MARCHA POR EL AGUA Y LA VIDA. Por Ileana Almeida*     

Miles de personas llegaron a Quito para exigir al presidente Lenín Moreno que no de pase a los proyectos extractivistas en Ecuador. Foto: cortesía Al Grano.

La preocupación y la responsabilidad de las organizaciones sociales en relación a las políticas del Estado se ponen una  vez más de manifiesto en la  marcha Por el Agua y la Vida, que vino desde el sur del país y fue convocada por la Ecuarunari  y la Conaie.

Los movimientos sociales se han hecho cargo de los reclamos que la sociedad esperaría que lo hicieran los partidos políticos y otros sectores críticos del gobierno actual. Hay muchas razones para protestar: la creciente actividad del narcotráfico en el país, casos interminables de corrupción, impunidad, la  paralización de la Asamblea, las  burocráticas prácticas judiciales.

En la orientación del desarrollo económico hay evidentes falencias: la desprotección de la naturaleza y la falta de atención a los pueblos de las zonas más pobres. La planificación educacional no protege a las culturas y lenguas indígenas en peligro de desaparecer.  Las pequeñas, pero activas comunidades indígenas, han sido olvidadas aunque todavía constan en el mapa del Ecuador.

La enérgica actitud de los pueblos indígenas, ecologistas y sectores populares pone especial énfasis en la catástrofe ecológica y humana que se cierne sobre el medio ambiente y los pueblos de la Amazonía, especialmente  los que se mantienen en aislamiento voluntario, que son grupos del pueblo  waorani.

La acelerada expansión de las compañías mineras y petroleras, nacionales y transnacionales encubierta por las clases dominantes, conlleva una política irresponsable, antiética y atentatoria  contra la diversidad de la vida en nuestro país. Los cambios que se operan en el medio natural tienen que ver sobre todo con el destino del  agua. La explotación de esas empresas contamina el suelo con aguas residuales, como ocurre en países vecinos; se cierran las posibilidades de una economía equilibrada y justa para toda la población y en primer término para los sectores más necesitados.

La marcha también se orienta a la defensa de las  pequeñas comunidades indígenas que tienden a desaparecer por la propia lógica del mercado, pero también por el olvido y desinterés de los gobiernos, a pesar de que siguen siendo la garantía de la pluralidad cultural, de la soberanía alimentaria y de la democracia. Por esto se pide atención y autonomía para la Educación Intercultural Bilingüe y para la reactivación agropecuaria, pues la propia tierra parece gritar: ¡Ya no puedo más!

Los reclamantes, cuyas demandas constituyen un programa político real y objetivo, basado en sólidos cimientos democráticos proponen soluciones inmediatas y esperan respuestas fiables a sus aspiraciones. Pero también exigen que se acabe de una vez por todas con el encubrimiento de los manejos tramposos del correísmo y que se descarte para siempre su nefasta política fundada en la corrupción y el oportunismo.

*Filóloga