LOS MILLENNIALS COMO EXCUSA PARA IMPONER LA PRECARIZACIÓN LABORAL. Por Anahi Macaroff*

Pablo Zambrano Albuja,presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Foto: tomada de CIP

Con una presentación al estilo charlas TEDx, Pablo Zambrano, representante de las Cámaras de la Producción, citó a Charles Darwin para hablar de la necesidad de que la normativa laboral se adapte a las “nuevas condiciones laborales”.

¿Cuáles son esas nuevas condiciones laborales?  En primer lugar incorporar a la juventud al mundo laboral, algo en lo que sin duda estamos todes de acuerdo, sin embargo, lo que nos llama la atención es  cómo caracterizan a esta juventud.

Nos dicen que: “los jóvenes de hoy tienen otro sentido de la vida, ya no buscan la estabilidad laboral, porque se aburren y cambian permanentemente de trabajo y la legislación laboral debe cambiar en este sentido”. Además, el representante de las cámaras de la producción sostiene que debemos caminar hacia “patrones de trabajo flexible a los requerimientos de los millennials” y precisa, millennials son todos aquellos nacidos a partir de 1980, por lo cual en un par de años todos los trabajadores serán millennials.

Preocupa el respaldo a este discurso brindado por César Montaño, del Tribunal Andino de Justicia, quien realizó un retrato del trabajador millennials como aquel que: “tiene facilidad para la tecnología, está siempre con su celular, publica todo en las redes sociales, les gusta viajar, es animalista y quiere poder llevar a su perro al espacio de trabajo; es ecologista, vegetariano y hasta veganos, y le importa mucho el ambiente de trabajo”.  E insistió de que los millennials prefieren horarios flexibles, “porque en realidad lo que importa es el resultado, si lo que se necesita es un informe, da igual si lo realiza desde la casa por la noche, en pantuflas y tomando una copa de vino”, dijo Montaño en el panel “Futuro del trabajo. Una mirada desde Ecuador al Mundo” que se desarrolló el 25 y 26 de febrero de 2019 en la ciudad de Quito, en el marco de la publicación del informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT.

En este evento, también intervino José Olvera, de la Confederación Sindical de las Américas, y  en reemplazo de Andrés Madero, ministro de Trabajo, estuvo el viceministro Héctor Guanopatin.

Tras escuchar estas intervenciones, lo primero que saltó a la vista es la sintonía del gobierno con las élites y el sector empresarial, sintonía que se expresó en la noción de “adaptabilidad laboral” propuesta por el representante de las Cámaras de la Producción, que retomó lo dicho por el viceministro y le puso nombre.

Este retrato de los “millennials” que hacen los expositores propone una imagen que solo toma en cuenta a un puñado de jóvenes de clase alta o media alta, con formación universitaria y cuyos trabajos tienen que estar lo suficientemente bien pagados para poder “optar” por esta “permanente movilidad laboral”. Quedan por fuera la gran mayoría de hombres y mujeres nacidas después de 1980 -tanto urbanos como rurales- muchos de los cuales son jefes y jefas de hogar para quienes conseguir un trabajo estable y digno no solo es una necesidad que se transforma en deseo y que conseguirlo se transforma en una verdadera odisea, y donde esa idea de joven “millennials” es absolutamente ajena.

Los expositores, parecen no caminar las calles en donde puede verse cada vez a más  jóvenes que no logran conseguir un empleo, ni tienen los recursos para estudiar en las universidades, jóvenes que pedaleando una bicicleta reparten lo que sea para conseguir algún ingreso. Con estas modalidades grandes empresas transnacionales se enriquecen a partir de la fuerza de trabajo de la juventud,  que en base a una aplicación digital disfrazan las relaciones laborales presentándolas como relaciones comerciales. Ganancia redonda, sin asumir los costos de la relación laboral, salario mínimo, seguro social, impuestos, etc. Estos jóvenes no cuentan con ninguna garantía ni protección, porque ni siquiera son reconocidos como trabajadores.

Esto no es más que la estetización de la precarización y flexibilización laboral. Lo que Montaño no dice, es que bajo esta idea de que prima el resultado se esconden las formas más frecuentes de explotación laboral, el pago por productividad, sin relaciones de dependencia, sin salario mínimo, sin estabilidad laboral, sin seguridad social, etc. Montaño fue aún más lejos y señaló que hay que tener cuidado con las medidas demasiado proteccionistas a los derechos laborales porque pueden terminar afectando a los mismos trabajadores.

Por ejemplo, una de estas prácticas de precarización y flexibilización laboral las podemos encontrar en el sector bananero, donde abundan los contratos “por producción” por cajas o hectáreas sin que exista un cálculo sobre el tiempo necesario para cumplir las tareas asignadas. Esta práctica exige a las y los trabajadores un tiempo y esfuerzo que rebasa ampliamente las 40 hs. a la semana para alcanzar ingresos similares al salario básico, pero evita a los empresarios tener que pagar horas extras o suplementarias. Al tiempo que, las y los trabajadores  no tienen garantizado ni siquiera el salario mínimo violando el convenio 131 de la OIT sobre salario mínimo.

