SENADO: LA NUEVA UTOPÍA JURÍDICA. Por Juan Cuvi

El 6 de junio de 2019, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó las credenciales a las nuevas autoridades electas de este organismo, Foto: CPCCS

A veces es útil desmontar la obviedad con la que ciertas frases trilladas pretenden explicar la realidad. Por ejemplo, afirmar, a propósito de la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que el remedio resultó peor que la enfermedad.

Urgidos por la necesidad de superar las prácticas viciosas y vergonzosas del poder legislativo, los constituyentes de Montecristi optaron por una figura novedosa que, supuestamente, abriría las puertas a un paraíso de probidad, rectitud y eficacia jamás visto. Los resultados son por demás desalentadores. En efecto, las decisiones que tomaron los sucesivos Consejos de Participación correístas resultaron más nocivas que aquellas del peor Congreso del pasado.

En realidad, el problema de fondo fue un error de enfoque, porque la enfermedad que se pretendió curar está mucho más allá –o más al fondo– del mal funcionamiento de la legislatura. La verdadera enfermedad está en la cultura política de los ecuatorianos. Los congresos, parlamentos o asambleas nacionales no son más que el síntoma de una compleja patología social.

En ese sentido, el Cpccs no solo fue un medicamento inapropiado, porque el diagnóstico estaba equivocado, sino que ni siquiera sirvió como paliativo. No pudo reducir la fiebre de una institucionalidad legislativa infectada por la informalidad, la discrecionalidad y la viveza criolla de nuestra cultura política. Y como dos errores no hacen un acierto, tampoco la eliminación del Cpccs hará desaparecer por reflejo ni el síntoma ni la enfermedad.

Aunque la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo en la inutilidad del organismo de marras, las opciones para solucionar el problema son múltiples. Hay una, no obstante, que últimamente ha logrado cierta notoriedad. Se trata del regreso a una versión reciclada de la vieja bicameralidad.

La idea se centra en la creación de un senado de elección popular con una serie de facultades supra legislativas. Entre ellas, la designación de autoridades del Estado, asunto que ha sido la piedra de toque del actual Cpccs. El senado estaría integrado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas con un perfil de madurez, ética y profesionalismo definido desde la normatividad, no desde la realidad.

En estas condiciones, la primera pregunta que salta a la vista es cómo vamos a conseguir a 30 arcángeles de civismo salidos de las urnas, como si el electorado ecuatoriano fuera un dechado de virtudes morales y democráticas, quizás los proponentes de la iniciativa están pensando en la reciente experiencia del Consejo de Participación transitorio, sin considerar que su excepcionalidad nació de la designación de sus miembros, producto de una coyuntura especial. Ya vemos en qué terminó la siguiente fase: la elección popular de los integrantes del nuevo Cpccs resultó un estruendoso fracaso.

La mala calidad de la representación política nos remite a una realidad angustiosa, pero no por eso soslayable: la representación se origina en una condición particular de nuestra sociedad. Es lo que tenemos porque es lo que somos. Pero desde ciertos cotos reservados de la institucionalidad política, académica o empresarial, tenemos recelo de vernos y aceptarnos. Y uno de los mecanismos para escamotear esa responsabilidad es la creación de utopías jurídicas. Creemos que un senado o una nueva asamblea constituyente nos librarán de esa penosa historia de trampas, artimañas y argucias con que se ha edificado la práctica política nacional.

Hay que lidiar con lo que tenemos. En lugar de los inmaculados arquetipos legales a los que los juristas nos tienen acostumbrados, deberíamos escoger alternativas más coherentes o más prácticas. Una de ellas sería la máxima reducción de los efectos negativos de nuestra cultura política en el diseño institucional. Por ejemplo, crear todos los filtros posibles para neutralizar la informalidad en la designación de autoridades de control del Estado. Al menos así se reduce notablemente la arbitrariedad de nuestros representantes.

Es más viable crear esos filtros que garantizar una votación popular coherente y responsable.

*Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum – Cuenca. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo.