CASO CHEVRON: RESOLUCIÓN ARBITRAL ES INAPLICABLE EN ECUADOR. Por UDAPT*

Las personas afectadas nunca fueron parte del proceso de arbitraje internacional entre el Estado ecuatoriano y Chevron. Foto: Chevron - Texaco

Una vez que ha sido conocido el laudo arbitral del Juicio que la petrolera Chevron siguió en contra del Estado ecuatoriano, conocido como Chevron III, los miembros de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (Udapt) dieron a conocer que no es la primera vez que este Tribunal Arbitral emite órdenes que no es posible acatar, intentando detener el proceso contra Chevron.

Las Corte ecuatorianas ya se ha pronunciado al respecto, estableciendo que el más alto deber del Estado, aún por encima de las obligaciones internacionales en materia comercial, está en garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales. Por este motivo este nuevo laudo es igualmente inaplicable en contra de los demandantes ecuatorianos.

Pablo Fajardo, abogado de los indígenas y colonos ecuatorianos que ganaron el juicio privado en contra de la petrolera, explicó que un tribunal arbitral no puede obligar a un Estado a violar la norma constitucional, irrespetar la independencia de funciones y poner en riesgo las garantías constitucionales y legales que protegen los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos.

Sostiene que es inadmisible que un Tribunal de Arbitraje ordene a un Estado que deje sin efecto una sentencia dictada dentro de un proceso judicial entre particulares y que ha sido ratificada por todas las instancias judiciales. Este dictamen a todas luces atenta contra la soberanía del Estado, la independencia judicial y, sobre todo, antepone supuestos intereses de “inversionistas” por encima de los derechos humanos de los pobladores que en este caso fueron afectados por décadas de contaminación deliberada. Esto resulta inaceptable para cualquier jurisdicción en el mundo, pues sus sistemas judiciales se verían reducidos a ser simplemente tribunales inferiores en relación a los de arbitraje.

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Willian Lucitante, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, ratificó que durante más de 25 años les ha sido negada la justicia, incluso por el propio Estado ecuatoriano, que, en múltiples ocasiones, a través de gobernantes, ministros, jueces y funcionarios, han cedido a las presiones de la petrolera y entorpecido la marcha del juicio, lo que explica que esta lucha lleva ya un cuarto de siglo.

Recordó que existen docenas de evidencias de estas participaciones, que han sido incorporadas al juicio y han merecido denuncias públicas. En cuanto al contenido del laudo, para Lucitante resulta contradictorio que a pesar de que el tribunal de arbitraje reconoce no tener competencia para analizar el fondo del litigio, que el daño es real y que los afectados están en el legítimo derecho de buscar justicia, sostenga que el Ecuador le ha negado la posibilidad de un juicio justo a Chevron.

El caso Chevron III siempre fue un mecanismo de chantaje utilizado por la transnacional sobre los gobiernos ecuatorianos para procurar su injerencia en un litigio privado, en el que el Estado no debía incidir de manera alguna. La principal demanda interpuesta por Chevron pretende exigir al gobierno ecuatoriano que interceda ante sus propias cortes (violando la independencia judicial) para obtener la nulidad de la sentencia en su contra, aún a sabiendas que eso es inconstitucional.

Al ser el arbitraje un litigio entre la petrolera y el Estado ecuatoriano, los afectados ecuatorianos nunca fueron parte del proceso que resulta en este laudo arbitral. Del mismo modo, el Estado nunca fue parte del juicio privado contra Chevron, por lo que está claro que tampoco ahora puede involucrarse de manera alguna, ni para impedir la ejecución de la sentencia y mucho menos para decretar su anulación. Hacerlo sería una clara violación de derechos humanos, como el acceso a la justicia y a ser juzgado por un juez independiente.

El vocero de la la organización recordó que la Constitución del Ecuador establece que el más alto deber del Estado es garantizar los derechos humanos, por lo que anuncia que recurrirá de manera inmediata al Sistema Interamericano, al Tribunal Andino, ante las Naciones Unidas y otros paneles internacionales, para denunciar al Gobierno del Ecuador si es que decide anteponer las obligaciones emanantes del Laudo por encima de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Lo que le corresponde al Estado ahora, es ejercer una defensa técnica utilizando los fuertes argumentos legales que respaldan la posición de Ecuador en este arbitraje. Recordó el abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, que este laudo arbitral responde al Tratado Bilateral de Inversiones que fue aplicado de manera retroactiva para este caso, lo que invalida de manera inmediata su aplicación. Recordó que Chevron abandonó el Ecuador en 1992 y que el Acuerdo para Protección de Inversiones fue firmado en 1997. “La única excusa para que exista este arbitraje es la negociación y firma de un contrato para la supuesta remediación de las zonas contaminadas, negociado por Alberto Dahik y Sixto Durán Ballén”, añadió el abogado, a la vez que enfatizó que ha quedado demostrado que esta remediación fue totalmente fraudulenta.

Lucitante también se mostró preocupado por las evidencias de actuales negociaciones existentes entre el gobierno de Ecuador y el de Norteamérica, en donde se ha puesto como punto principal de negociación este caso privado, como lo explicó en su momento el propio ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana.

Para los miembros de la Udapt, lo que ha ocurrido ahora con este caso enciende las alarmas cuando se ha vuelto a hablar de la necesidad de revivir los tratados bilaterales para la supuesta protección de inversiones, pero que sirven para proteger precisamente a las transnacionales que comenten graves violaciones a los derechos humanos. A través de su vocero, los indígenas y colonos, miembros de la Udapt, hacen un llamado al Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, y al Presidente de la República a defender la soberanía nacional, la independencia de la función judicial de la que tanto se ha hablado y, por encima de todo, garantizar la plena vigencia de la Constitución y la prevalencia de los derechos humanos de los ecuatorianos por encima de mal logradas obligaciones en materia comercial internacional.

* Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (Udapt).