía, saben que después de poco tiempo, terminarán poniendo y determinando todo tipo de condiciones al Estado para la ejecución de obras o proyectos.

También se ha planteado la eliminación paulatina de los subsidios a todos los combustibles, por ello, la convocatoria  a los movimientos sociales y “sociedad civil” para convencerlos, ponerse de acuerdo y buscar una salida juntos a la crisis económica. Burda maniobra con la cual quieren hacerles cómplices del proyecto neoliberal implementado por el ex presidente Rafael Correa Delgado, con el empleo de prácticas autoritarias para con los opositores, sectores sociales medios y/o de escasos recursos económicos y benévolas con la burguesía comercial-financiera-industrial, a las que las calificaba como de pelucones y continuada por usted con la finalidad de cerrar el círculo neoliberal en el Ecuador.

Con seguridad la concertación nacional que crearán desde el Estado en previo acuerdo con los representantes de la burguesía comercial-financiera-empresarial atrincheradas en sus Cámaras de la Producción, de la Construcción y de Comercio intentarán utilizarlos como burro píes a los trabajadores de la ciudad y el campo, movimientos sociales, barriales, populares de mujeres, de jóvenes para que viabilicen -previa conformación de una comisión- la venta o delegación  del patrimonio nacional, aplicando la propuesta neoliberal de las Alianzas Público-Privadas, que en buen cristiano significa privatizar el patrimonio nacional. No está por demás decirlo, pero deben oponerse tenaz, franca y heroicamente a tamaño despropósito antinacional, demostrando personalidad, honradez, dignidad y un claro compromiso de los bienes de la patria y con los pobres de la patria.

Muy suelto de huesos manifestó, el desinformado presidente Moreno, que recién se entera de la entrega de contratos al dedo por la suma de 18.000 millones de dólares, ocasionando un perjuicio al Estado de 1.400 millones de dólares, razón por la cual prohíbe la contratación directa. Disfrazando un tono enérgico, dijo que ha prohibido toda contratación mediante la utilización de esos mecanismos, pero no mencionó una reforma por lo menos parcial al sistema de compras públicas.

Moreno dijo que entregará créditos por 1.300 millones de dólares para el desarrollo del país, de los cuales 800 millones van destinados la construcción de viviendas a través de las Cámaras de la Construcción, con dicho ofrecimiento se continuará con las construcción de las 350.000 viviendas que ofreció en su campaña electoral, es decir, pone en marcha su “Plan Toda una Vida” y su “Misión Casa para Todos”. Cabe recalcar que de acuerdo al artículo 31 de la ley, que quienes realicen este tipo de obras y sean calificadas como de interés social, no pagarán el impuesto a la renta.

Ha dicho que entregará $200 millones a los agricultores para el desarrollo del campo y que solucionen sus deudas que mantenían con el anterior Banco del Fomento hoy BanEcuador; lamentablemente como siempre suele suceder, los beneficiarios resultan ser los agricultores  y ganaderos que disponen de grandes extensiones de tierra, mientras que los pequeños y medianos casi no son parte de esa distribución económica. 225 millones de créditos para la micro y pequeña empresa, pero se le olvidó decir en qué áreas de la producción se destinará esa inversión.

La Ley de Fomento Productivo permitirá obtener 9.000 millones de dólares para inversiones en los 4 años provenientes y de 114 empresas más de 60 mil empleos por año, que invertirán el alimentos, servicios industria inmobiliarios, comercio, tecnología. Todo esto permitirá llegar hasta el 2021 a un equilibrio fiscal y reducir  el déficit fiscal global, esto encausara la reducción del nivel de endeudamiento. Los inversionistas privados estarán exentos del pago del impuesto a la renta  por lapso de entre 8 y 15 años desde el año en que empiecen a generar ingresos, de acuerdo al artículo 26 de la ley.

Los llamados gobernantes

No son más que administradores desde el Estado y de los intereses de los dueños del capital  nacional y transnacional generando y reformando leyes, reglamentos y transitorias, pretextando la caducidad de las mismas y la necesidad de actualizarlas o modernizarlas para “una buena marcha del país”; pero, en realidad lo que hacen es garantizarles que sus ganancias se incremente cada vez más y que no sean tocadas ni un solo centavo; para eso está la cacareada renovación de la estructura jurídica, mediante la sujeción a las leyes o a través de la represión policial o militar, la obligación del Estado es custodiar al gran capital, bajo el argumento de la seguridad jurídica y el prestigio internacional.

Una pequeñísima muestra de lo manifestado está en la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, elaborada con ahínco por los empleados de la burguesía comercial-financiera-empresarial, desde el poder del Estado (Ejecutivo y Legislativo) asegurándoles su capital, el no pago de intereses, multas, porque su obligación es no hacerles perder ni un solo centavo, todo lo contrario tienen que asegurarles más ganancias, garantizarles que sus capitales salgan del país sin pagar ni un solo centavo de impuestos. Con dicha ley se aseguraron que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sea eliminado, lo que significa para ellos, el “ahorro” de 1.004’884.470 de dólares.

