EL ÚNICO LEGADO DE LENÍN MORENO. Por Juan Cuvi*

Cosejo de Participación Ciudadana en funciones. Foto: Flikr

¿Votaría usted por un candidato a alcalde cuyo slogan de campaña sea “voy a administrar la ciudad”? Probablemente no, porque en política la obviedad no constituye mérito alguno. Al contrario, refleja una total ausencia de iniciativa y creatividad.

No obstante, en los spots publicitarios de la campaña, una cantidad interminable de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) definitivo están anclados en dos obviedades: luchar contra la corrupción y promover la participación ciudadana. De acuerdo con las normas y principios de dicho organismo, es lo mínimo que deberán hacer si son elegidos.

Lo que las próximas elecciones están reconfirmando es la impertinencia y la inviabilidad del CPCCS. Si durante los diez años del correato actuó como un simple adminículo del Ejecutivo, hoy puede convertirse en un auténtico manicomio. ¿Podrán siete personas escogidas al azar definir un objetivo coherente respecto de la institucionalidad nacional y, de paso, abrogarse la representación de todo un pueblo?

Que la intención de Julio César Trujillo de eliminar el CPCCS no haya prosperado no significa que no tenga vigencia. Intereses y cálculos de toda índole conspiraron en contra de la eventual consulta popular a la que se quiso someter esta propuesta y que, en principio, contaba con la aprobación del Primer Mandatario. Sin embargo, este objetivo sigue siendo determinante para la democracia.

Del mismo modo que la participación ciudadana no puede estar desligada de la movilización social, la lucha contra la corrupción no puede darse al margen de la acción colectiva. Restringir estos dos derechos universales a la circunscripción de un reducido organismo estatal es la mejor estrategia para desnaturalizarlos. O, peor aún, para confinarlos dentro de la maraña de la burocracia pública.

Lo mismo ocurrirá con la flamante Secretaría Anticorrupción, empezando por su titular. Iván Granda fue un acérrimo correísta, hoy converso. Con tales características, es muy difícil que responda a las expectativas de la enorme masa de ecuatorianos que quieren el esclarecimiento de los casos de corrupción que involucran a sus antiguos conmilitones de Alianza País.

La masividad es la única estrategia efectiva para combatir la corrupción. Muchos ojos impiden los acuerdos reservados entre unos pocos. Tal como ocurre con el juicio contra el Chapo Guzmán: la sala está abierta al público; por lo tanto, lo que allí se decida es de dominio público (valga la redundancia). Aquí, en cambio, se hacen acuerdos con testaferros a espaldas de la ciudadanía y de las autoridades de control, prevalidos de la condición especial de funcionarios de alto rango. De ese modo, la puerta queda abierta para la discrecionalidad y la opacidad.

Que Lenín Moreno convoque hoy a una consulta popular resulta temerario (por no decir suicida). Con su credibilidad a la baja y con una inocultable imagen de agotamiento personal y político, difícilmente conseguirá el apoyo ciudadano. Pero si lo hace de salida, más como un compromiso con el país que como una jugarreta política, podría tener éxito. Eliminar el CPCCS con el apoyo ciudadano sería su mejor – y tal vez su único– legado.