CONSULTA POPULAR EN AZUAY: INTERÉS NACIONAL SOBRE POBLACIONES EN RIESGO. Por Nataly Torres Guzmán

Habitantes de las comunidades se oponen a la minería. Foto: Acción Ecológica

En Ecuador sola una consulta popular local ha sido realizada, referente a temas extractivos. El cantón Girón, perteneciente a la provincia del Azuay, en marzo del 2019, se convirtió en la primera jurisdicción territorial, afectada por proyectos de minería, en donde se desarrolla el derecho a la consulta y el primer ejercicio de democracia directa en materia extractiva.

Este territorio acudió a las urnas para decidir sobre el futuro del proyecto minero Loma Larga, ubicado el páramo de Kimsakocha o “Tres Lagunas”, en los cantones Girón, Cuenca y San Fernando. El proyecto minero se desarrolla en una concesión que comprende 8.030 hectáreas, adjudicadas a la empresa canadiense Lamgold, quien vendió el 40% de sus derechos de exploración a INV Metals, también canadiense.

En marzo de 2019, a pesar de todas las trabas, se realizó la consulta popular cuyos resultados fueron: de las 15.363 personas inscritas en el padrón electoral, el 86,7% votaron no a la minería metálica. Los resultados son de carácter vinculante de acuerdo a la Constitución. No obstante, la respuesta del Estado es que, en materia de recursos naturales “estratégicos” y por tratarse de un tema de “interés nacional”, la decisión final es del gobierno central.

Por su parte, la compañía minera INV Metals anunció la reubicación del proyecto hacia a los cantones Cuenca y San Fernando, ignorando los resultados de un pronunciamiento masivo de protección del páramo de Kimsacocha está ubicado en los límites de estos tres cantones. Los resultados de la consulta popular aún no han sido publicados en el Registro Oficial, mientras tanto el proyecto minero se encuentra paralizado.

Frente a la negativa de cumplimiento del mandato popular por parte del gobierno central, en agosto de 2019, la autoridad de la provincia del Azuay, Yaku Pérez convocó de forma extraordinaria a los consejeros de la Cámara Provincia para proponer a los alcaldes que se convoque a una consulta popular provincial con la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la prohibición sin excepción de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y en todas las zonas de recarga y regulación hídrica en la provincia del Azuay?

Si ( ) No  ( ).

Dicha propuesta no obtuvo la mayoría de votos, 14 a favor, 1 en blanco y 8 en contra, para elevar la consulta popular al Consejo Nacional Electoral, ya que la ley establece un voto favorable de las ¾ partes de la Cámara Provincial. Como respuesta, el prefecto Pérez presentó esta pregunta ante la Corte Constitucional para ser calificada y luego proceder a la recolección de las firmas suficientes para solicitar una consulta de iniciativa ciudadana.

La Constitución de la República del Ecuador determina que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad (Art. 1) que se puede ejercer mediante formas de participación, entre ellas la consulta popular. Este mecanismo de democracia directa es un derecho constitucional de las y los ecuatorianos y puede ser ejercida en casos donde existen proyectos que supone la modificación drástica de los modos de vida de las poblaciones locales o implican riesgos de gran magnitud.

El Art. 95 señala que “las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónicas en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos…”. Agrega que, “la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejerce a través de mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”. El derecho a ser previamente consultados sobre decisiones estatales que puedan afectar el medio ambiente está determinando en el Art. 398.

La consulta popular en la provincia del Azuay es totalmente necesaria, legal y constitucional debido a las implicaciones políticas, sociales, económicas y ambientales, ampliamente documentadas, que la apertura a la minería metálica está generando en el territorio provincial.

El 34% de la superficie de la provincia está concesionada o en trámite de concesión y compromete territorios altamente biodiversos, económicamente productivas e interculturales, sin que exista un proceso de consulta previa y aprobación de la población afectada. En la provincia del Azuay se localizan dos proyectos de minería metálica considerados como “estratégicos”: Loma Larga y Río Blanco. Estos dos territorios se ubican dentro macizo del Cajas, en el sur de la cordillera occidental del Ecuador. El macizo del Cajas es uno de los más grandes humedales del país que dan origen a ríos de suma importancia para la región austral.

Las decisiones centralistas de impulsar la minería generan un clima de alta conflictividad y sobre todo de alta incertidumbre científica sobre los efectos ambientales y por lo tanto económicos y sociales de la minería metálica. A continuación se citan estudios científicos relevantes que determinan una alta vulnerabilidad de los ecosistemas de altura.

