MUJERES RURALES Y EMPODERAMIENTO: LA IMPORTANCIA DE LA TIERRA COMO ACTIVO PRODUCTIVO. Por Jonathan Báez*

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Una de las condiciones necesarias para que la igualdad económica de las mujeres tenga lugar es la posibilidad de que tengan decisión.[1] A su vez, uno de los mecanismos que permiten dicha toma de decisión es la propiedad y control que estas posean sobre los activos productivos[2].

En el caso de las mujeres rurales, la propiedad de la tierra se convierte en uno de los principales activos que posibilitan el ejercicio de decisión. Es decir, el tener control sobre sus vidas, definiendo actividades y construyendo su propio camino. En otras palabras, el proceso de empoderamiento. Por lo tanto, es necesario preguntarse ¿Cómo poseer la propiedad de la tierra incide en las decisiones económicas del hogar? Por lo tanto, en el empoderamiento.

Para las mujeres rurales, la propiedad del activo tierra es una de las condiciones potenciales para que la decisión pueda darse. El debate acerca de cómo entender el empoderamiento de la mujer posee una larga trayectoria, tanto teórica como política. En ese sentido, desde una perspectiva teórica se comprende al empoderamiento como la mejora de capacidades para acceder a las distintas dimensiones del desarrollo (Duflo 2011).

Por otro lado, la esfera política (feminista) lo entiende como un proceso que altera las estructuras que subordinan a las mujeres en la sociedad. (Young 1993). De esa manera, es necesario definir al empoderamiento tanto desde la teoría como en la práctica. Así, siguiendo a Rowlands, se entenderá como el “potencial para ser utilizado en la planeación del desarrollo de manera que garantice que las necesidades de las mujeres sean abordadas” (León 1997, 22). Por lo tanto, la relación entre propiedad y decisiones de la tierra será la forma en que se operacionalice la noción de empoderamiento económico.

La posesión de un activo permite una serie de condiciones favorables para el empoderamiento. Por un lado, la propiedad de la tierra permite la participación activa en la conducción de lo agrícola (Deere and Twyman 2014) y por otro, la posesión misma de un activo, cualquiera que este fuera, permite tener un respaldo para un evento no previsto (enfermedad, catástrofes, etc). Como indica Deere (2011) siguiendo a Agarwal: “entre los elementos que constituyen la posición de resguardo de la persona están (…) su propiedad y control de activos.” (Deere 2011, 93). De esa manera, analizar la relación entre propiedad y decisiones es un elemento analíticamente importante para determinar el empoderamiento económico de las mujeres rurales.

En términos históricos, el contexto en el que se desenvuelve las posibilidades del acceso a tierra depende de varios factores: mercado, la familia, comunidad, la posición que el Estado posee en cada país, etc. De esa manera, la legislación de la distribución de la tierra es una arista importante a ser considerada. En ese sentido resalta el rol del Estado como agente redistribuidor de la tierra a través de lo que se conoce como reformas agrarias. Existen dos momentos de las reformas, las que se dieron con los procesos revolucionarios (México: 1910; Bolivia: 1950; Cuba: 1959) y las que se dieron como respuesta para contener las explosiones de los movimientos sociales en la búsqueda de tierra (proceso conocido como Alianza para el Progreso). Este último promovió reformas agrarias pero que más bien fueron procesos de colonización y no de afectación de grandes propiedades. De esa manera se dieron las condiciones que culminaron con el periodo neoliberal.

No obstante, durante las últimas décadas en América Latina se dio lo que se conoce como el ciclo de los gobiernos progresistas (Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador) que recuperaron las consignas de un Estado redistribuidor y, en materia de tierra se trató de realizar políticas que permitieran su acceso. En este contexto, se profundizó el derecho de la tierra por parte de las mujeres, sobre todo por parte de los movimientos sociales que interpelan al Estado en ese sentido. Lo que se cuestionó fue que en toda la historia de las reformas agrarias se tuvo un claro sesgo de género hacia los hombres. Es decir, que no benefició a las mujeres (Deere 2017). Por consiguiente, durante el ciclo de los gobiernos progresistas se han realizado avances importantes sobre todo en materia de “regularización de la tenencia de la tierra” (Deere 2017, 31). Este es el caso de Ecuador y el gobierno de Rafael Correa que, a través del Plan de Fomento de Acceso a Tierras, intentó legalizar los títulos de propiedad de las personas.

