CASO CHEVRON: SENTENCIAS JUSTAS Y LAUDO NULO. Por Raúl Moscoso Álvarez

Decenas de personas de la provincia de Sucumbíos afectados por Chevron llegaron a Quito para reunirse con la Procuraduría General del Estado.

Con el laudo parcial en el juicio arbitral internacional seguido por Chevron en contra de Ecuador, inscrito en una estrategia de chantaje al país, los damnificados por las prácticas sociales y ambientales empleadas por Texaco en la actividad petrolera desarrollada en nuestra Amazonía han sido burlados.

La solidaridad hace que este agravio efectuado a estas personas y comunidades fraternas, así como el atentado a la integridad ecológica de nuestro territorio (sentido lato: agua, aire, suelo, subsuelo, flora, fauna, belleza paisajística y por cierto la comunidad humana) nos duela a todos.

La transnacional inicua no hará, por voluntad propia, la reparación integral de los afectados por la violación a sus derechos fundamentales, como la salud y el derecho, individual y colectivo, de vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, ni procederá buenamente a restaurar el enorme daño causado a la naturaleza.

La enorme petrolera ha empleado todos los medios, jurídicos, políticos y mediáticos, algunos, nada santos, para descalificar los fallos de los jueces ordinarios (primera, segunda y casación) y constitucionales ecuatorianos, a los abogados de los demandantes y al perito que ponderó los daños causados. Texaco contaminó y Chevron absorbió a aquélla, asumiendo tanto los activos como sus pasivos, que incluía los contingentes derivados de los litigios pendientes en el Ecuador.

Se ha servido de un ex juez venal, Alberto Guerra Bastidas, presidente de la Corte Superior de Sucumbíos que conoció la demanda y fue pagado por Chevrón con sueldo y residencia para su familia, en los Estados Unidos. En ese lugar se desempeñó como testigo de cargo  en los litigios que lleva en el exterior para evitar la ejecución de la sentencia de los jueces ecuatorianos y en el arbitraje internacional que sigue en contra del Ecuador  (Chevron III).

Indujo a que las inspecciones judiciales en Sucumbíos se realicen en los lugares de menor contaminación. Quiso aplastar a los jueces de Lago Agrio con miles y miles de hojas, con el afán de someterlos, confundirlos y dilatar el fallo. Buscó doblarlos o comprarlos y, ante todo, ganar tiempo. Convenció a los árbitros del tribunal de La Haya (no se trata de magistrados permanentes de la Corte Internacional de la Haya) de que la sentencia elaborada por la parte actora, cuyo texto habría sido introducido, vía flash memory, en la computadora del presidente de la Corte Provincial Superior de Justicia de Sucumbíos que dictó la sentencia adversa a la petrolera, en primera instancia. Por este infundio es que el laudo arbitral parcial determina que el Estado ecuatoriano es responsable de denegación de justicia y dispone que anule la sentencia condenatoria proferida por la justicia nacional y que deja en libertad para que los damnificados inicien demandas individuales para obtener la reparación de sus derechos. Mucha audacia de este tribunal ilegítimo que se atreve a ordenar la anulación del proceso en el Ecuador y sobra de descaro, definir cómo las víctimas pueden demandar y deben hacer valer sus derechos en contra de su protegida.  Lo que pretendió obtener de la Corte Constitucional, como reparación integral, es lo mismo que ha ordenado el laudo arbitral parcial que haga el Estado ecuatoriano, parece copia de lo pretendido por la petrolera.

Además, no sé qué hizo ni cómo Chevron para convencer al Tribunal Arbitral de su competencia para conocer sobre una inversión concluida, muchos años antes de la celebración del tratado bilateral de garantía y fomento de las inversiones celebrado entre el Ecuador y los Estados Unidos de América.  Ahora sabemos que  gracias al informe de dos peritos estadounidenses, uno designado por el gobierno norteamericano, no hubo tal chuqui seven, fue introducido en la computadora de juez Nicolas Zambrano con el texto redactado por la parte actora. Por otra lado, también se tiene grabaciones que recogen el intento inútil de un abogado de Chevron de nacionalidad cubana-norteamericana, que intento comprar a Zambrano, presidente de la Corte de Sucumbíos.