El informe de Bureau de Recherches Géologiques et miniėres (BRGM) explica que uno de los riesgos del proyecto minero Loma Larga en Kimsakocha es “[…] la presencia a pocos kilómetros de una gran área de alta vulnerabilidad, de humedales y lagunas, con posibilidad de comunicación hidrogeológica, a pesar de la diferencia de elevación entre las lagunas y los trabajos de futura mina subterránea […]” (Blanchard y Gutierrez, 2013). El estudio manifiesta que las afectaciones se realizará a todo el complejo, incluidas las lagunas más importantes que se encuentran dentro de la protección ambiental[1].

El informe pericial sobre los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco elaborado por el ingeniero minero James Kuipers de la consultora Kuipers & Associates de Montana, EE.UU, señala que la actividad de la minería metálica en el macizo del Cajas afectaría a la calidad y cantidad de agua debido a la modificación del curso de las aguas superficiales y subterráneas por la construcción de túneles y otras obras para el desarrollo de la mina;  liberación de arsénico y otros metales pesados; alto riesgo económico, entre otros.

Kuipers categoriza los proyectos como de muy alto riesgo por los posibles impactos en el agua y los suelos, en niveles inaceptables para la población humana aguas abajo. En su conclusión final, determina que: “debido a la poca viabilidad económica de la mina y a la falta de supervisión en cuanto al cumplimiento de regulaciones, junto a la clara presencia de características prevalentes de drenaje ácido y lixiviación de metales (incluyendo el arsénico), estas minas no deberían ser desarrolladas”[ 2].

El estudio “Vulnerabilidad de las fuentes de agua del páramo frente a la minería en el cantón Cuenca” de la Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado –ETAPA (2019) señala que “la explotación minera, por más que emplee tecnologías modernas, cuidados y controles avanzados, en cualquiera de sus fases: exploración, exploración avanzada y explotación, constituye un riesgo potencial muy elevado de contaminación. Cualquier contaminación en las fuentes superficiales, por su alta pendiente, puede llegar rápidamente a las captaciones e ingresar al sistema de distribución [de agua potable], ya que las plantas de potabilización son del tipo convencional (Coagulación – Sedimentación-Filtración Rápida- Desinfección), diseñadas únicamente para mejorar las características físicas y bacteriológicas del agua de la fuente: color, turbiedad y parásitos. Cualquier otro constituyente, especialmente metales tóxicos generados por la actividad minera, no serán removidos. Si los sistemas de distribución están interconectados (Tomebamba- Machángara, Machángara Norte y Sur, Yanuncay) la contaminación puede llegar a niveles significativos en el sistema de distribución. La población servida por los sistemas, que puede ser afectada, es de 661.000 habitantes el año 2030, y de 1´035.000 en el 2050”.

Los Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad de Loma Larga (RPA 20153), según se cita en el estudio de ETAPA, determinan la presencia de rocas altamente sulfuradas con oro, plata y cobre, pero asociados con arsénico, mercurio y otros metales. En Loma Larga el concentrado de cobre tendrá un contenido de arsénico del 11%, considerado como sucio. Éste hecho dificultará notablemente la posibilidad de comercializar el concentrado de mineral, ya que la mayor parte de plantas de beneficio no pueden procesar por el costo, deberían utilizar tecnología moderna para el control de la contaminación y no resultar en la eliminación de arsénico al ambiente. Este factor tiene una importancia crítica en la viabilidad técnica y económica del proyecto, sin que la empresa minera haya presentado evidencia de una planta de beneficio dispuesta a recibir este concentrado de cobre[3].

En virtud de lo anterior, frente a los eminentes riesgos territorializados es necesario que prevalezca la soberanía local sobre el uso, manejo y relacionamiento de los territorios y de los recursos por parte de las poblaciones amenazadas, que se ejerce mediante el derecho a decidir en función a la defensa de la forma en que las personas conciben sus espacios de vida.

La minería no es de interés social, el agua sí

 El gobierno central, la Cámara de Minería así como la Cámara de Industrias y Producción se pronunciaron en contra de la consulta popular en la provincia del Azuay, alegando que la minería puede “fomentar el desarrollo económico facilitando oportunidades de empleo digno, desarrollo empresarial, incremento de ingresos y vínculos importantes de infraestructura social, por lo tanto, se trata de una actividad de interés social para el bienestar de la población en general”.

Sin embargo, las características de la minería metálica están determinadas por la escala de la explotación y la tecnología usualmente utilizada. Se trata de una actividad a gran escala que responde al progresivo agotamiento –a nivel mundial– de los metales en vetas de alta ley. Esto implica que, al disminuir la concentración del mineral contenido en las rocas se requiere técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación que permite actualmente extraer los minerales diseminados en la roca portadora. Este tipo de tecnología implica que un solo emprendimiento abarque hasta mil hectáreas sólo para el área de mina, llegando a remover hasta 300.000 toneladas de roca diarias, y empleando por día hasta 100 toneladas de explosivos, más de 100.000 litros de combustibles y decenas de toneladas de sustancias químicas de alta toxicidad (cianuro, ácido sulfúrico, xantato, mercurio, etc.), y requiriendo un altísimo consumo hídrico y energético[4].