En este como en otros sectores de la producción agroexportadora, la violación a los derechos laborales está a la orden del día, -como lo ha demostrado la reciente denuncia de la Defensoría del Pueblo sobre el caso de Furukawa-. Siguiendo con el sector bananero, cuando los trabajadores se organizan para hacer valer sus derechos son despedidos en una clara violación al derecho de libertad sindical[2].

El gobierno  en lugar de corregir estas violaciones ha emprendido el camino para “legalizar  estas prácticas”, como puede observarse en la promulgación 7 Acuerdos Ministeriales emitidos por el Ministerio de Trabajo en mayo de 2018 que “regulan nuevas formas de contratación especial a jornada parcial” en sectores agrícolas y de turismo. Estos acuerdos contradicen los artículos: 326.7, 326.8, 326.13 y 328 de la Constitución de la República e interpretados a la luz de los Convenios OIT 87, 98, 144, 111, 110 y 131 vulneran los derechos a la libertad sindical,  la negociación colectiva, la remuneración justa y el salario mínimo[3].

Las élites solicitas y dispuestas a colaborar ¿gobernar? tienen muchas propuestas como la “flexiseguridad laboral” presentada en 2017 por la Cámara de Comercio de Guayaquil para la contratación a plazo fijo y por horas o el  “documento Consenso Ecuador” que impulsó la Cámara de Comercio de Quito también durante el 2017 se pronuncian a favor de “modernizar la legislación”. Hoy avanzan con  las mismas propuestas bajo un nuevo nombre: “adaptabilidad laboral”.

Con estos antecedentes, otro de los aspectos que genera preocupación es que el  viceministro afirme que se están buscando medidas alternativas porque “hoy los empresarios no quieren contratar mujeres en edad fértil, ya que corren el riesgo de que se embaracen y la legislación es muy estricta y no les permite despedirlas”, rápidamente aclara que serán medidas que ayuden a los empresarios, sin violentar los derechos de las mujeres. Nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto? en un gobierno que ha demostrado estar siempre dispuesto a acatar las propuestas del sector empresarial y formalizar y legalizar la precarización.

Habrá que estar muy atentas a las reformas que se propongan desde el Ministerio de Trabajo para adaptar la legislación a “los nuevos tiempos” y  a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para la entrega de los  USD 10.279 millones del préstamo que espera recibir el Gobierno de los organismos multilaterales[4]. Como ya anunció días atrás el Ministro de finanza Richard Martínez,  la entrega de recursos de los multilaterales encabezados por el FMI requiere de cambios en tres áreas: laboral, tributaria y fortalecimiento de reservas.

El acceso a este crédito se diferencia del resto del endeudamiento externo por los condicionantes que pone el organismo para su otorgamiento. Algunas voces defensoras del endeudamiento vienen mencionando que el FMI cambió y que las recomendaciones no serán las mismas que años atrás llevaron a varios países de la región  al colapso. Sin embargo hasta el momento, solo vemos recetas similares con nombres nuevos.

Según el gobierno parte del crédito se “empleará para crear oportunidades de trabajo”. Vale recordar que durante la campaña Lenín Moreno prometió crear 250 mil  puestos de trabajo por año, sin embargo en lo concreto,  el pasado fin de semana de carnaval más de 3000 empleados del sector público se quedaron sin sus fuentes de ingreso. Además como bien advierte Jonathan Baéz “si se analiza el mismo indicador de desempleo, se observa que -de los países de los que se dispone información- de un total de 18 naciones con este tipo de crédito, 12 han aumentado su nivel de desempleo, mientras que entre los 6 restantes la disminución bordea tan solo un cambio entre 0,12 y 1,8 puntos porcentuales”[5].

Al parecer quieren convencernos de que ante la crisis, la única salida es endeudarnos y qué generar empleo al menos evitar el aumento del desempleo solo se logrará con precarización aunque se la enuncie de otro modo.   Esto más todo lo expresado durante este conversatorio no hace más que incrementar la alerta y preocupación respecto a las reformas y políticas laborales que se podrían llevar adelante desde el actual gobierno, ya que aún sin una propuesta clara,  se pueden intuir el rumbo tomado.

*Investigadora Asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos

 

 

 

 

[1] Investigadora Asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos

[2] El pasado 4 de febrero se notifica a la Compañía Agrícola La Julia S.A. CALAJUSA la creación de un sindicato y solo tres días después la empresa despide a todos los trabajadores que conforman el sindicato, lo cual fue denunciado en la inspectoría de trabajo, sin que la misma tome ningún tipo de medidas ni facilite la documentación requerida para el inicio de trámites legales en otras instancias.

[3] Tres de estos acuerdos motivaron la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de ASTAC, el cual aún está a la espera de pronunciamiento ante el largo periodo que el país estuvo sin Corte constitucional.

[4] Del total, USD 6 mil millones corresponden en conjunto  al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Latinoamericano de Reservas y de la Agencia Francesa de Desarrollo. Los otros USD 4.200 millones son del Fondo Monetario Internacional.

[5] Baéz, J “Lo que puede venir: Desempleo y Condiciones del crédito con el FMI”. Publicado en Ruta Kritica el 4 de marzo 2019.