El pueblo ecuatoriano y muy especialmente los gobernantes, políticos y juristas deben enterarse de las travesuras de Chevron. Muchos abogados ingenuos y otros, ingeniosos defensores encubiertos de esta petrolera, dados a expertos de cuyos santos nombres no quiero acordarme, acogidos reiteradamente por medios de comunicación colectiva, de muy alta cobertura y credibilidad, deben entender lo que en puridad ha sucedido dentro y fuera   del proceso llevado en la primera y segunda instancias en Sucumbíos, y en el recurso de casación, Corte Nacional de Justicia.

Sorprende el fallo de Corte Constitucional, luego de una mora de cuatro años en resolver la acción extraordinaria de protección formulada por la Chevron. No menos sorpresivo, el laudo arbitral internacional proferido días después del fallo de la Corte Constitucional que niega la acción extraordinaria de protección formulada por la poderosa petrolera.   Los abogados encubiertos de Chevron, sobre todo uno, de manera reiterada, han irrogado injurias muy graves en contra de la defensa técnica de los damnificados y han lesionado la honra de Pablo Fajado, uno de los pocos colegas por quién pondría mis manos al fuego.

Es hora de que todos los ecuatorianos, indignados hagamos causa común con las víctimas de la contaminación causada por la Texaco-Chevron,  que actuemos en distintos foros, espacios y tiempos de manera inteligente, convencidos de nuestra verdad y con las mejores armas de la persuasión para convencer a los países en donde existen bienes de la Chevron a que acaten el fallo condenatorio y embarguen sus activos para cubrir el monto de la indemnización.

Es el momento que los abogados críticos (tanto los ingenuos como los ingeniosos defensores de lo foráneo) de los fallos de nuestros jueces y de los abogados de los damnificados guarden de aquí en adelante un prudente silencio.

Si Chevron tuviese conciencia social y ambiental corporativa debería sentarse con sus víctimas y arribar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Es una disputa en distintos frentes. Va mas allá de lo jurídico. La bronca es, además, política, mediática y de movilización social.

Debemos, sin embargo, manejar bien los tiempos. Tenemos que buscar y asegurarnos  que los jueces ordinarios de Holanda declaren nulo el laudo arbitral, por incompetencia del Tribunal Arbitral Internacional Ad-hoc, que hace responsable al Ecuador y le condena a pagar una indemnización, cuyo monto lo sabremos cuando el Tribunal Arbitral Internacional que conoció el caso Chevron III, haya dictado el laudo que recoge la determinación de su monto.

Litigar contra un adversario ultra poderoso no es cosa fácil. Dispone de una enorme capacidad para ganar cualquier litigio, a las buenas o a las malas. Buenos abogados y abundantes recursos para influir, con estímulos positivos y negativos, al mejor estilo de Don Corleone, sobre jueces, gobernantes y personajes con incidencia determinante en la opinión pública nacional e internacional. Le apoya su embajada. Se ha llegado al absurdo de considerar, por parte de algunos miembros del gabinete ministerial, que la aplicación de la sentencia proferida por el juez ecuatoriano contra Chevron constituye una ofensa en contra del país de origen de esta trasnacional y una fuente de inseguridad jurídica de las inversiones extranjeras directas.

¡Esta lid no la debemos perder! ¡Nuestra determinación colectiva y la solidaridad internacional de la sociedad civil de otros países, unida a la defensa técnica de los mejores juristas ecuatorianos, de conciencia honrada, abatirán a tan imponente adversaria! ¡La justicia nos asiste!

A la Procuraduría General del Estado le corresponde resistir el chantaje y jugar un papel eficaz en la defensa del Estado, de los damnificados y de la integridad cualitativa de nuestro territorio amazónico. La ejecución en el exterior de las sentencias de nuestros jueces que condenan a Chevron no tienen por qué afectar a Ecuador ni el laudo arbitral a dos tiempos (responsabilidad y cuantía de la indemnización) perjudicar a las víctimas, medio ambiente incluido, que ganaron el litigio en las cortes de Justicia del Ecuador, que es el foro que Texaco escogió para evitar una inminente condena ante los jueces americanos. Aun cuando no tendría una incidencia visible en el ánimo de los jueces holandeses, el abogado del Estado debe declarar “urbi et orbi” que el laudo arbitral completo es nulo, que además es inaplicable y que la concesión graciosa para que las víctimas, demanden individualmente a Chevrons es una burla y un insulto a las víctimas. Tendrían que presentar miles de demandas individuales frente a una adversaria descomunal.

Ojo con la adopción de la reforma del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) relacionada a la introducción del recurso de revisión, pues los abogados descubiertos y encubiertos de Chevron podrían emplearlo para anular los fallos en su contra en el Ecuador.