LA LEY DE COMUNICACIÓN Y EL SECTOR AUDIOVISUAL Por Juan Martín Cueva*

“El gobierno pretende convencernos de que la ley fracasó cuando en realidad fue boicoteada por su propio reglamento y por una interpretación controladora que se le dio en su primer período de vigencia”.

 

 

24 de enero 2019

A menudo, el sector de la cultura ha dado la impresión de manifestarse solo cuando hay una amenaza de disminución de los fondos destinados a desarrollar sus proyectos. Por eso entusiasma la movilización que se ha sentido en estas semanas en torno a temas como el machismo y la violencia de género, la cultura patriarcal y la xenofobia, o también las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Ninguno de esos temas tiene que ver directamente con el quehacer de gestores y artistas, pero son de extrema relevancia para generar un ambiente democrático, laico, progresista y abierto a las diversidades, y eso, evidentemente, es parte del campo de lo cultural.

Respecto a la Ley de Comunicación, y sea cual sea el resultado (no se puede ser muy optimista, viendo el alcance y la incidencia real que ha tenido el famoso diálogo gubernamental con actores sociales), estos pronunciamientos indican una maduración política del sector. Todas las asociaciones y colectivos del audiovisual se han opuesto activamente a la derogación del artículo 98 de la ley, han hecho oír su voz y han logrado posicionar, así sea solo en una parte de la opinión pública y de ciertos actores legislativos, temas mucho más complejos que una simple reducción presupuestaria.

En cinco años de vigencia, el artículo 98, que dispone la prohibición de importar piezas publicitarias, ha logrado fortalecer la industria audiovisual, ha generado oportunidades laborales para miles de técnicos y artistas, que no pueden subsistir solo con su actividad en el cine, la música o las artes escénicas y deben trabajar también en publicidad. El desarrollo de la industria publicitaria permite que esos profesionales adquieran mayor experiencia y mejore el equipamiento técnico disponible en el país, además de dinamizar a un sinnúmero de empresas y actividades encadenadas con la producción publicitaria. En estos aspectos, no hay duda de que el efecto de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación ha sido positivo.

Las reformas y derogatorias propuestas entran en contradicción con el espíritu de otras leyes vigentes y con la propia Constitución. La Ley de Cultura, por ejemplo, establece la obligación que tiene el Estado de invertir recursos y dotarse de mecanismos e instituciones de fomento a la producción, incentivo para las prácticas artísticas y estímulo a la mejor circulación de bienes y servicios culturales. El Estado estaría perjudicando a una actividad que está obligado a apoyar. Es tan absurdo en lo económico, en lo político y lo social, que es lícito preguntarse a qué sector se quiere favorecer.

La sección VI de la LOC, sobre la producción nacional, dispone cuotas de pantalla y de programación radiofónica, y establece formas de relación a través de las cuales el movimiento económico de los medios de comunicación masiva debe estimular la producción y circulación de contenidos independientes e interculturales. En lugar de reconocer que ahí hubo un problema de reglamentación deficiente, que limitó el impacto positivo posible, las reformas del Ejecutivo reducen la exigencia y renuncian a unas metas absolutamente necesarias para una sociedad en estos ámbitos. El gobierno pretende convencernos de que la ley fracasó cuando en realidad fue boicoteada por su propio reglamento y por una interpretación controladora que se le dio en su primer período de vigencia. Las reformas no apuntan a desmontar ese espíritu contrario a las libertades de expresión y de prensa, sino a una voluntad de desregulación, privatización y apertura total al mercado.

*  Director Escuela de Cine UARTES en Artes Audiovisuales y ex  Viceministro Ministerio de Cultura y Patrimonio