El Plan de Fomento de Acceso a Tierras de los productores familiares o Plan Tierras es el proyecto estatal emblemático en materia de tierras. Desde su inicio en el año 2009, se propuso intervenir en alrededor de 2 millones y medio de hectáreas improductivas propiedad del Estado.[3] En sus inicios, los ejes fundamentales de esta política fueron: distribución y titulación de predios estatales; titulación de territorios indígenas, creación de un Fondo de Tierras, expropiación de tierras en áreas priorizadas, sistema de catastro de tierras rurales, consolidación parcelaria, nueva legislación agraria y mecanismos de control de fragmentación y reconcentración.

En el periodo 2010-2015 se entregaron cerca de 26 084,16 has a 77 asociaciones que agrupan a 5 511 productores a nivel nacional.[4] (Torres, Báez and Maldonado 2017, 82). Sin embargo, existe un limitado número de estudios que reflexionan sobre el proceso de propiedad y legalización de estas tierras (Martínez 2014; Torres, Báez and Maldonado 2017). Y sobre todo no existe información disponible de si estos productores son hombres o mujeres. De esa manera, las diferencias de género en el proceso de legalización de los títulos de las tierras en estas asociaciones son inexistentes, así como su impacto en las mujeres rurales. Por consiguiente, existe una ausencia de evidencia empírica de si la legalización de la propiedad de la tierra ha incidido y de qué en las decisiones, por tanto, en el empoderamiento. Esto plantea una línea de estudios para futuras investigaciones sobre la legalización de un activo productivo y el Plan tierras es un estudio de caso interesante para tales propósitos.

* Contenido publicado originalmente en: ISIP

Bibliografía

Deere, Carmen Diana. “Tierra y autonomía económica de la mujer rural: avances y desafíos para la investigación.” In Tierra de mujeres. Reflexiones sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en América Latina, by Patricia Costas, 39-69. La Paz: Fundación Tierra y International Land Coalition, 2011.

Deere, Carmen Diana. “Women’s land rights, rural social movements and the state in the 21st-century Latin American agrarian reforms.” Journal of Agrarian Change, no. 17 (2017): 258-278.

Deere, Carmen Diana, and Jennifer Twyman. “¿Quién toma las decisiones agrícolas? Mujeres propietarias en Ecuador.” no. 11 (2014).

Duflo, Esther. “Women’s Empowerment and Economic Development .” Journal of Economic Literature 4, no. 50 (2011): 51-79.

León, Magdalena. “El empoderamiento en la teoría y práctica del feminismo.” In Poder y empoderamiento de las mujeres, by Magdalena León, 1-26. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas, 1997.

Torres, Nataly, Jonathan Báez, and Paola Maldonado. Tendencias en la estructura agraria, inequidad rural y derecho a la alimentación y nutrición en el Ecuador post-neoliberal. Quito: Artes Gráficas Silva, 2017.

Young, Kate. “El potencial transformador en las necesidades prácticas: Empoderamiento colectivo y el proceso de planificación.” In Poder y empoderamiento de las mujeres, by Magdalena León, 99-118. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas, 1993.

 

[1] Según Batliwala “las decisiones que confieren el poder sobre se toman con relación a bienes y recursos, que pueden ser materiales (físicos, financieros, de tierra, de agua, del cuerpo o del trabajo), intelectuales (conductas, información e ideas) o ideológicos (creencias, valores y actitudes).” (León 1997, 17).

[2] Entendidos como “Las propiedades y bienes de las personas que tengan valor, más los ahorros e inversiones monetarias, además de las deudas por cobrar.” (Habitus 2010, 7).

[3] Se trata de extensiones de tierra incautadas por la Agencia de Garantía y Depósitos a los propietarios de bancos, como resultado del feriado bancario ecuatoriano. Este hecho se refiere a la quiebra de los bancos a nivel nacional, lo que resultó en el congelamiento de los depósitas de las personas y que determinó una de las peores crisis finacieras del país.

[4] El Plan Tierras ha beneficiado en mayor medida a productores de la región Costa. Cerca del 82% del total de hectáreas entregadas dentro del Plan se han destinado a las provincias de Guayas, El Oro y Los Ríos.