SE NOS VIENEN CON TODO. Por Luis Ángel Saavedra*

Protestas en contra de las medidas económicas se desarrollaron en Cotopaxi. Hubo detenidos por horas y heridos. Foto:Conaie.

Se están preparando los garrotes. Esto se puede deducir de las últimas declaraciones públicas de Juan Sebastián Roldán y María Paula Romo. Tal parece que los ajustes que se nos vienen van a necesitar de la ayuda policial y judicial.

Cada vez que puede, Roldán repite en televisión la muletilla de siempre, que las medidas económicas son necesarias y que ahora sí vamos por el buen camino; pero ahora añadió algo más. Por el día del amor y la amistad, en Teleamazonas, Roldán dijo que la protesta será procesada cómo se debe, que los empleados públicos que protesten en horas laborales serán despedidos con visto bueno, que los que paralicen las calles serán enjuiciados porque la calle es un servicio público que no debe ser parado. Roldán actualizó el discurso correísta, régimen del cual ya fue parte, y sabemos lo que pasó entonces.

Doña Paula por su parte, también advirtió que cualquier protesta debe tener los permisos correspondientes y que se juzgaría cualquier violación de la ley. Esto les dijo a los taxistas, aunque cuando era catedrática hablaba de criminalización de la protesta social, pero María Paula ha dado también un paso adelante; no solo ha desvirtuado las dudas que provocó en las filas policiales su presencia en el Ministerio de Gobierno, sino que ha decidido hacer parte del espíritu de cuerpo policial, hacer la vista a un lado cuando se cuestiona el accionar policial, y más aún, refutar ciertas denuncias contra policías.

Lo de Mascarilla, en donde hay varios elementos que dan cuenta de que pudo ser una ejecución extrajudicial; lo de Ibarra, en donde se develó que hay policías que nunca han hecho una práctica de tiro; lo del sargento Clímaco Cañar, muerto en Machala, del cual se comenta que no tenía balas para enfrentar al delincuente que lo asesinó: todo esto configuró el escenario perfecto para emprender una profunda reforma policial, en capacitación y en dotación de pertrechos. Pero se ha preferido echar la culpa a los delincuentes, venezolanos en especial, y se ha cerrado filas con la policía, pues, como ya se dijo, parece que se la va a necesitar en los próximos días.

La construcción de una justicia independiente también parece que fue una jugada maestra de la derecha al poner figuras apreciadas por los movimientos sociales, pero manteniendo la mayoría para asegurar la votación final. ¿Cómo va a responder la nueva Corte Constitucional ante la medida cautelar realizada por el gobierno para frenar la consulta popular en el cantón Girón, Azuay? Los habitantes de este cantón lograron que el Consejo Nacional Electoral apruebe una consulta popular para saber si sus habitantes están de acuerdo o no con la extracción minera de Kimsacocha. El gobierno puso una medida cautelar para frenar esta consulta, pero fue rechazada en primera instancia. Las apelaciones finalmente llegarán a la Corte Constitucional y será la prueba de fuego para saber la alineación final ¿ganarán los pro derechos? ¿o ganará la derecha? ¿o pondrán esta acción a la cola, detrás de los dieciocho mil y tantas causas pendientes para olvidarse de ella.

Por otra parte, después de los casi trompones que protagonizaron los viejos zorros de la justicia que lograron enquistarse en el Consejo de la Judicatura Transitorio cuando se los increpó por mantener los mismos procedimientos de la vieja justicia, se ha llegado a nombrar ya al Consejo de la Judicatura definitivo y su composición ha despertado sospechas en los sectores sociales de base, pues parece que la justicia solo pasó de una mano a otra.

La vieja derecha, enquistada ya en la justicia, entró pateando a quienes quisieron juzgarles por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y decidieron eliminar tres fiscalías de la llamada Comisión de la Verdad. Doña Ruth Palacios aún no sabe cómo explicar esta decisión que a la larga dejará en la impunidad decenas de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura que se estaban investigando en estas fiscalías.

Las fuerzas de la derecha han vuelto, y han vuelto con todo, no solo en el círculo íntimo de la presidencia que acuerdan nuevos endeudamientos y la venta de los bienes públicos, como Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT); sino que ya mandan a hacer decretos que luego el Presidente tiene que pedir que por favor retrocedan, como en eso de los intereses de las tarjetas de crédito.

CNT es una empresa en marcha y se la quiere vender, perdón, diré “concesionar”, para que no me manden a rectificar como hizo doña Paula con El Comercio con relación a lo de Mascarilla y la policía. La pregunta que salta a primera es por qué se ensañan con las empresas rentables.

Para que sea más rentable y los nuevos dueños no se vean tan malos, primero el gobierno debe hacer el trabajo sucio: botar empleados. Como dice Roldán, botarlos porque Claro y Movistar tienen menos empleados y son más eficientes. Si son más eficientes, ¿por qué Claro cobra en Ecuador tres veces más por el mismo servicio que presta en Argentina o en México?  Si son tan eficientes, por qué no pagan un justo valor por el uso del espectro radioeléctrico del que somos dueños todos los ecuatorianos y ecuatorianas

La noticia de que mandarán a la calle a unos tantos miles de servidores públicos coincide con la noticia de que el Fondo Monetario Internacional efectivamente está hablando con el gobierno ecuatoriano. ¿Coincidencia?

Entonces congraciarse con la policía es necesario para Doña Paula, pues ya mismo salen los trabajadores a las calles para defender las empresas públicas, y probablemente les sigan los de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)  cuando se den cuenta de que han sido timados con los diálogos, en los que incluso llegaron a firmar un acuerdo con el Consejo de la Judicatura, relacionado al ejercicio de la justicia indígena, pero que no tiene fecha y va a ser válido por cinco años, pero… ¿desde cuándo?

** (Tabacundo – Ecuador, 1961). Poeta, periodista y activista de derechos humanos y desmilitarización.  Actualmente es coordinador ejecutivo de Inredh y corresponsal de varias revistas internacionales especializada en derechos y geopolítica.