TUÁREZ, EL CURA CORREÍSTA. Por Francisco Escandón Guevara

El cura José Tuárez preside el Consejo de Participación Ciudadana en medio de cuestionamientos. Foto: CPCCS

Los objetivos de la consulta popular de febrero del 2017 aún no se han concretado. Por un lado, la cirugía mayor a la corrupción anunciada por el gobierno de Lenín Moreno es un inútil eslogan que no recupera la plata robada, y por otro, el correísmo se resiste a perder su dominio del Estado.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, presidido por el difunto Julio César Trujillo, evaluó a los principales de las instituciones de justicia y control, más la purga fue insuficiente, pues los cheerleaders de la década anterior están reciclados en el actual gobierno o se agazapan con un discurso distinto hasta que logran llegar a la dirección de ciertas instituciones.

Ese es el caso del CPCCS definitivo que está envuelto en críticas y pugna de intereses de las cuales es tan responsable el correísmo, que promovió ilegalmente varios candidatos, como el banquero Guillermo Lasso que impulsó el voto nulo dando ventaja a los apadrinados de Rafael.

El actual CPCCS está constituido por una mayoría viciada de personajes que para ganar hicieron proselitismo prohibido por la ley, concursaron con documentos falsos, cometieron perjurio y hasta utilizaron la religión para lograr adhesión popular.

Más la respuesta para detener estas ilegalidades fue insuficiente y hasta nula. El Consejo Nacional Electoral (CNE) es responsable de la calificación de esas candidaturas y de la proclamación de resultados; ahora debe rendirle cuentas al país y sus omisiones merecen ser sancionadas.

La mayoría del CPCCS amenaza a la débil institucionalidad del Estado, al intentar retornar a la autocracia (gobierno de uno) de Rafael para que reine la impunidad.

El Ecuador no merece ese mal parto institucional, el cura Tuárez y su banda (Gómez, Chalá y Desintonio) deben ser destituidos por desacato a la sentencia de la Corte Constitucional y por incumplir la ley que rige al Consejo de Participación Ciudadana.

El correísmo prepotente y corrupto debe extinguirse, esa fue la voluntad mayoritaria del pueblo en la consulta popular.

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