Por otra parte, los rasgos particulares de la minería metálica generan grandes efectos socio-ambientales y colisiona directamente con las economías locales.

Los proyectos Loma Larga y Río Blanco en comparación con otras minas modernas, incluyendo minas subterráneas, se describen como yacimientos relativamente pequeños de ley moderada. Dado el carácter sensible de las reservas y ley del mineral, los costos capitales y operativos y el precio de los metales, la proyección de una TIR después de impuestos de 16.0% no es alentadora, ya que un resultado negativo en tan sólo un área podría resultar en una tasa de rendimiento negativa. Mientras que las minas subterráneas de alto grado pueden justificar costos más altos, las minas de grado moderado, como Loma Larga y Río Blanco pueden ser extremadamente sensibles a factores de costo.

Al final, esto puede influir negativamente en el cumplimiento de mejores prácticas de la industria en términos de diseño, construcción, operación y recuperación, y cierre, así como llevar al cese prematuro de las operaciones y el potencial abandono de la mina. La naturaleza económica inherente específica del sitio de este yacimiento hace que su viabilidad económica y por lo tanto confiabilidad ambiental y social sean inciertas[5].

El informe de Loma Larga (2015) sugiere que el proyecto resultará en ingresos al Estado por impuestos de 163 millones de dólares en 13 años (12 MUSD/año) y el proyecto Río Blanco tendría beneficios parecidos. Sin embargo, el sin número de impactos para la economía y el ambiente pesan mucho más que los beneficios.

De acuerdo al informe de Loma Larga (RPA 2015) la estimación del costo conceptual de cierre es de 4.2 millones de dólares y para Río Blanco, de acuerdo con San Luis Minerales, un total de 1.875 millones de dólares ha sido planificado para el cierre. En circunstancias típicas, la recuperación y cierre de la mina cuesten entre 5-10 millones de dólares para las minas subterráneas con depósitos para desechos de roca y colas. Son necesarios entre 10-20 millones de dólares de capital total y costos operativos si se requiere de gestión y tratamiento de agua minera con drenaje ácido y lixiviación de metales tóxicos, después del cierre de la mina[6].

Según, Etapa EP en los últimos 20 años de servicio a la ciudad de Cuenca, con el financiamiento de los usuarios de los sistemas de agua y saneamiento, ha invertido más de 200 millones de dólares en proyectos para la conservación de las sub cuencas abastecedoras de agua, plantas de potabilización, redes de distribución de agua potable, alcantarillado y plantas depuradoras de agua residual, asegurando la calidad del agua de consumo de la ciudadanía, recuperando la calidad de los ríos que atraviesan la ciudad y devolviendo a la naturaleza el recurso depurado después de su uso. Mientras que los ingresos totales al Estado por impuestos de la minería en Loma Larga serán 163 millones de dólares en 13 años [7].

Frente a estos datos económicos y ambientales poco alentadores, en la provincia del Azuay debería prevalecer el interés social de la defensa de agua y de las comunidades involucradas, y que mejor que sea la población quien decida sobre el futuro de sus páramos y sus modos de vida.

*Investigadora, docente e integrante del Colectivo Geografía Crítica.

Bibliografía

[1] Blanchard, F y A. Gutiérrez (2013). Asesoramiento técnico científico a la Municipalidad de Cuenca (Ecuador) y el I. Consejo Cantonal, sobre la temática de aguas y los impactos ambientales de la posible actividad minera. Informe final BRGM/RC-62354-FR. Cuenca: Etapa y BRGM Géosciences pour une Ter durable.

[2] James R. Kuipers, P.E. Kuipers & Associates (2016). Informe Pericial sobre los proyectos Loma Larga y Río Blanco Provincia de Azureay, Ecuador.

[3] En Etapa (2019). Vulnerabilidad de las fuentes de agua del páramo frente a la minería en el cantón Cuenca” Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado –ETAPA.

[4] Morán, Robert (2001) ―Aproximaciones al costo económico de impactos ambientales en la minería‖. En Revista Ambiente y Desarrollo Vol. XVII, N° 1, CIPMA, Santiago de Chile.

OBLASSER Y Chaparro Ávila (2008), ―Estudio comparativo de la gestión de pasivos ambientales mineros en Bolivia, Perú, Chile y Estados Unidos‖, Cepal, Santiago de Chile.

Machado, H., et al. (2011). 15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero. Argentina.

[5] James R. Kuipers, P.E. Kuipers & Associates (2016). Informe Pericial sobre los proyectos Loma Larga y Río Blanco Provincia de Azuay, Ecuador.

[6] Idem.

[7] Etapa (2019). Vulnerabilidad de las fuentes de agua del páramo frente a la minería en el cantón Cuenca” Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado –ETAPA.