Previa la argumentación de la crisis económica, de la necesidad del dinero para cubrir la crisis fiscal, aprobaron la ley ya mencionada, en la cual de manera cínica plantean en el artículo primero el perdón, el no cobro de sus deudas, reflejada en grandes e importante sumas de dinero obtenidas por sus empresas, fábricas o negocios a través de la oferta y demanda con la población.

Para alcanzar ese vergonzoso perdón económico y el no pago de algo más de 4.000 millones de dólares según el Servicio de Rentas Internas (SRI), sus empleados políticos desde Carondelet y la Asamblea Nacional en su justificación protectora al patrón burgués, les redactaron el artículo Primero: “Remisión de Intereses, Multas y Recargos.- Se dispone la remisión del 100% de sus intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias o fiscales internas cuya administración y/o recaudación le corresponde únicamente al SRI conforme los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y las resoluciones que para el efecto emita el Servicio de Rentas Internas…”.

Para aparentar que ellos no son los únicos deudores y para que la población no se indigne, hicieron creer a los ecuatorianos que de aquella ley se benefician también 6.500 estudiantes que obtuvieron crédito público para sus estudios en el extranjero, ofertados por el ex director de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), el mandamás René Ramírez Gallegos, y ex presidente Rafael Correa, no les cumplieron ni con el pago peor con el empleo; por eso no pueden pagarlos y lo que hacen los enquistados en el poder de manera fraudulenta, según declaraciones de Eduardo Mangas, es cancelar compromisos incumplidos por el gobierno anterior: en cuanto a la limpieza del historial de crédito de los 300.000 deudores del ex BNF (hoy Banecuador), es una práctica común de cada gobierno, beneficiar a los propietarios de grandes extensiones de tierra, a nombre de salvar los intereses económicos de los pequeños propietarios de parcelas.

Hábilmente los empleados del gran capital, enquistados en el poder político, no dicen que los grandes grupos económicos del Ecuador y la transnacionales extranjeras, especialmente chinas, son las que deben algo más de 4.000 millones de dólares y que se niegan a pagarlos; según la página web del SRI, existen 1777 juicios para recuperar el dinero, la cuantía en litigio es de 2.107 millones de dólares, mientras que la denominada cartera (juicios) suspendidos llega a los 3.389 millones de dólares.

Según el SRI, en corte económico realizado el 17 de julio del 2018, 223 grupos económicos adeudan al Estado ecuatoriano 2.516.323.917 dólares, cantidad a la que se deben sumar multas e intereses que alcanzan otros 2.000 millones de dólares. Esa es la cifra que los benévolos y samaritanos gobernantes, revolucionarios y protectores del gran capital perdonan, regalan a sus jefes: la burguesía comercial-financiera empresarial del Ecuador y a las corporaciones transnacionales, en perjuicio de los pobres de la patria.

Citaremos los primeros 25 grupos económicos que más adeudan:

GRUPO OCP                                                    1.180’606.449

GRUPO NOBOA                                              170’460.828

AGIP OIL ECUADOR                                       142’619.463

MOVISTAR                                                       91’136.634

GRUPO ELJURI                                                77’308.368

GRUPO ARCA ECUADOR                                  61’574.182

GRUPO DANEC                                                47’968.034

GRUPO REYBANPAC                                       45’227.473

GRUPO BANCO PICHINCHA                            44’891.152

GRUPO HERDOIZA CRESPO                            44’131.664

EMPRESAS SALICA                                          36’782.171

GRUPO EDIMCA                                               34’888.148

GRUPO PRODUBANCO                                     33’394.388

GRUPO BANCO DE GUAYAQUIL                       27’193.519

EMPRESAS PETROBELL                                   24’721.803

TELCONET                                                        19’742.103

GRUPO THE TESALIA SPRINGS COMPANY       19’659.987

GRUPO FUTURO                                               18’939.930

QUICENTRO SHOPPING                                    17’788.363

BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES  16’254.488

GRUPO GENERAL MOTORS                                15’970.457

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ECUADOR  15’205.959

GRUPO COMANDATO                                             14’962.689

CONSERVAS ISABEL                                             14’107.310

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECH

DEL ECUADOR CNODE                                           13’924.068

¿Con esta sucinta descripción ¿creen ustedes que la ley favorece a los pobres y a la clase media del Ecuador?

* Estudió Sociología en la Universidad de Cuenca; realizó un curso de Educación Política en la Escuela “Julio Antonio Mella” de la Habana Cuba, ha participado en seminarios nacionales e internacionales. Militó en el Socialismo 35 años, fue scretario general y presidente provincial del Partido Socialista Ecuatoriano, entre otras organizaciones sociales.